Abelardo Sierra Calderon
Expediente 1282/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1282/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abelardo Sierra Calderon
Actuaciones
- Principal
MESA V - Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 97 fracción I, inciso a); en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplido el plazo al que se refiere el citado numeral, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- MESA V.- Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por .. contra actos de la AGENCIA TRIGÉSIMO QUINTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. Con el original de la demanda y anexos, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 1282/2021-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por el quejoso en contra del acto que reclama de la AGENCIA TRIGÉSIMO QUINTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, los actos reclamados, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, pues el quejoso reclama la inactividad u omisión de realizar las diligencias necesarias para la debida integración de las carpetas de investigación 882/2017, en razón de que dicha carpeta se encuentra extraviada, y no le han dado acceso a ella, acto que puede impugnar en sede ordinaria, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el recurso previsto en el numeral 258 de dicho ordenamiento jurídico. Tales preceptos jurídicos establecen como un derecho de las víctimas, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Ahora bien, no obstante que tal numeral no establece expresamente la procedencia del recurso contra omisiones del Ministerio Público en su labor investigadora, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que cuando el Ministerio Público no se pronuncia sobre los resultados de tal actividad (porque no se encuentra realizándola o bien ha cesado de actuar en ella), con el paso del tiempo, esa abstención produciría el mismo efecto que el de una resolución expresa de desistimiento o inejercicio de la acción penal. Partiendo de ahí, es evidente que contra tal inactividad u omisión, debe proceder el recurso previsto en el artículo 258 del Código citado, pues tales actos se equiparan a una determinación de no ejercicio de la acción penal, de la cual, en caso de inconformidad por parte de los afectados, deberá conocer un Juez de Control. Máxime que la Sala en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que una interpretación funcional y extensiva de las disposiciones normativas citadas, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea un Juez de Control que revise su legalidad. Así como que tal circunstancia, conduce que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 citado, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Finalmente, no se soslaya que la procedencia del recurso provenga de una interpretación adicional de los preceptos normativos invocados, ya que ésta proviene del Máximo Tribunal Constitucional, quien ha determinado, al resolver la contradicción de tesis aludida, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa aludido. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito y como sus autorizados, a las personas que señala para tal efecto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. De igual forma, téngase como correo del citado promovente el que señala en el escrito de demanda, lo anterior, a fin de mejorar el flujo de comunicaciones entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Exhortación a las partes De conformidad con el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. Medios electrónicos. Por otra parte, tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de garantías, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta9. Transparencia. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Expediente electrónico Conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V.- Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por .. contra actos de la AGENCIA TRIGÉSIMO QUINTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. Con el original de la demanda y anexos, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 1282/2021-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por el quejoso en contra del acto que reclama de la AGENCIA TRIGÉSIMO QUINTA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, los actos reclamados, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, pues el quejoso reclama la inactividad u omisión de realizar las diligencias necesarias para la debida integración de las carpetas de investigación 882/2017, en razón de que dicha carpeta se encuentra extraviada, y no le han dado acceso a ella, acto que puede impugnar en sede ordinaria, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el recurso previsto en el numeral 258 de dicho ordenamiento jurídico. Tales preceptos jurídicos establecen como un derecho de las víctimas, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Ahora bien, no obstante que tal numeral no establece expresamente la procedencia del recurso contra omisiones del Ministerio Público en su labor investigadora, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que cuando el Ministerio Público no se pronuncia sobre los resultados de tal actividad (porque no se encuentra realizándola o bien ha cesado de actuar en ella), con el paso del tiempo, esa abstención produciría el mismo efecto que el de una resolución expresa de desistimiento o inejercicio de la acción penal. Partiendo de ahí, es evidente que contra tal inactividad u omisión, debe proceder el recurso previsto en el artículo 258 del Código citado, pues tales actos se equiparan a una determinación de no ejercicio de la acción penal, de la cual, en caso de inconformidad por parte de los afectados, deberá conocer un Juez de Control. Máxime que la Sala en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que una interpretación funcional y extensiva de las disposiciones normativas citadas, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea un Juez de Control que revise su legalidad. Así como que tal circunstancia, conduce que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 citado, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Finalmente, no se soslaya que la procedencia del recurso provenga de una interpretación adicional de los preceptos normativos invocados, ya que ésta proviene del Máximo Tribunal Constitucional, quien ha determinado, al resolver la contradicción de tesis aludida, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa aludido. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito y como sus autorizados, a las personas que señala para tal efecto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. De igual forma, téngase como correo del citado promovente el que señala en el escrito de demanda, lo anterior, a fin de mejorar el flujo de comunicaciones entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Exhortación a las partes De conformidad con el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. Medios electrónicos. Por otra parte, tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de garantías, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta9. Transparencia. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Expediente electrónico Conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en este expediente. Notifíquese personalmente.
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