Abel Paredes Camino
Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abel Paredes Camino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio número 3228/2023 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía interconexión, que remite en vía de acuse de recibo y del que se advierte que, esencialmente, se admitió el recurso de revisión interpuesto por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el tres de febrero de dos mil veintitrés, mismo que quedó registrado bajo el número 222/2023 de su índice. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Jorge Paniagua Alcocer, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Abel Paredes Camino, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el tres de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de interposición y el de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por otra parte, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y cúmplase.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 442/2022-VIII-B, promovido por Abel Paredes Camino; y. ... TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las responsables Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México (número de promoción 9908, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad (número de promoción 5654), precisados en el inciso a), consistente en la omisión de resolver, la solicitud de trámite 31210001842, relativa a la adopción del dominio pleno individual de la parcela 813, ubicada en el ejido Umán, municipio del mismo nombre, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido medio de convicción alguno para desvirtuar esa negativa. Se dice lo anterior, por cuanto la Delegada Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, ya había dado trámite a la solicitud del quejoso y la remitió a la Dirección General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México, para su calificación e inscripción correspondiente. Por su parte, el Director General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, negó el acto en virtud de que ya se había otorgado una calificación negativa al trámite del quejoso, de ahí que el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, no tuviera acto alguno que justificar pues al no haber una calificación positiva no había que liberar clave alguna para su inscripción. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables, respecto de los actos reclamados, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México (número de promoción 18582), ya que así lo indicó en su informe justificado, ello en relación con el acto señalado bajo el inciso b), que es la resolución emitida por dicha autoridad, relativa a la calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción relativa (señalado en ampliación de demanda), lo que se corrobora con las constancias remitidas a este juzgado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, respecto al acto reclamado precisado en el inciso b) atribuido al Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, consistente en la resolución emitida por dicha autoridad, relativa a la calificación registral negativa que recayó a la solicitud de inscripción del título de propiedad correspondiente a la parcela 813, del Ejido de Umán, municipio de Umán, Yucatán, de treinta de marzo de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, el artículo 61, fracción XX de la ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." CONSIDERACIÓN IMPORTANTE En principio, es menester destacar que en el presente asunto, el acto reclamado derivado de la demanda de amparo se trata de una denegación de justicia impugnada por la parte quejosa ante la omisión de las autoridades responsables de culminar con el procedimiento administrativo establecido en la Ley Agraria respecto a la parcela que defiende. Por tanto, el acto reclamado no guarda relación con el derecho de petición previsto en el artículo 8° Constitucional, en el cual existe una excepción al principio de definitividad respecto de la respuesta que recaiga a la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que puede ampliar la demanda sin que tenga que agotar los recursos ordinarios que procedan en contra del nuevo acto de autoridad. Siendo que el acto reclamado inicial versa sobre una denegación de justicia, derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, por lo que no se trata de un derecho de petición. Sobre el tema, debe decirse que el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, se conforma de diversas prerrogativas que salvaguardan la plena satisfacción de ese derecho subjetivo público, siendo la primera, el dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, esto es, la autoridad se encuentra obligada a emitir un acto positivo, que dé contestación a lo solicitado; la segunda, consiste en que la respuesta sea congruente con lo solicitado; y por último, la autoridad debe dar a conocer la respuesta recaída a la petición en breve término. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido." Así, el derecho humano de petición impone la obligación a las autoridades de hacer del conocimiento en breve término el trámite necesario para resolver la solicitud del interesado, lo cual evita dejar por varios meses, incluso años, en incertidumbre sobre el destino de su petición. Lo anterior encuentra apoyo legal en la jurisprudencia: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN". De igual forma, la respuesta que se dé al escrito debe notificarse personalmente al gobernado o sus autorizados, en el domicilio señalado en su petición. Por otra parte, un juicio o un procedimiento seguido en forma de juicio, evidentemente se trata de una cuestión distinta al derecho de petición, ya que la nota distintiva de los primeros es que por regla general inician con una demanda o petición ante la autoridad, pero la naturaleza de lo pretendido obliga a llevar a cabo el trámite correspondiente por diversas etapas, tales como preinstrucción, instrucción (pruebas y desahogo de las mismas), alegatos y sentencia o resolución. Siendo que los procedimientos seguidos en forma de juicio, se tratan de procedimientos que pasan por distintas fases o pasos procedimentales previstas en la ley que los rige y existe una vinculación causal, la que orienta a todos ellos a un fin común, culminando con una resolución o determinación que le pone fin. Apoya lo anterior, en lo conducente, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "ACTO RECLAMADO QUE INTEGRA UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PERO QUE NO EMANA DE EL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Establece la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que el amparo se pedirá ante Juez de Distrito contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. Dicha disposición, en su segundo párrafo, consigna una regla especial de procedencia de juicio de garantías al reservar su ejercicio, cuando el acto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta en tanto no se pronuncie la resolución definitiva dictada en el mismo. La característica esencial de los actos a que se refiere la hipótesis descrita, es su vinculación causal, la que orienta a todos ellos a un fin común y, por tal virtud, esa concatenación lógica se constituye como la razón que hace improcedente el juicio constitucional cuando el acto reclamado es sólo una parte de ese conjunto, salvo, claro está, que se trate de personas extrañas a la controversia. Sin embargo, del conjunto de actos que dan cuerpo a todo procedimiento, deben destacarse aquellos que son típicos del mismo, frente a otros que, producto de una voluntad distinta del órgano que sustancia el procedimiento, sólo se adhieren a él, conservando su individualidad en relación con el procedimiento al cual se integran pero del que no emanan. Los primeros convergen en un denominador común: son actos característicamente unidos entre sí, dictados por la misma autoridad que conoce del procedimiento, los segundos no lo son así, pues tienen un autor distinto. De tal suerte que, si lo que en el juicio de garantías se combate no es un acto que emana del procedimiento, sino otro que se adhirió a él (tan es así que la autoridad responsable no es aquella ante quien se ventila dicho procedimiento), tal acto, por su autonomía e independencia, sí puede ser enjuiciable por sí mismo en el proceso de control constitucional ante el Juez de Distrito". De ahí que en el caso, el acto aquí reclamado se ubique en esta hipótesis al derivar de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues la parte quejosa inició un procedimiento administrativo agrario, en el cual con su planteamiento u ocurso inicial (solicitud) debe aportar pruebas y cumplir diversos requisitos con la finalidad de obtener una resolución que declare que es procedente su solicitud de expedición de título parcelario y así proceder a que la autoridad emita dicha título y se proceda a su registro, siendo que para ello, una de las fases es que recaiga una calificación registral sobre el caso planteado ante la autoridad agraria (resolución). Es por ello que, en la especie resulta inaplicable la jurisprudencia por contradicción establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé una excepción al principio de definitividad, la cual a continuación se trae a colación: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público". Lo anterior, dado que del contenido de la ejecutoria de dicho precedente, se tiene que el Máximo Tribunal partió del análisis de un derecho de petición reconocido en el artículo 8° de la Constitución Federal; sosteniendo por tanto, que el juicio de amparo promovido en contra de la omisión de una autoridad de atender una petición del quejoso, tiene por objeto vincular a dicha autoridad a que emita una respuesta con los estándares constitucionales derivados del artículo 1° y 17 de la Carta Magna. Sobre la base de lo anterior, señaló que cuando la autoridad responsable emite su respuesta a esa petición del quejoso durante el trámite del juicio de amparo y ello se advierte del informe justificado correspondiente, el órgano jurisdiccional debe dar vista al quejoso a fin de que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo y reclamar dicha respuesta o, inclusive, promover un nuevo juicio constitucional o los medios ordinarios de defensa que a sus intereses convengan. Así, la racionalidad de permitir la ampliación de la demanda en el supuesto indicado, obedece a que si bien la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, no puede soslayarse que esa respuesta constituye un acto nuevo que está vinculado con el originalmente reclamado y, por lo mismo, válidamente puede ser analizado por el mismo Juez de Distrito, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. En tal virtud, si el quejoso decide ampliar su demanda para reclamar la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite de un juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición, no resulta exigible agotar el principio de definitividad en relación con dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que, se considere, le causan ese nuevo acto, mismas que deben ser analizadas como integrantes de la litis constitucional, bajo los principios de concentración y economía procesal del artículo 17 de la Constitución Federal. Sin embargo, en la especie no es aplicable tal criterio, en razón de que, se reitera, el acto reclamado original no se trató de un derecho de petición, sino que versa sobre una denegación de justicia en términos del dispositivo 17 Constitucional. En consecuencia, la parte quejosa no se sitúa en la hipótesis de la jurisprudencia analizada, como lo señaló el amparista al promover su ampliación de demanda en contra de la calificación registral negativa recaída al trámite promovido por el quejoso el cual obedecen a procedimientos seguidos en forma de juicio. De ahí que, ante dicha resolución de calificación registral negativa recaída, deben agotarse los recursos ordinarios que la ley establece para impugnar dicho fallo (juicio agrario de nulidad) antes de acudir al juicio constitucional. Por tanto, al no haberlo hecho así, ello da lugar a la concreción de la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El artículo y fracción en cita, contienen el principio fundamental del juicio de amparo, conocido como "definitividad", el cual implica que, para poder ejercitar la acción constitucional, previamente deben haberse agotado todos los medios ordinarios de defensa que permitan modificar o revocar el fallo que se reclame, es decir, que la resolución que se combate sea de las denominadas definitivas. En caso de no hacerse así, la acción constitucional será improcedente, pues no se habrá colmado uno de sus presupuestos procesales. Sin embargo, el mismo numeral también establece la hipótesis de excepción relativa a que, cuando la ley ordinaria establezca mayores requisitos que la normatividad de amparo para que el acto reclamado sea suspendido, o se establezca un mayor plazo para que se otorgue la medida provisional, no es necesario que se agoten los medios de defensa naturales, previamente a la promoción de la jurisdicción constitucional. En el caso, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad agrario, antes de intentar el juicio de amparo respecto del acto que reclama, pues la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, relativa a la calificación registral en sentido negativo que recayó a su solicitud de expedición de título de propiedad de origen parcelario correspondientes a la parcela 813, del Ejido Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, es un acto que se combate mediante dicho procedimiento. Conviene invocar al caso el contenido del artículo 163 de la Ley Agraria, que dispone: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.". En concatenación con lo establecido en el numeral 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece: "Articulo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: [...] IV.- De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; [...]". Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias (como la autoridad que señala el quejoso en su escrito de cuenta) que alteren, modifiquen o extingan un derecho (el derecho de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios). Por lo que, el acto que reclama el promovente consistente en la calificación registral en sentido negativo de su solicitud de inscripción de expedición de título de propiedad, puede ser combatida a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario respectivo. De conformidad con lo antes expuesto, debe determinarse que el presente juicio de amparo resulta improcedente contra los actos reclamados, pues los actos resultan del conocimiento de los Tribunales Unitarios Agrarios, y no prima facie de un Juzgado de Distrito. De ahí que, como se apuntó, contra el acto reclamado debía promoverse el juicio de nulidad agrario, previamente a acudir al juicio de amparo, máxime que se trata de una jurisdicción especializada para conocer ese tipo de asuntos. Cabe citar, en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T. J/29, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en página 71, del tomo 78, correspondiente al mes de junio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 212125, que dice: "TRIBUNALES AGRARIOS. DEBE OCURRIRSE ANTE ELLOS, PREVIAMENTE A LA INSTAURACION DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Los actos emanados de autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria deben ser combatidos ante los tribunales agrarios existentes a partir de la fecha en que entró en vigor la nueva legislación agraria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, previamente a la instauración del juicio constitucional, en acatamiento al principio de definitividad que prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". De igual forma es de atenderse la Jurisprudencia 2a./J. 88/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, mayo de 2008, que prevé: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos." INAPLICABILIDAD DE EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD En el presente caso, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, puesto que, no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma general autoaplicativa o heteroaplicativa que se hubiese aplicado en contra de la parte amparista. Asimismo, no se está en el supuesto de que el quejoso sea tercero extraño al procedimiento, pues fue quien presentó la solicitud de trámite 31210001842, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 813, del Ejido de Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán, para obtener el título de propiedad relativo. Aunado a lo anterior, debe decirse que en materia de suspensión, la Ley Agraria señala que se regulará aplicando lo dispuesto en el Titulo Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo, como lo establece el artículo 166 de dicho ordenamiento legal; por lo que los requisitos que establece dicha ley ordinaria y la Ley de Amparo, son los mismos. CONSIDERACIÓN ADICIONAL Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós se haya admitido a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, en contra de la calificación registral negativa recaída a su procedimiento iniciado con la solicitud 31210001842, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 813, del Ejido de Umán, Municipio de Umán, Estado de Yucatán. Ya que dicha admisión sólo corresponde a un análisis preliminar de la referida ampliación, y siendo que ahora que el asunto está en estado de resolución es que puede estudiarse integralmente la litis derivada de esa ampliación a la luz de todas las constancias que obra en el expediente; con la conclusión ya expuesta. Por el principio que contiene, apoya lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de tema y contenido siguientes: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto". CONCLUSIÓN Por tanto, se establece que la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad en materia agraria antes de incoar el juicio constitucional -vía ampliación de demanda-, con la acotación de que no resulta obligatorio para el gobernado que, previamente a dicho juicio agrario deba interponer el recurso de revisión que establece el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a esta consideración, la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis, que toca precisamente el tema de que se habla. "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL ABROGADO. PARA CONTROVERTIR LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA DE UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS NO ES INDISPENSABLE AGOTARLO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Aun cuando el artículo 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional vigente hasta el 11 de octubre de 2011 (de contenido similar al del diverso 59 del reglamento en vigor) dispone que contra la calificación negativa procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 83), ello no condiciona la procedencia de la vía jurisdiccional agraria al agotamiento previo del recurso aludido, pues el hecho de que expresamente no se hubiese dispuesto que es opcional para el afectado por la negativa registral, no lo dota de obligatoriedad, ya que del análisis sistemático de aquel precepto, en relación con los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y considerando, además, la finalidad de los recursos administrativos, subyace que contempla una opción para el afectado por la negativa registral de inscribir un acta de asamblea en el Registro Agrario Nacional, quien puede interponer el recurso de revisión administrativo, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar la nulidad de dicha determinación, en términos del artículo 18, fracción IV, indicado, toda vez que en el sistema de impugnación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la interposición de los recursos no constituye un presupuesto que condicione el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En mérito de lo expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos atribuidos a las responsables Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, así como Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los motivos señalados en le consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos atribuidos a la autoridad responsable Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los motivos señalados en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por el quejoso Abel Paredes Camino, mediante el cual, solicita se autorice a Claudia Estefanía Cáceres Cervantes y Ángel Ausencio Marín Gutiérrez, el acceso al expediente electrónico relativo a este juicio. Al respecto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización a los usuarios "FANNYCSCS" y "AMARIN", para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda el Secretario a realizar las autorizaciones correspondientes a los citados usuarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Notifíquese y cúmplase.
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