Abimael López Alcazar

Expediente 607/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
607/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Abimael López Alcazar

Actuaciones

  1. Principal

    I.-De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: En veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por Abimael López Alcázar registrada en el libro de correspondencia con el progresivo 23573 y en el libro de gobierno con el consecutivo 607/2017-I. Asimismo, el suscrito licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, secretario adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, CERTIFICA y hace constar que una vez revisado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", de este juzgado, se advierte que no existe diversa demanda de amparo promovida por la parte quejosa, tal como se advierte de la constancia que al efecto se anexa. Conste. Uruapan, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Abimael López Alcázar, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 607/2017-I. Ahora, apreciado íntegramente el contenido del escrito de demanda, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, fracción I, y 6, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado es de realización futura e incierta. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. El artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, fracción I, y 6, estos a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna a disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste, esencialmente, en: "a).- De la Autoridad señalada como Ordenadora.- El proyecto de Modernización De La Infraestructura Hidráulica en El Municipio De Los Reyes, Michoacán, con el cual se pretende realizar obras dentro de un inmueble de mi propiedad. b).- De la autoridad señalada como ejecutora.- El pretender realizar obras derivadas del proyecto de Modernización De La Infraestructura Hidráulica en El Municipio De Los Reyes, Michoacán, dentro de un inmueble de mi propiedad." Luego, debe precisarse que el acto que se reclama es de aquellos de realización futura e incierta, pues no puede considerarse de ninguna manera de ejecución inminente, esto es así, porque de los datos que arroja su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable aún no ha realizado las obras del proyecto de modernización de la infraestructura hidráulica del municipio de los Reyes, Michoacán, dentro del inmueble propiedad del quejoso, esto es un acto que afecte la esfera jurídica del promovente, toda vez que como expresamente lo manifiesta, la responsable pretende realizar dentro del inmueble del cual dice es de su propiedad, obras derivadas del proyecto de modernización de la infraestructura hidráulica en el municipio de Los Reyes, Michoacán, lo que significa que el acto de molestia, aún no ha sido materializado esto es, hasta esta instancia procesal no se advierte que se haya llevado a cabo dicho proyecto de infraestructura en el inmueble que aduce le quejoso es de su propiedad; de ahí que, sea válido establecer que no se desprende una ejecución inminente contra su persona; sino que se trata de una mera especulación del peticionario del amparo, por tanto, tiene ese acto calidad de futuro e incierto, dado que no deriva de la certeza de algún otro, que implique como consecuencia lógica e inminente su consumación; por ello, el hecho de que presuman que probablemente se realicen obras dentro del inmueble propiedad del quejoso, no afecta su esfera jurídica. Pues como se especificó, el promovente se basa en presunciones subjetivas que resultan insuficientes para actualizar el supuesto de procedencia del amparo indirecto, establecido en el artículo 115 de la ley de la materia; motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista por en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 6º, éstos interpretados en sentido contrario del citado ordenamiento legal. A mayor abundamiento, el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio, con alcances universales, que impida de forma absoluta y general la operación de la autoridad señalada como responsable en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen de forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su conexión efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo que orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del justiciable de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de garantías sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad. Por lo que el carácter excepcional de una promoción de ese grado justifica que su tramitación requiera de la aportación, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de la autoridad que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización incierta, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. Sustenta la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 26, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V y 4° de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 56, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICIÓN FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados". Finalmente tiene aplicación sobre el particular la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS.- Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". En consecuencia, al haber resultado notoria e indudable la causal de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de garantías; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, el número 82, de la calle Segunda Privada de Diagonal de Aldama, colonia La Tamacua de esta ciudad, así como para recibir dichas notificaciones, de conformidad con la segunda parte último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Misael Mora Rojas, Raúl Mora Rojas, Armando Santos Bonaparte y José Manuel Otero Ambriz, lo anterior, toda vez que respecto del primero, en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registrada la cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho y los últimos por así solicitarlo el quejoso. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio.

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