Abiel García Morua

Expediente 1524/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1524/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, Ciudad
  • Abiel García Morua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ...se declara que la sentencia ha causado ejecutoria... archivese este asunto como totalmente concluido..

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. S E N T E N C I A V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 1524/********************-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, ******************** promovió juicio de amparo contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 1524/********************-1, ordenándose pedir informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención a la Representante Social de la Federación adscrita y fue señalada día y hora para la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo el doce de enero de dos mil veintidós, en los términos que se anotan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene efectos materiales en la circunscripción territorial sobre la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso emitido en la continuación de la audiencia inicial celebrada el seis de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal ********************/********************, por el delito de portación de arma de fuego de de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos. Apoya tal precisión, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, al rendir informe justificado aceptó el acto reclamado, acreditándolo con el disco óptico "DVD", que contiene la grabación de la audiencia de vinculación a proceso celebrada en la causa penal ********************/********************, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Es de invocarse en cuanto a la valoración realizada, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703 (registro 2004362), del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Estudio de fondo. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El análisis de los conceptos de violación, así como de las constancias que integran el juicio de amparo, conduce a las siguientes consideraciones. Se esgrime que la resolución reclamada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en concepto del impetrante, no se debió dictar auto de vinculación a proceso en su contra, ya que no existen datos de pruebas suficientes. Ahora bien, el auto de vinculación a proceso de seis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado contra ********************, es por el hecho que la ley contempla como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los hechos catalogados de delito, tienen su origen en que el dos de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las cuatro horas, elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en Reynosa, Tamaulipas, a bordo de unidades oficiales, circulando de noreste a sureste sobre la ********************, cuando se percataron que en la banqueta del lado izquierdo de la calle a una distancia aproximada de veinte metros, estaban tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino, quienes se asomaban a dirección contraria de los oficiales, por lo que, al acercarse los policías observaron, en lo que aquí interesa, a ******************** portando en la mano derecha un arma de fuego corta, quien al notar la presencia policial emprendió la huida. En ese momento, los oficiales se identificaron por medio del altoparlante, y procedieron a descender de los vehículos para darle seguimiento sin perderlo de vista, observando que éste intentó ingresar al domicilio ubicado en ********************, por lo que los elementos ingresan inmediatamente detrás de él sin perderlo de vista, dándole alcance en el patio de enfrente de dicho domicilio. Y una vez que se tomaron todas las medidas de seguridad, se le solicitó que tirara el arma, y siendo las cuatro horas con cinco minutos, el policía ********************, detuvo a ********************, al realizarle una revisión en su persona, le aseguró en un radio de alcance sobre el suelo a setenta centímetros el arma de fuego calibre 9x19mm, marca canik, modelo TP9SFX, matrícula TT6472-20BC04432, con un cargador abastecido con quince cartuchos y uno más en recamara. Motivo por el cual, siendo las cuatro horas con treinta minutos, el policía ********************, le notificó que estaba detenido, leyéndoles sus derechos; objeto bélico que portó sin pertenecer a las fuerzas armadas del país y sin autorización para su portación. Conductas que fueron cometidas en términos de los artículos 7, fracción II (permanente), 8° y 9°, párrafo primero (a título de dolo), y 13, fracción II, (autor material), del Código Penal Federal. Para determinar la vinculación por esos hechos, específicamente sobre la existencia del objeto de delito, se estima ajustada a derecho la determinación del juez de control, ya que se basó en los siguientes datos de prueba: Dictamen de balística realizado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, por el perito Francisco Javier Carrasco Palapa, quien concluyó, en lo que interesa, que el arma de fuego afecta, está contempla en el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Dictamen de fotografía forense con número de folio 9094 de tres de noviembre de dos mil veintiuno, elaborado por Jorge Alberto García Morales, del cual se desprenden tomas fotográficas del artefacto bélico afecto. Dictamen de fotografía forense con número de folio 1212/******************** elaborado el dos de noviembre de dos mil veintiuno, por la experta Josefina Hernández Ramos, quien realizó diversas tomas fotografías, de las cuales veintinueve corresponden a la ilustración de los elementos bélicos. Inspección realizada el tres de noviembre de dos mil veintiuno, por el oficial de la Policía Federal Ministerial Francisco de Jesús Villarreal Cervantes, en la que inspeccionó la citada arma de fuego. Datos de pruebas que, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, bajo el parámetro probatorio exigido para el dictado del auto de vinculación, ponen en evidencia la existencia material del objeto bélico consistente en un arma de fuego calibre 9x19mm, marca canik, modelo TP9SFX, matrícula TT6472-20BC04432. Para estimar que fue el quejoso quien probablemente portó el arma de fuego antes descrita, a decir del juez responsable se demostró, con el estándar probatorio que se exige para el dictado del auto de vinculación. Ello, con el informe policial homologado antes referido, así como de las propias entrevistas realizadas a los suscriptores del mismo, en donde especificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, pues para tal efecto expusieron que aproximadamente a las cuatro horas del dos de noviembre de dos mil veintiuno, recorrían la calle Villa de San Fernando de la colonia Colinas del Real de esta ciudad, cuando observaron que en la banqueta del lado izquierdo de la calle a una distancia aproximada de veinte metros, estaba el quejoso y otras dos personas, y aproximarse los policías se percataron que ******************** portaba en la mano derecha un arma de fuego corta, quien al notar la presencia policial emprendió la huida, por lo que los elementos policiacos se identificaron por medio del altoparlante, y procedieron a descender de los vehículos para darle seguimiento sin perderlo de vista, observando que éste intentó ingresar al domicilio ubicado en ********************, en donde los elementos ingresan inmediatamente detrás de él sin perderlo de vista, dándole alcance en el patio de enfrente de dicho domicilio. Y una vez que se tomaron todas las medidas de seguridad, se le solicitó que tirara el arma, por lo que siendo las cuatro horas con cinco minutos, el policía ********************, detuvo a ********************, al realizarle una revisión en su persona, aseguró en un radio de alcance sobre el suelo a setenta centímetros un arma de fuego calibre 9x19mm, marca canik, modelo TP9SFX, matrícula TT6472-20BC04432, con un cargador abastecido con quince cartuchos y uno más en recamara. Determinación que se estima ajustada a derecho, contrario a lo argumentado por el impetrante, pues como lo consideró el juez responsable, existen un hecho que la ley señala como delito, y que es posible que el hoy quejoso lo cometió o participó en su comisión, desde el momento mismo en que fue avistado portando en su mano derecha un arma de fuego; consecuentemente, el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con los requisitos de los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, hasta esta etapa de vinculación, el conjunto de circunstancias y datos de pruebas evidencian las imputaciones que desvirtúan la presunción de inocencia; de ahí que sea correcto, por ahora, lo determinado por el Juez de Control. Robustece lo expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 31, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Junio de 2016, Tomo I, página 546 (registro 2011871), que establece: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.- Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora." De igual forma, el criterio contenido en la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Julio de 2005, página 1105 (registro 177945), que dice: "INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL.- Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo." Ahora, el impetrante argumenta que es incorrecta la determinación del Juez de Control al estimar que para la actualización de la posesión de armas de fuego necesariamente debe de ser el domicilio del probable responsable; lo cual resulta infundado. En efecto, se estima correcta la determinación del Juez responsable, contrario a lo argumentado por el impetrante, en cuanto a que el delito que se configura por los hechos materia de la imputación, es de portación de arma de fuego y no de posesión, ya que del informe policial homologado y las entrevistas realizadas a los elementos aprehensores que suscribieron el mismo, se desprende que momentos antes de ser detenido materialmente el imputado ********************, fue avistado a una distancia aproximada de veinte metros por los policías portando un arma de fuego en su mano derecho, es decir, en el exterior del domicilio ubicado en********************, específicamente en la banqueta del lado izquierdo de la calle, por lo que una vez que se percató de la presencia policial emprendió la huida y trató de ingresar a dicho domicilio, en donde le dieron alcance los oficiales de la policía y el agente ********************, procedió a su detención, asegurándole a setenta centímetros de su persona en el suelo, el arma de fuego afecta. Entonces, se reitera que se encuentra ajustada a derecho la clasificación jurídica de los hechos imputados al quejoso que determinó el Juez de Control, ya que para determinar si se actualiza el delito de posesión, o bien, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es de trascendencia el lugar en que se tenga el arma de fuego, de manera que la posesión se dará cuando una persona la tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa, al contrario, el imputado fue sorprendido llevando consigo en su mano derecha fuera del domicilio el arma de fuego; de ahí que, se estima que ejerció actos de portación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 5/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2592, Décima Época, registro 2022055, del rubro y texto siguiente: "POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SE ACTUALIZA ESTE DELITO CUANDO UNA PERSONA LA TIENE O LA LLEVA CONSIGO EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO. El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su origen distingue la posesión de armas de la portación de armas y, en su texto vigente, prevé el derecho de los habitantes de la República Mexicana a poseer armas en el domicilio, con un propósito de seguridad y legítima defensa; quedando exceptuado del ejercicio de ese derecho la posesión de armas prohibidas por la ley federal, así como las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y de los cuerpos de reserva. Además, prevé que podrá autorizarse a los habitantes la portación de armas en los casos, condiciones y lugares que determine la citada ley federal. Así, de conformidad con la Constitución y con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (ley reglamentaria de la materia), para determinar si se actualiza el delito de posesión, o bien, el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es de trascendencia el lugar en que se tenga el arma de fuego, de manera que la posesión se dará cuando una persona la tiene o la lleva consigo en el interior de su domicilio, mientras que la portación será cuando la tiene o la lleva consigo fuera del domicilio. En esas condiciones, atento al principio de exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 14 constitucional, el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se actualiza cuando una persona es sorprendida con un arma de esas características en su domicilio, pero no se configura el delito de portación de esa arma, precisamente porque la tenencia se da dentro de su domicilio, sin que sea relevante que el arma de fuego sea de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pues si bien la posesión no puede considerarse amparada bajo la previsión del artículo 10 referido, lo cierto es que las características del arma no varían la acción de posesión que dará lugar a la conducta delictiva." En relatadas condiciones, al no existir violación a derechos fundamentales, debe negarse a ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado.

  3. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con cinco minutos del doce de enero de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4454/2021, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1524/2021-1, promovido por Abiel García Morua.La Secretaria de Juzgado encargada del despacho declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario de Juzgado que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario de Juzgado procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 12), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con el informe justificado de la autoridad responsable. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, la Secretaria de Juzgado encargada del despacho declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario de Juzgado da cuenta con la documental de la autoridad responsable y disco compacto, exhibidas al rendir informe con justificación (fojas 27 a 30). A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. Finalmente, en la etapa de alegatos, se da cuenta con el pedimento 08/2021 emitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 38 a 4231). A lo que se acuerda: téngase por reproducidas las manifestaciones vertidas en el mismo, que serán tomadas en consideración oportunamente. Sin que exista promoción pendiente de acuerdo, se da por concluida la presente diligencia, firmando al calce los que en ella intervinieron, quedando los autos vistos para dictar la resolución que en derecho corresponda. LA SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ENCARGADA DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, MEDIANTE OFICIO CCJ/ST/4454/2021. LICENCIADA LILIA INÉS BELTRÁN QUIÑONES. EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LICENCIADO CÉZAR OMAR GARZA MONTEMAYOR.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Samuel García Ramírez, autorizado legal del quejoso Abiel García Morua, mediante el cual solicita le sea revocado dicho nombramiento, por así convenir a sus intereses personales y profesional, quedando relevado de toda obligación procesal. En ese tenor, se tiene a la parte quejosa revocando la autorización otorgada en el escrito inicial en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del licenciado Samuel García Ramírez.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.

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