Abel Omar Onofre Serrano

Expediente 508/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
508/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Abel Omar Onofre Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de junio de dos mil veintidós en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva; el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 508/2022-VI, promovido por Abel Omar Onofre Serrano, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, treinta de mayo de dos mil veintidós. Se dejan de tener como autoridades responsables. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 43), se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en torno a la denominación correcto de las autoridades: "Agente del Ministerio Público Investigador del Delito adscrito a la Mesa de Tramite Número Uno del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Agente del Ministerio Público Investigador del Delito adscrito a la Mesa de Tramite Número Dos del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Agente del Ministerio Público Investigador del Delito adscrito a la Mesa de Tramite Número Tres del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Agente del Ministerio Público Investigador del Delito adscrito a la Mesa de Tramite Número Cuatro del Distrito Judicial de Sánchez Piedras", sin que lo hayan hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en la resolución de referencia, y se tienen por inexistente las referidas autoridades en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justica para los siguientes efectos: "En ese sentido, el efecto del fallo protector deberá consistir en que el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala y el Coordinador del Programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, adscrito a dicha Delegación, en el ámbito de sus competencias, emprendan todas aquellas acciones necesarias tendentes a iniciar y concluir con el proceso de acceso a la pensión, previsto en las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte [por ser el año en que la madre del quejoso intentó gestionar el beneficio respectivo ante las autoridades responsables], así como en las Reglas de Operación de ejercicios fiscales subsecuentes. Lo que implica que deberán procurar recibir del quejoso, a través de la persona adulta auxiliar, la documentación considerada como requisitos de acceso, de manera que en caso de que aquél omita la exhibición de algún documento o el que exhiba carezca de algún elemento, las autoridades responsables deberán hacérselo saber de manera inmediata y orientarle para su obtención, a través del adulto auxiliar, a fin de que, a la brevedad, se logre su incorporación a dicho programa. De ser necesario, las autoridades responsables deberán implementar los "ajustes razonables", conforme lo explicado en líneas anteriores, a fin de garantizar al quejoso el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, particularmente el previsto en el artículo 4°, párrafo catorce, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el apoyo económico que el Estado debe garantizar a las personas que tengan alguna discapacidad permanente, en los términos que fije la Ley. En la inteligencia de que -una vez que se inicie el trámite para la incorporación del quejoso al citado programa y en caso de que éste cumpla con los criterios de elegibilidad y los requisitos de acceso- deberá ser admitido como beneficiario de dicho programa dentro del plazo máximo establecido en el numeral 4.1 de las referidas Reglas de Operación, debiendo realizársele el pago de la pensión correspondiente, pero con efectos retroactivos al catorce de octubre de dos mil veinte, fecha en que María Cristina Santana García, madre del quejoso David Alberto Morales Santa Ana, acudió ante las autoridades responsables a gestionar el beneficio que prevé el multicitado programa social". Inconforme con tal determinación la autoridad responsable Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el número 147/2021, y resuelto por ejecutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Cristina Santana García por propio derecho y en representación de su hijo David Alberto Morales Sana Ana, respecto del acto precisado en el considerando segundo y por las razones expuestas y para los efectos precisados en el diverso sexto, apartado III, de la sentencia recurrida". En consecuencia, por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la citada ejecutoria y se requirió el cumplimiento respectivo a las autoridades responsables. Atento a lo anterior, el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, ha remitido los oficios 149/710/2022-000037, 149/710/2022-0000441 y 149/710/2022-0000834, mediante los cuales informó que: El ocho de julio de dos mil veintiuno, se realizó la captura del quejoso David Alberto Morales Santa Ana en el Sistema de Información de Formatos Únicos de Beneficiarios, para el inicio del proceso señalado en el "Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad". El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo entrega al quejoso del primer pago relativo al "Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", correspondiente al sexto bimestre del año dos mil veintiuno. Por oficio 149/710/2022.-0000423, notificó al Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Unidad para la Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar (con sede en la Ciudad de México), la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, para que como unidad responsable del programa "Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad", realice el trámite respectivo para la emisión del pago retroactivo al quejoso de la citada pensión -esto es a partir de octubre de dos mil veinte-. Mediante oficio 149/710/2022.-0000827 comunicó al Director General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, la ejecutoria dictada en este sumario constitucional; asimismo, le solicitó su intervención para el cumplimiento de la misma, respecto al efecto consistente en el pago retroactivo que debe otorgarse al quejoso de la pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad -esto es a partir de octubre de dos mil veinte-. Requerimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, requiérase al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, a fin de que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que: El quejoso se encuentra inscrito en el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. El impetrante se encuentra dado de alta y con registro vigente en el citado programa. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Requerimiento a la parte quejosa. Por otra parte, dada la información proporcionada por la autoridad responsable, a fin del velar por el cabal cumplimiento al fallo protector y dada la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional, requiérase a María Cristina Santana García, en representación del directo quejoso David Alberto Morales Santa Ana, a fin de que manifieste: Si ya fue dada de alta en el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Si le hicieron algún pago respecto a ese programa, de ser así, cuando fue y cuál fue la cantidad que le dieron. Si a partir de diciembre de dos mil veintiuno, han continuado realizándole pagos bimestrales por la pensión que se le otorgó, de ser así, en que fechas y qué cantidades se le han otorgado. Ahora, del estado de autos se advierte que la parte quejosa se encuentra en una situación particular de vulnerabilidad, pues María Cristina Santana García, cuenta con noventa y dos años de edad, y su hijo David Alberto Morales Santa Ana, tiene una discapacidad física e intelectual. En consecuencia, a fin de que estén en aptitud de desahogar el requerimiento formulado en líneas precedentes, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos para que se constituya en el domicilio particular de la parte quejosa, esto es: avenida Tlahuicole número cincuenta y uno, San Miguel Tlacomulco, Tlaxcala, y realice lo siguiente: Le notifique el presente proveído. La requiera para que en el momento de la diligencia, haga las manifestaciones relativas a los requerimientos que se le formularon. Autoridades vinculadas al cumplimiento. Ahora bien, es menester tener presente que las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por todas las autoridades que tengan conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deban intervenir en su ejecución. Apoyo lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". En virtud de lo anterior, y de acuerdo a lo informado por el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, se advierte que la autorización y pago retroactivo que debe efectuarse al quejoso, requiere la intervención y se encuentra entre las funciones de autoridades que no fueron señaladas como responsables en el presente asunto, esto es, del Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Unidad para la Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar (con sede en la Ciudad de México) y del Director General de Validación de Beneficiarios. Requerimiento a autoridades vinculadas. En consecuencia, requiérase al 1) Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Unidad para la Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar y al 2) Director General de Validación de Beneficiarios, para que en el término de tres días informen el cumplimiento al efecto para el cual se concedió el amparo, consistente en ".realizársele el pago de la pensión correspondiente, pero con efectos retroactivos al catorce de octubre de dos mil veinte, fecha en que María Cristina Santana García, madre del quejoso David Alberto Morales Santa Ana, acudió ante las autoridades responsables a gestionar el beneficio que prevé el multicitado programa social". En el entendido, que no basta que dichas autoridades emitan un oficio en el cual giren instrucciones para gestionar el cumplimiento del amparo, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, a fin de dar cabal cumplimiento de la sentencia protectora. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una, una multa por el equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se requiere nombre del encargado de dar cumplimiento al fallo protector. En relación con lo anterior, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días informen el nombre y apellido de quien ostenta el cargo de 1) Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Unidad para la Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar y 2) Director General de Validación de Beneficiarios, y que serán los encargados de dar cumplimiento a lo anterior. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el domicilio y términos señalados en este auto. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano