Abigail Leonides Saravia Durán
Expediente 112/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Abigail Leonides Saravia Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días hábiles en el que la parte legitimada pudo interponer el recurso de inconformidad previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, respecto del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia, sin que hiciera manifestación alguna; por tal motivo, téngase a ésta conforme. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones en el libro respectivo y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. En cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de CONSERVABLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se CONCEDIÓ la protección constitucional; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente, al ser CONSERVABLE, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, se procederá a su remisión a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos, debiendo digitalizar los documentos y constancias del expediente físico al expediente electrónico, sin ser necesaria la incorporación de las constancias y documentos electrónicos al expediente físico. Asimismo, de ser el caso, deberá de constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, tal como lo establece el último párrafo del artículo 35 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "CONSERVABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 34 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
- Principal
***En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación.**
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte, que en la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el presente asunto, que causa ejecutoria el veintiocho de marzo siguiente, se expuso en el considerando sexto, en el punto 1 lo siguiente: ".1).- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el procedimiento laboral ********************, DE INMEDIATO: a) deje sin efecto la fecha señalada para la celebración de la ******************** (ocho horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés); y b) en su lugar, fije una nueva dentro del término que para tal efecto señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento laboral de origen.." De conformidad con lo establecido en el artículo 74, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito es competente para llevar a cabo la aclaración de sentencia, en virtud de que la misma versa respecto de un error o imprecisión de forma en la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; y toda vez que el dictado de las sentencias y su correcta formulación es una cuestión de orden público, el órgano que la emitió está obligado a corregir, de oficio, la imprecisión de forma que advierta en la sentencia dictada en un asunto de su competencia, ajustando el error advertido a las consideraciones substanciales de la misma, pues son éstas las que rigen el sentido del fallo. Así, y de conformidad con el artículo 74, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la aclaración de la sentencia correspondiente sólo puede llevarse a cabo i) de manera oficiosa, ii) de una sentencia que haya causado ejecutoria (pues de lo contrario la sentencia es recurrible mediante la revisión) y iii) únicamente respecto de errores del documento a fin de que éste concuerde con la sentencia, entendida esta última como acto jurídico decisorio, pero sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que; por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." Así, en el caso se surten los supuestos de procedencia para la aclaración de la sentencia, pues ésta se lleva a cabo de oficio, respecto de la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, que causó ejecutoria el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; y sólo por lo que hace al error de forma en que se incurrió al momento de señalar en los efectos de la sentencia que la nueva fecha y hora que deberá señalar la presidente de la junta responsable es relativa al desahogo de la audiencia de conciliación. Motivo por el cual, se procede a proveer sobre la aclaración de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, en torno a la incongruencia antes señalada, únicamente respecto de la imprecisión detectada para que en su integridad diga lo siguiente: ".1).- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en el procedimiento laboral ********************, DE INMEDIATO: a) deje sin efecto la fecha señalada para la celebración de la ******************** (ocho horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veintitrés); y b) en su lugar, fije una nueva dentro del término que para tal efecto señala el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento laboral de origen." Lo que se hace del conocimiento de las partes a fin de dar certeza jurídica a la ejecutoria dictada en el presente expediente. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, con los que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de dieciséis de mayo del presente, remite copia digitalizada de las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral ********************. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de cuenta y anexos que acompaña, y con el diverso registrado con el folio 9307, por el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, y para tal efecto, córraseles traslado con copias simples de ellos. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, por el cual, remite copia digitalizada de la audiencia de diez de mayo del año en curso, en el que se regularizó el procedimiento del juicio laboral ********************, fijándose el doce de junio de dos mil veintitrés, a las diez horas, como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; quedando la parte actora debidamente notificada por conducto de su compareciente a dicha audiencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este auto, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias de notificación y emplazamiento realizada a la parte demandada, asi como, la notificación del tercero interesado, respecto del proveído de diez de mayo del año en curso, a fin de que estén en aptitud de comparecer a la audiencia conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral ********************; o bien, manifiesten la imposibilidad que tenga para ello. QUEDANDO BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD EL VIGILAR QUE LAS NOTIFICACIONES RESPECTIVAS SE VERIFIQUEN DE INMEDIATO. Con el apercibimiento para la citada autoridad que de no dar cumplimiento dentro del término concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización cuantificables al momento de su infracción, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos con 74/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil diecinueve, en relación con lo establecido por el artículo 260, fracción IV de Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, cuyo resultado eventualmente sería la separación de la responsable en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el Juez de Distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo, previsto en el artículo 198, párrafo cuarto de la ley de la materia, siempre y cuando este juzgado califique que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo. Notifíquese.
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