Abel Lachino Celaya
Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abel Lachino Celaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos ..., de la Constitución Federal, ... del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral ..., se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo ... de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el ..., del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo ... del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1066/2022-I, promovido por Alejandra Suárez Vaca, en representación de los menores A. P. P. S. y, A. L. P. S., por conducto de su apoderado, contra el acto reclamado a la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, Alejandra Suárez Vaca, en representación de los menores A. P. P. S. y, A. L. P. S., por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto mencionados a continuación: Autoridad responsable: Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Acto reclamado: "[.] IV. LA NORMA GENERAL, ACTOS U OMISIONES QUE SE RECLAMAN DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: Lo es: El auto de fecha auto de fecha (sic) 13 trece de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, que a la letra dice: [.]." SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, analizada la demanda de mérito, se desechó por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, de la Ley de Amparo, en síntesis, porque se estimó que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos, ni produce efectos de imposible reparación (fojas 21 a 26). Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual, por cuestión de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, la cual se radicó como queja 181/2022, de su índice, y cuyo Pleno, mediante sesión de cinco de enero de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de queja (fojas 57 a 63). Corolario de lo anterior, por auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia Constitucional; luego, por diverso proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada tutora especial designada en favor de los menores involucrados; después, por auto de dieciséis de febrero ulterior, se ordenó el emplazamiento del diverso tercero interesado José Carlos Prado Aviña, padre de los infantes; finalmente, seguidos los trámites conducentes, la audiencia Constitucional se verificó el veinte de junio de dos mil veintitrés, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el acto reclamado se atribuye a autoridad circunscrita a la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis Constitucional, el cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama el acto siguiente: De la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: - El proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, emitido en los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 687/2022, de su estadística, promovido por Alejandra Suárez Vaca, en representación de los menores A. P. P. S. y, A. L. P. S., por conducto de su apoderado, a efecto de obtener autorización judicial para solicitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pasaporte de los citados infantes, a través del cual, en esencia, previa solicitud de parte interesada, determinó que no ha lugar a señalar fecha para la audiencia prevista por los numerales 1127 y 1130 del Código Familiar del estado de Michoacán, virtud a que previo a lo solicitado, era menester emplazar a José Carlos Prado Aviña, padre de los menores, virtud al derecho de oposición que le compete de conformidad con los preceptos 1119, 1120 y 1127 de la legislación invocada, sin que obstara los diversos medios de prueba que obraban en autos, porque son insuficientes para establecer el desconocimiento del domicilio actual de dicho progenitor de los menores. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por así afirmarlo al rendir su informe justificado. Lo anterior, además, se corrobora con las constancias que remitió como complemento a su informe de ley, consistente en copia certificada de los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar 687/2022, de su estadística; documentales a las cuales se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, el término para la promoción del juicio de amparo inició el veinte de septiembre y feneció el trece de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo materia del presente asunto el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, es inconcuso que se promovió oportunamente. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Destacado lo anterior, se advierte que el acto reclamado no es de imposible reparación, razón por la cual, se actualiza en forma indudable la causa de improcedencia prevista por el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del contenido de los artículos transcritos se colige, en lo relevante para la decisión apuntada, que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, si bien, las porciones normativas destacadas realizan el distingo entre los actos emitidos dentro y fuera de juicio, así como la procedencia del juicio de amparo en ambos supuestos, en específico, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a los actos realizados dentro de juicio, esta hipótesis es aplicable por analogía a la diversa fracción IV del propio numeral, relativa a los emitidos fuera de juicio, razón por la cual, el amparo indirecto procede en ambos supuestos, cuando el acto sea de imposible reparación. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 744, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Criterio aplicable, pues, aun cuando se emitió con motivo de la interpretación del artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, el contenido de esas porciones normativas es, en lo atinente a la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de imposible reparación, similar al del 107, fracciones IV y V de la legislación vigente, atento a lo establecido en su artículo Sexto Transitorio. En ese orden de ideas, es menester destacar que, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a efecto de comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación. Indicó el Alto Tribunal, al analizar ese dispositivo que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", es posible afirmar que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además -indicó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia-, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; interpretación deducida de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. Esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En consecuencia, adujo el Máximo Tribunal, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", dejó de ser aplicable la jurisprudencia que consideraba con tal irreparabilidad a los actos procesales que se concebían como causantes de afectación en grado predominante o superior a las partes de un proceso, ni es posible considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya aquellos criterios jurisprudenciales se generaron con base en una legislación (Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece) que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios constitucionales iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de esos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor. Consideraciones respecto de las cuales emanó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 39, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, intitulada: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En conclusión, a partir de lo decido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del cambio legislativo que generó el actual texto de la ley de la materia, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, para efectos de la procedencia del juicio constitucional, en la identificación de un acto de imposible reparación, debe prescindirse del concepto de aquellos actos procesales que afectan en grado predominante o superior a las partes dentro de un proceso, pues este último concepto no implica la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. De tal forma, dichas porciones normativas, interpretadas en sentido contrario, implican que cuando el acto reclamado no afecta derechos sustantivas de forma directa e inmediata, el juicio de amparo es improcedente. En el caso concreto, de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, a las cuales previamente se otorgó pleno valor convictivo, se coligen los antecedentes siguientes: 1. Promoción de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, Alejandra Suárez Vaca, en representación de los menores A. P. P. S. y, A. L. P. S., por conducto de su apoderado, en vía de jurisdicción voluntaria, solicitó autorización judicial para tramitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasaporte de los citados infantes, a efecto de poder viajar al extranjero conjuntamente y, con posterioridad, solicitar la "visa" de los Estados Unidos de América; lo anterior, con base en la premisa fundamental de que desconoce el domicilio actual o paradero del progenitor de los infantes José Carlos Prado Aviña (fojas 79 a 89). 2. Admisión de las diligencias. Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, cuya titular, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la radicó con el número 687/2022, la admitió a trámite en la vía y términos propuestos; dio intervención al Agente del Ministerio Público de su adscripción, y atento a que se encontraban involucrados derechos de menores, designó tutora especial en su favor; además, tuvo a la parte promovente por ofrecidos diversos medios de convicción -documentales públicas, a saber, poder general para pleitos y cobranzas, copias certificadas de las actas de nacimiento de los niños, y de matrimonio de Alejandra Suárez Vaca y Alfredo Raya Montaño, y constancias escolares a nombre de los infantes y su progenitora, presuncional legal y humana e, instrumental pública de actuaciones- y, a efecto de demostrar el desconocimiento del paradero del padre de los niños, admitió y preparó el desahogo de la testimonial a cargo de Izamar Gutiérrez Altamirano y Juan Ángel Casimiro Olivares, la cual se verificó a las nueve horas con cinco minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 94 a 96 y 101 a 103, respectivamente). 3. Solicitud de fijación de fecha y hora para audiencia. Por escrito presentado ante la Jueza de origen el doce de septiembre de dos mil veintidós, la parte promovente solicitó señalar fecha para la audiencia prevista por los numerales 1127 y 1130 del Código Familiar del estado de Michoacán, toda vez que, desde su perspectiva, se desahogó la testimonial reseñada párrafo precedente, con la cual se demostró el desconocimiento del paradero del padre de los menores involucrados y, por tanto, al ser innecesario llamar a persona alguna, en atención al interés superior de los menores involucrados, es menester proseguir con el procedimiento (fojas 106 a 108). 4. Negativa. Atento a lo anterior, por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, la jueza de origen determinó, en esencia, que no ha lugar a señalar fecha para la audiencia prevista por los numerales 1127 y 1130 del Código Familiar del estado de Michoacán, virtud a que previo a lo solicitado, era menester emplazar a José Carlos Prado Aviña, padre de los menores, virtud al derecho de oposición que le compete de conformidad con los preceptos 1119, 1120 y 1127 de la legislación invocada, sin que obstara el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Izamar Gutiérrez Altamirano y Juan Ángel Casimiro Olivares, pues de sus deposiciones se advierte que ambos son coincidentes en señalar que el progenitor de los menores tenía su domicilio en la ciudad de Zamora, Michoacán, e inclusive, el segundo de ellos indicó que era en la calle Niños Héroes; sin embargo, el hecho de que se limitaran a indicar que desconocen su domicilio actual, no implica que dicha persona ya no habite en el domicilio indicado; razones por las cuales, las pruebas de mérito son insuficientes para establecer el desconocimiento del domicilio de la multicitada persona, quien tiene derecho de oposición, por lo cual, requirió a la promovente con la finalidad de que ofreciera diversos medios de prueba a efecto de justificar dicha circunstancia (fojas 109 y 110). Auto que constituye la materia de la presente litis constitucional. Corolario de lo anterior, es evidente que el acto reclamado no es de imposible reparación; en principio, atento a la naturaleza del procedimiento de origen, verbigracia, jurisdicción voluntaria, porque no constituye la resolución que le pusiera fin; no obstante, constituye un acto intermedio, pero no produce afectación de derechos sustantivos de forma directa e inmediata, es decir, sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo protegido por el derecho convencional o Constitucional en favor de los menores, pues con la misma no se les negó la procedencia de la solicitud de la madre para tramitar sus respectivos pasaportes ante la autoridad competente, a efecto de poder viajar conjuntamente al extranjero. Por el contrario, constituye una lesión de carácter procesal, toda vez que se trata de un auto a través del cual se le indicó que previo a proseguir el procedimiento, era menester dar intervención al progenitor de los niños José Carlos Prado Aviña, por tener derecho de oposición en términos de lo dispuesto por los preceptos 1119, 1120 y 1127 del Código Familiar del estado de Michoacán, lo cual se estima ajustado a derecho, porque conjuntamente con su madre, ejercen la patria potestad de los menores, de conformidad con los diversos numerales 395, 396, 397, 398 y 405 de la legislación invocada. Además, se comparte la determinación de la jueza natural, en el sentido de que los medios de prueba admitidos y desahogados en el procedimiento de origen son ineptos para justificar el desconocimiento del domicilio actual del padre; máxime que, como se colige del resultando segundo de la presente ejecutoria, se le logró emplazar a este controvertido Constitucional con el carácter de tercero interesado, en el último domicilio conocido. Por tanto, el efecto del acto reclamado únicamente tiene efectos procesales o adjetivos, pues únicamente estableció que, por el momento era inviable proseguir con el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues previo a ello, era menester integrar al padre de los menores al procedimiento, a efecto de garantizar su derecho de oposición; es decir, no se declaró la improcedencia de la solicitud de autorización judicial a la madre, para gestionar el trámite de los pasaportes de los niños; y, una vez llamado al procedimiento, el padre puede o no oponerse a dicha solicitud, con lo cual, desaparecería la lesión adjetiva producida. Sin que obste a lo anteriormente razonado, la determinación emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver la queja 181/2022, de su índice, mediante sesión de cinco de enero de dos mil veintitrés, en la cual la declaró fundada; sin embargo, la razón fundamental de dicha consideración se justificó en la circunstancia de que en ese momento procesal -radicación de la demanda- no podía establecerse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia, pues, al estar de por medio los intereses de los menores de edad, no se tenía la certeza de por qué razón la progenitora estaba solicitando la autorización judicial a fin de obtener el pasaporte de sus descendientes y, no se tenía evidencia de qué otras pruebas se desahogaron en el procedimiento natural, lo cual implicaba la necesidad de contar con las constancias de donde emana el acto reclamado. Lo anterior es así, pues, analizadas las constancias de mérito, de conformidad con los antecedentes expuestos previamente y, las razones de hecho y de derecho expuestas, se arriba a la conclusión reseñada, en el sentido de que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de forma directa e inmediata, sino únicamente una lesión de carácter procesal. Razón por la cual, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada por analogía a la que le precede; y, en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la última legislación invocada. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa aduce la afectación de los derechos de los menores involucrados, y a su favor procede la suplencia de la queja deficiente, con relación a su interés superior. Sin embargo, como se advierte de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ese respecto, a partir de la interpretación de las leyes supremas del país (Constitución Federal y tratados internacionales) esa tutela sólo opera cuando se reúnen los requisitos procesales o de procedencia de la acción ejercida, o existe expectativa en la obtención del derecho reclamado. Lo anterior, porque el principio rector del interés superior de los menores de edad, así como el beneficio de la suplencia de la queja a su favor, no implican facultad de transgredir normas procesales, hacer conducente el ejercicio de un derecho existente, o una acción cuando inexisten los presupuestos de procedencia exigidos por las leyes; en otras palabras, no tienen el alcance de hacer viable lo que conforme a la propia ley es improcedente, pues, de lo contrario, se incurriría en transgresiones normativas contrarias a las razones legales que sustentan esos beneficios en favor de los infantes. Por último, en atención al sentido de la presente sentencia, a saber, por sobreseerse en el juicio de amparo, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si el acto reclamado es inconstitucional, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandra Suárez Vaca, en representación de los menores A. P. P. S. y, A. L. P. S., por conducto de su apoderado, en contra del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el último punto considerativo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ..., en su carácter de autorizados de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, dígaseles que no ha lugar a tenerlos por ofreciendo pruebas de su parte, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veintiuno de los actuales, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 1135/2023, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que acompaña a su oficio de cuenta, consistente en copias certificadas de algunas de las constancias que obran en el expediente laboral 5B-609/2022 de su índice, prueba que dada su especial naturaleza, se tiene por admitida y desahogada sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Ahora, de las constancias remitidas por la citada presidenta a su oficio de cuenta, se advierte que en auto de uno de junio de dos mil veintitrés, dictó la rresolución Interlocutoria dentro del juicio ordinario 5B-609/022; de ahí que se estima que en el presente asunto se actualiza una causa de sobreseimiento en el juicio. A fin de demostrar lo anterior, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, junto con el informe justificado y constancias adjuntas al mismo, se obtiene con precisión que la parte quejosa reclamó como actos de omisión los siguientes: De la Junta responsable: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclama de la autoridad señalada como responsable, la dilación procesal en la que incurre en el expediente laboral número 5B-609/2022 que se tramita ante ella, la cual consiste en que a la presente fecha no ha sido emitida la resolución interlocutoria que resuelva sobre el Incidente de incompetencia por declinatoria formulado por la demandada, no obstante que desde el día 31 de agosto de 2022, fecha de la audiencia incidental, se dejaron los autos en estado de emitir la resolución correspondiente." Actos que derivan del juicio especial laboral 5B-609/2022, de la estadística de la junta responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Luego, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, copia certificada del juicio especial laboral 5B-609/2022, de la que se aprecia que el uno de junio del año en curso, dictó la resolución Interlocutoria dentro del juicio ordinario laboral de origen. Documentales que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De esta manera, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, se desprende que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, tuvo por recibida y radicada la demanda presentada por los apoderados jurídicos de Abel Lachino Celeya; asimismo, mediante interlocutoria de uno de junio de dos mil veintitrés, se resolvió el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre falta de competencia de la junta responsable, en la que se declaró procedente el citado incidente dentro del juicio laboral 5B-609/022. En tal virtud, si la demanda de amparo que originó el presente juicio se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el dos de junio de dos mil veintitrés, este hecho pone de manifiesto que, en esa data, no existían las omisiones reclamadas por la parte quejosa, pues la Junta responsable demostró que ya había radicado la demanda, dictó la resolución Interlocutoria dentro del juicio ordinario 5B-609/022, mediante la cual resolvió el Incidente de incompetencia por declinatoria formulado por la demandada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." En consecuencia, es evidente que respecto de los actos que por esta vía se reclaman, se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existen los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
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