Abel Contreras De Garate

Expediente 1048/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1048/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Abel Contreras De Garate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo del oficio TCA/PRES/AMP/3347/2023, por el cual rindió su informe justificado. Lo anterior, debido a que el veinte de septiembre del año en curso se tuvo por rendido su informe respectivo y en esa propia fecha se dictó sentencia dentro del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1048/2023, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido la secretaria da cuenta al juez con las promociones registradas con los números 16336. El Juez acuerda: Ténganse por recibido el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual formula diversas manifestaciones a manera de alegatos de los que se hará referencia en el momento procesal oportuno de esta sentencia. Ahora, como lo solicita la agente en cita y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídansele las copias que indica en los términos que refiere en su oficio de cuenta. Por otro lado, resulta un hecho notorio para este juzgador en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dentro del juicio de amparo 1018/2023 del índice de este juzgado, mediante acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, se acordó la promoción 16103, relativa al informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; sin embargo, pese a que dicho informe se encuentra dirigido al juicio de amparo antes anotado de su lectura se desprende que el ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA mismo fue rendido respecto de los actos reclamados dentro del presente asunto. En virtud de lo anterior, previa certificación se realice dentro del juicio de amparo 1018/2023 del índice de este juzgado, ordénese el desglose de la promoción 16103, para que la misma sea agregada a este juicio de amparo y sea tomada en consideración para los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de dicha probanza en el momento procesal oportuno de esta resolución. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental exhibida por la parte quejosa así como la constancias que la autoridad responsable agregó como soporte de su informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita a este Juzgado. El Juez acuerda: Se tienen por reproducidos los mismos y por precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintitrés Abel Contreras de Garante, por conducto de su apoderada jurídica ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 29/2019. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien la tuvo por admitida en auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERACIONES: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad y se presentó la demanda de amparo en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar los actos reclamados. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en: La omisión de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 29/2019. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza del acto reclamado. Al rendir el informe que le fue requerido a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del precepto 2º de ésta. Lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, lo que se robustece con la copia certificada de las principales constancias que integran el juicio laboral de origen, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Cuarta. Causas de Improcedencia. Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. El artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte, los cuales deben entenderse de la siguiente manera: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: . IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA Con la interpretación dada por la Suprema Corte a la norma recién transcrita, se produjeron criterios como los que a continuación se citan, por analogía: Tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 190368, cuyo dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Es decir, ante el limitado contenido de la fracción IV del artículo 114, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que debían entenderse por "actos de imposible reparación" aquéllos que afectaran materialmente derechos sustantivos, y además, de manera excepcional, aquellos actos que afectaran a las partes en grado predominante o superior, afectación que debía determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que estuviera en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias que se estimaron actualizadas por ejemplo, respecto al reclamo de la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral de origen. Bajo esta nueva perspectiva, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve contra el acto reclamado, consistente en la omisión de la junta responsable de dar continuidad al trámite desde el auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés en que la responsable reservó el acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, omitiendo proceder con la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio laboral 29/2019. Se considera de ese modo, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 325/2015, en la que estableció las siguientes consideraciones: Que en los juicios de amparo indirecto en los que se reclame omisiones dentro de un procedimiento laboral, en el que dicho particular es parte, que consista en la falta de respuesta a una petición expresa sobre el procedimiento o la falta de prosecución del trámite, el amparo es improcedente, debido a que el acto reclamado es de aquéllos dentro de un procedimiento que no tienen una ejecución que sea de imposible reparación: la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En dicha ejecutoria sostuvo que, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ello resulta así, en virtud de que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), determinó que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, con excepción de que el juez de amparo advierta que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, por lo que para determinar si existe una dilación que haya tenido como consecuencia la paralización total del procedimiento, con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica, para efecto de la promoción del juicio de amparo, el juicio procederá cuanto haya transcurrido un plazo de cuarenta y cinco días naturales, contado a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse la autoridad o realizarse el acto procesal respectivo, tomando como base el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo1 , el cual prevé que cuando la realización practica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tenga fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Por lo anterior, determinó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se 1 Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la junta responsable, reservó proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente laboral 29/2019, siendo su última actuación; en tanto que la demanda de amparo fue presentada el once de agosto de dos mil veintitrés, por lo que es evidente que a la data de presentación de la demanda no había transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales, el cual se debe contar una vez agotados los tres días hábiles a que se refiere el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, a partir del tres de julio del año en curso, cómputo del que se descuenta el plazo comprendido del treinta de junio al dos de julio de dos mil veintitrés -Tres días hábiles contemplados en el artículo referido-. Por tanto, el plazo de cuarenta y cinco días naturales empezó a transcurrir a partir del tres de julio de la presente anualidad, por lo que feneció el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, fecha que es posterior a la presentación de la demanda, esto es, el once de agosto de dos mil veintitrés. Luego, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Las anteriores consideraciones quedaron asentadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional común, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019400, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Robustece a todo lo señalado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, diciembre del año dos mil veintidós, con número de registro digital 2025625 de rubro: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO". En las anotadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último en su interpretación inversa. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción IV, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado analizado en la presente consideración. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 77, 79, 123, 124 y 227, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ANGELICA ESTEFANIA APONTE AYALA R E S U E L V E : Único. Por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abel Contreras de Garate, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que concluyó el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, rindiera su informe justificado y remitiera copia certificada legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de la notificación que se le realice del presente proveído, remita las constancias relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no cumplir con ello se hará efectivo el apercibimiento formulado en auto de admisión, imponiéndosele una multa de $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 260, fracción II, del ordenamiento legal invocado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

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