Abel Díaz Álvarez
Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/10/2022
Partes del expediente
- Abel Díaz Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el doce de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual se declaró cumplida dictada en el juicio de amparo en mención y se ordenó su archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Asimismo, en proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito con sede en Tijuana, Baja California, remitió copia certificada de la resolución dictada dentro del incidente en revisión civil 183/2020, en la que declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En consecuencia al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo vigésimo primero inciso c), y vigésimo fracción II, inciso a) del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente por auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se negó la suspensión provisional, mientras que por resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Finalmente, se ordena estampar en la carátula el original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino.
- Incidental
Ensenada, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada dentro del incidente en revisión civil 183/2020, de su índice, en la que dicho tribunal resolvió lo siguiente: "[.] ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por Abel Díaz Álvarez. [.]" En consecuencia, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado correspondiente y dése los avisos de ley. Sin que sea el caso ordenar el archivo, toda vez que, como se advierte de la certificación secretarial, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo y se ordenó su archivo definitivo. Notifíquese.
- Incidental
Ensenada, Baja California, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en esta misma data se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo y se ordenó su archivo definitivo. Asimismo, que el veintiocho de junio del año en curso, se remitió el expediente original del incidente de suspensión en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Tijuana, Baja California, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer por Sergio Ricardo Alexandro Almazán Olachea, autorizado legal de la parte quejosa, en contra de la resolución incidental de seis de junio de dos mil diecinueve; mismo que por razón de turno le correspondió su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, el cual quedó registrado como incidente en revisión 183/2019. De igual manera, que mediante oficio 15712 de veinte de agosto de dos mil diecinueve, girado en el juicio principal del que emana este incidente, se comunicó a dicho Tribunal Colegiado que la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, se declaró ejecutoriada. Por tanto, gírese oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), e infórmesele que el día de la fecha, se dictó un proveído en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, en el que se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, ordenado el archivo de aquél expediente; al efecto remítase copia certificada del acuerdo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito estado de Baja California, ante Erika Celina Castelo Rivera, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTIUCULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO JOYSE ROSALYN ZAVALA RODRIGUEZ.Ensenada, Baja California, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Abel Díaz Álvarez, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, para efectos que dicha autoridad responsable realizara lo siguiente: " a) Deje insubsistente el auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del incidente de modificación de convenio 83/2018, derivado del juicio ordinario civil de divorcio necesario 1203/2016, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por la parte aquí quejosa por conducto de su autorizado, en contra del diverso proveído de diecinueve de marzo del presente año. b) En su lugar, emita otro en el cual subsane las violaciones apuntadas, esto es, con libertad de jurisdicción funde y motive, en cumplimiento al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 16 constitucional, su decisión en cuanto al desechamiento del recurso de apelación que interpuso el aquí quejoso por conducto de su autorizado legal, en contra del auto de diecinueve de marzo del año en curso" (fojas 36 a 43) Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad. (fojas 52 a 55). En acatamiento a ello, por oficio recibido en este juzgado el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de modificación de convenio 83/2018 derivado del juicio ordinario civil de divorcio necesario 1203/2016, en el que dejó insubsistente el auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, que fue motivo de estudio en este amparo y en relación con el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Abel Díaz Álvarez, por conducto de su abogado patrono, en contra del auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el cual decretó una pensión alimenticia provisional a cargo del antes mencionado y en favor de sus menores hijos, por la cantidad de ochocientos pesos, determinó que en términos de lo dispuesto por el artículo 674 fracción III del Código de Procedimientos Civiles, dicha apelación resultaba inadmisible. Ello, en consideración a que dicho numeral dispone que los autos serán apelables cuando expresamente lo disponga la codificación en cita, por lo que de no establecer de manera expresa dicha circunstancia contra determinada actuación, procede el recurso de revocación ante el juez que dicta el auto; que los autos a través de los cuales el juzgador fija la pensión alimenticia provisional son revocables, ya que el código procesal en su artículo 435 último párrafo, solo señala que serán apelables las sentencias sobre alimentos, no así autos provisionales relativos al otorgamiento de los mismos; de igual manera señaló que el artículo 94 de la codificación en cita, prevé que las resoluciones dictadas con el carácter de provisionales pueden ser modificadas por sentencia interlocutoria o en definitiva, por lo que las mismas pueden ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 670 del código adjetivo en la materia. Asimismo, precisó que como el artículo 674 fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Baja California, regula la procedencia del recurso de apelación en forma particular, dicho recurso resulta inadmisible contra autos distintos a los expresamente señalados por la codificación en cita, por lo que su procedencia se limita a las determinaciones judiciales que de manera específica se indiquen en el código adjetivo civil para el estado; por lo anterior, dado que el auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que se decretó una pensión alimenticia provisional a cargo del aquí quejoso y en favor de sus menores hijos, por la cantidad de ochocientos pesos, puede ser modificado en sentencia interlocutoria o en la definitiva en términos de lo dispuesto por el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Baja California, determinó desechar el recurso de apelación interpuesto en su contra por el abogado patrono de la parte demandada incidentista Abel Díaz Álvarez -aquí quejoso- (fojas 60 a 65) A la probanza antes relacionada, se le confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por lo cual, en proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con dicha documental por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto (foja 66). En las relatadas condiciones, este juzgador determina que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dejó insubsistente el auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del incidente de modificación de convenio 83/2018, derivado del juicio ordinario civil de divorcio necesario 1203/2016; y en su lugar emitió otro, el que con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, pues precisó las causas especiales y razones particulares por las que el auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, no era apelable, determinó desechar el recurso de apelación interpuesto en su contra por el aquí quejoso por conducto de su autorizado, como se advierte de las constancias que allegó y que fueron previamente valoradas. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
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