Abel Rivera Espinoza
Expediente 1385/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1385/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abel Rivera Espinoza
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Abel Rivera Espinoza, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 1385/2022, regístrese en el libro de gobierno. Análisis de la demanda: Del análisis de la demanda de amparo, se advierte la parte quejosa reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: El acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente agrario 875/2020 de su índice, en la parte relativa en que declara innecesario el desahogo de la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofrecida por el quejoso, y por ello no la admite como medio de prueba. Desechamiento de demanda: Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el presente caso, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En esas condiciones, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional solo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación material directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa (propiedades, posesiones o derechos). Pues como se describió en párrafos que anteceden, el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente agrario 875/2020, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajupan de León, Oaxaca, en la parte relativa en que declara innecesario el desahogo de la prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía ofrecida por el quejoso, y por ello no la admite como medio de prueba; no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, siendo, en todo caso, impugnable como una violación a las leyes del procedimiento a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia que ponga fin al citado juicio, en caso de ser desfavorable a los intereses de la parte quejosa, como así lo establece el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es así, ya que la no admisión de pruebas, por regla general, no es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del oferente de la prueba, como el de defensa, sino que se trata de una actuación procesal susceptible de invocarse como violación procesal en amparo directo, siempre que esa no admisión trascienda al resultado del fallo o sentencia, momento procesal en que podría verse la afectación al derecho sustantivo de defensa adecuada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.a.e.J/5 (10ª), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión Telecomunicaciones, visible en página 1902, Tomo III, abril de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2011338, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos artículos 107, fracción V, este aplicado a contrario sensu, así como el 170 y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Notificación por lista y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el despacho jurídico ubicado en calle Juan de la Barrera, número 115-A, colonia Niños Héroes, Santa María Ixcotel, Municipío de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Agustín Bautista Benítez (con cédula profesional 6841557 localizada en la página de internet del registro nacional de profesiones https://consultatucedula.mx/ ), y a las restantes personas que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que así lo solicita. Sin que haya lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico, toda vez que no proporcionó usuario. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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