Abel Alfonso Silva Martinez
Expediente 557/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abel Alfonso Silva Martinez
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de catorce de mayo del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Abril Alfonso Silva Martínez y Agripina Álvarez Figueroa de Silva, por conducto de quien se ostenta su representante legal, María Luisa Silva Álvarez, contra el acto que reclaman del Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que la parte quejosa reclama del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la determinación de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 879/2011, en la que determinó cancelar el secuestro trabado en dicho sumario, no así la hipoteca respectiva. Al respecto, este órgano de control constitucional se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, se reitera, los justiciables reclaman el auto de de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 879/2011, en la que determinó cancelar el secuestro trabado en dicho sumario, no así la hipoteca respectiva. Establecido lo anterior, tenemos que el artículo 365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone: "Artículo 365. Los autos que no fueren apelables, y los decretos, pueden ser revocados por el tribunal que los dictó o por el que le sustituya en el conocimiento del negocio." De lo anterior se concluye que, en la especie, la parte amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende la procedencia del recurso de revocación contra la determinación impugnada por esta vía; además de que dicho auto no se encuentra previsto en los casos de excepción a los que se ha hecho referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 1451, del Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS QUE OBSTACULICEN LA EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se considera que en términos del artículo 549 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, no admiten recurso alguno los proveídos dictados con el objeto de lograr la ejecución de una resolución, ello trae consigo que contra los acuerdos que constituyan un obstáculo para la ejecución de la resolución relativa proceda el recurso de revocación previsto en el diverso numeral 471, al no encontrarse en los supuestos a que se refiere el primer precepto indicado, es decir, al no tener como objetivo la ejecución de la sentencia." Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en la demanda de amparo; y como autorizados para tal efecto a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
- Principal
MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Abril Alfonso Silva Martínez y Agripina Álvarez Figueroa de Silva, por conducto de quien se ostenta su representante legal, María Luisa Silva Álvarez, contra el acto que reclaman del Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que la parte quejosa reclama del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la determinación de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 879/2011, en la que determinó cancelar el secuestro trabado en dicho sumario, no así la hipoteca respectiva. Al respecto, este órgano de control constitucional se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso concreto, se reitera, los justiciables reclaman el auto de de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 879/2011, en la que determinó cancelar el secuestro trabado en dicho sumario, no así la hipoteca respectiva. Establecido lo anterior, tenemos que el artículo 365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone: "Artículo 365. Los autos que no fueren apelables, y los decretos, pueden ser revocados por el tribunal que los dictó o por el que le sustituya en el conocimiento del negocio." De lo anterior se concluye que, en la especie, la parte amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende la procedencia del recurso de revocación contra la determinación impugnada por esta vía; además de que dicho auto no se encuentra previsto en los casos de excepción a los que se ha hecho referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 1451, del Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS QUE OBSTACULICEN LA EJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si se considera que en términos del artículo 549 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, no admiten recurso alguno los proveídos dictados con el objeto de lograr la ejecución de una resolución, ello trae consigo que contra los acuerdos que constituyan un obstáculo para la ejecución de la resolución relativa proceda el recurso de revocación previsto en el diverso numeral 471, al no encontrarse en los supuestos a que se refiere el primer precepto indicado, es decir, al no tener como objetivo la ejecución de la sentencia." Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en la demanda de amparo; y como autorizados para tal efecto a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Aaron Ivan Villalobos Zapata349/2021
- Aaron Ivan Villalobos Zapata160/2021
- Aaron Ivan Villalobos Zapata159/2021
- Aarón Iván Villalobos Zapata883/2023
- Aaron Ruvalcaba Villanueva2449/2021
- Abdiel de los Angeles Cu Morales1618/2021
- Abel Benitez Corona1349/2022
- Abel Enrique Najera Vazquez1115/2021
- Abel Enrique Sansores Villareal1075/2019
- Abel Paredes Camino270/2019
- Abel Paredes Camino448/2019
- Abel Paredes Camino492/2022