Abel Ruiz Castellanos

Expediente 1122/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1122/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Abel Ruiz Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintitrés. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia en que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintitrés. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que no se concedió medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), y 21, inciso c; este juzgador determina que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1122/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, recibido el veintinueve siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 2) Secretario de Hacienda y Crédito Público; 3) Secretaría de Bienestar; 4) Secretario de la Función Pública; 5) Secretario de Salud; 6) Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 7) Director del Diario Oficial de la Federación; y 8) Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todos con residencia en la Ciudad de México, que más adelante se precisarán. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 5º, 9º, 14, 16, 17, 25, 26, 72, inciso f), 73, fracción XI, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, radicó la demanda con el número de expediente 1122/2022; en ese auto desechó la demanda en relación a los actos reclamados a las autoridades siguientes: 1) Secretario de Hacienda y Crédito Público; 2) Secretaria de Bienestar; 3) Secretario de la Función Pública; 4) Secretario de Salud; 5) Secretaria del Trabajo y Previsión Social; y 6) Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo respecto de las cinco primeras y la publicación en cuanto a la última, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS-BIENESTAR; al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, al no haberse reclamado por vicios propios. Asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo, únicamente contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con sede en la Ciudad de México; por lo que se les solicitó informe justificado; así también, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalando día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguido el juicio en su trámite, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este asunto, al tenor del acta respectiva. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; por tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR). Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro social: La aplicación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Titular de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad de México, en representación del Director General de dicho Instituto, negó la existencia del acto de aplicación que le atribuye el quejoso, pues refiere que dentro de sus facultades previstas en el artículo 268 de la Ley del Seguro Social, y el diverso numeral 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se encuentran conferidas el realizar los actos que reclama el quejoso. Y de autos, tampoco existen constancia alguna de la que derive la existencia de un acto de aplicación del decreto reclamado, por parte de la citada autoridad responsable, que afecte los derechos del aquí quejoso. Pues si bien el quejoso aportó la documental consistente en comprobante de percepciones y descuentos -con sello digital-, expedido por el Instituto de Salud para el Bienestar -INSABI-, de la Secretaría de Salud, correspondiente a la primera quincena de septiembre de dos mil veintidós -foja 16-; a la que se concede pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, no demuestra el acto de aplicación del aludido decreto; de ahí la inexistencia atribuida a dicha autoridad. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la aludida autoridad responsable. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificado de su solicitud, a través de la Secretaría de Salud Federal, como se advierte de la certificación de la página de Internet relativa a la empresa de mensajería ESTAFETA que obra en autos -foja 52-; por tanto, es cierto el decreto que se le reclama. Además, la existencia de actos como los que nos ocupan (normas generales), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General, por disposición expresa de su artículo 2º. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Causa de improcedencia advertida oficiosamente. Este juzgado considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" El numeral en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso reclama el Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar -IMSS-BIENESTAR-, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por su sola entrada en vigor, pues aduce, en lo que interesa que: El artículo cuarto transitorio del citado Decretado contiene un despido masivo y forzoso de todo trabajador perteneciente a los servicios de salud de todas las entidades federativas, incluido el Estado de Oaxaca. La norma infringe sus derechos laborales, contenidos en la fracción XXII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, pues no prevé el pago de la liquidación como en derecho corresponde a los trabajadores al dar por terminada la relación laboral, conforme lo establece en su artículo 49 y pasar a formar parte de la plantilla de trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el bienestar (IMSS-BIENESTAR). De donde se advierte, la parte quejosa considera que el decreto impugnado, tiene el carácter de autoaplicativo y, por ende, que desde su entrada en vigor causa afectación en su esfera jurídica, porque según afirman, se le pretende aplicar, con el consecuente despido de su trabajo, sin indemnización ni liquidación a su favor. Sin embargo, el perjuicio que pudiera derivar del decreto reclamado no deviene de su sola entrada en vigor como se argumenta, ya que por su naturaleza, no obliga de inmediato ni define, modifica o extingue situación jurídica alguna, sino que se requiere la realización de un acto posterior a la iniciación de su vigencia; lo que pone de manifiesto su característica de ordenamiento heteroaplicativo. Para corroborar lo anterior, resulta pertinente analizar la naturaleza de la norma general que se reclama, con base en el criterio de la individualización de la norma, y para ello es necesario establecer la distinción entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas. Así, tratándose de normas heteroaplicativas, no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice; se distinguen precisamente porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación Por su parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna; esto es, se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna. Así, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica, pues conforme a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. Nacen con ella misma. No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. La distinción apuntada, se advierte de los lineamientos contenidos en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso concreto, como se dijo, el decreto impugnado es de carácter heteroaplicativo, toda vez que su sola entrada en vigor no produce efectos vinculantes ni genera obligaciones concretas incondicionadas, como se analizará enseguida. Ahora bien, el artículo cuarto transitorio del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar -IMSS-BIENESTAR-, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, establece: "TRANSITORIOS [...] CUARTO. Los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales, que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-BIENESTAR, con motivo de los convenios de coordinación que se celebren con las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo, será respetados en sus términos, sin perjuicio de que se puedan establecer esquemas de remuneraciones para las personas trabajadoras antes referidas, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del IMSS-BIENESTAR. El otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, incluido el servicio médico, quedará a cargo de la institución pública que los brinda actualmente, por lo que el IMSS-BIENESTAR debe realizar las gestiones correspondientes para cubrir las cuotas a que haya lugar, con cargo a los recursos que le transfieran las entidades federativas, de conformidad con el artículo 3 del presente decreto. Las personas que, a la entrada en vigor del presente decreto, cuenten con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, pueden ser sujetos de reclutamiento por parte del IMSS-BIENESTAR, siempre que cumplan con los requisitos que éste establezca para su contratación." De la anterior transcripción se advierte, que se prevé el respeto a los derechos laborales individuales de quienes son trabajadores de los servicios de salud de las entidades federativas, generados con antelación a su transferencia al IMSS-BIENESTAR, pues así lo establece el citado punto transitorio; asimismo, que quienes cuenten con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, pueden ser reclutados para formar parte del IMSS-BIENESTAR, siempre que cumplan con los requisitos que se establezcan para su contratación. No obstante, la parte quejosa no demostró que a esta data, se haya realizado su transferencia al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el bienestar -IMSS-BIENESTAR-, con base en el convenio de coordinación celebrado por éste con el Estado de Oaxaca; tampoco que el quejoso forme parte de algún esquema de remuneración, se encuentre en el grupo de personas con contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales; o bien, que haya sido despedido, con transgresión a sus derechos laborales adquiridos. Por tanto, la sola emisión del Decretado tildado de inconstitucional no afecta la esfera jurídica del promovente, pues ello se verificará, en su caso, una vez que, con base en el convenio de coordinación aludido se llegaren a vulnerar sus derechos laborales conforme a la ubicación de alguno de los supuestos a que se refiere el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el bienestar -IMSS-BIENESTAR-. De esta manera, la disposición cuestionada no produce, por sí sola, agravio a la parte quejosa, toda vez que no contiene un principio de ejecución que se actualice desde el momento en que entró en vigor, sino que se requiere de la realización de actos ulteriores para que adquiera individualización y sitúen al quejoso dentro de la hipótesis legal. Además, es criterio reiterado por el Pleno y la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que tratándose de la impugnación de leyes heteroaplicativas, es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, es decir, que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la posible inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio constitucional. Por el contrario, la inminencia de la aplicación de la ley sólo genera la presunción de que tal aplicación pudiera realizarse, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. Afirmaciones que encuentran sustento en las jurisprudencias 2a./J. 76/97 y 2a./J. 77/97, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1988, páginas 374 y 382, de rubro y texto: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." De tal modo que si la sola vigencia del decreto combatido, no afecta de manera directa la esfera de derechos de la parte quejosa, quien reclama su inconstitucionalidad en virtud de su sola entrada en vigor, es decir, como autoaplicativa, ni de autos se advierte hubiere quedado acreditada la aplicación concreta de dicho decreto, esto es, que se le haya transferido al IMSS-BIENESTAR; que se le hubiere liquidado sin indemnización; o que se le hubiere transferido sin respetar sus derechos laborales; luego, no existe afectación a su esfera jurídica. Sin que el promovente del amparo hubiera aportado alguna probanza a este juicio de amparo, para acreditar la aplicación del decreto reclamado, pues se reitera, únicamente exhibió a su nombre, un comprobante de percepciones y descuentos -con sello digital-, expedido por el Instituto de Salud para el Bienestar -INSABI-, de la Secretaría de Salud, correspondiente a la segunda quince de septiembre de dos mil veintidós -foja 16-; con el que acredita que labora para esa Institución, mas no que hubiere sido despedido o transferido al nuevo organismo IMSS-BIENESTAR. En ese orden, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Finalmente, es oportuno señalar que si bien se citan criterios que fueron integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables para resolver este asunto, pues ello lo permite el artículo sexto transitorio de la Ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por no contravenir tal ordenamiento jurídico. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1122/2022 promovido por********************, por las razones expuestas en el tercero y último considerandos de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama que remite el Consultor Jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, en el que informa que la representación presidencial dentro de este juicio de amparo se otorgó a la Secretaría de Salud; toda vez que en auto de quince de noviembre actual, entre otras cosas (42), se le tuvo informando dicha circunstancia. NOTIFÍQUESE.

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