Abel Daza Henrnández
Expediente 1011/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abel Daza Henrnández
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos, el oficio 1317 y anexos, provenientes del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, mediante el cual, aduce devolver debidamente diligenciado el despacho 638/2017 (número de orden 774/2017), librado el seis de septiembre pasado, a fin de notificar en el lugar de su reclusión al quejoso Abel Daza Hernández, lo actuado en dicha fecha; sin embargo, del contenido de los anexos remitidos, se advierte que corresponden a un diverso expediente, en donde se ordenó notificar a Alfredo Covarrubias Covarrubias. En ese contexto, devuélvanse dichos anexos, y requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, remita a este órgano jurisdiccional debidamente diligenciado el despacho 638/2017 (número de orden 774/2017), con las constancias correctas de la diligencia ordenada. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se hará efectiva la multa con la cual se le conminó el seis de septiembre del año en curso.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos, el oficio 734/2017 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, remite el juicio de amparo directo D-184/2017 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ABEL DAZA HERNÁNDEZ, así como copias certificadas del toca de apelación 2/2014 y un disco compacto. Fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 1011/2017-E; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Además, en razón al cuantioso número de fojas de las copias certificadas que componen el toca de apelación 2/2014, del índice de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el ANEXO I. Ahora bien, de dichas constancias se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se abstuvo de conocer de la presente demanda de amparo, toda vez que el pleno de dicho tribunal consideró que en el caso, es competente para conocer de la misma un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, y se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, de la Ley de Amparo. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación 2/2014, en donde confirmó en todos y cada uno de sus términos la denegatoria de prueba dictada hasta antes del auto de apertura a juicio oral; la suscrita Jueza de Distrito se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo. I. En tal sentido, respecto a dicho acto reclamado, atribuido al Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y su ejecución al Tribunal de Juicio Oral de la Región Oriente, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de dicho cuerpo de leyes refiere: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es: - De treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; - De ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; - De siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y, - En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la presente demanda es de quince días. Así, según lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, y de las copias certificadas que componen el toca de apelación 2/2014, del índice de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se advierte lo siguiente: Que la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación 2/2014, en donde confirmó en todos y cada uno de sus términos la denegatoria de prueba dictada hasta antes del auto de apertura a juicio oral, fue notificada al quejoso y a su defensora, el diez de octubre de dos mil catorce (mediante cédula e instructivo respectivamente). Por lo que, en el caso en estudio, como ya se dijo, el término para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, toda vez que se advierte que la parte quejosa conoció el acto aquí reclamado (resolución de ocho de octubre de dos mil catorce), el diez de octubre de dos mil catorce, entonces, estamos ante el supuesto identificado con el inciso a) para contar los quince días, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto (Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, según lo dispuesto en el artículo 101). Así, si la notificación de diez de octubre de dos mil catorce, surtió efectos el mismo día, entonces, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del trece al treinta y uno de octubre de dos mil catorce, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre, todos de dos mil catorce, por haber sido sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente. Entonces, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que resulta extemporánea su presentación, pues se presentó mucho tiempo después al vencimiento del plazo que tenía; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, al no haber presentado el quejoso la demanda dentro de los quince días que tenía, es evidente que existe consentimiento tácito. Es aplicable al caso, por analogía, y respecto al consentimiento tácito por no promover la demanda en el término de quince días tratándose de actos que afectan la libertad personal, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." II. Así también, respecto al indicado acto reclamado, esta autoridad Federal advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con la diversa fracción XI, que dispone: ARTÍCULO 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. (.) Así, de la interpretación que se realiza a la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con la diversa fracción X, se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando en éste se reclamen actos que hayan sido materia de una ejecutora en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado; hipótesis que se surte en el presente caso. Como se indicó, el acto que se reclama al Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consiste en la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, dictada dentro del toca de apelación 2/2014, en donde confirmó en todos y cada uno de sus términos la denegatoria de prueba dictada hasta antes del auto de apertura a juicio oral; sin embargo, tal acto reclamado en la presente instancia constitucional fue materia de estudio en el diverso juicio de garantías 1673/2014 de la estadística del entonces Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ahora Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Todo lo cual se hace valer como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena extraer copias certificadas de constancias diversas emanadas del juicio de amparo 1673/2014 del índice de este juzgado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Situación que da lugar a afirmar que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se contrae la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en relación con la diversa fracción X, pues el referido acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la presente instancia constitucional, fue materia de estudio en el diverso juicio de garantías 1673/2014 de la estadística del entonces Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, ahora Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Y, en dicho juicio de amparo, en sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil quince, se sobreseyó con base en la siguiente razón fundamental: (.) "la resolución dictada por la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal de la ciudad de Puebla, que declaró infundado el agravio planteado por la defensa respecto a la prueba testimonial ofrecida antes de la apertura del juicio oral, es decir, en la audiencia intermedia, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues de obtener sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de la citada resolución quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte ocursante podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del juicio de amparo directo." (.) Sentencia que causó estado el quince de septiembre de dos mil quince, al no haber sido impugnada en revisión por el ahora peticionario de amparo ni por las restantes partes. Es decir, se concluyó que el acto reclamado no es de imposible reparación y que en su caso puede impugnarse como violación procesal en amparo directo; pues es una determinación de un tribunal judicial, en donde se desecharon las pruebas ofrecidas por el hoy quejoso. En consecuencia, con base en lo expuesto se advierte de manera notoria y manifiesta la improcedencia de este juicio de amparo, al actualizarse la causal ya precisada. Sirve de apoyo, por identidad jurídica, el siguiente criterio: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal. (Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, Tesis: I.6o.T. J/86, Jurisprudencia, Materia(s): Común). En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y al haberse actualizado las causas de improcedencia estudiadas, se desecha la demanda de garantías. Desechamiento que se hace extensivo a la autoridad señalada como responsable ejecutora Tribunal de Juicio Oral de la Región Oriente, ya que el acto que se le reclama no se combate por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia, por analogía, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, consultable en Semanario Judicial de la Federación, página doscientos ochenta y seis, de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En otro orden, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, Puebla. En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Abel Daza Hernández, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1011/2017-E-; Notifique a la parte quejosa el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Aaron Palafox Ponce1418/2017
- Aaron Santiago Ochoa Perez1357/2016
- Abad Alba Bolaños1082/2021
- Abed Nego Rivas Torres1230/2022
- Abel Castrillo Alcantara11/2018
- Abel Castro Ramirez (Administrador)857/2018
- Abel Diaz Cortes1041/2016
- Abel Diaz Cortes1013/2016
- ABEL EUFRACIO FLORES y Otros.731/2021
- Abel Frausto Cruz601/2017
- Abel Gamez Velez356/2021
- Abel Gonzalez Castañeda718/2021