Abenamar Aguilar Rodríguez
Expediente 721/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Abenamar Aguilar Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Expediente principal destruible. En virtud de que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente fue desechada, y carece de relevancia documental se precisa que el presente asunto es DESTRUIBLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico. Notifíquese.
- Principal
En mérito de lo antes expuesto, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por *****************, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia I. 13º. A J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este Juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, también atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, visto lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte de autos que en proveído de diez de febrero de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con los informes rendidos por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, corriéndoles traslado con dichos informes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran desahogado dicha vista, tal y como se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y este juzgado procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no. Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: 1) Los términos de la concesión del amparo, que incluirá, en su caso, los efectos establecidos en la sentencia y 2) Lo realizado en ese sentido por las responsables, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. En ese sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada el seis de julio de dos mil dieciocho, en el presente juicio, por una parte se sobreseyó en el presente juicio, y por otra se CONCEDIÓ a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos. "Sexto. Efectos de la sentencia. Con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que los numerales declarados inconstitucionales, es decir, el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (abrogada), y el artículo 12, último párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no se le aplique en el presente y futuro, hasta que, en relación con este último numeral, se modifique o reforme, siempre y cuando no contenga el mismo texto que se consideró inconstitucional, pues respecto a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se encuentra abrogada. (.) Concesión que se hace extensiva respecto de la emisión del oficio *******, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, signado por la Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, como primer acto de aplicación del artículo 12, último párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que la responsable Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente el oficio ********, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete; Emita una nueva determinación en la cual: Inaplique los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (abrogado) y 12, último párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que se consideraron inconstitucionales, y Establezca los montos de pensión por viudez y jubilación a que tiene derecho la quejosa, en los términos aquí destacados. En esa misma resolución, restituya la cantidad que la peticionaria de amparo hubiere dejado de percibir con motivo de los descuentos por ajustes en su pensión por viudez y jubilación, reflejados con el concepto 48 de su nómina. (.) Adicionalmente, cabe precisar que la cantidad a devolver debe actualizarse, pues sólo de ese modo se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Así resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia por contradicción número 358 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo." Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron sendos recursos de revisión, de los cuales correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, tramitándose los tocas 320/2018 y 321/2018. Por oficios 557/2/2019-III y 558/2/2019-III, de once de diciembre de dos mil diecinueve, el referido órgano colegiado remitió copias certificadas de las ejecutorias emitidas en los amparos en revisión aludidos, de las que se desprende que en una, MODIFICÓ la resolución dictada por este órgano de control constitucional y en la otra declaró sin materia la revisión interpuesta. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidas las citadas ejecutorias y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 295 a 296). 2) Ahora, de las constancias que obran en este sumario y de los elementos aportados por la autoridad responsable, se advierte que: El Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Campeche del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 278/2020, de veintinueve de enero de dos mil veinte, remitió copia certificada del similar *******, del que se advierte que dejó insubsistente el diverso ******, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Emitió una nueva resolución, en la que se aprecia que no aplicó los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (abrogado), y 12, último párrafo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que se consideraron inconstitucionales Estableció los montos de pensión por viudez y jubilación a que tiene derecho la parte quejosa. Por diverso oficio ******* de veintiocho de febrero del año en curso, emitió constancias relativas a la devolución de los descuentos realizados a la quejosa, a efecto de restaurarle la cantidad que dejó de percibir con motivo de la aplicación en su pensión por viudez y jubilación, del concepto 48 en su nómina. De lo expuesto, se colige que efectivamente la autoridad responsable, acató la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, pues acreditó haber cumplido con el fallo protector que se le concedió a la parte quejosa. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la resolución dictada por este Juzgado, en el presente juicio de amparo, por lo que en la sustanciación del cumplimiento se observa que la responsable no incurrió en exceso o defecto así como que no existió imposibilidad por parte de ésta para su debido cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. 2. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas (en su caso) y la sentencia que puso fin al asunto, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. En términos de lo dispuesto en el numeral 18, fracción I, inciso a), del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, toda vez que la suspensión definitiva fue concedida, vía recurso de revisión hecho valer por la peticionaria de amparo, se precisa que el incidente de suspensión es DEPURABLE, por lo que deberá conservarse el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; las resoluciones recurridas; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, acorde a lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 18 en mención. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del cuaderno original del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese personalmente.
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