Abel Senen Piña Trejo

Expediente 766/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
766/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Abel Senen Piña Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    VII... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral citado.

  2. Principal

    VII... Agréguese a los autos la razón por medio de la cual la actuaria de la adscripción, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso el auto de veintinueve de junio del año en curso. En tal circunstancia; con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el acuerdo en comento, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, por medio de lista que se fije en lugar visible de este juzgado. 29/Junio/2022: "... Vista la demanda de amparo promovida por Abel Senen Piña Trejo, por propio derecho; contra actos del Juez Cuarto Civil de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 766/2022-VII. Previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo2, que da lugar a su desechamiento, dado que el acto reclamado consiste en: El auto por el que se declaró improcedente el recurso de apelación hecho valer contra el diverso en el que se deja sin efectos los emplazamientos practicados a los demandados en fecha veinte de mayo del año en curso, por conducto del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahora bien, es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio 1 "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Para mayor comprensión se precisa que: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional.3 En ese orden de ideas, del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado es el auto por el que se declaró improcedente el recurso de apelación hecho valer contra el diverso en el que se deja sin efectos los emplazamientos practicados a los demandados en fecha veinte de mayo del año en curso, por conducto del Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que dichos actos no revisten el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, es de naturaleza procesal que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana.4 De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos. Además, la intención del legislador fue la de priorizar el principio de economía procesal para evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones estimen se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas.5 Por tanto, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro del procedimiento y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados para que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda...."

  3. Principal

    VII... Vista la demanda de amparo promovida por Abel Senen...

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