Abel Maximino Calvario Tlatelpa

Expediente 611/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
611/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Abel Maximino Calvario Tlatelpa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Director del Centro INAH Tlaxcala del Instituto Nacional de Antropología e Historia; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que indica y por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Se tiene señalando teléfonos y correos. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele a la autoridad responsable señalando los correos electrónicos rodolfo_flores@inah.gob.mx, ana_herrera@inah.gob.mx y patricia_baez@inah.gob.mx, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Solicita uso de medios electrónicos. Finalmente, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la copia certificada del auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 603/2020-II del índice de este Juzgado, se advierte que se ordenó la acumulación del presente juicio a aquél. Se ordena glosar expediente Por tanto, como se ordenó en el expediente 603/2020-II, glósese el presente expediente a aquél (por ser el más antiguo), a fin de que en una sola audiencia se resuelvan ambos juicios y evitar así el dictado de sentencias contradictorias. Se deja insubsistente fecha y hora para audiencia Finalmente, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes, así como en el juicio de amparo 603/2020-II del índice de este Juzgado de Distrito, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse hoy a las TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de treinta de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Director del Centro INAH Tlaxcala del Instituto Nacional de Antropología e Historia; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que indica y por lo que respecta al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que en términos del artículo 28, de la Ley de Amparo, a las autoridades responsables se les notifica en el domicilio de su oficina principal. Se tiene señalando teléfonos y correos. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele a la autoridad responsable señalando los correos electrónicos rodolfo_flores@inah.gob.mx, ana_herrera@inah.gob.mx y patricia_baez@inah.gob.mx, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Solicita uso de medios electrónicos. Finalmente, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la copia certificada del auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 603/2020-II del índice de este Juzgado, se advierte que se ordenó la acumulación del presente juicio a aquél. Se ordena glosar expediente Por tanto, como se ordenó en el expediente 603/2020-II, glósese el presente expediente a aquél (por ser el más antiguo), a fin de que en una sola audiencia se resuelvan ambos juicios y evitar así el dictado de sentencias contradictorias. Se deja insubsistente fecha y hora para audiencia Finalmente, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes, así como en el juicio de amparo 603/2020-II del índice de este Juzgado de Distrito, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse hoy a las TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

  3. Incidental

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintisiete de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. AUDIENCIA INCIDENTAL. En Apizaco, Estado de Tlaxcala, siendo las trece horas con tres minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 611/2020-II, promovido por Abel Maximino Calvario Tlatelpa, se procedió a celebrar la misma ante la presencia de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistida de Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. APERTURA DE AUDIENCIA. La Secretaria Encargada del Despacho declaró abierta la audiencia, sin la asistencia personal de las partes, ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. En cumplimiento a su inmediato acuerdo, el Secretario hace relación de las constancias de autos y da nueva cuenta con lo siguiente: Copia de la demanda de amparo y anexos (fojas 1 a 12). Auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, donde se proveyó respecto a la suspensión provisional (fojas 13 a 21). Informes previos rendidos por las autoridades responsables: Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en suplencia por ausencia del Director del referido instituto (fojas 25 a 36); Ayuntamiento por conducto de su Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); Presidente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); y, Director de Obras Públicas del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49). Auto de once de noviembre de dos mil veinte (fojas 75 a 77), en el que se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal convenga respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como tercera interesada "Instituto de Salud para el Bienestar del Estado de Tlaxcala". Todo lo anterior consta en autos. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Téngase por hecha la relación precedente de constancias. Ahora bien, por cuanto hace a la autoridad señalada como tercera interesada "Instituto de Salud para el Bienestar del Estado de Tlaxcala", se hace efectivo el apercibimiento decretado el once de noviembre de dos mil veinte (fojas 75 a 77), en razón de que el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a su inexistencia ya feneció, pues dicho auto se notificó el diecinueve de noviembre (foja 96, vuelta), surtió efectos el veinte siguiente; por tanto, el citado plazo trascurrió del veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por tanto, para efectos de la presente incidencia, se tiene como inexistente dicha autoridad. PRUEBAS. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa al momento de presentar su demanda de amparo (fojas 9 a 12) y a su escrito presentado en este órgano jurisdiccional el doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 82 a 85) y con las ofrecidas por las autoridades responsables en sus informes previos (fojas 27 a 36, 50 a 74 y un tomo de pruebas). La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y con lo anterior se concluye dicho período procesal. ALEGATOS. Enseguida, se abre la de alegatos, en la que el Secretario da cuenta los formulados en la parte quejosa el doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 79 a 81). La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas sus manifestaciones a título de alegatos; con lo anterior, se cierra la presente etapa. CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y la Secretaria Encargada del Despacho procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. R E S O L U C I Ó N VISTO; para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 611/2020-II R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de suspensión. Abel Maximino Calvario Tlatelpa, por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Presidente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala y otras autoridades, que hizo consistir en: La orden, autorización y demolición del Panteón Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ubicado entre las calles Ascención Tepal y Manantiales, del Barrio de la Santísima, donde se encuentra erigida la construcción de la tumba del "de cujus" Eusebio Calvario González (padre del quejoso), con motivo de la construcción del proyecto de obra denominado "Parque Municipal de la Santísima". SEGUNDO. Admisión del incidente. Mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió la incidencia a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, se proveyó sobre la suspensión provisional, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X de la Constitución General de la República; 1, 4, 36, 124 y 131 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener: "La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por tanto, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La orden, autorización y demolición del Panteón Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ubicado entre las calles Ascención Tepal y Manantiales, del Barrio de la Santísima, donde se encuentra erigida la construcción de la tumba del "de cujus" Eusebio Calvario González (padre del quejoso), con motivo de la construcción del proyecto de obra denominado "Parque Municipal de la Santísima". TERCERO. Efectos para los cuales se pide la suspensión. ".la suspensión de la demolición de la sepultura de mi difunto padre y en general del referido panteón municipal y ejecución de la obra pública "PARQUE MUNICIPAL DE LA SANTÍSIMA", que tienen previsto las autoridades ordenadoras y ejecutoras (.).". (sic). Ahora, con el propósito de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe precisarse que el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse sobre dicha medida cautelar en los términos solicitados por la parte quejosa y por los actos que haya controvertido en la instancia constitucional; de modo tal que si la inconforme únicamente solicita la providencia cautelar sobre las consecuencias de los actos reclamados, el órgano jurisdiccional sólo debe pronunciarse respecto de éstas. Cobra aplicación a la consideración vertida, la jurisprudencia 111/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades responsables: Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en suplencia por ausencia del Director del referido instituto (fojas 25 a 36); Ayuntamiento por conducto de su Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); Presidente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); y, Director de Obras Públicas del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49). Al rendir su informe previo niegan la existencia de los actos reclamados atribuidos por la parte quejosa, sin embargo se desvirtúa dicha negativa en atención a las siguientes consideraciones. Por lo que respecta a las diversas autoridades municipales debe indicarse que de las constancias que remitieron como anexo s sus informes previos, se advierte la existencia del contrato de obra PRFMET2025003, de once de julio de dos mil veinte, que aun cuando tenga por nombre "Rehabilitación de Panteón Municipal del Barrio de la Santisima", dentro de su descripción de metas se encuentra la de: "demoliciones y acarreos, cortes, rellenos y formación de terraplenes, ampliación de calle, guarniciones y banquetas, muro perimetral, accesos, acceso calle la ascención tepal, acceso calle manantiales, acceso 1 y 2, calle amistad, estacionamientos, ampliación de atrio, pista de trote, cancha de futbol, cancha de basquetbol, áreas verdes, etcétera." Por tanto, al existir dicho contrato de obra, con una subclasificación de "Parque Públicos y/o Plazas", se presume cierto el acto reclamado para efectos del presente incidente de suspensión. Por otra parte, respecto a los actos atribuidos al Director del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debe indicarse que del informe previo que rindió la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales de dicho centro, manifestó que por oficio 401.9C.3-2020/0956, de diecisiete de septiembre del año en curso, autorizó el proyecto denominado "Adecuación del Panteón Municipal La Santisima", por lo que se presumen ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. QUINTO. Se niega la suspensión definitiva. Al respecto, es menester precisar que de conformidad con la interpretación conjunta de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, para decretar la providencia cautelar es necesario que el agraviado la solicite por escrito, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en los supuestos enunciativamente señalados en la segunda porción normativa antes invocada. Bajo esta línea, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Al respecto, debe decirse que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la parte quejosa supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, que el acreditamiento implica que corresponde al peticionario de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer al menos, indiciaria o presuntivamente, que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución de los actos reclamados, dado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la parte quejosa no acredita hasta este momento procesal su interés suspensional, por lo que en vía de consecuencia lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa para acreditar su interés suspensional anexó a su demanda de amparo las pruebas siguientes: Copia certificada de una credencial de elector a nombre de Abel Maximino Calvario Tlatelpa, expedida por el Instituto Nacional Electoral; Copia certificada del acta de defunción a nombre del finado Eusebio Calvario González; Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de Abel Maximino Calvario Tlatelpa; y, Una fotografía. Asimismo, por escrito presentado en este órgano jurisdiccional el doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 3 a 5), exhibió el oficio 401.9C.3-2020/0956, de diecisiete de septiembre del año en curso, por el cual la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, autorizó el proyecto denominado "Adecuación del Panteón Municipal La Santisima". Así, de un análisis a las pruebas de referencia, únicamente se acredita que el quejoso es hijo del finado Eusebio Calvario González, al encontrarse con la calidad de declarante en el acta de defunción de referencia y corresponder sus datos con los que obran tanto en la credencial de elector exhibida en copia certificada como en el acta de defunción, lo que además se confirma con los datos contenidos en la copia certificada del acta de nacimiento a nombre de Abel Maximino Calvario Tlatelpa. No obstante lo anterior, no se encuentra acreditado que la parte quejosa cuente actualmente con la titularidad de un lote en dicho cementerio municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables de dicho municipio, esto es, que el lote en donde descansan los restos de su finado padre (Eusebio Calvario González), se haya enajenado a su nombre o incluso al del propio de cujus, para su uso y aprovechamiento a perpetuidad (tales derechos no implican una transmisión de la propiedad, sino una autorización del uso por el tiempo máximo que la normativa patrimonial permite al tratarse de un bien de dominio público). Lo anterior se considera, pues si bien el acta de defunción contiene la leyenda de que el destino del cadáver del finado, se encuentra en el panteón municipal, ubicado en el Barrio de la Santísima, San Pablo del Monte, Tlaxcala; también lo es que no existe hasta este momento procesal prueba alguna que acredite lo anterior y/o que demuestre indiciariamente que el quejoso cuente con la titularidad de un lote en dicho cementerio municipal, donde se encuentran los restos de su finado padre (Eusebio Calvario González). Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 154, del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "CEMENTERIOS. DERECHOS EN FAVOR DEL TITULAR. OBJETO DEL SERVICIO PUBLICO. Siendo las actividades relacionadas con los cementerios tradicionalmente consideradas como manifestaciones de un servicio público, el particular que acude ante la administración en solicitud del mismo y obtiene, previo pago de los derechos y cumplimiento de las formalidades establecidas en las normas reglamentarias respectivas, el acto de admisión al servicio, adquiere por ello la calidad de usuario. En favor del usuario, vistas las características de la prestación y sus requerimientos materiales, nacen básicamente dos derechos: un derecho al uso de una porción del terreno afectado como cementerio a fin de realizar en él la inhumación y exhumación de cadáveres, así como la conservación de los restos humanos de sus deudos; y -un derecho a adosar a la tumba una lápida y erigir sobre ella (en el caso de cementerios horizontales), monumentos o esculturas funerarias ajustadas a las especificaciones reglamentarias. El objeto del servicio público de cementerios es la prestación obligatoria de una sepultura, de carácter temporal (antes perpetua), sometida en cuanto a su configuración, al alcance y guarda al régimen de policía administrativa. El derecho de uso del sepulcro, (concebido en otras latitudes como concesión de sepultura o permiso especial de uso sobre el dominio público), se ejerce en su plenitud mientras subsiste afectada al servicio la porción de terreno asignada a cada particular; esto es, un gobernado como usuario del servicio público de cementerios tiene el derecho de mantener los restos humanos de sus deudos y de usar de una fosa en un lugar de determinado panteón, siempre y cuando el mismo siga destinado por la administración a ese propósito. Pero cuando ello ya no ocurre como consecuencia de la clausura del cementerio por razones de higiene, seguridad, oportunidad o conveniencia, de la desafectación del inmueble bien que ésta sea seguida de una nueva destinación o del ingreso del bien al dominio privado del departamento, entonces el particular de ninguna manera puede exigir que se conserve su derecho de uso sobre ese mismo lugar, puesto que su derecho (calificado por la doctrina como de naturaleza real administrativa por cuanto se ejerce directamente sobre una cosa y es oponible a terceros particulares), se habrá transformado en un derecho personal por virtud del cual sólo puede exigir a la administración que le proporcione otra superficie para seguir recibiendo la prestación del servicio. Esta transformación, admitida en sus efectos unánimemente por la doctrina nacional y extranjera, y prueba de ello es el destacadísimo estudio realizado por don Ignacio L. Vallarta en el voto constitucional relativo al amparo pedido por el dueño de una concesión o perpetuidad en un cementerio contra la ley que mandó cerrarlo, es asimismo consagrada en los artículo 39, 40 y 41 del Reglamento de Cementerios vigente.". (Lo subrayado es propio) Atento a lo anterior, si lo que la parte quejosa impugna es la desaparición del Panteón Municipal de San Pablo del Monte Tlaxcala, en razón de que en dicho lugar se encuentran los restos de su finado padre, mismo que según su dicho se encuentra en donde se construirá el proyecto del parque recreativo y obra de construcción denominado "Parque Municipal de la Santísima" y no acredita ser el titular de un derecho respecto a un lote ubicado en el lugar afectado, el mismo no tiene interés suspensional para que se respete su derecho fundamental de audiencia previa, a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer valer lo que estime conveniente en relación a dicho acto reclamado. Es de invocar por analogía, la jurisprudencia número P./J. 96/97, del Tomo VI, visible a Página 23, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." En ese orden de ideas, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa exhibió como prueba de su intención una fotografía de una lápida y/o construcción edificada sobre una tumba de donde se aprecia el nombre de Eusebio Calvario González; sin embargo, la misma no genera certeza jurídica para quien resuelve, dado que carecen de algún tipo de certificación de la que se acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena para efectos de la presente determinación. Finalmente, respecto a la documental consistente en el oficio 401.9C.3-2020/0956, de diecisiete de septiembre del año en curso, por el cual la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, autorizó el proyecto denominado "Adecuación del Panteón Municipal La Santisima", debe indicarse que solo se acredita con la misma la existencia de una autorización, sin embargo la misma no acredita afectación alguna a la esfera jurídica del impetrante en términos de los citado en los párrafos que antecede. Por tanto en atención a las consideraciones precisadas con antelación, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE. ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, por los motivos expresados en el considerando quinto de la presente resolución.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. AUDIENCIA INCIDENTAL. En Apizaco, Estado de Tlaxcala, siendo las trece horas con tres minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia relativa al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 611/2020-II, promovido por Abel Maximino Calvario Tlatelpa, se procedió a celebrar la misma ante la presencia de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistida de Christoper Rodríguez Escobar, Secretario que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. APERTURA DE AUDIENCIA. La Secretaria Encargada del Despacho declaró abierta la audiencia, sin la asistencia personal de las partes, ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. En cumplimiento a su inmediato acuerdo, el Secretario hace relación de las constancias de autos y da nueva cuenta con lo siguiente: Copia de la demanda de amparo y anexos (fojas 1 a 12). Auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, donde se proveyó respecto a la suspensión provisional (fojas 13 a 21). Informes previos rendidos por las autoridades responsables: Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en suplencia por ausencia del Director del referido instituto (fojas 25 a 36); Ayuntamiento por conducto de su Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); Presidente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); y, Director de Obras Públicas del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49). Auto de once de noviembre de dos mil veinte (fojas 75 a 77), en el que se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal convenga respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como tercera interesada "Instituto de Salud para el Bienestar del Estado de Tlaxcala". Todo lo anterior consta en autos. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Téngase por hecha la relación precedente de constancias. Ahora bien, por cuanto hace a la autoridad señalada como tercera interesada "Instituto de Salud para el Bienestar del Estado de Tlaxcala", se hace efectivo el apercibimiento decretado el once de noviembre de dos mil veinte (fojas 75 a 77), en razón de que el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a su inexistencia ya feneció, pues dicho auto se notificó el diecinueve de noviembre (foja 96, vuelta), surtió efectos el veinte siguiente; por tanto, el citado plazo trascurrió del veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por tanto, para efectos de la presente incidencia, se tiene como inexistente dicha autoridad. PRUEBAS. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa al momento de presentar su demanda de amparo (fojas 9 a 12) y a su escrito presentado en este órgano jurisdiccional el doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 82 a 85) y con las ofrecidas por las autoridades responsables en sus informes previos (fojas 27 a 36, 50 a 74 y un tomo de pruebas). La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y con lo anterior se concluye dicho período procesal. ALEGATOS. Enseguida, se abre la de alegatos, en la que el Secretario da cuenta los formulados en la parte quejosa el doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 79 a 81). La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas sus manifestaciones a título de alegatos; con lo anterior, se cierra la presente etapa. CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y la Secretaria Encargada del Despacho procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. R E S O L U C I Ó N VISTO; para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 611/2020-II R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de suspensión. Abel Maximino Calvario Tlatelpa, por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva contra actos del Presidente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala y otras autoridades, que hizo consistir en: La orden, autorización y demolición del Panteón Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ubicado entre las calles Ascención Tepal y Manantiales, del Barrio de la Santísima, donde se encuentra erigida la construcción de la tumba del "de cujus" Eusebio Calvario González (padre del quejoso), con motivo de la construcción del proyecto de obra denominado "Parque Municipal de la Santísima". SEGUNDO. Admisión del incidente. Mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se admitió la incidencia a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, se proveyó sobre la suspensión provisional, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X de la Constitución General de la República; 1, 4, 36, 124 y 131 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se dispone que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva deberá contener: "La fijación clara y precisa del acto reclamado"; por tanto, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La orden, autorización y demolición del Panteón Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ubicado entre las calles Ascención Tepal y Manantiales, del Barrio de la Santísima, donde se encuentra erigida la construcción de la tumba del "de cujus" Eusebio Calvario González (padre del quejoso), con motivo de la construcción del proyecto de obra denominado "Parque Municipal de la Santísima". TERCERO. Efectos para los cuales se pide la suspensión. ".la suspensión de la demolición de la sepultura de mi difunto padre y en general del referido panteón municipal y ejecución de la obra pública "PARQUE MUNICIPAL DE LA SANTÍSIMA", que tienen previsto las autoridades ordenadoras y ejecutoras (.).". (sic). Ahora, con el propósito de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe precisarse que el Juez de Distrito está obligado a pronunciarse sobre dicha medida cautelar en los términos solicitados por la parte quejosa y por los actos que haya controvertido en la instancia constitucional; de modo tal que si la inconforme únicamente solicita la providencia cautelar sobre las consecuencias de los actos reclamados, el órgano jurisdiccional sólo debe pronunciarse respecto de éstas. Cobra aplicación a la consideración vertida, la jurisprudencia 111/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades responsables: Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en suplencia por ausencia del Director del referido instituto (fojas 25 a 36); Ayuntamiento por conducto de su Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); Presidente Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49); y, Director de Obras Públicas del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala (fojas 48 y 49). Al rendir su informe previo niegan la existencia de los actos reclamados atribuidos por la parte quejosa, sin embargo se desvirtúa dicha negativa en atención a las siguientes consideraciones. Por lo que respecta a las diversas autoridades municipales debe indicarse que de las constancias que remitieron como anexo s sus informes previos, se advierte la existencia del contrato de obra PRFMET2025003, de once de julio de dos mil veinte, que aun cuando tenga por nombre "Rehabilitación de Panteón Municipal del Barrio de la Santisima", dentro de su descripción de metas se encuentra la de: "demoliciones y acarreos, cortes, rellenos y formación de terraplenes, ampliación de calle, guarniciones y banquetas, muro perimetral, accesos, acceso calle la ascención tepal, acceso calle manantiales, acceso 1 y 2, calle amistad, estacionamientos, ampliación de atrio, pista de trote, cancha de futbol, cancha de basquetbol, áreas verdes, etcétera." Por tanto, al existir dicho contrato de obra, con una subclasificación de "Parque Públicos y/o Plazas", se presume cierto el acto reclamado para efectos del presente incidente de suspensión. Por otra parte, respecto a los actos atribuidos al Director del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debe indicarse que del informe previo que rindió la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales de dicho centro, manifestó que por oficio 401.9C.3-2020/0956, de diecisiete de septiembre del año en curso, autorizó el proyecto denominado "Adecuación del Panteón Municipal La Santisima", por lo que se presumen ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. QUINTO. Se niega la suspensión definitiva. Al respecto, es menester precisar que de conformidad con la interpretación conjunta de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, para decretar la providencia cautelar es necesario que el agraviado la solicite por escrito, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, en los supuestos enunciativamente señalados en la segunda porción normativa antes invocada. Bajo esta línea, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Al respecto, debe decirse que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la parte quejosa supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, que el acreditamiento implica que corresponde al peticionario de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer al menos, indiciaria o presuntivamente, que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución de los actos reclamados, dado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la parte quejosa no acredita hasta este momento procesal su interés suspensional, por lo que en vía de consecuencia lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa para acreditar su interés suspensional anexó a su demanda de amparo las pruebas siguientes: Copia certificada de una credencial de elector a nombre de Abel Maximino Calvario Tlatelpa, expedida por el Instituto Nacional Electoral; Copia certificada del acta de defunción a nombre del finado Eusebio Calvario González; Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de Abel Maximino Calvario Tlatelpa; y, Una fotografía. Asimismo, por escrito presentado en este órgano jurisdiccional el doce de noviembre de dos mil veinte (fojas 3 a 5), exhibió el oficio 401.9C.3-2020/0956, de diecisiete de septiembre del año en curso, por el cual la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, autorizó el proyecto denominado "Adecuación del Panteón Municipal La Santisima". Así, de un análisis a las pruebas de referencia, únicamente se acredita que el quejoso es hijo del finado Eusebio Calvario González, al encontrarse con la calidad de declarante en el acta de defunción de referencia y corresponder sus datos con los que obran tanto en la credencial de elector exhibida en copia certificada como en el acta de defunción, lo que además se confirma con los datos contenidos en la copia certificada del acta de nacimiento a nombre de Abel Maximino Calvario Tlatelpa. No obstante lo anterior, no se encuentra acreditado que la parte quejosa cuente actualmente con la titularidad de un lote en dicho cementerio municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables de dicho municipio, esto es, que el lote en donde descansan los restos de su finado padre (Eusebio Calvario González), se haya enajenado a su nombre o incluso al del propio de cujus, para su uso y aprovechamiento a perpetuidad (tales derechos no implican una transmisión de la propiedad, sino una autorización del uso por el tiempo máximo que la normativa patrimonial permite al tratarse de un bien de dominio público). Lo anterior se considera, pues si bien el acta de defunción contiene la leyenda de que el destino del cadáver del finado, se encuentra en el panteón municipal, ubicado en el Barrio de la Santísima, San Pablo del Monte, Tlaxcala; también lo es que no existe hasta este momento procesal prueba alguna que acredite lo anterior y/o que demuestre indiciariamente que el quejoso cuente con la titularidad de un lote en dicho cementerio municipal, donde se encuentran los restos de su finado padre (Eusebio Calvario González). Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 154, del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "CEMENTERIOS. DERECHOS EN FAVOR DEL TITULAR. OBJETO DEL SERVICIO PUBLICO. Siendo las actividades relacionadas con los cementerios tradicionalmente consideradas como manifestaciones de un servicio público, el particular que acude ante la administración en solicitud del mismo y obtiene, previo pago de los derechos y cumplimiento de las formalidades establecidas en las normas reglamentarias respectivas, el acto de admisión al servicio, adquiere por ello la calidad de usuario. En favor del usuario, vistas las características de la prestación y sus requerimientos materiales, nacen básicamente dos derechos: un derecho al uso de una porción del terreno afectado como cementerio a fin de realizar en él la inhumación y exhumación de cadáveres, así como la conservación de los restos humanos de sus deudos; y -un derecho a adosar a la tumba una lápida y erigir sobre ella (en el caso de cementerios horizontales), monumentos o esculturas funerarias ajustadas a las especificaciones reglamentarias. El objeto del servicio público de cementerios es la prestación obligatoria de una sepultura, de carácter temporal (antes perpetua), sometida en cuanto a su configuración, al alcance y guarda al régimen de policía administrativa. El derecho de uso del sepulcro, (concebido en otras latitudes como concesión de sepultura o permiso especial de uso sobre el dominio público), se ejerce en su plenitud mientras subsiste afectada al servicio la porción de terreno asignada a cada particular; esto es, un gobernado como usuario del servicio público de cementerios tiene el derecho de mantener los restos humanos de sus deudos y de usar de una fosa en un lugar de determinado panteón, siempre y cuando el mismo siga destinado por la administración a ese propósito. Pero cuando ello ya no ocurre como consecuencia de la clausura del cementerio por razones de higiene, seguridad, oportunidad o conveniencia, de la desafectación del inmueble bien que ésta sea seguida de una nueva destinación o del ingreso del bien al dominio privado del departamento, entonces el particular de ninguna manera puede exigir que se conserve su derecho de uso sobre ese mismo lugar, puesto que su derecho (calificado por la doctrina como de naturaleza real administrativa por cuanto se ejerce directamente sobre una cosa y es oponible a terceros particulares), se habrá transformado en un derecho personal por virtud del cual sólo puede exigir a la administración que le proporcione otra superficie para seguir recibiendo la prestación del servicio. Esta transformación, admitida en sus efectos unánimemente por la doctrina nacional y extranjera, y prueba de ello es el destacadísimo estudio realizado por don Ignacio L. Vallarta en el voto constitucional relativo al amparo pedido por el dueño de una concesión o perpetuidad en un cementerio contra la ley que mandó cerrarlo, es asimismo consagrada en los artículo 39, 40 y 41 del Reglamento de Cementerios vigente.". (Lo subrayado es propio) Atento a lo anterior, si lo que la parte quejosa impugna es la desaparición del Panteón Municipal de San Pablo del Monte Tlaxcala, en razón de que en dicho lugar se encuentran los restos de su finado padre, mismo que según su dicho se encuentra en donde se construirá el proyecto del parque recreativo y obra de construcción denominado "Parque Municipal de la Santísima" y no acredita ser el titular de un derecho respecto a un lote ubicado en el lugar afectado, el mismo no tiene interés suspensional para que se respete su derecho fundamental de audiencia previa, a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer valer lo que estime conveniente en relación a dicho acto reclamado. Es de invocar por analogía, la jurisprudencia número P./J. 96/97, del Tomo VI, visible a Página 23, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." En ese orden de ideas, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa exhibió como prueba de su intención una fotografía de una lápida y/o construcción edificada sobre una tumba de donde se aprecia el nombre de Eusebio Calvario González; sin embargo, la misma no genera certeza jurídica para quien resuelve, dado que carecen de algún tipo de certificación de la que se acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena para efectos de la presente determinación. Finalmente, respecto a la documental consistente en el oficio 401.9C.3-2020/0956, de diecisiete de septiembre del año en curso, por el cual la Jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Tlaxcala, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, autorizó el proyecto denominado "Adecuación del Panteón Municipal La Santisima", debe indicarse que solo se acredita con la misma la existencia de una autorización, sin embargo la misma no acredita afectación alguna a la esfera jurídica del impetrante en términos de los citado en los párrafos que antecede. Por tanto en atención a las consideraciones precisadas con antelación, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE. ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, por los motivos expresados en el considerando quinto de la presente resolución.

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