Abel Sánchez Ávila

Expediente 1676/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1676/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Abel Sánchez Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de enero de dos mil veintidós. SE AGREGA DESISTIMIENTO DE AMPARO. Agréguese sin mayor proveído el escrito de cuenta por el cual Abel Sánchez Ávila manifiesta que por así convenir a sus intereses desiste de señalar como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo en el juicio de amparo en que se actúa; en virtud de que en auto de diecinueve del mes y año en curso, previo a desechar la demanda de garantías se tuvo por no señalada como responsable a dicha autoridad...VIII

  2. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de enero de dos mil veintidós. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado de autos del que se advierte que el quejoso no dio cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del lapso que para ello se le concedió, en esa virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo; por tanto no se tiene como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Por otra parte, de la lectura integral de la demanda se desprende que Abel Sánchez Ávila se duele de que no se ha dado cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 116/2018, pues la parte demandada no ha cubierto el pago de las prestaciones a que fue condenada, omisión que atribuye al Presidente, Ayuntamiento y Síndico Procurador del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo. DESECHAMIENTO. En esas circunstancias, respecto de los actos reclamados al Presidente, Ayuntamiento y Síndico Procurador del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, consistente en la omisión de realizar el pago de los salarios caídos y prestaciones decretadas por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio laboral 116/2018, se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 en los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Dichos numerales establecen: Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese sentido, conforme a la naturaleza jurídica del juicio de Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 garantías, la procedencia de la acción constitucional requiere como presupuesto indispensable la existencia de un acto que provenga de una autoridad que afecte la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, conforme a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, la acción constitucional únicamente procede contra actos de autoridad emitidos como unilaterales y que causan un menoscabo en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, que con su emisión se vulneran los derechos fundamentales que asisten a los gobernados; por tanto, una interpretación contrario sensu, conduce a afirmar que cuando el acto que se reclama no le es atribuible a una autoridad en estricto sentido, el juicio de amparo que contra él se promueva resulta improcedente, pues escapa de la esfera de atribuciones de la autoridad judicial federal, sin que ello implique prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, los que, en su caso, pueden ser controvertidos en la vía idónea. Entonces, del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos unilaterales son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Bajo los lineamientos antes expuestos, para efectos del juicio de amparo, por autoridad debe entenderse aquella entidad que emite actos unilaterales a través de los Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado; es decir, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Ahora bien, en el caso el accionante del amparo reclama del Presidente, Ayuntamiento y Síndico Procurador del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, la omisión de realizar el pago de los salarios caídos y prestaciones decretadas por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio laboral 116/2018. Asimismo, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narra el quejoso en su escrito inicial, se advierte que las autoridades en cita han omitido cumplir el laudo de ocho de diciembre de dos mil veinte dictado en el expediente 116/2018 por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Como se advierte, la omisión que se reclama no encuadra en el carácter de acto de autoridad, pues al figurar el Presidente, Ayuntamiento y Síndico Procurador del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo como parte demandada en el juicio laboral de origen, no comparecieron como ente de orden público investidos de las facultades que les confiere la ley que lo regula, sino en un plano de igualdad sujeto a la potestad del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo; por lo que, el incumplimiento que se impugna no tiene las características que distinguen a los actos de autoridad, a saber, unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En efecto, el juicio laboral del que deriva la omisión combatida versa sobre prestaciones derivadas de una relación laboral, la cual no es una relación de supra a Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 subordinación, sino más bien de coordinación, pues el quejoso, y el Presidente, Ayuntamiento y Síndico Procurador del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, actúan en un plano de igualdad y bilateralidad. Por tanto, se puede afirmar que el incumplimiento al laudo condenatorio por parte de las autoridades que el quejoso atribuye el carácter de responsable, no debe considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo, pues la obligación a su cargo deriva de un laudo dictado en un juicio en el que intervino en una relación de coordinación y no de supra a subordinación; de ahí que sea improcedente el juicio de amparo que se intenta. Encuentra apoyo lo anterior en la tesis aislada I.15o.A.36 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1316, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Además, cabe precisar que, el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo cuenta con amplias facultades para la ejecución de laudos; en efecto, en su capítulo tercero la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, dispone: CAPÍTULO III MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS Artículo 139. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de veinte veces el salario mínimo general vigente en el municipio de Pachuca, en la fecha de la resolución. Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 Artículo 140. Las multas se harán efectivas por la autoridad fiscal del Estado en el lugar de prestación del trabajo o en el domicilio de la persona a quien se le hubiere impuesto, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 141. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará toda las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. De la lectura tenemos que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, cuenta con facultades amplias para lograr el cumplimiento de los laudos, desde la imposición de multa, hasta el dictado de cualquier medida necesaria para su cumplimiento. Por lo que resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal, se extiende también al ámbito de ejecución de laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuenta para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. De lo que se colige que las autoridades demandadas Presidente, Ayuntamiento y Síndico Procurador del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo no actúan en un esquema Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 de supra a subordinación, sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular (actor). Consecuentemente, el incumplimiento del laudo, por parte de las mismas, no constituye un acto de autoridad para efectos de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, razón por la cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el diverso 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Abel Sánchez Ávila. Apoya dicha determinación la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, página 699, que establece: AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 Asimismo, tiene aplicación la diversa jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 966, que estable: ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. No es óbice a lo anterior, que en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 85/20111, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sostenido que la omisión a dar cumplimiento a una sentencia condenatoria, atribuida a las dependencias de la administración pública federal o entidades federativas, en un juicio en que figuraron como parte demandada, constituye un acto de autoridad; pues tal criterio tiene sustento en lo dispuesto por el artículo 1 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece que nunca podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, en contra de dichas entidades. Sin embargo, dicho dispositivo tiene aplicación tratándose de controversias del orden civil, circunstancia que en el caso no acontece, pues el acto reclamado en este juicio deriva de una controversia laboral, misma que se rige conforme a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo, legislación que como se vio en párrafos que anteceden, confiere facultades amplias al tribunal burocrático del Estado, para lograr el cumplimiento y ejecución de sus laudos. No pasa inadvertido para este juzgador que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido que el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en ese momento no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado proviene o no de una autoridad; ya que ese extremo es susceptible de demostrarse durante el procedimiento, en el cual existe la posibilidad de que se aporten elementos de convicción aptos y suficientes que acrediten lo contrario. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), consultable en la página 929, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 No obstante que dicho criterio constituya la regla general, es patente que existan casos de excepción, como lo sería que esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo; toda vez que no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página 1224, que establece: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el Gabriel César Téllez Sánchez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 01/07/23 18:27:39 caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. Luego, si en este caso existen criterios jurisprudenciales al respecto, sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales fueron transcritos en líneas anteriores, y resultan aplicables a la ley vigente, es posible desde este momento desechar la demanda de amparo...VIII

  3. Principal

    Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de VEINTINUEVE de DICIEMBRE de 2021, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Sánchez Ávila, contra actos del Presidente, Ayuntamiento, Síndico Procurador, estos tres del Municipio de Tlanalapa, y Tribunal del Arbitraje, todos del Estado de Hidalgo. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1676/2021-VIII. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Conforme a la norma reproducida, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". Irregularidad relacionada con la precisión del acto reclamado. Tomando en cuenta que el requisito previsto en el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, se traduce en un hacer, no hacer o incluso una omisión por parte de la autoridad responsable. Por tanto, no es factible tener como acto reclamado actuaciones genéricas, ya que al momento de dictar sentencia se debe señalar con precisión cuál es el acto reclamado, de acuerdo con la verdadera voluntad de la parte quejosa, lo que no sería posible si únicamente se cuenta con manifestaciones imprecisas. En efecto, debe tenerse en cuenta que la intervención a los derechos fundamentales del gobernado, por lo general, ocurre mediante actos de naturaleza positiva o negativa, así como también omisivos o prohibitivos, pero siempre claramente determinados; de ahí que la parte quejosa debe determinar cuáles son los actos que le causan agravio. Es aplicable la jurisprudencia IV.3o.A. J/18, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, registro 160485, cuyos rubro y texto son los siguientes: REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo. Lo anterior, en virtud de que de la lectura del capítulo del acto reclamado se advierte que la parte quejosa señala como tales: "La negativa de darle cumplimiento al laudo de fecha ocho de diciembre del año dos mil veinte dictado por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, del cual se le han realizado los diversos requerimientos para su cumplimiento, de los cuales han sido omisos al respecto, tomando como fecha del ultimo requerimiento el realizado en fecha siete de diciembre del año en curso, todo esto dentro del expediente número 116/2018". Como podrá advertirse, no es posible dilucidar qué acto o actos en concreto y en específico le atribuyó al Tribunal del Arbitraje del Estado de Hidalgo, pues según refiere en su demanda que el juicio administrativo laboral que emprendió en su momento fue únicamente en contra de las demás autoridades que señaló como responsables (Presidente, Ayuntamiento, Síndico Procurador, estos tres del Municipio de Tlanalapa), e incluso refirió que el citado tribunal realizó diversos requerimientos a aquellas a fin de dar cumplimiento al laudo y si bien es cierto que a través del juicio de amparo es posible reclamar los actos de autoridad, también lo es, que no por todas ellas es procedente el juicio de amparo. Para ello entonces, es necesario verificar el tipo de acto que pretende sea revisado en esta instancia y entonces, debe requerirse a la parte quejosa para que manifieste de manera clara, concisa y rigurosamente exacta, el acto que en concreto le atribuye al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Por ello, a fin de integrar debidamente el presente juicio, se hace necesaria tal aclaración. REQUERIMIENTOS. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir de aquel en que quede legalmente notificada de este proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: ? Precise de manera concreta y rigurosamente exacta el acto que en concreto le atribuye al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. APERCIBIMIENTO. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, con fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 114 de la Ley de Amparo, se dejara de tener como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Atlacomulco Lote 2, manzana H, fraccionamiento Parque de Poblamiento, código postal 42032, Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Magdaleno Rodríguez Ensastiga y Roberto Lavalley Alamilla. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez 6 adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez 7 General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizado el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...M-VIII

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Sánchez Ávila, contra actos del Presidente, Ayuntamiento, Síndico Procurador, estos tres del Municipio de Tlanalapa, y Tribunal del Arbitraje, todos del Estado de Hidalgo. REGISTRO DE EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1676/2021-VIII. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Conforme a la norma reproducida, el órgano de control constitucional debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta; se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 de la misma legislación; no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera; no se exprese con precisión el acto reclamado; o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional. Por su parte, el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". Irregularidad relacionada con la precisión del acto reclamado. Tomando en cuenta que el requisito previsto en el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, se traduce en un hacer, no hacer o incluso una omisión por parte de la autoridad responsable. Por tanto, no es factible tener como acto reclamado actuaciones genéricas, ya que al momento de dictar sentencia se debe señalar con precisión cuál es el acto reclamado, de acuerdo con la verdadera voluntad de la parte quejosa, lo que no sería posible si únicamente se cuenta con manifestaciones imprecisas. En efecto, debe tenerse en cuenta que la intervención a los derechos fundamentales del gobernado, por lo general, ocurre mediante actos de naturaleza positiva o negativa, así como también omisivos o prohibitivos, pero siempre claramente determinados; de ahí que la parte quejosa debe determinar cuáles son los actos que le causan agravio. Es aplicable la jurisprudencia IV.3o.A. J/18, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Décima Época, registro 160485, cuyos rubro y texto son los siguientes: REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo. Lo anterior, en virtud de que de la lectura del capítulo del acto reclamado se advierte que la parte quejosa señala como tales: "La negativa de darle cumplimiento al laudo de fecha ocho de diciembre del año dos mil veinte dictado por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, del cual se le han realizado los diversos requerimientos para su cumplimiento, de los cuales han sido omisos al respecto, tomando como fecha del ultimo requerimiento el realizado en fecha siete de diciembre del año en curso, todo esto dentro del expediente número 116/2018". Como podrá advertirse, no es posible dilucidar qué acto o actos en concreto y en específico le atribuyó al Tribunal del Arbitraje del Estado de Hidalgo, pues según refiere en su demanda que el juicio administrativo laboral que emprendió en su momento fue únicamente en contra de las demás autoridades que señaló como responsables (Presidente, Ayuntamiento, Síndico Procurador, estos tres del Municipio de Tlanalapa), e incluso refirió que el citado tribunal realizó diversos requerimientos a aquellas a fin de dar cumplimiento al laudo y si bien es cierto que a través del juicio de amparo es posible reclamar los actos de autoridad, también lo es, que no por todas ellas es procedente el juicio de amparo. Para ello entonces, es necesario verificar el tipo de acto que pretende sea revisado en esta instancia y entonces, debe requerirse a la parte quejosa para que manifieste de manera clara, concisa y rigurosamente exacta, el acto que en concreto le atribuye al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Por ello, a fin de integrar debidamente el presente juicio, se hace necesaria tal aclaración. REQUERIMIENTOS. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir de aquel en que quede legalmente notificada de este proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: ? Precise de manera concreta y rigurosamente exacta el acto que en concreto le atribuye al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. APERCIBIMIENTO. Se le apercibe que en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, con fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 114 de la Ley de Amparo, se dejara de tener como autoridad responsable al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Atlacomulco Lote 2, manzana H, fraccionamiento Parque de Poblamiento, código postal 42032, Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Magdaleno Rodríguez Ensastiga y Roberto Lavalley Alamilla. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez 6 adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo 01/07/23 18:27:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94.34 Gabriel César Téllez Sánchez 7 General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizado el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...M-VIII

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano