Abel Paredes Camino

Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
446/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Abel Paredes Camino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; doce de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio recibido vía electrónica en uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***, a través de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo ***, contra la sentencia dictada en autos del juicio de amparo; medio de impugnación que se registró con el número de amparo en revisión ***. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese, para los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al presente expediente por la vía electrónica, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como solicita la parte quejosa, se otorga autorización para que tengan acceso a la consulta del expediente electrónico, a los usuarios "********************" y "********************", así como que las notificaciones se le realicen por la misma vía. En consecuencia, proceda la Secretaria a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el escrito presentado por Jorge Paniagua Alcocer autorizado de la parte quejosa, con el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa, a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materia Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Por tanto, se le otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; y por oficio a las autoridades responsables y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo número 446/2022-IV-A, promovido por********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el diecisiete de febrero siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en Mérida. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de Abel Paredes Camino, con el que, señaló como nuevo acto reclamado del Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México: La resolución emitida por dicha autoridad, relativa a la calificación registral negativa que recayó a su solicitud de inscripción del título de propiedad correspondiente a la parcela 919 Z-3 P-3, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán; solicitado en fecha seis de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la ampliación de demanda en cita, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró al tener del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: Del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como del Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en Mérida: La omisión de atender la solicitud de trámite 31210001861, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 919 Z-3 P-3, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, de seis de abril de dos mil veintiuno. Del Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México (en ampliación de demanda): La resolución emitida por dicha autoridad, relativa a la calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción ya indicada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en Mérida, precisados en el inciso a), consistente en la omisión de atender la solicitud de trámite 31210001861 relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 919 Z-3 P-3, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, de seis de abril de dos mil veintiuno. Pues aun cuando negaron su existencia, con posterioridad realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, por lo que tal negativa se ve desvirtuada con las constancias que obran en autos, por lo que se tienen por ciertos los actos que se les reclaman a dichas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, en relación con el acto señalado bajo el inciso b), que es la resolución emitida por dicha autoridad, relativa a la calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción relativa (señalado en ampliación de demanda), la responsable indicó en su informe que es cierto; lo que se corrobora con las constancias que remitieron a este juzgado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, con relación al acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta resolución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexaron las responsables a sus informes justificados, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a los ordinales 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se dio respuesta a la solicitud de la parte quejosa, pues el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional adscrito a la Delegación, emitió calificación registral en sentido negativo. Y mediante oficio número RAN/YUC/SR/DJ/1668/2022, la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, informó que el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se apersonó en el Centro de Atención al Público (CAT) de dicha Delegación el autorizado de la parte quejosa, al cual se notificó y entregó el oficio DGRCD/552/2022 emitido por el Director General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, que contenía la calificación registral negativa recaída a la solicitud 31210001861; tan es así, que a partir de ello amplió su demanda de amparo, reclamando ahora la calificación negativa determinada. Por lo tanto, no existe duda de que se enteró de tal calificación. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, al haberse dado contestación a la solicitud que formuló ante la autoridad responsable. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al acto reclamado identificado con el inciso a), del considerando segundo de esta resolución, relativo a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley; lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) atribuido al Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, consistente en la resolución emitida por dicha autoridad, relativa a la calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción del título de propiedad correspondiente a la parcela 919 Z-3 P-3, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, el artículo 61, fracción XX de la ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." CONSIDERACIÓN IMPORTANTE En principio, es menester destacar que en el presente asunto, el acto reclamado derivado de la demanda de amparo se trata de una denegación de justicia impugnada por la parte quejosa ante la omisión de las autoridades responsables de culminar con el procedimiento administrativo establecido en la ley agraria respecto a las dos parcelas que defiende. Por tanto, el acto reclamado no guarda relación con el derecho de petición previsto en el artículo 8° Constitucional, en el cual existe una excepción al principio de definitividad respecto de la respuesta que recaiga a la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que puede ampliar la demanda sin que tenga que agotar los recursos ordinarios que procedan en contra del nuevo acto de autoridad. Siendo que el acto reclamado inicial versa sobre una denegación de justicia, derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no se trata de un derecho de petición. Sobre el tema, debe decirse que el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, se conforma de diversas prerrogativas que salvaguardan la plena satisfacción de ese derecho subjetivo público, siendo la primera, el dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, esto es, la autoridad se encuentra obligada a emitir un acto positivo, que dé contestación a lo solicitado; la segunda, consiste en que la respuesta sea congruente con lo solicitado; y por último, la autoridad debe dar a conocer la respuesta recaída a la petición en breve término. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Así, el derecho humano de petición impone la obligación a las autoridades de hacer del conocimiento en breve término el trámite necesario para resolver la solicitud del interesado, lo cual evita dejar por varios meses, incluso años, en incertidumbre sobre el destino de su petición. Lo anterior encuentra apoyo legal en la jurisprudencia: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN". De igual forma, la respuesta que se dé al escrito debe notificarse personalmente al gobernado o sus autorizados, en el domicilio señalado en su petición. Por otra parte, un juicio o un procedimiento seguido en forma de juicio, evidentemente se trata de una cuestión distinta al derecho de petición, ya que la nota distintiva de los primeros es que por regla general inician con una demanda o petición ante la autoridad, pero la naturaleza de lo pretendido obliga a llevar a cabo el trámite correspondiente por diversas etapas, tales como preinstrucción, instrucción (pruebas y desahogo de las mismas), alegatos y sentencia o resolución. Siendo que los procedimientos seguidos en forma de juicio, se tratan de procedimientos que pasan por distintas fases o pasos procedimentales previstas en la ley que los rige y existe una vinculación causal, la que orienta a todos ellos a un fin común, culminando con una resolución o determinación que le pone fin. Apoya lo anterior, en lo conducente, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "Registro digital: 224329 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, página 47 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO QUE INTEGRA UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PERO QUE NO EMANA DE EL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Establece la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que el amparo se pedirá ante Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Dicha disposición, en su segundo párrafo, consigna una regla especial de procedencia de juicio de garantías al reservar su ejercicio, cuando el acto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta en tanto no se pronuncie la resolución definitiva dictada en el mismo. La característica esencial de los actos a que se refiere la hipótesis descrita, es su vinculación causal, la que orienta a todos ellos a un fin común y, por tal virtud, esa concatenación lógica se constituye como la razón que hace improcedente el juicio constitucional cuando el acto reclamado es sólo una parte de ese conjunto, salvo, claro está, que se trate de personas extrañas a la controversia. Sin embargo, del conjunto de actos que dan cuerpo a todo procedimiento, deben destacarse aquellos que son típicos del mismo, frente a otros que, producto de una voluntad distinta del órgano que sustancia el procedimiento, sólo se adhieren a él, conservando su individualidad en relación con el procedimiento al cual se integran pero del que no emanan. Los primeros convergen en un denominador común: son actos característicamente unidos entre sí, dictados por la misma autoridad que conoce del procedimiento, los segundos no lo son así, pues tienen un autor distinto. De tal suerte que, si lo que en el juicio de garantías se combate no es un acto que emana del procedimiento, sino otro que se adhirió a él (tan es así que la autoridad responsable no es aquella ante quien se ventila dicho procedimiento), tal acto, por su autonomía e independencia, sí puede ser enjuiciable por sí mismo en el proceso de control constitucional ante el Juez de Distrito". De ahí que en el caso, el acto aquí reclamado se ubique en esta hipótesis al derivar de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues la parte quejosa inició un procedimiento administrativo agrario, en el cual con su planteamiento u ocurso inicial (solicitud) debe aportar pruebas y cumplir diversos requisitos con la finalidad de obtener una resolución que declare que es procedente su solicitud de expedición de título parcelario y así proceder a que la autoridad emita dicha título y se proceda a su registro, siendo que para ello, una de las fases es que recaiga una calificación registral sobre el caso planteado ante la autoridad agraria (resolución). Es por ello que, en la especie resulta inaplicable la jurisprudencia por contradicción establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé una excepción al principio de definitividad, la cual a continuación se trae a colación: "Registro digital: 2021401 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 15/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público". Lo anterior, dado que del contenido de la ejecutoria de dicho precedente, se tiene que el Máximo Tribunal partió del análisis de un derecho de petición reconocido en el artículo 8° de la Constitución Federal; sosteniendo por tanto, que el juicio de amparo promovido en contra de la omisión de una autoridad de atender una petición del quejoso, tiene por objeto vincular a dicha autoridad a que emita una respuesta con los estándares constitucionales derivados del artículo 1° y 17 de la Carta Magna. Sobre la base de lo anterior, señaló que cuando la autoridad responsable emite su respuesta a esa petición del quejoso durante el trámite del juicio de amparo y ello se advierte del informe justificado correspondiente, el órgano jurisdiccional debe dar vista al quejoso a fin de que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo y reclamar dicha respuesta o, inclusive, promover un nuevo juicio constitucional o los medios ordinarios de defensa que a sus intereses convengan. Así, la racionalidad de permitir la ampliación de la demanda en el supuesto indicado, obedece a que si bien la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, no puede soslayarse que esa respuesta constituye un acto nuevo que está vinculado con el originalmente reclamado y, por lo mismo, válidamente puede ser analizado por el mismo Juez de Distrito, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. En tal virtud, si el quejoso decide ampliar su demanda para reclamar la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite de un juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición, no resulta exigible agotar el principio de definitividad en relación con dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que, se considere, le causan ese nuevo acto, mismas que deben ser analizadas como integrantes de la litis constitucional, bajo los principios de concentración y economía procesal del artículo 17 de la Constitución Federal. Sin embargo, en la especie no es aplicable tal criterio, en razón de que, se reitera, el acto reclamado original no se trató de un derecho de petición, sino que versa sobre una denegación de justicia en términos del dispositivo 17 Constitucional. En consecuencia, la parte quejosa no se sitúa en la hipótesis de la jurisprudencia analizada, como lo señaló el amparista al promover su ampliación de demanda en contra de la calificación registral negativa recaída a los trámites promovidos por el quejoso los cuales obedecen a procedimientos seguidos en forma de juicio. De ahí que, ante dicha resolución de calificación registral negativa recaída, deben agotarse los recursos ordinarios que la ley establece para impugnar dicho fallo (juicio agrario de nulidad) antes de acudir al juicio constitucional. Por tanto, al no haberlo hecho así, ello da lugar a la concreción de la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El artículo y fracción en cita, contienen el principio fundamental del juicio de amparo, conocido como "definitividad", el cual implica que, para poder ejercitar la acción constitucional, previamente deben haberse agotado todos los medios ordinarios de defensa que permitan modificar o revocar el fallo que se reclame, es decir, que la resolución que se combate sea de las denominadas definitivas. En caso de no hacerse así, la acción constitucional será improcedente, pues no se habrá colmado uno de sus presupuestos procesales. Sin embargo, el mismo numeral también establece la hipótesis de excepción relativa a que, cuando la ley ordinaria establezca mayores requisitos que la normatividad de amparo para que el acto reclamado sea suspendido, o se establezca un mayor plazo para que se otorgue la medida provisional, no es necesario que se agoten los medios de defensa naturales, previamente a la promoción de la jurisdicción constitucional. En el caso, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad agrario, antes de intentar el juicio de amparo respecto del acto que reclama, pues la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, relativa a la calificación registral en sentido negativo que recayó a su solicitud de expedición de título de propiedad de origen parcelario correspondiente a la parcela 919 Z-3 P-3, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, es un acto que se combate mediante dicho procedimiento. Conviene invocar al caso el contenido del artículo 163 de la Ley Agraria, que dispone: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.". En concatenación con lo establecido en el numeral 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece: "Articulo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [...] IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; [...]". Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias (como la autoridad que señala el quejoso en su escrito de cuenta) que alteren, modifiquen o extingan un derecho (el derecho de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios). Por lo que, el acto que reclama el promovente consistente en la calificación registral en sentido negativo de su solicitud de inscripción de expedición de título de propiedad, puede ser combatida a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario respectivo. De conformidad con lo antes expuesto, debe determinarse que el presente juicio de amparo resulta improcedente contra los actos reclamados, pues los actos resultan del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios, y no prima facie de un Juzgado de Distrito. De ahí que, como se apuntó, contra el acto reclamado debía promoverse el juicio de nulidad agrario, previamente a acudir al juicio de amparo, máxime que se trata de una jurisdicción especializada para conocer ese tipo de asuntos. Cabe citar, en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T. J/29, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en página 71, del tomo 78, correspondiente al mes de junio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 212125, que dice: "TRIBUNALES AGRARIOS. DEBE OCURRIRSE ANTE ELLOS, PREVIAMENTE A LA INSTAURACION DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Los actos emanados de autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria deben ser combatidos ante los tribunales agrarios existentes a partir de la fecha en que entró en vigor la nueva legislación agraria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, previamente a la instauración del juicio constitucional, en acatamiento al principio de definitividad que prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". De igual forma es de atenderse la Jurisprudencia 2a./J. 88/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, mayo de 2008, que prevé: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos." INALICABILIDAD DE EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD En el presente caso, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, puesto que, no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma general autoaplicativa o heteroaplicativa que se hubiese aplicado en contra de la parte amparista. Asimismo, no se está en el supuesto de que el quejoso sea tercero extraño al procedimiento, pues fue quien presentó la solicitud de trámite 31210001861, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 919 Z-3 P-3, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, para obtener el título de propiedad relativo. Aunado a lo anterior, debe decirse que en materia de suspensión, la Ley Agraria señala que se regulará aplicando lo dispuesto en el Titulo Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo, como lo establece el artículo 166 de dicho ordenamiento legal; por lo que los requisitos que establece dicha ley ordinaria y la Ley de Amparo, son los mismos. CONSIDERACIÓN ADICIONAL Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós se haya admitido a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, en contra de la calificación registral negativa recaída a su procedimiento iniciado con la solicitud 31210001861, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 919 Z-3 P-3, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán. Ya que dicha admisión sólo corresponde a un análisis preliminar de la referida ampliación, y siendo que ahora que el asunto está en estado de resolución es que puede estudiarse integralmente la litis derivada de esa ampliación a la luz de todas las constancias que obra en el expediente; con la conclusión ya expuesta. Por el principio que contiene, apoya lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de tema y contenido siguientes: "Registro digital: 178807 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.3o.A. J/5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, página 1126 Tipo: Jurisprudencia AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto". CONCLUSIÓN Por tanto, se establece que la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad en materia agraria antes de incoar el juicio constitucional -vía ampliación de demanda-, con la acotación de que no resulta obligatorio para el gobernado que, previamente a dicho juicio agrario deba interponer el recurso de revisión que establece el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a esta consideración, la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis, que toca precisamente el tema de que se habla. "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL ABROGADO. PARA CONTROVERTIR LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA DE UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS NO ES INDISPENSABLE AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Aun cuando el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional vigente hasta el 11 de octubre de 2011 (de contenido similar al del diverso 59 del reglamento en vigor) dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83), ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En mérito de lo expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra del acto que reclama del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en Mérida, por los motivos precisados el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra del acto que reclama de las autoridades responsables, por los motivos precisados el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

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