Abel Álvarez Santos

Expediente 19/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
19/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Abel Álvarez Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL QUEJOSO. Ensenada, Baja California, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos; agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista de veintidós de octubre del año en curso, y hace manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, lo cual será tomado en consideración al resolver sobre el cumplimiento dado a dicha sentencia. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Abel Álvarez Santos, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, resolución que fue recurrida y revocada por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, el cual concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente únicamente el auto de vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso al imputado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. 2. Cite a las partes a audiencia y en ésta emita una nueva resolución en la que reitere la constatación de los hechos que la ley señala como delitos de: a) PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA MEXICANA, previsto y sancionado por el artículo 83 fracción 11, en relación con los artículos 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; b) PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA MEXICANA, previsto y sancionado por el artículo 83 fracción 11/, en relación con los artículos 11 inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ambos en términos de los artículos 7° fracción 11, 8°, 9° párrafo primero y 13 Fracción 11, todos del Código Penal Federal, con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del artículo 83 del ordenamiento castrense antes citado; 3. Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva sobre la procedencia, en su caso, de la medida cautelar que se debe imponer a la parte quejosa. Incluso podría ser la prisión preventiva siempre y cuando haya razones, además de la penalidad de los delitos atribuidos y la falta de domicilio en la ciudad de Ensenada, Baja California; esto es, que se ponderen las demás circunstancias a las que se refiere el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Ahora, en acatamiento al fallo protector, por oficio registrado con folio 9281, recibido en este juzgado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve , la autoridad responsable informó que en proveído de quince del mismo mes y año, dictado en la carpeta judicial 13/2018 de su índice, señaló las dieciséis horas con quince minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, para celebrar la audiencia de cumplimiento a la sentencia de amparo, y para tal efecto citó a las partes para que comparecieran a su desahogo. Asimismo, mediante oficio registrado con folio 9468 , recibido en este juzgado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable de mérito remitió copia certificada de registro de audio y video (disco compacto) de la audiencia celebrada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la que realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente el auto de vinculación y medida cautelar de prisión preventiva que impuso al aquí quejoso, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, motivo del acto recamado. b) Previa citación de las partes a esa audiencia, reiteró la constatación de los hechos que la ley señala como delito de a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el artículo 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y b) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el artículo 11 inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ambos en términos de los artículos 7º fracción II, 8º, 9º párrafo primero y 13 fracción II, todos del Código Penal Federal, con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del artículo 83 del ordenamiento castrense antes mencionado, así como la participación del quejoso en su comisión. c) Con plenitud de jurisdicción, atendiendo al principio de contradicción y empleando el criterio de mínima intervención, con base en lo debatido por las partes, determinó imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, considerando como motivo principal, el que ninguna otra medida cautelar era suficiente para garantizar el riesgo a la comunidad en términos del artículo 167 primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que advirtió que únicamente se actualizaban la fracción I y II del artículo 168 del código procesal en cuestión, relativo a la falta de domicilio del quejoso en la ciudad de Ensenada y la penalidad de los delitos atribuidos. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, mediante auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; únicamente haciendo manifestaciones la parte quejosa por conducto de su autorizado, mediante escrito con número de registro 10037, en el sentido de que no encuentra cumplida en su totalidad la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a Abel Álvarez Santos. Sin embargo, en atención al contenido de dicho libelo, los argumentos expuestos son infundados, pues en atención a la ejecutoria concesoria de amparo, el juez responsable procedió en los términos señalados por el tribunal de alzada, ya que como quedó precisado con antelación, a) dejó insubsistente el auto de vinculación y medida cautelar impuestas al imputado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho; b) citó a las partes a audiencia, emitiendo en ésta una nueva resolución en la que reiteró la constatación de los hechos que la ley señala como delitos precisados en la audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho; y c) con plenitud de jurisdicción, atendiendo al principio de contradicción y empleando el criterio de mínima intervención, con base en lo debatido por las partes, determinó imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, considerando como motivo principal, el que ninguna otra medida cautelar era suficiente para garantizar el riesgo a la comunidad en términos del artículo 167 primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que advirtió que únicamente se actualizaban la fracción I y II del artículo 168 del código procesal en cuestión, relativo a la falta de domicilio del quejoso en la ciudad de Ensenada y la penalidad de los delitos atribuidos; por tanto contrario a lo expuesto por el quejoso, el juez responsable ha cumplido a cabalidad a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, quien resuelve determina que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que, acreditó con las constancias respectivas, consistentes en copia certificada de registro de audio y video (disco compacto) de la audiencia celebrada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, haber: a) Dejado insubsistente el auto de vinculación y medida cautelar de prisión preventiva que impuso al aquí quejoso, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, motivo del acto recamado. b) Previa citación de las partes a esa audiencia, reiteró la constatación de los hechos que la ley señala como delito de a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el artículo 11 inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y b) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 fracción II, en relación con el artículo 11 inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ambos en términos de los artículos 7º fracción II, 8º, 9º párrafo primero y 13 fracción II, todos del Código Penal Federal, con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del artículo 83 del ordenamiento castrense antes mencionado, así como la participación del quejoso en su comisión. c) Con plenitud de jurisdicción, atendiendo al principio de contradicción y empleando el criterio de mínima intervención, con base en lo debatido por las partes, determinó imponer al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, considerando como motivo principal, el que ninguna otra medida cautelar era suficiente para garantizar el riesgo a la comunidad en términos del artículo 167 primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que advirtió que únicamente se actualizaban la fracción I y II del artículo 168 del código procesal en cuestión, relativo a la falta de domicilio del quejoso en la ciudad de Ensenada y la penalidad de los delitos atribuidos. Por lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual realizó mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve y en audiencia de diecisiete del citado mes y año. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. Una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. En ese contexto, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el disco versátil digital que remitió en apoyo al cumplimiento dado al fallo protector concedido en autos.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Ausatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad; atento a su contenido se le tiene informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite copia autorizada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 298/2019, de su índice, en la que dicho tribunal resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Abel Álvarez Santos, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero del presente fallo y para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de esta ejecutoria.." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado correspondiente y dense los avisos de ley. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad judicial señalada como responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al que se notifique del presente acuerdo, cumpla con la sentencia de amparo concedida a la parte quejosa, remitiéndole copia certificada de la resolución de cuenta, a efecto de que se encuentre en aptitud de cumplir con el fallo protector concedido en autos. Asimismo, resguárdese el disco compacto que remitió la autoridad oficiante en la secretaría encargada de este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el daño de éste por manejo del expediente. Por otra parte, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes, sin embargo para evitar duplicidad de constancias, se ordena agregar solo las actuaciones originales que obran en éste. Ahora bien, se ordena guardar en la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas que integran el cuaderno de antecedentes para que en un futuro, de ser necesarias, se utilicen para los efectos conducentes, esto es, por economía procesal y en estricto apego a la cultura de la austeridad presupuestal promovida por el Consejo de la Justicia Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por Julián Villalvazo Juárez, autorizado legal de la parte quejosa en el presente juicio de amparo; atento a su contenido, se le tiene designando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida Ignacio Altamirano, número 2167, colonia Maestros, en esta ciudad y como consecuencia se le tiene por revocado el señalado previamente. Notifíquese.

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