Abel Enrique Najera Vazquez
Expediente 1115/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abel Enrique Najera Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informa que recibió el oficio 21615/2021, por medio del cual se le comunicó el auto de dieciocho de los corrientes, dictado en el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los fines legales correspondientes. Ahora bien, tomando en consideración que de la boleta de notificación del oficio 21615/2021 no se advierte que se haya acompañado el toca de apelación 437/2020, a pesar de haberse ordenado su devolución, en obvio de mayores dilaciones y como lo solicita la autoridad oficiante, devuélvasele dicho expediente para los efectos legales conducentes, sin necesidad de que se acuse el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que no existe razón alguna para que continúen en la Secretaría de este Juzgado, el expediente del toca de apelación 473/2020 remitido por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el tomo que remitió en copias certificadas el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, derivadas del juicio extraordinario hipotecario 329/2019 de su índice, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales conducentes, sin necesidad de que dichas autoridades acusen el recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1115/2021-VI, promovido por Abel Enrique Nájera Vázquez, contra actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Isela Zárate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. La Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en autos y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Precisado lo anterior, se ordena continuar con el desarrollo de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes y que obran en el sumario. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ejerció tal derecho, a lo que la Jueza acuerda: se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Hecho lo anterior, se declara cerrada la presente etapa. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la siguiente sentencia: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1115/2021-VI, promovido por Abel Enrique Nájera Vázquez, contra actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo del año en curso, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Poder Judicial del Estado, Abel Enrique Nájera Vázquez, demandó en la vía directa el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de otra autoridad. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Incompetencia del Tribunal Colegiado. Mediante auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, el magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, órgano colegiado al que por razón de turno tocó conocer del asunto, tuvo por recibida la demanda de amparo y al considerar que el acto reclamado constituye un auto judicial intraprocesal, su conocimiento corresponde a un Juez de Distrito, por lo que una vez que causó estado dicha determinación, ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en turno en el Estado de Yucatán. TERCERO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, el asunto que nos ocupa fue remitido a este Juzgado Tercero de Distrito, por lo que en auto de veintiuno de junio siguiente, la suscrita se avocó a su conocimiento, por lo que admitió a trámite la demanda de amparo, ordenando su registro con el número 1115/2021-VI; se solicitó su informe justificado al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ya que el relativo a la sala colegiada responsable ya obraba en autos; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; se ordenó notificar dicho auto al tercero interesado Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, al ya haber sido emplazado al juicio y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, inciso b), constitucionales; 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un acto emitido por un tribunal judicial con residencia en el territorio donde esta Juzgadora Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene que la parte quejosa reclama el siguiente acto: La resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 473/2020, relativa a la excepción de incompetencia planteada por el ahora quejoso en el juicio extraordinario hipotecario 329/2019, del índice de Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, por conducto de su Presidente, así como la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial, ambos del Estado, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen, y como justificación, remitieron las constancias relativas del toca 473/2020 y del juicio extraordinario hipotecario 329/2019, respectivamente, de donde derivan los actos reclamados. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones y no haber sido objetadas por alguna de las partes. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de carácter legal, jurisprudencial o constitucional que deba ser examinada de oficio o que hagan valer las partes, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a entrar al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." CUARTO. Estudio de fondo. En su único concepto de violación la parte quejosa alega que la resolución reclamada transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que la sala responsable tenía la obligación de fundar y motivar la causa legal de su determinación, limitándose a realizar una serie de consideraciones que la llevaron a concluir que el asunto de que se trata es de naturaleza civil, sin citar los artículos en los que se basó para arribar a dicha conclusión. A lo anterior, agrega que en términos de lo previsto en el artículo 1050 del Código de Comercio, cuando una de las partes que intervenga en el procedimiento tenga la naturaleza comercial y la otra civil, la controversia debe regirse conforme las leyes mercantiles, por tanto, si en el caso la persona moral Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE tiene naturaleza mercantil y el quejoso civil, se surte dicha hipótesis. Para dar respuesta a tales argumentos, precisa destacar que en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mérida, en el toca 473/2020, declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por Abel Enrique Nájera Vázquez, ante la juez tercero civil del primer departamento judicial del estado, en el expediente número 329/2016, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Las consideraciones en las que se sustentó tal determinación, son en esencia, las siguientes: Que de la revisión de las constancias judiciales, no se advierte convenio alguno en los términos señalados por la excepcionista, por el contrario, que del análisis al contrato base de la acción se observa que las partes se sometieron a las leyes y tribunales del fuero común que corresponda a la ubicación del inmueble objeto del juicio, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio. No obstante lo anterior, dado que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, se avocó a su estudio, aludiendo a lo previsto en los artículos 68, 69 y 73, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Con base en lo anterior, estableció que el documento base de la acción del juicio extraordinario hipotecario promovido por Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra del excepcionista, consta en la escritura pública número cuatrocientos uno de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público número veinticinco Licenciado Bernardo M. Rivadeneyra Pérez, que contiene: a) contrato de compraventa, respecto del tablaje número cuarenta y dos mil seiscientos dieciocho, de esta ciudad, otorgado por Grupo Impulso Inmobiliario Mayab, sociedad anónima de capital variable, como vendedora, y Abel Enrique Nájera Vázquez como comprador; y b) contrato de apertura de crédito simple con garantía en primer lugar y grado, respecto del predio antes mencionado, celebrado por Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como el banco, y Abel Enrique Nájera Vázquez, como el acreditado y/o garante hipotecario, respecto de la manzana trescientos setenta y ocho, de la sección catastral treinta y tres, marcado como tablaje catastral número cuarenta y dos mil seiscientos dieciocho, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, conviniendo en el capítulo de estipulaciones comunes, lo siguiente: "VIGÉSIMO OCTAVA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de los derechos y obligaciones que derivan de los actos que se consignan en este instrumento, así como para la decisión sobre cualquier razón, a las leyes y a los tribunales competentes de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, o los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, a elección de la parte actora." Con base en lo anterior, la sala responsable estableció que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 73 del código adjetivo de la materia, pues en documento base de la acción, las partes acordaron expresamente qué autoridad conocería del negocio en caso de litigio, sometiéndose a las leyes y tribunales del fuero común que corresponda al de la ubicación del inmueble objeto de la litis, en el caso, en esta ciudad de Mérida. Asimismo, precisó que con base en lo dispuesto en los artículos 3°, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los juzgados de primera instancia, entre otros, están facultados para aplicar las leyes en asuntos del orden civil, cuando expresamente las legislaciones de esa materia les confieran jurisdicción y que serán los jueces de lo civil, los que conocerán de los asuntos contenciosos, de jurisdicción mixta, civiles y mercantiles que ocurran al departamento judicial, siendo que en la especie, la litis de origen se encuentra prevista y sancionada por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en la parte relativa al capítulo III, título tercero, del libro segundo, denominado "De los juicios extraordinarios" y en el código civil del estado, por el capítulo XV, sección primera, del libro tercero, nombrado "De la Hipoteca", sosteniéndose así la competencia se encuentra a favor de la juez de los autos. A juicio de esta juzgadora los argumentos propuestos en vía de conceptos de violación devienen infundados e inoperantes, sin que se advierta algún motivo por el cual deban ser suplidos, al no encontrarse en las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución General de la República, en su primera parte dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causal legal del procedimiento...". Acorde con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo constitucional trascrito, todo acto de autoridad para que constitucionalmente sea válido debe: 1. Provenir de autoridad competente; 2. Constar por escrito; y 3. Estar debidamente fundado y motivado. El requisito de fundamentación implica, que la autoridad en el propio cuerpo del acto reclamado debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, que debe señalar con precisión las causas especiales, razones particulares o causas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. De lo anterior se deduce que es deber de la autoridad citar el o los preceptos legales en los que se sustente la determinación adoptada; y que en ella debe plasmar las razones de hecho que la lleven a emitir el acto de molestia en contra del particular. Exigencias que tienen como propósito que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen y la ley que condujo a la autoridad a emitir en su contra el acto de molestia; y que se le permita estar en aptitud de atacarlos si considera que dichos fundamentos fueron incorrectos o que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. En el caso, contra lo que alega la pare quejosa, la sala responsable cumplió cabalmente con lo preceptuado en el ordinal constitucional, ya que expuso los fundamentos y motivos por los cuales consideró que resultaba improcedente la excepción de incompetencia planteada en el juicio extraordinario hipotecario 329/2019, y que la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, debía continuar con el trámite de dicho asunto hasta decidirlo; de ahí lo infundado de su argumento. Por lo demás, el resto de sus argumentos devienen inoperantes, dado que el quejoso omite controvertir el punto toral de la decisión de la responsable, consistente en que en el contrato base de la acción, las partes se sometieron a las leyes y tribunales del fuero común que corresponda a la ubicación del inmueble objeto de dicho contrato, con renuncia expresa a cualquier otro que pudiera corresponderles por razón de domicilio, además, que la litis de origen se encuentra prevista y sancionada en el capítulo III, título tercero, del libro segundo, denominado "De los juicios extraordinarios" del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, así como en el capítulo XV, sección primera, del libro tercero, nombrado "De la Hipoteca", del Código Civil del Estado, sosteniéndose así la competencia del juez del conocimiento; determinación que, al no haber sido controvertida por la parte quejosa, debe continuar rigiendo el sentido de la resolución reclamada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En ese orden de ideas, al resultar infundados, en una parte, e inoperantes, en otra, los argumentos propuestos por la parte quejosa en vía de concepto de violación y ante la imposibilidad de suplir la deficiencia de la queja en favor de ésta, por regir el principio de estricto derecho en materia mercantil, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Abel Enrique Nájera Vázquez, contra la resolución emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el toca 473/2020, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Isela Zárate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguense a estos autos el informe justificado y anexo, remitidos por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichos documentos a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa.
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