Abel Rueda García

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Abel Rueda García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Por recibido el testimonio de la ejecutoria que envía el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Acúsese el recibo de estilo. Hágase saber a la parte quejosa, que en sesión ordinaria celebrada el veintiocho de julio de dos mil veintidós, dicho tribunal emitió ejecutoria en el recurso de queja de trabajo 86/2022, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. DESGLOSE. Por otra parte, se ordena desglosar las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto, a fin de que sean integradas al presente sumario. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.66.3f 29/08/23 10:32:34 2 su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo que le dio origen. VALORACIÓN DEL CUADERNOS DE ANTECEDENTES. En términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dicho expediente auxiliar es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses...M-II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; once de abril de dos mil veintidós. ACUSE DE RECIBO. Téngase al secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que se admitió el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, mismo que quedó radicado bajo el número 86/2022, de su índice...II

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Por recibido el testimonio de la ejecutoria que envía el secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Acúsese el recibo de estilo. Hágase saber a las partes, que en sesión ordinaria celebrada vía remota por medios electrónicos el diez de marzo del año en curso, dicho tribunal emitió ejecutoria en la inconformidad 2/2022, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, aquí recurrente, Carlos José Delgado Camacho, en contra de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 245/2020-II, en la que tuvo por cumplida la sentencia de protección constitucional de dieciocho de agosto del mismo año. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo recurrido". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En atención a lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Delegado y Encargada de la Subdelegación de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Hidalgo, para que dentro del plazo de tres días FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f 07/09/22 17:16:44 2 cumplan con el fallo de referencia; lo que deberán de comunicar a este juzgado federal, al igual que las medidas que tome para ese efecto. Con la finalidad de que las autoridades responsables estén en posibilidad de dar cumplimiento exacto y puntual tanto a la ejecutoria de amparo como a los extremos apuntados por el tribunal colegiado, envíeseles copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de inconformidad, a efecto de que puedan imponerse de su contenido. Con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a dichas autoridades que, en caso de no cumplir con la ejecutoria de amparo, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación...II

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Rueda García, contra actos de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y actuario de su adscripción. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, quedando registrado bajo el número 315/2022-II-A. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f 07/09/22 17:16:44 Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los actos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que, tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando éstos sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Una vez precisado lo anterior, se tiene que la demanda de amparo debe analizarse en su integridad, a efecto de determinar la intención de la parte quejosa y, de esa manera, proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido; acorde al contenido de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, en la página 32, con los siguientes epígrafe y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, del estudio exhaustivo del escrito inicial, se obtiene que, Abel Rueda García promovió el presente juicio de amparo en contra de las decisiones emitidas por la responsable en audiencia de ofrecimiento y admisión de prueba, en el sentido de no acordar de conformidad el llamamiento a juicio de José de Jesús Zambrano Grijalva; de no reconocer la personalidad de Erika Ramírez Calderón, porque no acreditó el carácter de apoderada legal del aquí quejoso; y, de no admitir las pruebas ofrecidas por dicha abogada, a pesar de habérsele permitido el uso de la voz y que hiciera mención de diversas probanzas. Sin embargo, como se adelantó, esas decisiones no conllevan efectos de imposible reparación, pues, de existir violaciones, sólo se refieren a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo y de sus anexos, se advierte que, el ahora quejoso es parte actora en el juicio laboral 1156/2020. Asimismo, que el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración y desahogo de la audiencia de ofrecimiento, y admisión de pruebas en dicho juicio. En ese escenario, los actos reclamados no pueden ser considerados como de aquellos que tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que no producen de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental, sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Efectivamente, tal resolución de ningún modo impide al quejoso el ejercicio de un derecho sustantivo, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Además, no afectan de manera inmediata al promovente dado que, de las consecuencias que puedan producir, con independencia de la decisión que pudiera tomarse respecto a la legalidad o la constitucionalidad de dichos actos de autoridad, no depende la suerte de todo el proceso de origen. En otras palabras, tal determinación jurisdiccional no afecta de manera inmediata al promovente, dado que sus efectos se verán reflejados en la resolución del juicio de origen y la afectación que, en su caso, le provocara, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. En ese sentido, las afectaciones que, el ahora quejoso aduce le producen los actos reclamados pueden ser reparadas en el supuesto de que obtenga laudo favorable en el juicio de origen, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento que se prevén en la fracción III del artículo 172 de la citada legislación. Lo anterior, porque, por una parte, las decisiones acerca de la personalidad pueden reclamarse en la vía de amparo directo, como se vio en la jurisprudencia que sobre el particular se citó ut supra, a efecto de demostrar por qué el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra actos en juicio que afecten de manera directa un derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En cuando a la litisdenunciación, antaño, el juicio de amparo procedía, porque se las violaciones procesales cometidas sobre el particular se consideraban de mayor magnitud, que ameritaban su estudio en aquella vía. Ergo, a partir de la Ley de Amparo en vigor, como lo consideró nuestro Máximo Tribunal, la procedencia de la vía indirecta sólo está autorizada en tratándose de actos dentro de juicio, cuando estos son de imposible reparación, cualidad que ya ha sido definida a lo largo de esta determinación. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 6, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Finalmente, el auto que niega la admisión de pruebas, igualmente, sólo produce efectos intraprocesales, en tanto que únicamente tiene que ver con aquellos elementos que deben aportarse al operador jurídico, para emitir una resolución apegada a derecho, cuyo resultado no depende indefectiblemente de los medios de prueba aportados, pues pueden concurrir otras circunstancias que permitan que la Junta responsable, al final, emita un laudo que sea favorable al trabajador. Sustenta la anterior consideración por analogía la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, página 13, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: 'EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. DOMICILIO. Se tiene domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Francisco P. Mariel 105, colonia Periodistas, en esta ciudad. AUTORIZADA. Téngase como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Erika Ramírez Calderón. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas, c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...II

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