Abigail Montañez Polanco
Expediente 686/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abigail Montañez Polanco
- Julio Josias Tzec Montañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.
- Principal
CITATORIO. MESA III.- Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado y anexo rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo relativo al legajo de copias certificadas de las constancias del Juicio Laboral 829/2019. Ahora bien, vista las constancias que anexó a su informe justificado de la Junta responsable, y el estado procesal que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable por esta vía extraordinaria de defensa, lo hace consistir en la dilación en el juicio laboral de origen 829/2019, pues no ha dictado acuerdo conducente en que se acepte o desechen las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen. De igual forma, se advierte que el veintiséis de febrero del año en curso, la Junta responsable dictó acuerdo en el fijo diversas fechas y horas para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 829/2019, notificado a las partes el veintidós y veintiocho de abril del año en curso (posterior a la presentación de la demanda de amparo); por lo que es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto que por esta vía jurisdiccional se impugna, a las autoridades responsables, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo. Se afirma lo anterior, porque la responsable ha continuado con el juicio de origen y ha acordado lo solicitado por la parte aquí quejosa, mediante acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, y lo notificó a las partes el veintidós y veintiocho de abril del año en curso; de tal modo que ya ha sido restituida en el goce de sus derechos fundamentales violados, puesto que la abstención imputada a la responsable, dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, pues con ello se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento de amparo, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia siguiente: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No constituye obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Décima Época, Registro: 160116, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 136/2011 (9a.),Página: 801 INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61 fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para el día once horas con cincuenta minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. No constituye obstáculo a lo anterior que no haya sido emplazado el tercero interesado que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda, toda vez que el sentido de este auto no le causa afectación a sus derechos. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
MESA III.- Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado y anexo rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo relativo al legajo de copias certificadas de las constancias del Juicio Laboral 829/2019. Ahora bien, vista las constancias que anexó a su informe justificado de la Junta responsable, y el estado procesal que guardan los presentes autos, SE ACUERDA: toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable por esta vía extraordinaria de defensa, lo hace consistir en la dilación en el juicio laboral de origen 829/2019, pues no ha dictado acuerdo conducente en que se acepte o desechen las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen. De igual forma, se advierte que el veintiséis de febrero del año en curso, la Junta responsable dictó acuerdo en el fijo diversas fechas y horas para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 829/2019, notificado a las partes el veintidós y veintiocho de abril del año en curso (posterior a la presentación de la demanda de amparo); por lo que es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto que por esta vía jurisdiccional se impugna, a las autoridades responsables, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo. Se afirma lo anterior, porque la responsable ha continuado con el juicio de origen y ha acordado lo solicitado por la parte aquí quejosa, mediante acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, y lo notificó a las partes el veintidós y veintiocho de abril del año en curso; de tal modo que ya ha sido restituida en el goce de sus derechos fundamentales violados, puesto que la abstención imputada a la responsable, dejó de existir, restableciéndose la situación que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, pues con ello se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer en este procedimiento de amparo, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la creación del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia siguiente: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No constituye obstáculo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Décima Época, Registro: 160116, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 136/2011 (9a.),Página: 801 INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En consecuencia con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61 fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional fijada para el día once horas con cincuenta minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. No constituye obstáculo a lo anterior que no haya sido emplazado el tercero interesado que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda, toda vez que el sentido de este auto no le causa afectación a sus derechos. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
MESA III.- Agréguese a los presentes autos el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual solicita que se resuelva conforme a derecho el presente juicio; lo anterior, sin perjuicio de que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, dígase al ocursante que se accede a su solicitud de copias de la resolución que ponga fin al presente juicio, la cual se le expedirá en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
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