Abelardo Juarez Nuñez

Expediente 501/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
501/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Abelardo Juarez Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veinte.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del presente expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. ********************, Juez de Control de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele las mismas; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de las citadas documentales.********************Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; electrónicamente a su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista al tercero interesado ********************-víctima u ofendido del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Abelardo Juárez Núñez, contra el acto, autoridad y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; electrónicamente a su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista al tercero interesado Rogelio Juárez Núñez -víctima u ofendido del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el acta de comparecencia de cuenta, en la que Rufina Lucas Lucas, en su carácter de analista y hablante de la lengua totonaca adscrita a la Dirección de Asuntos Indígenas de la Fiscalía General del Estado de Puebla y acreditada ante el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, aceptó y protestó el cargo de intérprete del quejoso Abelardo Juárez Núñez, en cumplimiento a lo ordenado en auto de siete de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por la fracción VIII del artículo 2° Constitucional y el punto 4.7 del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento del quejoso que en todo momento será asistido por la experta Rufina Lucas Lucas, quien fungirá como su intérprete en este sumario constitucional; por lo que, independientemente de su grado de comprensión del castellano, en caso de requerir comprender o hacerse comprender dentro de este juicio, deberá hacerlo saber al suscrito juzgador Federal, a efecto de que se provea lo conducente. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guarda el presente expediente se aprecia que el quejoso Abelardo Juárez Núñez se encuentra privado de su libertad personal en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, y si bien en el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se le tuvo autorizando -con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo- a Guadalupe Mora Ramos y César Molina Velázquez; el suscrito Juez Federal estima que dicha parte procesal no se encuentre jurídicamente representada en el presente asunto, lo que vulnera su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, una defensa adecuada, prevista por el artículo 20, apartado B, fracción VIII constitucional, en relación con el artículo 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, interpretación a partir del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y de defensa adecuada de que se habla, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos, y en nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. Por lo que, el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente esos derechos constitucionales. Máxime que en el presente asunto, el acto reclamado consiste en la ampliación del plazo de cierre de investigación complementaria dentro de la carpeta judicial administrativa 756/2019/PUEBLA del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, esto es, son actos que dimanan de un procedimiento judicial en materia penal. En ese contexto, como forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), cuente con una defensa técnica adecuada, debiendo ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar en posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado. Como en la especie acontece, pues a pesar de que la parte quejosa en su escrito de demanda, autorizó a dos personas para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación, no se colma el requisito señalado en el párrafo anterior, a efecto de tener certeza plena de que aquél se encuentre debidamente asistido jurídicamente. Cobra especial relevancia, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado. Asimismo, el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, dicen: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Bajo ese panorama, siguiendo el procedimiento señalado en la última jurisprudencia citada, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el diverso 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, en el momento en el que se practique la notificación del presente acuerdo, o en el plazo de tres días computado legalmente, nombre a un abogado o abogados que lo representen en este juicio de amparo, para lo cual deberá proporcionar los datos de la cédula profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; con el apercibimiento que, de no hacerlo este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Considerando que la parte quejosa pidió autorización para que Guadalupe Mora Ramos y César Molina Velázquez, escuchen y reciban notificaciones en su nombre y representación, y sólo para el caso que desee autorizarlos en los términos amplios previstos por el artículo 12 de la Ley de Amparo, para que lo asistan jurídicamente, deberá proporcionar los datos que permitan corroborar que aquéllos fungen como licenciados en Derecho, esto es, detallar su número de cedula profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Para dar margen a lo anterior y tomando en consideración que la parte quejosa se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente proveído, en dicho lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa (en el lugar en que se encuentra recluida); y, por lista a las demás partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla: Javier Vázquez Fernández; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Así mismo, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias remitidas, que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, se ordena integrarlos en un legajo por separado, y denominarlo anexo I, conservando el folio de origen. Ello encuentra sustento en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto, dicen: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO". En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." Y, por cuanto hace al disco versátil digital remitido no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Se cita por su aplicabilidad, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se citan a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósense al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, del estado procesal de autos, concretamente del acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil veinte, se reservó proveer lo conducente respecto a las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto el Juez responsable rindiera su informe de ley, lo que en la especie aconteció; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la referida parte procesal ofreciendo como pruebas de su parte, las constancias que refirió en su demanda de amparo, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.

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