Abelardo Jose Mimenza Cervera
Expediente 2269/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abelardo Jose Mimenza Cervera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado inciso y numeral ya citados, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintiún minutos del nueve de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo II-2269/2022, promovido por ABELARDO JOSE MIMENZA CERVERA, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, da cuenta con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el cual obra agregado en autos y con el registro de oficial de partes 24348, correspondiente al oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con anexo. Seguidamente, la Jueza acuerda: téngase por hecha la relación secretarial y por rendido en tiempo y forma el aludido informe justificado de la responsable, para ser tomado en consideración como corresponda. Asimismo, agréguese a este expediente el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con anexo. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con la prueba presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, las cuales relacionó la parte quejosa a su escrito de demanda; asimismo, con las diversas documentales que la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado y escrito de cuenta. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial número 383/2022 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, registrado con el número de promoción 23693, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. A lo que la Jueza acuerda: ténganse por presentados los alegatos de cuenta de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver; por lo que, se declara cerrado el período de alegatos. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el juicio de amparo 2269/2022-II, promovido por ABELARDO JOSE MIMENZA CERVERA contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el veinte de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, ABELARDO JOSE MIMENZA CERVERA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 2269/2022-II. Asimismo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado fue atribuido a una autoridad con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con la tesis de rubro' "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que ABELARDO JOSE MIMENZA CERVERA reclama: La fecha lejana fijada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en autos del juicio reclamatorio laboral 828/2019 de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ya que así lo reconoció la Presidenta de la Junta al rendir el informe justificado en su representación. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias conducentes del expediente laboral 828/2019, que la Presidenta de la Junta responsable remitió como justificación de su informe; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, deben analizarse las causas de improcedencia que propongan las partes o se adviertan de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la fecha lejana fijada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en autos del juicio reclamatorio laboral 828/2019 de su índice, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]." En efecto, en la especie, la quejosa reclama la fecha lejana fijada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en autos del juicio reclamatorio laboral 828/2019 de su índice, violándose en su perjuicio, sus derechos fundamentales previstos en el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta al principio de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de la Materia, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. En ese tenor, en el caso concreto, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias del expediente de origen, que revelan por audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la Junta responsable aprobó el convenio entre el quejoso ABELARDO JOSE MIMENZA CERVERA y la parte demandada del citado juicio. Lo antes expuesto actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque a nada práctico conduciría el estudio de los actos reclamados, pues ha quedado superado con la celebración del convenio entre las partes del juicio de origen, que precisamente tiene como fin dar por terminado el conflicto de trabajo. Sobre el particular, norma este criterio la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, correspondiente a diciembre de 2006, página 189, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción V del artículo 63 de la legislación referida. Atento al sentido del fallo, jurídicamente no es posible el estudio de los conceptos de violación en relación con la aludida actuación, con base en la jurisprudencia de la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Quinto. Supresión de impresión. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ABELARDO JOSE MIMENZA CERVERA, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en la fecha lejana fijada para la celebración de la audiencia de ley; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nuevo León "1", con sede en Monterrey, por el cual comunica que, en relación a la multa impuesta al tercero interesado "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado Marcos Omar Manzanero Cabrera, en el presente juicio de amparo; es necesario contar con el importe del crédito fiscal ya que tratándose de sanciones determinadas en UMAS será su importe en pesos. En tal virtud, y dado que la parte oferente del incidente de objeción de documentos tercero interesado "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado Marcos Omar Manzanero Cabrera, no asistió a la diligencia de la prueba pericial en grafoscopía, a pesar de estar debidamente notificado; en consecuencia, el dieciséis de agosto del año en curso se hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, y de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se ordenó hacer efectiva la multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. En ese sentido, se informa a la autoridad oficiante que, la cantidad de la multa impuesta a "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, es de $4,811.00 (Son cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional), que se obtuvo a razón de multiplicar 96.22 que equivale a una Unidad de Medida y Actualización anual (UMA), por 50 de ellas; lo anterior, a efecto de estar en aptitud de realizar la sanción correspondiente. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el telegrama signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe y por el Director General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México; sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento toda vez que el dieciocho de julio del año en curso, causó estado el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente asunto; y se ordenó el archivo del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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