Abel Váldez Medina

Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
983/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Abel Váldez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Abel Valdez Medina, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el once de agosto del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por la parte agraviada, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por ********************, quien promueve juicio de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo el número 983/2023-VI. Ahora bien, es de advertirse que la parte quejosa señala como autoridades responsables, las siguientes: Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial. Ambos con sede en esta ciudad. Así mismo, como actos reclamados precisa: ".DEL C. JUEZ SEGUNDO LICENCIADO JESÚS LÓPEZ CEBALLOS, Y SECRETARIO DE ACUERDOS LC. GUADALUPE RAMOS SAUCEDO CON QUE ACTÚA, Y AL LIC AMADO LINCE CAMPOS APODERADO LEGAL DE HSBC, GRUPO FINANCIERO MÚLTIPLE, RECLAMO LA NULIDAD DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA, EL CUAL CONTIENE LA PROTOCOLIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN EN REBELDIA, EL DESALOJO DICTADO EN CONTRA DE LA CANCELACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO DE DEMANDA, POR CAER EN EL VICIO DE NO ACATAR LO ORDENADO POR NO NOTIFICARME PERSONALMENTE LA CONTINUIDAD DE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, POR SER IMPROCEDENTE, ADEMÁS DE INFUNDADA POR NULIDAD DE NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA EN CONTRA DE MI PATRIMONIO QUE CONSTRUÍ CON MUCHO ESFUERZO, DEL CUAL PRETENDEN DESPOJARME CON UN JUICIO DEL CUAL DESCONOZCO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, Y NO CUMPLIERON LO ORDENADO, YA QUE NO FUI NOTIFICADO PERSONALMENTE; Y LA SENTENCIA DEFINITIVA DE DESALOJO DICTADO EN MI CONTRA CON FECHA 14 DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RELATIVA AL EXPEDIENTE ********************." DESECHAMIENTO: Ahora bien, este juzgador advierte que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de notificarle personalmente la determinación emitida en Segunda Instancia que ordenó reponer el juicio hipotecario ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, procediendo el que dicho sea de paso, continuó por sus etapas procesales, y culminó con el dictado de la sentencia respectiva, acarreando como consecuencia de ello, que se ha emitido una orden de desalojo del bien inmueble ubicado en ********************, que actualmente posee el quejoso. Sentado lo anterior, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo conducente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; por ello, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto; es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. En ese sentido, para el caso sometido a la potestad de este Tribunal Federal, debe decirse que los actos que agravian al promovente bajo protesta de decir verdad, dijo que son: La omisión de notificarle personalmente la determinación emitida en segunda instancia que ordenó reponer el juicio hipotecario ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y como consecuencia de ello, la orden de desalojo del bien inmueble ubicado en ********************, que actualmente posee el quejoso. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar el ocurso de cuenta, este órgano jurisdiccional advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción VI, éste en sentido contrario, ambos de la legislación de la materia, toda vez que AL PROMOVENTE NO LE ASISTE EL CARÁCTER DE PERSONA EXTRAÑA AL EXPEDIENTE DE ORIGEN. Primeramente debe establecerse que los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." [...] De las transcripciones precedentes, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas; ahora bien, para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107 fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 331, publicada en la página 280, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Asimismo, debe señalarse que uno de los requisitos fundamentales para estimar que un quejoso tiene la calidad de tercero extraño en estricto sentido es el de que dicho individuo sin ser parte material en un procedimiento resienta una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas en él, lo que en el caso no acontece. En ese contexto, el quejoso en el juicio en que se actúa insta el mismo con el carácter de tercero extraño al juicio, ya que en el capítulo de antecedentes de su escrito inicial de demanda aduce lo siguiente: ".DESCONOZCO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, YA QUE NO CUMPLIERON LO ORDENADO Y NO FUI NOTIFICADO PERSONALMENTE, Y LA SENTENCIA DEFINITIVA DE DESALOJO DICTADA EN MI CONTRA CON FECHA 14 DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, RELATIVA AL EXPEDIENTE ********************." Sin embargo, este Juzgado de Distrito estima que en el presente asunto está plenamente demostrado que el promovente no posee la calidad de tercero extraño, porque como lo narra en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se advierte que promovió una diversa demanda ante en este órgano jurisdiccional, lo que se corrobora con la certificación secretarial en el proemio de esta determinación, de la que se aprecia que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, ********************, compareció a promover una demanda de amparo en la que señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la ilegalidad del emplazamiento al juicio hipotecario número ******************** del índice de dicho órgano, y como consecuencia de esa irregularidad, también reclamó todo lo actuado con posterioridad dentro de este expediente. En atención a lo anterior, es evidente que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio de origen ******************** ya que se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen desde el año dos mil diecinueve, aproximadamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 93, Libro V, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, número de registro 189916, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Por tanto, la parte quejosa no es una persona tercera extraña al procedimiento, ni siquiera por equiparación, de manera que al tener conocimiento de la existencia del juicio seguido en su contra y haber contestado la demanda, así como haber señalado domicilio y autorizados, da eficacia plena a su interacción y relación procesal, y ante ello estuvo en aptitud de agotar los medios ordinarios de defensa dentro del mismo, inclusive, el incidente de nulidad de notificaciones en contra la notificación de la determinación de catorce de julio de dos mil veintitrés, la que ahora dice le causa agravio; circunstancia que estuvo en aptitud de realizar tras haber tenido pleno conocimiento del juicio. Lo anterior, porque al haber comparecido al procedimiento, recae en la parte quejosa no solo la obligación, sino la responsabilidad de dar continuidad al mismo y estar al pendiente de su trámite; de manera que, la parte agraviada al tener conocimiento del juicio, estuvo en aptitud legal de comparecer a revisar el expediente, sacar citas para consultarlo, presentar escritos, inclusive, imponerse de las notificaciones practicadas en el Boletín Judicial, y hacer valer los recursos que estimara prudentes, lo cual pudo realizar sin necesidad de acudir presencialmente al Juzgado. Por tener consideraciones aplicables al caso, sirve de apoyo la tesis XXI.2o.C.T.12 C (10a.) con número de registro 2014466, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2898, con título y contenido: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR IMPROCEDENTE, LA INSTADA POR EL TERCERO OPOSITOR QUE CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS MEDIOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; consecuentemente, interpretado en sentido contrario, cuando se promueve juicio biinstancial en contra del embargo de determinado bien, por aquella persona que con anterioridad hizo valer tercería excluyente de dominio en un juicio ejecutivo mercantil y que, incluso, agotó los medios ordinarios a su alcance, dicho juicio resulta improcedente ya que, desde el momento en que promovió la citada tercería, perdió su calidad de tercero extraño a juicio y se convirtió en tercero opositor; ello es así pues, la finalidad de dicha tercería, es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde el momento en que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño y, por ende, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente y debe desecharse la demanda. Amén de lo anterior, y con base a lo expuesto en párrafos precedentes, este Tribunal Federal advierte también que el presente asunto se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, por los motivos siguientes. Debe decirse que el arábigo de trato dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Como ya se vio, el doliente aduce que le causa agravio la omisión de notificarle personalmente la determinación emitida en segunda instancia que ordenó reponer el juicio hipotecario ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y como consecuencia de ello, la orden de desalojo del bien inmueble ubicado en ********************, que actualmente posee el quejoso; empero, en contra de la ilegal actuación aludida en por la accionante del amparo, es procedente el incidente de nulidad de notificación que prevén los artículos 70 y 71 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, numerales que, por su orden, establecen: "Artículo 70. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique; II. La notificación, citación o emplazamiento surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiese manifestado conforme, expresa o tácitamente; III. La nulidad deberá reclamarse por la parte perjudicada, en el primer escrito o actuación en que intervenga, a partir de la resolución, emplazamiento o citación mal notificada; en caso contrario, se considerará consentida la violación; IV. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por otra; y V. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella, salvo que éstas necesariamente se basen en, o dependan de ella". "Artículo 71. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derivo de datos que aparezcan en el expediente. Sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La resolución que se dicte mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento declarada nula, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. El juez sancionará con multa al o los que aparezcan como culpables de la irregularidad." La interpretación sistemática de los preceptos legales trascritos con antelación, en armonía con lo dispuesto en los numerales 107, fracción III, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción XVIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lleva a concluir que es necesario agotar el incidente de nulidad de notificaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento, para satisfacer con ello el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, pues este incidente colma los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Bajo esta tesitura, se llega a la conclusión de que, al no haber agotado la parte quejosa el medio de defensa que le concede la ley, a través del cual pudo haber obtenido un resultado favorable, no dio cabal cumplimiento al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Sin que obste para lo anterior, el hecho que en fecha catorce de julio del año actual, dentro de los autos del expediente número ******************** de origen, según el propio dicho de la promovente, se haya dictado sentencia definitiva, y que la misma probablemente a esta data ya esté declarada ejecutoriada; pues aún con esa circunstancia estaba obligado a promover el medio de defensa a su alcance. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número VI.3o.J/27, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 987, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo." De igual forma, la diversa jurisprudencia número V.2o. J/44, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1014, Tomo: VIII, Octubre de 1998, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDENCIA CONCLUIDO EL JUICIO. Resulta correcto el sobreseimiento del juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pues previo a la interposición de la demanda de garantías el ahora recurrente debió haber agotado el medio de defensa respectivo en contra de la notificación de la sentencia, sin que sea óbice el hecho de que dicha sentencia haya causado ejecutoria, dado que el incidente de nulidad de notificación no se promovería en contra de actuaciones efectuadas dentro del juicio (como equivocadamente se pretende hacer valer), sino sobre un acto practicado con posterioridad al fallo, o sea, su incorrecta notificación, el cual obviamente sí es procedente interponer." Como dato relevante es de enmarcarse, que el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, ********************, compareció a este Juzgado Federal a promover una demanda de amparo en la que señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y como acto reclamado la ilegalidad del emplazamiento al juicio hipotecario número ******************** del índice de dicho órgano, y como consecuencia de esa irregularidad, también reclamó todo lo actuado con posterioridad dentro de ese expediente, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que fuera debidamente llamada a los autos del sumario de origen; por ende, tiene la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, para estar en posibilidades de impugnar cualquier actuación o resolución que a su juicio se aparte de los lineamientos establecidos en la propia ley de la materia, haciendo uso de los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance para ello. Encuentra apoyo lo anterior, en el contenido de la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, si en contra de los actos reclamados por el doliente, los que hizo consistir en la ilegal notificación del auto que emitió el juez que señala con el carácter de responsable, en fecha catorce de julio de dos mil veintitrés, dentro del expediente de origen ******************** era procedente intentar el incidente de nulidad de notificaciones; resulta incuestionable que esa actuación debió ser combatida a través de ese medio de defensa y no mediante el presente juicio de amparo; puesto que, el mismo, como ya se vio, podría en su caso haberlo modificado, revocado o nulificado; de ahí que, si no se agotó el principio de definitividad, al no haberse interpuesto el medio de defensa ordinario como lo establece el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías. Resulta aplicable al presente caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, Mayo de dos mil dos (2002), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que literalmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así las cosas, con base a los motivos expuestos, desde un plano objetivo, este órgano de control constitucional tiene información suficiente para advertir de manera manifiesta e indudable la inviabilidad del juicio, pues aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al operar lo previsto en el artículo 61, fracciones XVI, XVIII, y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que el promovente reclama tanto la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, y como consecuencia de ello la orden de desalojo del bien inmueble que actualmente dice poseer; sin embargo, como se vio, tales actuaciones no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de la alegada falta de notificación personal de la determinación de catorce de julio de dos mil veintitrés. Finalmente, téngase a la parte agraviada señalando como autorizados legales a los profesionistas que refiere en su demanda y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe. JuanPa

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