Abigail González Nuñez

Expediente 802/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
802/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Abigail González Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecinueve de octubre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Xalapa, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de ratificación de cuenta, de la que se advierte que la quejosa ******, compareció ante esta potestad federal a efecto de ratificar en todas y cada una de sus partes su escrito de once de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en proveído de treinta de septiembre del mismo año; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones, de la demanda de amparo presentada por la aludida quejosa, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, la cual se formó y registró bajo el número 802/2021/6A. Al respecto se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, el suscrito advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1. El procedimiento administrativo ****, del índice de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como su resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, relativa al bloqueo de cuentas bancarias a nombre de la quejosa *****. 2. La incorporación a la lista de personas bloqueadas por parte de las autoridades responsables, emitida en el procedimiento administrativo *****, del índice de la Unidad de Inteligencia Financiera. 3. Los oficios número ****** y **** de tres de febrero del año dos mil veintiuno, emitidos en el citado procedimiento administrativo *****. (.) En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar los actos que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley de Amparo. (.) Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. No pasa inadvertido para este órgano de control de la constitucionalidad las manifestaciones de la quejosa en el sentido siguiente: Sin embargo, la circunstancia de que la quejosa se haya enfermado y destinara sus recursos económicos para atender su tratamiento, no es motivo suficiente para eximirla de cumplir con los requisitos que prevé la Ley de Amparo para presentar la demanda. ya que la Ley Federal de Defensoría Pública otorga a la ciudadanía un servicio gratuito para aquellas personas que requieran una defensa en distintas materias del derecho. Por ende, si la promovente no contaba con recursos económicos para contratar los servicios de un profesional del derecho, tuvo la posibilidad de acudir al Instituto Federal de la Defensoría Pública, a efecto de que le otorgaran el servicio de modo gratuito. Debe puntualizarse que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. (.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    ...se encuentra ante la presencia judicial ...

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