Abel Crispin Peredo Albino

Expediente 1345/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1345/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Abel Crispin Peredo Albino

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, mediante el cual informa que en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** ambos de apellidos ******************** misma que se registró con el número 1646/2022, de su índice. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. . Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que mediante oficio 24155, de nueve de diciembre de dos mil veintidós se remitió la demanda de amparo promovida por Abel Crispín Peredo Albino, al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno toda vez que este órgano jurisdiccional estimó carecer de competencia, sin que a la fecha obre el acuse de recibo que se le solicitó. Atento lo anterior, y de la certificación que antecede, se advierte que por razón de turno correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esa ciudad; por tanto, gírese atento oficio vía sise interconexión al Titular del citado órgano jurisdiccional, solicitándole de la manera más atenta haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional la determinación tomada en relación al planteamiento de incompetencia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistida del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual remite el auto de dos de diciembre del año en curso, en el cual ordena la separación de autos de la demanda de amparo promovida por Francisco Manuel Cárdenas Arriaga, en cuanto apoderado de Abel Crispín Peredo Albino y Víctor Odilón Peredo Albino, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, en virtud al poder notarial que adjunta a su libelo constitucional, contra actos de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otras autoridades. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-1345/2022-L. Ahora bien, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se resolverá únicamente respecto del acto reclamado al Oficial del Registro Civil Número 1 de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, pues así se llevó a cabo la separación de juicios realizada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "La expedición de un acta falsa, relativa a la defunción de ABEL CRISPÍN PEREDO JIMÉNEZ, cuyo número de acta es la 1307 de la autoridad señalada como responsable". De lo narrado por la parte quejosa, se aprecia que el diez de noviembre del año en curso, solicitaron un acta de defunción de su padre el señor Abel Crispín Peredo Jiménez, para lo cual llevaron copia de la que tenían en su resguardo, con la que se aperturó el juicio sucesorio. Asimismo, mencionan que les entregaron un acta de defunción con terminación 1308, que era distinta a su acta de defunción como se dijo se inició el juicio. Ahora bien, al tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito examina su competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, motivo por el cual el órgano jurisdiccional antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. Ahora bien, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierten tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se hubiere presentado la demanda, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no sólo a que la resolución o acto reclamado por sí mismos tengan ejecución material, sino también al supuesto en que aun cuando la resolución reclamada no tenga ejecución material de manera directa o inmediata, sí lleve una ejecución implícita, lo cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. Esto es, sólo en el supuesto de que la resolución o acto reclamado no tenga por sí misma ni produzca consecuencias que lleven implícita una ejecución material, dichos actos o resoluciones se deberán estimar de carácter declarativo y a efecto de determinar la competencia se debe considerar el lugar donde reside la autoridad responsable. Luego, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por territorio, para conocer del asunto atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que tratándose de actos, que como en el caso, requieren ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de lo que se advierte, que el acto reclamado en esta instancia tendrá ejecución fuera del territorio en el que ejerce competencia legal este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es decir, en Cuernavaca, Morelos, lugar donde tienen competencia los Juzgados de esa ciudad. En efecto, en la especie la parte quejosa reclama la expedición de un acta falsa, relativa a la defunción de ********************, cuyo número de acta es la 1307 de la autoridad señalada como responsable Oficial del Registro Civil Número 1 de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Atento a lo anterior la ejecución material de la autoridad responsable precisado como acto reclamado, es en el lugar en donde se expidió el acta de defunción, Oficialía del Registro Civil Número 1 de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la expedición del acta falsa, se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que despacho el acta de defunción, que es en Cuernavaca, Morelos. Por tanto, la competencia se surte en favor del juez donde tiene ejecución el acto reclamado, en el caso, en Cuernavaca, Morelos, atento a lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley de Amparo y conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 91, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 395560, consultable en la página 142, Parte VIII, del Apéndice de 1985, séptima época, materia común, de rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 189167, visible en la página 1299, novena época, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias administrativa, común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno, con residencia en Cuernavaca. En consecuencia, una vez que se notifique la presente determinación a las partes, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, y los cuadernos incidentales respectivos al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tienen como autorizadas para recibir notificaciones a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, señala solo como medio de contacto el correo electrónico fmcardenas123@gmail.com. De conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" ******************** registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionados para tal efecto, por lo que se ordena asociarlos al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como lo solicita el promovente, se ordena practicarle las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva, enviado vía interconexión al juzgado competente. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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