Abelardo Cuellar Delgado
Expediente 676/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abelardo Cuellar Delgado
- Jose Samuel Porras Rugerio (Apoderado)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General y, conforme al punto 7.1.1. apartado 2 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Asimismo, por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; electrónicamente a la autoridad responsable 19. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, por oficio al resto de autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito signado por José Samuel Porras Rugerio, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de ***, a través del cual, solicita la devolución del billete de depósito N 889087, expedido por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $8,600.00 (ocho mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), mismo que fue exhibido el pasado ocho de agosto de dos mil veintidós. Así mismo, téngase al ocursante solicitando que la garantía a devolver, sea endosada a Ricardo Federico Malcos Cruz, Rodolfo Israel Bagatella Méndez o León Magno Meléndez George; por lo que, se ordena devolver la garantía exhibida, por conducto de cualquiera de las personas precisadas con antelación, previa toma de razón de recibo que se deje en autos; en el entendido, que dicha garantía se endosará con el nombre del aquí quejoso ***. Comuníquese al promovente que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de diez a doce horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 676/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por ***, por conducto de su apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración José Samuel Porras Rugerio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós (fojas 2 a 81), mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula,***, por conducto de su apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración José Samuel Porras Rugerio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Puebla, y otras autoridades La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, prevención, escritos aclaratorios, desechamiento parcial, incompetencia legal, separación de juicios y admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por ***, por conducto de su apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración José Samuel Porras Rugerio, con el número de juicio de amparo indirecto 676/2022; y, se previno a la parte quejosa en los términos que del propio acuerdo se desprenden (fojas 82 a 91). Luego, por escritos aclaratorios presentados el siete, quince y veinte de julio del año en curso, el demandante constitucional cumplió con los requerimientos del auto preventivo; por lo que, previa ratificación del contenido y firma del último de los mencionados ocursos, el veintinueve de julio siguiente, se dictó un acuerdo en el que: i) Se declinó competencia legal en razón de la materia respecto al acto reclamado a las autoridades responsables Gobernador y Secretario de Trabajo, ambos del Estado de Puebla, consistente en las declaraciones públicas emitidas en contra del quejoso directo y las consecuencias jurídicas que deriven de ello, avocándose al conocimiento del asunto el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 1426/2022-II-A; ii) Se desechó parcialmente la demanda en relación con el acto reclamado a las autoridades 1. Consejería del Estado de Puebla, 2. Secretaría de la Función Pública, 3. Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, 4. Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 5. Honorable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, 6. Presidente de la Honorable Junta Especial Número Uno de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, 7. Presidente de la Honorable Junta Especial Número Dos de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, 8. Presidente de la Honorable Junta Especial Número Tres de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, 9. Presidente de la Honorable Junta Especial Número Cuatro de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, 10. Presidente de la Honorable Junta Especial Número Cinco de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, 11. Presidente de la Honorable Junta Especial Número Seis de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, 12. Honorable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, 13. Honorable Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, 14. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, 15. Fiscalía General del Estado de Puebla, 16. Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, 17. Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal y 18. Unidad de Apoyo Policial adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, consistente en la integración de las carpetas de investigación que se siguen en contra del quejoso; iii) Se decretó la separación de juicios en relación con las órdenes de detención dictadas en contra del quejoso en diversas carpetas de investigación; y, iv) Se admitió la demanda respecto de las órdenes privativas de libertad y su correspondiente ejecución, atribuidas a los jueces señalados como responsables y a las autoridades penales administrativas. Además, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Queja contra acuerdo. En auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso Abelardo Cuéllar Delgado y a su apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración José Samuel Porras Rugerio, interponiendo recurso de queja (fojas 212 a 217) en contra del auto de veintinueve de julio del año en curso; por lo que, se suspendió el procedimiento y se dejó sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Así, el veinticuatro de agosto del presente año, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito informando que radicó el recurso de queja con el número 143/2022 de su índice, y que lo admitió a trámite (fojas 254 y 255). Después, el treinta de septiembre del año en curso, se acordó el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintidós de septiembre del año en curso (fojas 263 a 291), en el recurso de queja 143/2022 de su índice, en el cual resolvió declarar infundado el medio de impugnación hecho valer por el quejoso ***y su apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración José Samuel Porras Rugerio; por lo que, se reanudó el procedimiento (fojas 292 a 296). CUARTO. Cita para audiencia. En el citado auto de treinta de septiembre del año en curso, al reanudarse el procedimiento, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós (es decir, previo a la celebración de la audiencia que antecede), se declaró inexistente a la autoridad señalada como responsable: "20. Comisario Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la ciudad de Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella (fojas 316 y 317). En ese tenor, dicha autoridad se excluye de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios, de lo determinado en auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, Abelardo Cuéllar Delgado, por conducto de su apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración José Samuel Porras Rugerio; reclama lo siguiente: Las órdenes privativas de libertad personal libradas en su contra; y, La ejecución de dichas órdenes. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 13 1. Encargado de la administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, Isaí López Rivas, por sí y en representación de los: - Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 2. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez; 3. Enrique López Criollo; 4. Aarón Hernández Chino; 5. Rosalva Elena Zárate Herrera; 6. Mario Cortés Aldama; 7. Rosa Aurora Espejel Prado; 8. María Guadalupe Muñoz Pérez; 9. Magally Escamilla Rodríguez; 10. Ana Alicia Ponce Frías; 11. Rosario Ivonne Rivera Calzada; 12. Karla Ivonne Munguía Olmos; y, 13. Bet Nimra Pérez Hernández. Niega (foja 149) 14 Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado (José González Zepeda), en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega (foja 169) 15 Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción (Jesús Castro Jacome). Niega (foja 170 y 171) 16 Titular de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Idalia Carlos Pérez). Niega (foja 160) 17 Encargado de la Unidad de Apoyo Policial adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (Javier Reyes Jiménez). Niega (foja 162) 18 Titular de la Agencia Estatal de Investigación (Fernando Fierro Aldana). Niega (foja 163) 19 Director General de Asuntos Jurídicos (Enrique Morales Hernández) y representante Legal del Secretario de Seguridad Pública. Niega (foja 250) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos precisados en el considerando precedente. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ***, por conducto de su apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración José Samuel Porras Rugerio, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa; electrónicamente a la autoridad responsable 19. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y, por oficio al resto de autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio 48616/2022 signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual comunica el acuerdo de diez de octubre del año en curso, emitido dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1028/2022*M, donde el titular de dicho juzgado solicita se le informe el estado procesal del presente incidente, y se le remita copia certificada de la demanda de amparo, de la suspensión provisional y definitiva, así como de los informes previos rendidos por las responsables, por serle necesario para la integración del referido incidente. En tal virtud, hágase saber al homólogo federal que en el presente cuaderno, por resolución de doce de agosto de dos mil veintidós, se emitió interlocutoria en la cual se negó la suspensión definitiva solicitada por José Samuel Porras Rugerio en su carácter de Apoderado General para Pleitos, Cobranzas y Actos de Administración de ***. Por lo anterior, se ordena poner a su disposición la versión electrónica del presente expediente para su consulta, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) proceda a hacer disponible el expediente electrónico relativo a este incidente, a fin de que pueda ser vinculado con el juez solicitante -con el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1028/2022 de su índice- y de esta manera consiga visualizar las constancias que estime necesarias. En consecuencia, hágase saber al juez oficiante que el expediente electrónico del presente asunto se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el fin indicado, solicitándole comedidamente comunique a este órgano cuando ya no estime necesaria su consulta, a efecto de proceder en lo conducente. Notifíquese mediante oficio al Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y cúmplase.
Quedan 28 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Abel Martinez Martinez Y Otros252/2021
- Abel Mendez Suarez338/2017
- Abel Mendez Suarez1300/2022
- Abel Nolasco Ordoñez437/2022
- Abel Ortiz Dominguez649/2021
- Abel Velez Cervantes518/2022
- Abelardo Cuellar Delgado833/2022
- Abelardo Cuellar Delgado834/2022
- Abelardo Cuellar Delgado146/2023
- ABELARDO JUAREZ HERNANDEZ y Otros.18/2017
- Abelardo Juarez Nuñez501/2020
- Abidaid Sagrario Gonzalez Garcia2033/2015