Abel Millán González

Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
849/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Abel Millán González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VI... Agréguese el oficio signado por el Magistrado Semanero Integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, a través del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas.

  2. Principal

    VI... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de depuración; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia....

  3. Principal

    VI... Visto, para resolver el juicio de amparo 849/2022-VI; y, R E S U L T A : Primero. El treinta de mayo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes Común de Salas Civiles y Penales, y de Juzgados Civiles y Familiares de Tlalnepantla, Estado de México, se presentó la demanda promovida por Abel Millán González, por propio derecho, ocurso que se remitió por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiéndole por razón de turno, al Primero de la misma materia y Circuito. Por auto de Presidencia de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dicho Tribunal declaró carecer de competencia para conocer de la citada demanda, remitiéndola a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, de la que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional por razón de turno. En ella se solicitó la protección de la Justicia Federal por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 15, 16, 17 y 133 Constitucionales, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Segundo. Por auto de veinte de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento del asunto y previo desahogo de prevención, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, sin que se haya requerido su informe justificado a la autoridad responsable en virtud de que ya obraba en autos, dándose vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; se ordenó dar intervención legal a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita; asimismo se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Ofelia Sahaydi Calvillo Millán, quien compareció a juicio. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y se, C O N S I D E R A : Primero. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se combaten actos de autoridad jurisdiccional, cuya residencia se encuentra dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama: La sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 329/2022, que confirmó la interlocutoria de dieciséis de marzo del año en curso, emitida por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas, derivado del expediente 960/2018, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado, en su etapa de controversia del orden familiar, promovido por Ofelia Sahaydi Calvillo Millán contra Abel Millán González. Tercero. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió, consistentes en el toca de apelación 329/2022, incidente de liquidación de pensiones, y copias certificadas del procedimiento especial de divorcio incausado 960/2018, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Cuarto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada.3 En tales condiciones, al no hacerse valer causa de improcedencia, y no advertirse alguna de oficio, se procede al estudio del acto reclamado. Quinto. La parte quejosa, en sus conceptos de violación, se duele medularmente de lo siguiente: - Que la responsable dejó de observar las pruebas ofrecidas por su contraparte Ofelia Sahaydi Calvillo Millán, relativas a los estados de cuenta bancarios, ya que carecen de valor probatorio para acreditar las cantidades que por concepto de pensiones caídas y no pagadas reclamó la actora incidentista, pues los mismos consisten en copia simples y por lo tanto no son medios de convicción que puedan hacer constar o demostrar los hechos que pretendió acreditar, ya que se encuentran faltos de autenticación y por lo tanto impiden su valoración probatoria. Por lo que al exhibir una copia simple de los estados de cuenta, la oferente debió haber realizado una certificación por la propia institución bancaria que los expide; apoyando su argumento con la tesis de rubro: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO" - Señala que las actoras incidentistas ofrecieron como prueba la confesional a cargo de Abel Millán González, la cual fue desechada, debido a que las oferentes fueron omisas en exhibir el pliego de posiciones sobre el cual debería versar su desahogo. - Que las copias simples ofrecidas por la actora incidentista con las que pretendió acreditar las prestaciones reclamadas, no fueron adminiculadas con otros medios de prueba, de ahí que no debió otorgarles valor probatorio alguno, ya que al tratarse de un documento del cual no existe certeza sobre su origen carecen de valor, de ahí que la sentencia reclamada resulta inconstitucional al violar la garantía de seguridad jurídica. - Que la prueba instrumental de actuaciones ofrecida por Abel Millán González, ahora quejoso, en el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, no fue valorada, ya que su menor hija de iniciales D.M.C. durante la substanciación del juicio natural, adquirió mayoría de edad, por lo que ya no se encontraba sujeta a la patria potestad de su señora madre, y debido a ello, como fue citada al juicio de origen, compareció al mismo y manifestó que no era de su interés hacer suyas las prestaciones reclamadas por su señora madre, tanto en el juicio principal como en el incidente respectivo. Situación que debió revisarse oficiosamente al momento de que la menor antes citada realizó la manifestación de no hacer suyas las prestaciones reclamados, debido a que los alimentos provisionales fijados en audiencia de avenencia, fueron establecidos tomando en consideración a sus tres hijas, al momento de la tramitación del incidente, de ahí que no se cumplió con el debido derecho de defensa del quejoso ya que previamente a la fijación de una pensión alimenticia definitiva, e inclusive la provisional, tales medidas deben modificarse ya que las diversas prestaciones reclamadas dejaron de forma parte de la litis en el juicio principal. De igual manera apoyo sus argumentos en la tesis de rubro "PENSION ALIMENTICIA DEFINITIVA A FAVOR DE UN MENOR DE EDAD. CÓMO SE SATISFACE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA DEL DEUDOR ALIMENTARIO CUANDO DICHA PRESTACIÓN NO FORMÓ PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO." - Que la pensión provisional fijada rebasa la capacidad económica de Abel Millán González, máxime que como se manifestó y se acreditó el dos de julio de dos mil veintiuno, el impetrante de amparo, dejó de laborar para la empresa denominada Construcciones e Infraestructura RIAZAR, sociedad anónima de capital variable y hasta la fecha solo cuenta con ingresos por comisiones generadas por la prestación de servicios ante la empresa Comercializadora Especializada en Pozos, sociedad anónima de capital variable y KONSUNITLA, sociedad anónima de capital variable. Comisiones que se han visto fuertemente afectadas debido a la pandemia generada a nivel nacional por la enfermedad COVID- 19, por lo que, debido a ello, y contrario a lo que se establece en la sentencia, la Sala responsable debió ordenar al juez de origen revisar y modificar las medidas provisionales concedidas, y la pensión alimenticia fijarla de acuerdo a las posibilidades económicas del deudor alimentario, conforme a las prueba con las que contaba ese juzgado, ya que era claramente visible que en la actualidad el quejoso se encuentra obligado a proporcionar únicamente a su menor hija de iniciales A.M.C., una pensión alimenticia, la cual de conformidad a ello, establecer como pensión $3,333,33 (tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que en porcentaje al monto ordenado por el juzgado de origen es el monto equivalente para su única hija. - Argumenta que dicha ilegalidad constituye una violación cometida durante el procedimiento que afecta los derechos humanos consagrados a favor del quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, por lo que se deberá dejar sin efectos dicha resolución y absolver al solicitante de amparo de las prestaciones reclamadas en el incidente respectivo, de lo contrario se convalidaría una evidente violación a los derechos humanos y garantías de justicia imparcial, completa, congruente y exhaustiva que consagra el artículo 17 constitucional a favor del quejoso. - La Sala responsable debió declarar la ilegalidad de dicha sentencia, y al no hacerlo incurre en violaciones a las normas y principios esenciales del procedimiento, puesto que no se puede determinar un condena o el cumplimiento de una obligación de pago a cargo de la parte demandada con base en simples presunciones, puesto que es de elemental lógica jurídica que las condenas en materia de obligaciones de pago deben estar debidamente probadas en autos. Por lo que al no haberse adminiculado las copias simples de los estados de cuenta con alguna otra prueba idónea para estos efectos, como consta en autos, no es posible establecer ni la existencia del incumplimiento de esa obligación de pago, ni mucho menos, su determinación o condena en una cantidad liquida, que además aumentó el juez de origen, en un afán de darle la razón, a toda costa, a la contraria, llegando al extremo, por completo ilegal y arbitrario, de condenar al ahora quejoso a las referidas obligaciones de pago con base en simples presunciones. Una vez precisado lo anterior, y después de realizar un análisis a los motivos de disenso, debe decirse que resultan ineficaces, mismos que serán analizados de manera conjunta, por la relación que guardan, sin que se observe alguno que suplir de oficio, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues prácticamente son una reiteración de las manifestaciones que hizo valer el quejoso ante la Sala responsable, mediante el recurso de apelación del que deriva el acto que se reclama y, por ende, no tienen por objeto cuestionar las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada. Efectivamente, en la determinación reclamada, la propia Sala responsable señaló que los agravios expresados por Abel Millán González eran infundados, mismos que hizo consistir en términos de la siguiente imagen: ... ... Lo anterior, lo resolvió así en atención a lo siguiente: Que el reclamante tenía la carga de la prueba, por lo que correspondía acreditar que ha cumplido cabalmente con su obligación alimentaria, en términos de los dispuesto por los numerales 1.252, 1.253, y 1.254 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Destacando la autoridad responsable que de las probanzas que obran en autos, se advierte únicamente el cumplimiento parcial de su obligación alimentaria. También, resolvió que en relación a los estados de cuenta exhibidos, de su análisis se advierte que tales documentos cuentan con código QR, que permite verificar su contenido y autenticidad, por lo que si el documento cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende queda a cargo de quien lo objete aportar pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla. En relación a la prueba instrumental de actuaciones señaló que los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden anular o rebasar la materia de la litis del juicio principal, que versa en el caso particular, precisamente sobre el derecho a recibir alimentos, por lo que la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas, no puede tener el alcance pretendido por el inconforme, sin pasar por alto que al momento de fijar la pensión alimenticia provisional fue únicamente a favor de su entonces menor hija de iniciales C.M.C. y de la menor de iniciales A.M.C., así como el pago de colegiaturas, inscripción, vestidos y recreación de las mismas, y no así para su hija de iniciales D.M.C., debido a que al momento del pronunciamiento era mayor de edad. En lo tocante a que la medida provisional de alimentos decretada, resultó ser excesiva al estar por arriba de su capacidad económica derivada de la pandemia, la Sala responsable consideró que al no haber sido combatida en el momento procesal oportuno, no puede ser motivo de inconformidad en la interlocutoria en estudio, ya que los alimentos son de orden público y de inminente necesidad, siendo el objeto del incidente de liquidación, determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio. Finalmente, la responsable señaló que contrario a lo señalado por el recurrente -quejoso en este juicio de amparo-, la resolución impugnada si contiene de forma precisa y puntual, los argumentos lógico jurídicos que motivaron la consecuente condena de pago, así mismo se invocaron de forma apropiada los preceptos legales que dieron fundamento a su determinación ajustándose a lo establecido en las leyes sustantivas y adjetivas de la materia para robustecer las consideraciones en que se sustentó el fallo emitido encontrándose ajustada a las reglas que rigen el debido proceso. Bajo esas consideraciones, la parte quejosa debió controvertir necesariamente los argumentos de la Sala responsable, a través de sus conceptos de violación formulados en el presente juicio de amparo, a efecto de demostrar que la resolución de segunda instancia que aquí reclama es ilegal, por ser precisamente los motivos de inconformidad los que le dan sustento y no, como lo hizo, limitarse a reiterar sustancialmente el contenido de los motivos en que apoyó su desacuerdo con la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, motivo del recurso de apelación. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia II.2o.C. J/11, con registro digital 192315, visible en la página 845, del Tomo XI, marzo de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Por lo antes expuesto, se hace evidente que los referidos conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, precisamente constituyen una reiteración de los agravios que formuló el aquí quejoso en el recurso de apelación, de los cuales se pronunció la responsable, sin que se hayan controvertido los razonamientos que el tribunal de alzada responsable vertió para desestimarlos. Por otra parte, el suscrito juzgador considera que los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Con base a lo anterior se reitera, aún en suplencia de la queja, la resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional fue emitida conforme a derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), con registro digital 2022087, visible en la página 316, del Tomo I, Libro 78, septiembre de 2020, Materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. En ese sentido, el suscrito considera correcto lo determinado por la Sala responsable, pues contrario a lo argumentado por el quejoso, si bien es cierto que el principio pro homine o pro personae consagrado en el artículo 1 constitucional, implica que el juzgador deba preferir y privilegiar la aplicación de la norma y/o la interpretación de ésta que favorezca en mayor medida la protección de los derechos humanos y las personas, esto es, de la manera más amplia; no menos verídico, lógico y jurídico resulta que tal actividad no conlleva desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, derechos u obligaciones contemplados en la ley, como es que para lo pedido, no se actualicen las condiciones requeridas, conforme a lo ya explicado, incluida la figura jurídica de la cosa juzgada, pues tanto para la correcta y funcional administración de justicia como para la efectiva protección de los derechos humanos y las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos como esos y sus correspondientes criterios de admisibilidad o acceso, los cuales no pueden ser superados u obviados, por regla general, sólo con la mera invocación de que se atiendan principios rectores de aplicación e interpretación de normas de conformidad con los derechos humanos y las garantías que los protegen, al igual que a las personas. De igual forma, acontece respecto de la aplicación del principio de convencionalidad, en atención a que no existe precepto de orden local o internacional que faculte al juzgador responsable a pronunciarse nuevamente sobre la temática de fondo, bajo el argumento de ilegalidad en la misma, pues ello implicaría trasgredir el principio fundamental de seguridad jurídica, que es de orden público. Por lo que se colige la responsable actuó con estricto apego al principio de congruencia, previsto en los artículos 1.366 y 1.1944, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Además, de la resolución en estudio se advierte que la Sala responsable actuó conforme a derecho, respetando en todo momento el interés superior del menor, en su vertiente de derecho a los alimentos, ya que la obligación de dar y el derecho a recibirlos es un derecho fundamental que tiene como base un interés público sostenido en los principios: de proporcionalidad, necesidad y solidaridad familiar, que permiten el libre y sano desarrollo de los menores. En las relatadas condiciones, se estima que el acto reclamado a la Sala responsable no infringe los derechos fundamentales del quejoso consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, al no haber prosperado los conceptos de violación hechos valer y, acorde a lo expuesto en los parágrafos que anteceden, no advertirse queja deficiente que suplir de manera oficiosa, en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar al peticionario de derechos fundamentales la protección constitucional que solicita contra la resolución reclamada a la Sala responsable. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Abel Millán González, contra la autoridad y acto señalados en el resultando primero, por lo expuesto en el considerando último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Marín García Moreno, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hoy quince de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante René Elguera Rosas, Secretario que da fe ...

  4. Principal

    "...CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS AL QUEJOSO ABEL MILLAN GONZALEZ, LA SENTENCIA DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN AL CITATORIO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.."

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