Abel Elpidio Gálvez Argüelles

Expediente 578/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
578/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Abel Elpidio Gálvez Argüelles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del cuatro al diez de junio del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; asimismo, dígasele a la parte promovente que de no comparecer dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió en su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ... Vista la demanda de amparo promovida por ABEL ELPIDIO GÁLVEZ ARGÜELLES, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la cual se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, dispone textualmente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Igualmente, el artículo 107, fracción IV, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro y fuera de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y bajo protesta de decir verdad, la omisión por parte de la responsable de aplicar las medidas legales necesarias para la ejecución del laudo dentro del juicio laboral 2017/2010, en específico, la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción que fue presentada ante su potestad el catorce de mayo de dos mil diecinueve, en la cual el quejoso insistió en que se despache la ejecución del laudo, es decir, que la autoridad responsable señale fecha para que al quejoso le sean restituidos sus derechos sindicales, tal como fue ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral en comento. En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados durante el proceso, o después de concluido: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, si se atiende a que la dilación procesal consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción que fue presentada ante su potestad el catorce de mayo de dos mil diecinueve, sólo constituye una mera transgresión a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque no se afectan los derechos sustantivos del agraviado. Esto es así, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, y tampoco impide, suspende, obstaculiza o detiene la ejecución del laudo, por lo que no se actualiza el caso de excepción prevista para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime, que este juzgador no advierte que exista una abierta dilación del procedimiento laboral de que se trata o paralización total del mismo, pues si bien es verdad el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, establece de manera expresa que las autoridades laborales se pronunciaran dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que hayan recibido las promociones por escrito, no menos lo es también que, como el propio quejoso lo señaló en su demanda de amparo, el catorce de mayo de dos mil diecinueve presentó su promoción, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veintitrés de mayo del presente año, es decir, cuando aún no transcurrían cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente en que la autoridad debió pronunciarse, respecto de la promoción de referencia, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, pues la demanda de amparo se presentó el veintitrés de mayo del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". También se cita la diversa jurisprudencia emitida por la mencionada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con el número 2a./J. 33/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 294/2018, visible en la Red Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador, la existencia de la jurisprudencia PC.XI. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoprimer Circuito, derivada de la contradicción de tesis 1/2018, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DERIVADA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.) DEBE REALIZARSE HASTA LA SENTENCIA", la cual de conformidad con el artículo 217, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es obligatoria, sin embargo, tal criterio, a juicio del suscrito, no es aplicable al caso concreto, dado que si bien es verdad en el mismo se establece que el análisis de las violaciones omisivas cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional, como acontece en la especie, habrá de realizarse hasta la emisión de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo respectivo, a efecto de dar oportunidad a las partes de ofrecer pruebas relacionadas con dicha violación por dilación o paralización del proceso; no menos lo es que en la especie, existe la confesión del propio quejoso en el sentido de que no se ha acordado el escrito que presentó el catorce de mayo de dos mil diecinueve, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, de ahí que, este juzgador sí cuenta con elementos para determinar que no ha transcurrido el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número 2a./J. 33/2019 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 294/2018, para que resulte procedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Iretiticateme, número 187, interior 4, colonia Félix Ireta, en esta ciudad y se tiene señalando como autorizados a Juan Carlos Madrigal Martínez, Gerardo Piñón Ortiz, María Elena Licea Méndez, Juan Manuel Madrigal Rodríguez, Alma Sonia Vicente Melgarejo, Blanca Paloma Rivas Hernández y Ulises Madrigal Mariscal, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser la materia del presente asunto de naturaleza laboral y ser la quejosa la parte trabajadora en el juicio de origen. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional...

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado y autorizado, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ... Agréguese los oficios número 3205/2019 y 3224/2019, signados por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante los cuales devuelve el juicio de amparo número 485/2018-V, promovido por JUAN CARLOS OCHOA SANDOVAL, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede Zamora, Michoacán, asimismo, informa que mediante proveídos de veintidós de mayo del año en curso, emitidos dentro de los amparo en revisión 108/2019 y 109/2019, declaró firmes los diversos acuerdos de ocho de mayo del mismo año, a través de los cuales se determinó modificar la sentencia recurrida en revisión, para ahora sobreseer en el juicio de amparo indirecto 485/2018-V, respecto de los actos que reclamó al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Zamora, Michoacán; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha circunstancia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense el cuaderno de antecedentes y tomando en consideración que el mismo está integrado por copias de las principales constancias del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó; asimismo, respecto del duplicado del proceso penal 3/2019, que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Zamora, Michoacán, como complemento a su informe de ley, devuélvanse a su lugar de origen por ser innecesario que sigan obrando en autos. En su oportunidad glósese el original del incidente de suspensión respectivo y ordénese el archivo del presente juicio de amparo. ...

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