Abel Sánchez Islas

Expediente 47/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
47/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Abel Sánchez Islas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, interpusiera recurso de revisión en su contra, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo de las actuaciones al tratarse de un asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y captúrense los datos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, a pesar de haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, pues se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá depurarse con posterioridad al VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados noventa días de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por Ivón Martínez García, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita que le sean devueltos los documentos originales que adjuntó a la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. En atención a la solicitud de la promovente, previa certificación que se haga del desglose de las constancias que en original haya adjuntado la parte quejosa a su demanda de amparo, devuélvanse a las personas que designa la promovente para recogerlos, quienes deberán identificarse y firmar por su recibo para debida constancia en autos. En ese contexto, para que le sean entregados los documentos de referencia, deberá agendar una cita, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, para que genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Ivón Martínez García, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, así como el oficio signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante los cuales manifiestan que el menor de identidad reservada con las iniciales A.S.C., ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el virus Covid -19, y para acreditar tal hecho exhiben copia simple y certificada, respectivamente, de las constancias relativas a la aplicación de la citada dosis de vacunación. Ahora, vistos los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por Abel Sánchez Islas y Erika Mariela Cruz Guzmán, se trata de la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, a su menor hijo de identidad reservada con las iniciales A.S.C. Sin embargo, la autorizada de la parte quejosa exhibe copia del expediente de vacunación de segunda dosis; mientras que, la citada autoridad responsable envía copia certificada del mismo. Asimismo, obra glosada en autos copia certificada del expediente de vacunación respecto de la primera dosis aplicada al nombrado menor. Constancias que, relacionadas entre sí, merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Documentales de las que se advierte que, a la fecha, el menor quejoso de identidad reservada con las iniciales A.S.C., recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2; es decir, ya tiene el esquema completo de vacunación. De lo anterior, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de las responsables ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo que, resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto reclamado en el presente juicio es la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, al menor de identidad reservada con las iniciales A.S.C., y en este momento procesal obran las constancias con las que se acredita que al citado menor, el diecisiete de febrero y veintidós de marzo de la presente anualidad, le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna BNT162b2 Pfizer/BioNTech, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada, al haberse aplicado al menor quejoso la citada vacuna, misma que consta de dos aplicaciones para considerar el esquema completo de vacunación. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos de los actos reclamados han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de abril de dos mil veintidós. De igual modo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de Federación adscrita.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Ivón Martínez García, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, así como el oficio signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante los cuales manifiestan que el menor de identidad reservada con las iniciales A.S.C., ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el virus Covid -19, y para acreditar tal hecho exhiben copia simple y certificada, respectivamente, de las constancias relativas a la aplicación de la citada dosis de vacunación. Ahora, vistos los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por Abel Sánchez Islas y Erika Mariela Cruz Guzmán, se trata de la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, a su menor hijo de identidad reservada con las iniciales A.S.C. Sin embargo, la autorizada de la parte quejosa exhibe copia del expediente de vacunación de segunda dosis; mientras que, la citada autoridad responsable envía copia certificada del mismo. Asimismo, obra glosada en autos copia certificada del expediente de vacunación respecto de la primera dosis aplicada al nombrado menor. Constancias que, relacionadas entre sí, merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Documentales de las que se advierte que, a la fecha, el menor quejoso de identidad reservada con las iniciales A.S.C., recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2; es decir, ya tiene el esquema completo de vacunación. De lo anterior, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de las responsables ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo que, resulta innecesaria la prosecución del juicio en que se actúa, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto reclamado en el presente juicio es la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, al menor de identidad reservada con las iniciales A.S.C., y en este momento procesal obran las constancias con las que se acredita que al citado menor, el diecisiete de febrero y veintidós de marzo de la presente anualidad, le fueron aplicadas la primera y segunda dosis de la vacuna BNT162b2 Pfizer/BioNTech, resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada, al haberse aplicado al menor quejoso la citada vacuna, misma que consta de dos aplicaciones para considerar el esquema completo de vacunación. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). Asimismo, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos de los actos reclamados han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En mérito de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de abril de dos mil veintidós. De igual modo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de Federación adscrita.

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