Abigail Cordoba Juarez
Expediente 573/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Abigail Cordoba Juarez
- Junta Especial Numero Cinco de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado, Ciudad
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vistos los autos de este juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la resolución en la que se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero, fracción V, en relación con el ordinal cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del uno de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha en el presente juicio de amparo 573/2020-1, promovido por Abigail Córdoba Juárez.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, la Secretaria procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 3 a 5), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, y documental que relacionó la parte quejosa en su demanda (foja 3 a 5), y con la documental pública de la autoridad responsable (fojas 15 y 16). A lo que se acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Finalmente, en la etapa de alegatos, se da cuenta con el pedimento 225/2020 emitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que se acuerda: téngase por reproducidas las manifestaciones vertidas en el mismo, que serán tomadas en consideración oportunamente. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 573/2020-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Abigail Córdoba Juárez, promovió juicio de amparo contra acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 573/2020-1, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el cuatro de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 536/5/2017. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto el acto reclamado por así reconocerlo al rendir su informe justificado la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, con residencia en esta ciudad (foja 14) CUARTO. No se analizará el acto que la impetrante califica de inconstitucional, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que subsane el acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar la transgresión de derechos fundamentales a causa de un determinado acto de autoridad, con el fin de restituir al gobernado en el goce pleno de sus prerrogativas protegidas por nuestra carta magna, el legislador ordinario ha establecido, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. De ese principio deriva la causa de improcedencia en estudio, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aún cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales agraviados o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquélla, porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la impetrante. Así, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este caso, porque de las actuaciones que remitió como apoyo a su informe justificado la autoridad responsable, se advierte que el diecisiete de marzo del año en curso, en el juicio laboral 536/5/2017, se ordenó emitir un nuevo proyecto de laudo y laudo. Consecuentemente, al haber ordenado la Junta responsable un nuevo proyecto de laudo y laudo, es evidente que se desvaneció la omisión reclamada, pues a ningún fin practico conduciría el análisis de la misma, dado que sería ocioso obligar a la autoridad laboral a ordenar el cumplimiento de la que se ordenó en una audiencia que será substituida, ya que en eventual caso que se decretara inconstitucional, la autoridad responsable no podría reparar las violaciones cometidas, al estar pendiente de celebrarse una nueva. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, del Tomo XXIV, de Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 173858), que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, al actualizarse en este juicio la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el mismo, por imperativo de la fracción V, del artículo 63, del citado ordenamiento. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 573/2020-1, promovido por Abigail Córdoba Juárez, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. L'LIBQ/npm.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta; téngase por recibida la intervención ministerial 225/2020 emitida por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de la cual formula alegatos, mismos que se relacionarán en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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