Abed Nego Rivas Torres
Expediente 1230/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Abed Nego Rivas Torres
- FELIX ALEJANDRO RUIZ HERNANDEZ (DEFENSOR) y Otros.
- ABED NEGO RIVAS TORRES y Otros.
- Felix Alejandro Ruiz Hernandez (Defensor)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido -vía correo electrónico- por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, mediante el cual acusa recibo de tres discos versátiles digitales en formato DVD, así como las copias certificadas de la causa penal 11/2020/SAN MARTIN, remitidas mediante oficio 1570-1 de dieciocho de los corrientes; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. AVISO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal, a ***, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver a la autoridad responsable, 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, las copias certificadas de la carpeta judicial administrativa 11/2020/SAN MARTÍN de su estadística, con las cuales se formó el anexo I, del presente juicio de amparo, así como tres discos versátiles que contienen los registros de audio y video de las audiencias celebradas en la carpeta judicial de referencia. Se requiere a la responsable para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, apercibida que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, debe integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese por lista al quejoso -en atención a lo determinado en acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés-, a su defensor y, al tercero interesado -en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés-; por oficio a la autoridad tercera interesada, a las autoridades responsables y a al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. ACUERDO DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 791, remitido por el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con anexo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 97/2023 (orden 133/2023), de este índice, pues se advierte que no fue posible notificar al quejoso Abed Nego Rivas Torres, el proveído de siete de los corrientes en su lugar de reclusión, ya que fue puesto en libertad el diez de marzo del año en curso. En consecuencia, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el presente acuerdo, el diverso de siete de marzo del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. Asimismo, dese de baja la aludida comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción fue presentada de forma física. Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente acuerdo y el diverso de siete de marzo de dos mil veintitrés. AUTO DE SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DE AMPARO Vistos los autos y la certificación que antecede, se aprecia que la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, la cual se concedió para los siguientes efectos:".OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a********************, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, dentro de la carpeta judicial administrativa******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Dejará insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra********************. a) Fijará nueva fecha y hora para audiencia. b) En esa audiencia reiterará lo expuesto por las partes(fiscalía y defensa) y, enseguida, sin dar intervención a las partes y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de que determinara que el Ministerio Público no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, ordenará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, en esa misma audiencia, a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que se subsanen los vicios de forma detectados, además porque al quejoso se le imputa la comisión un delito que amerita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado. c) Informará de su decisión a las autoridades penitenciarias correspondientes, así como al Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En ese orden de ideas, es menester dejar establecido que si bien en acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, remitiendo el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta judicialadministrativa ********************, que se instruye en contra del aquí quejoso ********************, en la que dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo agravado, imponiéndole una sanción corporal de cinco años de prisión y multa de quinientas unidades de medida y actualización, al someterse a un procedimientoespecial abreviado. Y, que en la sentencia amparadora de marras se estableció: ".En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." En el caso no se actualiza la hipótesis establecida en el fallo amparador consistente en que ".la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Lo anterior, cuenta habida que si bien se ha dictado sentencia condenatoria en el asunto de origen contra el hoy quejoso, no se cuenta con información relativa a que dicha determinación hubiera quedado firme, de ahí que no se está en el caso de que ".la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio.", ya que es inconcuso que hasta que no exista firmeza de resolución donde se impuso la sanción corporal a que se le condenó, no puede hablarse de una prisión punitiva, continuando, por ende, vigente la prisión preventiva impuesta al amparista en el procedimiento penal de origen. Al respecto se cita, por las razones que la informan, la tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia." Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso concreto no es aplicable dicha disposición, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, ya que carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En virtud que el quejoso********************, se encuentra interno en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente auto, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de Huejotzingo, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1230/2022; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión (vía despacho) y al tercero interesado; por lista al defensor del primero; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el (la) secretario(a) Zeus Islas González, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Acv* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe.Firma electrónica]. San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DE AMPARO Vistos los autos y la certificación que antecede, se aprecia que la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, la cual se concedió para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a ********************, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Dejará insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra********************. a) Fijará nueva fecha y hora para audiencia. b) En esa audiencia reiterará lo expuesto por las partes (fiscalía y defensa) y, enseguida, sin dar intervención a las partes y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de que determinara que el Ministerio Público no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, ordenará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, en esa misma audiencia, a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que se subsanen los vicios de forma detectados, además porque al quejoso se le imputa la comisión un delito que amerita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado. c) Informará de su decisión a las autoridades penitenciarias correspondientes, así como al Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En ese orden de ideas, es menester dejar establecido que si bien en acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, remitiendo el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa ********************, que se instruye en contra del aquí quejoso ********************, en la que dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo agravado, imponiéndole una sanción corporal de cinco años de prisión y multa de quinientas unidades de medida y actualización, al someterse a un procedimiento especial abreviado. Y, que en la sentencia amparadora de marras se estableció: ".En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." En el caso no se actualiza la hipótesis establecida en el fallo amparador consistente en que".la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Lo anterior, cuenta habida que si bien se ha dictado sentencia condenatoria en el asunto de origen contra el hoy quejoso, no se cuenta con información relativa a que dicha determinación hubiera quedado firme, de ahí que no se está en el caso de que ".la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio.", ya que es inconcuso que hasta que no exista firmeza de resolución donde se impuso la sanción corporal a que se le condenó, no puede hablarse de una prisión punitiva, continuando, por ende, vigente la prisión preventiva impuesta al amparista en el procedimiento penal de origen. Al respecto se cita, por las razones que la informan, la tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia." Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso concreto no es aplicable dicha disposición, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, ya que carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En virtud que el quejoso********************, se encuentra interno en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente auto, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de Huejotzingo, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1230/2022; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión (vía despacho) y al tercero interesado; por lista al defensor del primero; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA DE AMPARO Vistos los autos y la certificación que antecede, se aprecia que la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso********************, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, la cual se concedió para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a ********************, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, dentro de la carpeta judicial administrativa******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Dejará insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra********************. a) Fijará nueva fecha y hora para audiencia. b) En esa audiencia reiterará lo expuesto por las partes (fiscalía y defensa) y, enseguida, sin dar intervención a las partes y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de que determinara que el Ministerio Público no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, ordenará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, en esa misma audiencia, a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que se subsanen los vicios de forma detectados, además porque al quejoso se le imputa la comisión un delito que amerita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado. c) Informará de su decisión a las autoridades penitenciarias correspondientes, así como al Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En ese orden de ideas, es menester dejar establecido que si bien en acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla********************, remitiendo el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa ********************, que se instruye en contra del aquí quejoso ********************, en la que dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo agravado, imponiéndole una sanción corporal de cinco años de prisión y multa de quinientas unidades de medida y actualización, al someterse a un procedimiento especial abreviado. Y, que en la sentencia amparadora de marras se estableció: ".En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." En el caso no se actualiza la hipótesis establecida en el fallo amparador consistente en que ".la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Lo anterior, cuenta habida que si bien se ha dictado sentencia condenatoria en el asunto de origen contra el hoy quejoso, no se cuenta con información relativa a que dicha determinación hubiera quedado firme, de ahí que no se está en el caso de que ".la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio.", ya que es inconcuso que hasta que no exista firmeza de resolución donde se impuso la sanción corporal a que se le condenó, no puede hablarse de una prisión punitiva, continuando, por ende, vigente la prisión preventiva impuesta al amparista en el procedimiento penal de origen. Al respecto se cita, por las razones que la informan, la tesis: "PRISIÓN PREVENTIVA. LAPSO QUE DEBE CONSIDERARSE COMO TAL. La garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consiste en abonar el tiempo de prisión preventiva a la punitiva, esto es, en el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el tiempo de detención que sufrió, es decir, el de prisión preventiva. En ese sentido, el lapso de prisión preventiva que debe considerarse como tal, en términos del citado precepto constitucional, es desde la detención hasta que la sentencia de segunda instancia causa ejecutoria, momento en que concluye definitivamente el proceso penal, sin que pueda considerarse como prisión preventiva, el tiempo en que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución en que se haya impuesto la sanción. Lo anterior, en virtud de que una sentencia ejecutoriada es aquella susceptible de ejecutarse, contra la que no cabe algún recurso ordinario, no obstante que pueda revocarse o nulificarse por algún medio de defensa extraordinario; por lo que una sentencia de segunda instancia no pierde su calidad ejecutoria ni la fuerza de cosa juzgada, mientras está pendiente de resolverse el juicio de amparo, pues éste no le resta la calidad de ejecutable. Además, considerando que la prisión preventiva se da dentro del proceso y la prisión se impone como sanción en la sentencia, es a partir de que ésta causa ejecutoria cuando puede ejecutarse, al margen de que en su contra se interponga algún medio extraordinario de defensa, e incluso se suspenda su ejecución a través de alguna medida cautelar, pues la etapa procesal de la prisión preventiva concluye definitivamente desde el momento en que causó ejecutoria la sentencia de segunda instancia." Se apercibe a la citada autoridad que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso concreto no es aplicable dicha disposición, toda vez que al tratarse del 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, ya que carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En virtud que el quejoso********************, se encuentra interno en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente auto, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de Huejotzingo, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1230/2022; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión (vía despacho) y al tercero interesado; por lista al defensor del primero; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Al respecto, se tiene que por sentencia firmada y autorizada el catorce de febrero de dos mil veintitrés (fojas 268 a 292), se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a ********************, en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos de la concesión. Se concede el amparo a ********************, para el efecto de que el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla ********************, dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: I. Dejará insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia celebrada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra ********************. a) Fijará nueva fecha y hora para audiencia. b) En esa audiencia reiterará lo expuesto por las partes (fiscalía y defensa) y, enseguida, sin dar intervención a las partes y con plenitud de jurisdicción, emitirá una nueva resolución a fin de resolver la solicitud de la fiscalía de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto ********************, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en uno diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es, deberá ceñir su resolución a lo expuesto por las partes en la audiencia y resolver conforme a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de que determinara que el Ministerio Público no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, ordenará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, en esa misma audiencia, a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que se subsanen los vicios de forma detectados, además porque al quejoso se le imputa la comisión un delito que amerita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado. c) Informará de su decisión a las autoridades penitenciarias correspondientes, así como al Director de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla. II. Remitirá las constancias y registros escritos y audiovisuales que acrediten el cumplimiento a lo ordenado." En acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés se determinó que la sentencia amparadora había causado ejecutoria y se requirió su cumplimiento (foja 379 a 383). En acatamiento a ello, el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, ******************** ********************, hizo llegar un oficio ********************, a través del cual informó que mediante acuerdo emitido el nueve de marzo del presente año, dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** señaló las trece horas del diez de marzo de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento de amparo. (Foja 398). Y, en acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el diverso ******************** con el que hizo llegar el registro audiovisual de la audiencia oral y pública de diez de marzo de dos mil veintitrés, celebrada dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** con lo que se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hubieran hecho manifestación alguna (fojas 413, 414 y 416 a 418). Ahora, de las constancias de referencia se aprecia que el mencionado juzgador responsable, en la audiencia antedicha: -Individualizó a las partes. -Protestó en su cargo al nuevo defensor del hoy quejoso, cerciorándose de que contara con cédula profesional. -Dejo insubsistente la determinación de prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra el aquí quejoso ********************; y -Sin dar oportunidad a debate de las partes, pero considerando lo que argumentaron en la aludida audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, consideró que la fiscalía no probó la necesidad de la prórroga, al no demostrar fehacientemente la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de ahí que ordenó el cese de la medida en cita, imponiéndole la diversa de presentación periódica, ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de San Martín Texmelucan, Puebla, a través de una firma de manera quincenal, a iniciar el lunes, trece de marzo de dos mil veintitrés, la cual se encontrará vigente durante todo el tiempo que dure el procedimiento y hasta en tanto cause firmeza la sentencia dictada respecto del procedimiento abreviado al cual se sometió el referido quejoso. - Lo que ordenó informar a las autoridad penitenciaria correspondiente, así como a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, quien resuelve, estima que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió la jueza responsable, se obtiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, no sobra señalar que si bien en la sentencia amparadora que se ha declarado cumplida se estableció: ".En ese mismo orden de ideas, se precisa que si para la fecha en que se requiera el cumplimiento del fallo protector el quejoso ya ha sido puesto en libertad, o si ha sentenciado y la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio que se le haya dictado, la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Y, que en acuerdo de tres de marzo del año en curso se tuvo al diverso Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla (********************), remitiendo el registro de audio y video de la audiencia oral y pública celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial administrativa ********************, que se instruye en contra del aquí quejoso ********************, en la que se dictó sentencia condenatoria en contra del citado quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de robo de vehículo agravado, imponiéndole una sanción corporal de cinco años de prisión y multa de quinientas unidades de medida y actualización, al someterse a un procedimiento especial abreviado. Lo cierto es que en el caso no se actualiza la hipótesis establecida en el fallo amparador consistente en que ".la concesión del amparo carecerá de efecto alguno, pues el escenario planteado en un inicio habrá cambiado." Lo anterior, cuenta habida que aunque se ha dictado sentencia condenatoria en el asunto de origen contra el hoy quejoso, no se cuenta con información relativa a que dicha determinación hubiera quedado firme, de ahí que no se está en el caso de que ".la privación de su libertad obedece al fallo condenatorio.", ya que es inconcuso que hasta que no exista firmeza de resolución donde se impuso la sanción corporal a que se le condenó, no puede hablarse de una prisión punitiva, continuando, por ende, vigente la prisión preventiva impuesta al amparista en el procedimiento penal de origen. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese por lista al quejoso en atención a lo determinado en acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, a su defensor y, al tercero interesado, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; por oficio a la autoridad tercera interesada, a las autoridades responsables y a al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 906, signado por el Juez de lo Penal de Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con anexo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 111/2023 (orden 149/2023), de este índice, pues se advierte que no fue posible notificar al quejoso ******************** ********************el proveído de quince de los corrientes en su lugar de reclusión, ya que fue puesto en libertad el diez de marzo del año en curso. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (foja 441), se ordena notificar por medio de lista al quejoso ******************** ********************el presente acuerdo, así como el diverso de quince de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, dese de baja la aludida comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicho registro se presentó de forma física. Notifíquese por lista al quejoso ******************** ********************el presente acuerdo, así como el diverso de quince de marzo de dos mil veintitrés. AUTO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. INFORMA CUMPLIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio 760/2023/SM, signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, ********************, con el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de siete de marzo de dos mil veintitrés, informa -en lo que interesa- que en audiencia oral y pública de diez de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial administrativa ********************, resolvió lo siguiente: -Dejo insubsistente la prórroga de la medida de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, contra el aquí quejoso ********************. -Modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y le impuso la diversa de presentación periódica, ante la Unidad de Medidas Cautelares de San Martín Texmelucan, Puebla, a través de una firma de manera quincenal, que se encontrará vigente hasta en tanto cause firmeza la ejecutoria del procedimiento abreviado al cual se sometió el referido quejoso. -Finalmente, remite el registro de audio y video de la audiencia oral y pública de referencia. DISCO VERSÁTIL DIGITAL. Respecto al disco versátil digital que adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica. Guárdese en una mica de plástico cerrada o sobre amarillo cerrado, que deberá glosarse al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VISTA CON CUMPLIMIENTO. En ese sentido, con el contenido del oficio de cuenta y anexo -con número de registro 3838- remitido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, ********************; dese vista a la parte quejosa, tercera interesada y autoridad tercera interesada, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En virtud que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso la presente auto, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación de Huejotzingo, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1230/2022; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo y del oficio con número de registro 3838; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión (vía despacho); por lista a su defensor, así como al tercero interesado -en cumplimiento a acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés-; y mediante oficio a la autoridad tercera interesada. ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, al tercero interesado Juan Erick Romero Alvarado, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta localidad o en la ciudad de Puebla, sin que lo haya hecho. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado en el referido acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós y se ordena realizar todas las notificaciones que le correspondan a dicha parte procesal por medio de lista, aún las de carácter personal, atento lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.
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