Abelardo Alanis Rodríguez

Expediente 1288/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1288/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Abelardo Alanis Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Abelardo Alanís Rodríguez, por medio del cual cumple con la prevención que este órgano jurisdiccional le hizo en proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, del ocurso de cuenta se observa que la parte agraviada manifiesta que la etapa procesal en la que se encuentra el expediente 930/2016, relativo al juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, en esta ciudad, es en el desahogo de pruebas, en el que se encuentra pendiente, la pericial en genética, sin que existe sentencia definitiva; de igual forma, aclaró el número correcto del juicio de origen. Dicho lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo citado se tiene, como se dijo, la obligación del tribunal de estudiar la demanda de amparo y en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, debe tomarse como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y, lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, el quejoso señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado; y, 2. Coordinadora de la Central de Actuarios adscrita a los Juzgados de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial. Ambos con sede en esta ciudad. Además, a éstas se les reprocha lo siguiente: a) El ilegal emplazamiento y actuaciones posteriores a dicha actuación, en los autos del expediente 930/2016, relativo al juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad; b) La interlocutoria dictada el uno de noviembre de dos mil veintitrés, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones plantado por el citado agraviado en el juicio de origen. Partiendo de esa base, este juzgado advierte primeramente que respecto al acto reclamado señalado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas;" De la interpretación literal del último precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es procedente cuando sea solicitado por personas extrañas al juicio de origen. Por lo que al aplicar a contrario sensu esta porción normativa, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando quien lo promueve se ostenta como persona extraña al juicio de origen y en realidad no tiene ese carácter. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1827, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 175910, cuyo rubro y texto dicen: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Sobre el concepto procesal de tercero extraño, cabe enfatizar en que se entiende como aquella persona que no figura como parte formal y material en una controversia, pero resiente una afectación en su esfera jurídica con los actos que en dicha controversia se emiten por la autoridad que conoce y resuelve (tercero extraño en estricto sentido); además, también se le equipara a quien habiendo figurado como parte formal y material en juicio, no fue llamado o se le llamó de manera incorrecta en un procedimiento que concluyó (tercero extraño por equiparación). Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 196932, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese orden de ideas se precisa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció la jurisprudencia 1a./J. 124/2011, la cual es visible en la página 228, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 160179, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. NO PIERDE ESTE CARÁCTER LA PERSONA A QUIEN NO SIENDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE LE REQUIERE PARA QUE REALICE UNA CONDUCTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO, AL NO QUEDAR VINCULADA POR ESE SOLO HECHO Y, POR TANTO, NO ESTÁ OBLIGADA A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, persona extraña es la que resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajena, es decir, es aquella que no figura en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, y con esa calidad no tiene obligación de agotar recursos ordinarios, pudiendo optar por la acción constitucional contra la resolución que le ocasione un perjuicio, ya que no ha comparecido al procedimiento. En ese sentido, el mandamiento judicial dirigido a una persona que no es parte material en el juicio de origen, en el cual se le identificó nominalmente y se le requiere para que realice una conducta útil o necesaria para el desarrollo del proceso, si bien es cierto que crea una relación jurídica directa e inmediata de supra a subordinación con el juez responsable, similar a la que se produce entre el juzgador con cada una de las partes, también lo es que los terceros extraños en un juicio en ningún caso tienen obligación de agotar recursos." En la ejecutoria relativa, se observa, en lo que interesa, lo siguiente: "(...) En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo), que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo, opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su auto denominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así. En ese orden de ideas, si en virtud de una finalidad específica, útil al proceso (la citación de un testigo, la encomienda de una tarea al perito, la exhibición de alguna cosa o documento en el proceso, la rendición de un informe, etcétera), la autoridad jurisdiccional dicta un mandamiento legítimo, dirigido a un gobernado distinto a las partes, con tal acto si bien se crea una relación jurídica directa e inmediata de suprasubordinación entre la autoridad jurisdiccional y la persona a quien se dirige el mandato, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes; sin embargo, para tenerse vinculado al proceso debe concurrir al mismo. Es decir, el conocimiento que se tiene a través de la notificación del requerimiento es insuficiente por sí mismo para constituir la vinculación con el proceso, pues para ello es necesario que quien fue requerido comparezca o se apersone a éste, pues con motivo de dicho acto procesal surge la vinculación del juzgador hacia el tercero que fue llamado en forma transitoria para intervenir en una etapa del desarrollo del proceso, ya sea como testigo, como perito para proporcionar la información requerida, o bien, para realizar una conducta necesaria para proseguir con el procedimiento, etcétera; de ahí que en virtud de ello sólo podrán interponer los recursos contra las providencias que estén relacionadas con su intervención. (...)" De lo transcrito se evidencia que el alto tribunal del país señaló, que cuando un quejoso se ostente como "tercero extraño", son las constancias del procedimiento natural y no la forma de su auto denominación, las que deben tomarse en cuenta para apreciar si realmente tiene tal carácter, y que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. Expuso que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, indicó, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber comparecido a apersonarse al mismo. También es preciso decir, que la calidad de tercero extraño al juicio del que emergen los actos reclamados, también se pierde cuando quien se ostenta con ese carácter, hubiere impugnado previamente una actuación acaecida en el juicio natural, a través de un juicio de amparo, porque con esa impugnación se demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de lo actuado en el procedimiento de origen, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado ante el que se ventila y la clase de afectación que se le puede causar en ese proceso, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra. Es así, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto del derecho fundamental referido. Se aplica al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 332, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2017849, cuyo rubro y texto dicen: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión". Bajo ese contexto normativo, se estima necesario relacionar las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en las cuales expresó que el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, compareció ante la autoridad responsable a promover el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento relativo al juicio 930/2016, resolución que recayó al mismo que también señala como acto reclamado. En tales condiciones, se evidencia que en el juicio de origen, del que derivan los actos reclamados, la aquí quejosa compareció a promover incidente de nulidad de actuaciones; por lo que se arriba a la conclusión de que, con tales actuaciones se acredita que perdió el carácter de tercero extraño a la contienda natural. Es así, pues al comparecer a promover el incidente referido, la parte quejosa adquirió conocimiento pleno y total del procedimiento de origen, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el órgano ante el que se ventila y la clase de afectación que se le podía causar en ese proceso; lo que evidencia que no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la afectación que podía causarse en la contienda natural. En mérito de lo anterior, no es factible para la aquí parte quejosa, ostentarse como tercero extraño en el presente juicio de amparo, pues perdió ya tal carácter en virtud de lo relatado con anterioridad, motivo por el que, el presente asunto deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado precisado en el inicio b), se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, y 170, lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano la demanda respecto al acto reprochado. Ahora, los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." . "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.." Pues bien, en relación con lo hasta aquí dicho, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Por ende, en el caso concreto se advierte que no se actualiza alguno de estos supuestos, pues la resolución reclamada en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad actuaciones, planteado por el quejoso Abelardo Alanís Rodríguez, interpuesto en contra del emplazamiento practicado en los autos del expediente 930/2016, relativo al juicio ordinario civil sobre reconocimiento de paternidad; sólo produce efectos procesales dentro del procedimiento de origen, y en esa virtud, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto y la parte aquí promovente deberá esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el citado juicio. En efecto, esa violación procesal es susceptible de repararse en el mismo si resulta favorable a sus intereses y, en caso contrario, quedaría expedito el derecho para controvertir la violación procesal a través del juicio de amparo directo que, en su caso, promueva en contra del laudo, según lo disponen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, pues de acuerdo a tales numerales, las violaciones a las leyes del procedimiento, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia que ponga fin al juicio. Tiene aplicación la tesis P. LVII/2004, página 9, tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Enero de 2000, tesis III.1o.C.24 K, página 1062, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas." Asimismo, es aplicable al caso, y a las consideraciones vertidas con antelación, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, Julio de 1993, página 207, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En esa medida, resulta incuestionable que en el presente asunto no se dan los presupuestos legales exigidos en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia; esto es, el acto reclamado no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que las consecuencias jurídicas del mismo, no afectan materialmente de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la parte promovente, pues con su dictado no se le priva de derechos protegidos por la Constitución, ya que, como se dijo, sólo produce efectos procesales dentro del procedimiento de origen. Lo antes dicho, porque el hecho de que se le haya declarado improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que reclama la parte quejosa, no implica necesariamente una determinación desfavorable; en tal virtud, ello no hace procedente el amparo biinstancial, pues como se dijo, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que con dicho acto sólo se puede plantear la infracción a derechos de naturaleza adjetiva o procesal que produce únicamente efectos formales, cuya razón de ser de dichos derechos, encuentran su fin último en la obtención de un laudo favorable a los intereses de la parte promovente, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal serán reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta su esfera jurídica, al no alterársele ningún derecho fundamental que consagra en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A mayor abundamiento, se pone en evidencia que de acuerdo a lo previsto por los artículos 170, fracción I, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, éste en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; asimismo, que en los juicios del orden laboral, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. De lo que se concluye que la parte ahora promovente deberá alegar las violaciones que en su caso, considere cometidas dentro del juicio de origen, hasta en tanto se resuelva mediante sentencia definitiva, de serle desfavorable el mismo, siendo la vía idónea el amparo directo, ya que hasta ese momento se podrá analizar el acto procesal reclamado. Sirve de apoyo a lo considerado, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 59, Octava Época, Noviembre de 1992, página 12, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 23/2008-PS; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Civil, localizable en la página 256, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107, de la Constitución Federal, se desecha la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con los diversos numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones V y VI, interpretado en sentido contrario y 170, de la ley invocada. Siendo aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma el señor Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe. JuanPa

  2. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio 146/2023, signado por el L.C.P. ********************perito contable de intención de este Juzgado de Distrito dentro del incidente innominado derivado del presente juicio de garantías, a través del cual solicita se le conceda una prórroga, a fin de estar en condiciones de aceptar y protestar el cargo que le fue conferido en el asunto que nos ocupa, toda vez que tiene que trasladarse desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, a esta ciudad, y se requiere de trámites de los viáticos que se realizan mediante la Dirección de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En atención a lo anterior y como lo solicita el perito en comento, infórmesele [por conducto del Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria], que se le concede una prórroga de quince días hábiles, contados a partir de su legal notificación, para que esté en condiciones de presentarse ante este tribunal, debidamente identificado, con documento oficial, en día y hora hábiles (dentro del horario de nueve a quince horas de lunes a viernes), para efectos de aceptar y protestar el cargo que le fue conferido; diligencia en la que además deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si no tiene alguno de los impedimentos a que se aluden los numerales 51 y 120 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene por recibido el oficio 20349/2023, suscrito por el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual informa que notificó al perito ********************de su comparecencia ante este tribunal en día y hora hábil para efecto de aceptar y protestar el cargo conferido; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia constitucional emitida el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés en la que se decretó el sobreseimiento; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. En otro contexto, ya que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en dos tomos de copias certificadas del juicio origen, se ordena su devolución para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el auto de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

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