Abelardo Jose Aguiar Ancona
Expediente 1710/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1710/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abelardo Jose Aguiar Ancona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de dieciséis de agosto del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es destruible toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado a la responsable, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, por tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son DESTRUIBLES, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto del dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y constancias que acompaña. En tal virtud, se trae a colación que los actos que Abelardo José Aguiar Ancona reclamó en su demanda de amparo, consistieron en: 1.- La omisión de acordar el escrito presentado ante responsable el trece de junio de dos mil veintidós, en el que solicitó la citación a sentencia en autos del juicio ordinario civil 394/2021, y , 2.- La omisión de dictar sentencia en el aludido juicio. Omisiones que, de ser ciertas, pudiera constituir una violación al derecho fundamental de pronta impartición de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como refiere la parte quejosa en su demanda de amparo. Ahora bien, en atención a las constancias que se acompañan, se estima que en relación al acto precisado como número "1" se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de acordar el escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, en el que solicitó la citación a sentencia en autos del juicio ordinario civil 394/2021. Ahora, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por la Juez responsable, que adjuntó a su informe de ley, se desprende que el doce de junio dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el que proveyó respecto a la petición hecha por la parte quejosa en su escrito presentado ante ella el trece de junio pasado; esto es, citó a las partes en el juicio de origen para oír sentencia definitiva y lo notificó por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, el dos de agosto siguiente. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya cesó, pues la responsable acordó la petición de la que se dolía en cuanto a la omisión de proveer el escrito presentado ante ella, en el que solicitó se pronuncie sobre la citación a sentencia y lo notificó a las partes. En ese sentido, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, la cual cesó, al momento en que se emitió el auto de nueve de los cursantes, antes mencionado y se notificó a las partes del juicio. Por otra parte, en relación al acto reclamado precisado como número "2", se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Articulo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]". De la interpretación del precepto trascrito en armonía con el artículo 1, fracción I y el diverso 75, ambos de la Ley de Amparo, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda. De manera que, de la lectura de las constancias remitidas por la autoridad responsable apuntada en párrafos anteriores, se aprecia que negó la existencia de ese acto y además, se observa que mediante auto de doce de junio pasado, notificado a la parte quejosa el dos de agosto del presente año, citó a las partes para para oír sentencia en el juicio de origen. Por tanto, si en el caso, la demanda de amparo se presentó el ocho de julio del año actual, y la Juez señalada como responsable en ese momento no había citado a las partes para oír sentencia, en virtud de que lo realizó el doce de julio pasado, es inconcuso que no se encontraba en aptitud de emitir la sentencia definitiva correspondiente, pues ello es un momento procesal que se realiza con posterioridad. Entonces, en razón de que este juicio constitucional se accionó sin que el expediente natural se encontrara en estadio procesal para dictar sentencia definitiva, se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía el acto reclamado, por lo que es evidente que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para estudiar la omisión combatida de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 59, Tomo I, Octubre de 2018, página 926, que señala: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En tales circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo por lo que respecta al acto precisado como "1" y la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo respecto al marcado como número "2", lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el telegrama remitido por el Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, compareciendo en representación del Director en Jefe y el Director General de Registro y Control Documental de dicha institución, mediante el cual informa a este Juzgado, la fecha en que recibió los oficios 23729/2022 y 23730/2022, mediante los cuales se le comunicó la sentencia dictada en autos, y señala que dichos oficios fueron recibidos el siete de junio del presente año. En tal virtud, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que AMPARÓ y PROTEGIÓ a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Delegado Estatal en Yucatán, el Director en Jefe y el Director de Registro y Control Documental, todos del Registro Agrario Nacional, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos el telegrama suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano compareciendo por el Director en Jefe, con sede en la Ciudad de México, a través del cual atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; manifestaciones de las cuales se advierte que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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