Abel Casarrubias Loza

Expediente 754/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
754/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Abel Casarrubias Loza
  • Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, exhibió mediante escrito de veintisiete de julio pasado diversos documentos originales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SÍNTESIS: VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 754/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Abel Casarrubias Loza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: A) Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. EJECUTORA: 2) Coordinadores de Grupo de la Policía Ministerial adscritos a los sectores Central y Mozimba (autoridades declaradas inexistentes en auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis). ACTO RECLAMADO: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo el mandamiento de la orden de aprehensión totalmente ilegal y fuera de un procedimiento judicial librada en contra del suscrito por un delito que no he cometido, donde omite informarme quien es la persona que depone en mi contra y porqué delito, para estar en condiciones de poder ofrecer pruebas a mi favor y de esta forma poder demostrar mi inocencia y por cualquier delito que pudiera imputarse en mi contra. De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclama el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, misma que puede ser llevada a cabo en cualquier momento directamente por los coordinadores de grupo de la Policía Ministerial antes mencionada". SEGUNDO.- Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 754/2016, se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de uno de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido el informe justificado del Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, encargado del Despacho por Ministerio de Ley; asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado a la persona moral Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, quien fue emplazada a juicio. CUARTO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, remitido el diecisiete siguiente a este Juzgado, el quejoso Abel Casarrubias Loza, amplió la demanda, señalando como autoridades responsables ejecutoras, las siguientes: a).- Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sector Garita. b).- Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sector Zapata. c).- Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sector Renacimiento. Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- ES CIERTO el acto que se reclama al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, pues al rendir su informe con justificación así lo reconoció expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, y que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva civil en cita. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado Sectores Zapata, Garita, Central y Renacimiento, pues no obstante que al rendir sus respectivos informes justificados negaron su existencia, dado el carácter con el que fueron designados y las atribuciones propias de su función, es inconcuso que se encuentran en aptitud de llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión cuya existencia aceptó el juez responsable; de ahí que lo procedente es tener por desvirtuada la negativa informada y por cierto el acto que se le reprocha. TERCERO.- Precisado lo anterior, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. (.)." En íntima vinculación con lo anterior, el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, señala que: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del numeral 61 invocado, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte el citado numeral 6 refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, a quien afecte la norma general o el acto reclamado y por tal circunstancia, tenga necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal a efecto de que se respete el derecho individual que le otorga la Constitución o el tratado internacional y que alega transgredida. Por último, de la lectura del numeral 5 transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo). Luego, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una causa penal, es que el quejoso debe probar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en la inteligencia, que la afectación a su esfera jurídica debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones, pues de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, de acuerdo a lo previsto por el citado numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso acude a este juicio de amparo para reclamar la orden de aprehensión librada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Allende, dentro de la causa penal 11/2015-1, porque refiere que la misma fue girada en contra de una persona diversa aunque con el mismo nombre, ya que el diecinueve de julio del año en curso, aproximadamente a las doce horas, se presentaron en su domicilio particular, elementos de la Policía Ministerial del Estado, con el objeto de cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra de Abel Casarrubias Loza; que al no encontrarse en su domicilio no pudieron dar cumplimiento a la orden de captura, optando por retirarse, no sin antes manifestar a los hermanos del quejoso que regresarían en otra ocasión; que los actos reclamados son violatorios de sus derechos, pues no es la persona a la cual se le imputa el delito de robo calificado en agravio de la Institución Bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, esto es, se trata de una homonimia. Para acreditar lo anterior, allegó los siguientes documentos: a).- Copia certificada del Acta de nacimiento del quejoso Abel Casarrubias Loza. b).- Credencial de elector. c).- Tarjeta de débito Mastercard número 551238048748, de Banco Azteca. d).- Credencial número 066 expedida por el Lic. Jaime Eliuth Espíritu Nabor, titular de la Secretaría de Educación de Guerrero. e) Cédula de identificación fiscal, expedida por el Servicio de Administración Tributaria a favor del quejoso. f) Dos comprobantes de pago expedidos por la Secretaría de Educación de Guerrero, a favor del quejoso. g) Tres fotografías del quejoso. Así, los medios de prueba allegados por el quejoso, adminiculados entre sí, permiten arribar a la convicción de que éste responde al nombre de Abel Casarrubias Loza, quien actualmente cuenta con la edad de sesenta y tres años, por haber nacido el diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, en Tixtla, Municipio Tixtla de Guerrero, Estado de Guerrero, y que sus progenitores son Eliezer Casarrubias y Celia Loza de Casarrubias, que tiene su domicilio en calle Los Naranjos 19, Barrio de Santa Rosita en esta ciudad. Por otra parte, de las constancias que integran la causa penal 11/2015-1, específicamente de la declaración ministerial de diez de septiembre de dos mil catorce, que realizó Caritina Ramos Villagómez, denunciante de los hechos delictivos perpetrados en contra de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Sucursal 8173, Bodega de Remates, ubicada en Avenida Cinco de Mayo, por quien resulte responsable, de quien afirmó "...en esos momentos se acercó un sujeto del sexo masculino de quien no observé sus características en razón de que dicho sujeto estaba a espaldas, dándome cuenta únicamente que dicho sujeto portaba pistola y con la misma me amenazó poniéndomela a la altura de las costillas y me dijo que le abriera la puerta del banco y que le entregara todo el dinero, ya que de lo contrario me mataría y por temor a que me lesionara, y debido a esto me llevó a la puerta de acceso al banco, dicho sujeto me indicó que accesara mi clave y como la puerta se retardó para abrir, dicho sujeto se desesperó y me dijo que por qué no habría la maldita puerta y le comente que la puerta tenía retardo de quince minutos. no omito manifestar que en la entrada de la tienda se encontraba un segundo sujeto de una edad aproximada de veintiocho a treinta años, de tez blanca, de estatura aproximada de un metro con ochenta y cinco centímetros.". Aunado a lo anterior, obra en autos copia certificada del oficio de seis de febrero de dos mil quince, suscrito por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, y dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano, cuyo contenido es el siguiente: "En cumplimiento a la resolución dictada con esta misma fecha, en la causa penal que se cita al rubro, comunico a usted, que se libró orden de aprehensión en contra de Julio Mariano Marcos Cardoso y Abel Casarrubias Loza, por ser probables responsables en la comisión del delito de robo calificado, en agravio de Institución Bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para que ordene a quien corresponda la búsqueda y captura de los mencionados inculpados, quienes pueden ser localizados en LA CALLE RINCONADA DRAGA, NÚMERO 37, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, FOVISSSTE DE ESTA CIUDAD y lograda que sea, los ponga a disposición de este juzgado, internos en el centro regional de reinserción social de esta ciudad.". Asimismo, a fojas veinticuatro del expediente de amparo en que se actúa, obra copia certificada de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, a favor del quejoso, de la que se advierte que éste tiene su domicilio en "C. Los Naranjos 19, Barrio Santa Rosita, C.P. 39480, Acapulco de Juárez, Guerrero". En esa tesitura, la confrontación de los anteriores datos pone de manifiesto que se trata de dos personas distintas, pero con nombre igual, es decir que en el caso, se trata de un asunto de homonimia, que consiste en la semejanza en la manera de escribirse o pronunciarse que presentan dos palabras de significado diferente o de diferente valor gramatical. Entonces, se colige que la persona contra la cual la juez responsable libró la orden de aprehensión aquí reclamada, se trata de una persona diversa al quejoso, pues la persona buscada corresponde a una edad cronológica diferente; e incluso, el domicilio señalado por el Juez responsable, para llevar a cabo la búsqueda y captura de los indiciados, es diverso al que tiene el peticionario del amparo y que se advierte de la identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral a su favor; por ende es incuestionable que en el caso se demostró que no existe identidad entre el quejoso y el indiciado en la causa penal 11/2015-1. Por tanto, la orden de aprehensión emitida el seis de febrero de dos mil quince, por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 11/2015-I, como se indicó, no irroga ningún perjuicio al aquí quejoso Abel Casarrubias Loza, pues fue librada en contra de una persona distinta, aunque homónima de éste. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 982, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PERSONA DE NOMBRE SIMILAR AL DEL QUEJOSO. PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE DEMOSTRAR QUE PUEDE EJECUTARSE EN SU CONTRA. Cuando en un juicio de garantías se reclama la orden de aprehensión dictada en contra de una persona de nombre similar al del peticionario de garantías; a fin de que éste acredite su interés jurídico, es menester que aporte al juicio pruebas encaminadas directamente a demostrar que la misma puede ser ejecutada en su persona por alguna razón; pues de no ser así, ante la negativa de la autoridad responsable ordenadora de haber librado la orden en contra del quejoso, y el que la autoridad señalada como ejecutora aceptara la existencia de la referida orden, pero girada contra una persona de nombre similar, surge la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que atiende al principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como en los numerales 4o. y 5o. de la citada ley." Sin que obste que el quejoso en su demanda dentro del capítulo relativo a los antecedes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad haya relatado los eventos reseñados en líneas precedentes, en el sentido de que el diecinueve de julio del año en curso, se presentaron elementos de la policía ministerial del Estado, en su domicilio ubicado en la Calle Los Naranjos Número 19 de la Colonia Barrio de Santa Rosita, en esta Ciudad, con el objeto de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, ya que tal protesta sólo es un requisito establecido por el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, y no cuenta por sí mismo con el carácter de medio de prueba. Por tanto, la orden de aprehensión emitida el seis de febrero de dos mil quince, por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 11/2015-1, como se indicó, no irroga ningún perjuicio al aquí quejoso, al haber sido librada en contra de una persona distinta a éste. Cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo. En apoyo se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 530, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Consecuentemente, ante la actualización de la causa de improcedencia señalada, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías. En el entendido de que, el sobreseimiento decretado comprende a la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, tanto de la ordenadora como de las ejecutoras; ello en virtud de que con relación a ninguno de ellos el quejoso acreditó la afectación a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a la anterior determinación el criterio aislado sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 2821, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLA EN AMPARO EL QUEJOSO QUE DEMUESTRA QUE TIENE UN NOMBRE HOMÓNIMO AL DE AQUEL EN CONTRA DE QUIEN SE LIBRÓ LA ORDEN DE CAPTURA, A NO SER QUE DEMUESTRE, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CORRESPONDIENTES, QUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS HAN TRATADO DE CUMPLIMENTARLA EN SU PERSONA. De una interpretación conjunta a los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que el interés jurídico para acudir al juicio de garantías consiste en la demostración plena de la afectación que un acto de autoridad causa a una persona. Acorde con ello, si al reclamar la inconstitucionalidad de una orden de aprehensión, el quejoso demuestra que tiene un nombre homónimo al de aquel en contra de quien se emitió, y de las constancias respectivas se advierten los datos que permiten identificar plenamente a la persona por la que se libró aquel mandato, resulta evidente que la orden de captura no afecta en forma alguna al impetrante de garantías y, por ende, carece de legitimación para reclamarla en amparo, dado que no se encuentra dirigida a su persona sino a una distinta pero con similar nombre, por lo que el acto reclamado no tiene la finalidad de causarle un perjuicio. Lo anterior no impide que si el quejoso demuestra, a través de los medios de prueba correspondientes, que las autoridades ejecutoras han tratado de cumplimentar la referida orden en su persona, pueda concederse la protección constitucional, toda vez que dichos actos de ejecución son contrarios a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que constituyen una molestia y afectación en su persona, al pretenderse cumplir un acto privativo de libertad dirigido a un diverso individuo de idéntico nombre, esto es, en los casos de homonimia en donde es plenamente identificable la persona contra la cual se emitió el acto restrictivo de libertad, lo único que puede llegar a afectar al quejoso es su ejecución." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 754/2016, promovido por Abel Casarrubias Loza, por las razones contenidas en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATOROS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ABEL CASARRUBIAS LOZA Y A LA PARTE TERCERO INTERESADA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ESTA ÚLTIMA POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESNETE, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 754/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Abel Casarrubias Loza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: A) Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. EJECUTORA: 2) Coordinadores de Grupo de la Policía Ministerial adscritos a los sectores Central y Mozimba (autoridades declaradas inexistentes en auto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis). ACTO RECLAMADO: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, reclamo el mandamiento de la orden de aprehensión totalmente ilegal y fuera de un procedimiento judicial librada en contra del suscrito por un delito que no he cometido, donde omite informarme quien es la persona que depone en mi contra y porqué delito, para estar en condiciones de poder ofrecer pruebas a mi favor y de esta forma poder demostrar mi inocencia y por cualquier delito que pudiera imputarse en mi contra. De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclama el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, misma que puede ser llevada a cabo en cualquier momento directamente por los coordinadores de grupo de la Policía Ministerial antes mencionada". SEGUNDO.- Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 754/2016, se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante proveído de uno de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido el informe justificado del Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, encargado del Despacho por Ministerio de Ley; asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado a la persona moral Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, quien fue emplazada a juicio. CUARTO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco, remitido el diecisiete siguiente a este Juzgado, el quejoso Abel Casarrubias Loza, amplió la demanda, señalando como autoridades responsables ejecutoras, las siguientes: a).- Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sector Garita. b).- Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sector Zapata. c).- Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Sector Renacimiento. Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- ES CIERTO el acto que se reclama al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, pues al rendir su informe con justificación así lo reconoció expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, y que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva civil en cita. Determinación que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye a los Coordinadores de Zona de la Policía Ministerial del Estado Sectores Zapata, Garita, Central y Renacimiento, pues no obstante que al rendir sus respectivos informes justificados negaron su existencia, dado el carácter con el que fueron designados y las atribuciones propias de su función, es inconcuso que se encuentran en aptitud de llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión cuya existencia aceptó el juez responsable; de ahí que lo procedente es tener por desvirtuada la negativa informada y por cierto el acto que se le reprocha. TERCERO.- Precisado lo anterior, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. (.)." En íntima vinculación con lo anterior, el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, señala que: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del numeral 61 invocado, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte el citado numeral 6 refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, a quien afecte la norma general o el acto reclamado y por tal circunstancia, tenga necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal a efecto de que se respete el derecho individual que le otorga la Constitución o el tratado internacional y que alega transgredida. Por último, de la lectura del numeral 5 transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo). Luego, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una causa penal, es que el quejoso debe probar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en la inteligencia, que la afectación a su esfera jurídica debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones, pues de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, de acuerdo a lo previsto por el citado numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso acude a este juicio de amparo para reclamar la orden de aprehensión librada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Allende, dentro de la causa penal 11/2015-1, porque refiere que la misma fue girada en contra de una persona diversa aunque con el mismo nombre, ya que el diecinueve de julio del año en curso, aproximadamente a las doce horas, se presentaron en su domicilio particular, elementos de la Policía Ministerial del Estado, con el objeto de cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra de Abel Casarrubias Loza; que al no encontrarse en su domicilio no pudieron dar cumplimiento a la orden de captura, optando por retirarse, no sin antes manifestar a los hermanos del quejoso que regresarían en otra ocasión; que los actos reclamados son violatorios de sus derechos, pues no es la persona a la cual se le imputa el delito de robo calificado en agravio de la Institución Bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, esto es, se trata de una homonimia. Para acreditar lo anterior, allegó los siguientes documentos: a).- Copia certificada del Acta de nacimiento del quejoso Abel Casarrubias Loza. b).- Credencial de elector. c).- Tarjeta de débito Mastercard número 551238048748, de Banco Azteca. d).- Credencial número 066 expedida por el Lic. Jaime Eliuth Espíritu Nabor, titular de la Secretaría de Educación de Guerrero. e) Cédula de identificación fiscal, expedida por el Servicio de Administración Tributaria a favor del quejoso. f) Dos comprobantes de pago expedidos por la Secretaría de Educación de Guerrero, a favor del quejoso. g) Tres fotografías del quejoso. Así, los medios de prueba allegados por el quejoso, adminiculados entre sí, permiten arribar a la convicción de que éste responde al nombre de Abel Casarrubias Loza, quien actualmente cuenta con la edad de sesenta y tres años, por haber nacido el diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, en Tixtla, Municipio Tixtla de Guerrero, Estado de Guerrero, y que sus progenitores son Eliezer Casarrubias y Celia Loza de Casarrubias, que tiene su domicilio en calle Los Naranjos 19, Barrio de Santa Rosita en esta ciudad. Por otra parte, de las constancias que integran la causa penal 11/2015-1, específicamente de la declaración ministerial de diez de septiembre de dos mil catorce, que realizó Caritina Ramos Villagómez, denunciante de los hechos delictivos perpetrados en contra de Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Sucursal 8173, Bodega de Remates, ubicada en Avenida Cinco de Mayo, por quien resulte responsable, de quien afirmó "...en esos momentos se acercó un sujeto del sexo masculino de quien no observé sus características en razón de que dicho sujeto estaba a espaldas, dándome cuenta únicamente que dicho sujeto portaba pistola y con la misma me amenazó poniéndomela a la altura de las costillas y me dijo que le abriera la puerta del banco y que le entregara todo el dinero, ya que de lo contrario me mataría y por temor a que me lesionara, y debido a esto me llevó a la puerta de acceso al banco, dicho sujeto me indicó que accesara mi clave y como la puerta se retardó para abrir, dicho sujeto se desesperó y me dijo que por qué no habría la maldita puerta y le comente que la puerta tenía retardo de quince minutos. no omito manifestar que en la entrada de la tienda se encontraba un segundo sujeto de una edad aproximada de veintiocho a treinta años, de tez blanca, de estatura aproximada de un metro con ochenta y cinco centímetros.". Aunado a lo anterior, obra en autos copia certificada del oficio de seis de febrero de dos mil quince, suscrito por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, y dirigido al Agente del Ministerio Público adscrito a ese órgano, cuyo contenido es el siguiente: "En cumplimiento a la resolución dictada con esta misma fecha, en la causa penal que se cita al rubro, comunico a usted, que se libró orden de aprehensión en contra de Julio Mariano Marcos Cardoso y Abel Casarrubias Loza, por ser probables responsables en la comisión del delito de robo calificado, en agravio de Institución Bancaria Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para que ordene a quien corresponda la búsqueda y captura de los mencionados inculpados, quienes pueden ser localizados en LA CALLE RINCONADA DRAGA, NÚMERO 37, DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, FOVISSSTE DE ESTA CIUDAD y lograda que sea, los ponga a disposición de este juzgado, internos en el centro regional de reinserción social de esta ciudad.". Asimismo, a fojas veinticuatro del expediente de amparo en que se actúa, obra copia certificada de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, a favor del quejoso, de la que se advierte que éste tiene su domicilio en "C. Los Naranjos 19, Barrio Santa Rosita, C.P. 39480, Acapulco de Juárez, Guerrero". En esa tesitura, la confrontación de los anteriores datos pone de manifiesto que se trata de dos personas distintas, pero con nombre igual, es decir que en el caso, se trata de un asunto de homonimia, que consiste en la semejanza en la manera de escribirse o pronunciarse que presentan dos palabras de significado diferente o de diferente valor gramatical. Entonces, se colige que la persona contra la cual la juez responsable libró la orden de aprehensión aquí reclamada, se trata de una persona diversa al quejoso, pues la persona buscada corresponde a una edad cronológica diferente; e incluso, el domicilio señalado por el Juez responsable, para llevar a cabo la búsqueda y captura de los indiciados, es diverso al que tiene el peticionario del amparo y que se advierte de la identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral a su favor; por ende es incuestionable que en el caso se demostró que no existe identidad entre el quejoso y el indiciado en la causa penal 11/2015-1. Por tanto, la orden de aprehensión emitida el seis de febrero de dos mil quince, por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 11/2015-I, como se indicó, no irroga ningún perjuicio al aquí quejoso Abel Casarrubias Loza, pues fue librada en contra de una persona distinta, aunque homónima de éste. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 982, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA PERSONA DE NOMBRE SIMILAR AL DEL QUEJOSO. PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE DEMOSTRAR QUE PUEDE EJECUTARSE EN SU CONTRA. Cuando en un juicio de garantías se reclama la orden de aprehensión dictada en contra de una persona de nombre similar al del peticionario de garantías; a fin de que éste acredite su interés jurídico, es menester que aporte al juicio pruebas encaminadas directamente a demostrar que la misma puede ser ejecutada en su persona por alguna razón; pues de no ser así, ante la negativa de la autoridad responsable ordenadora de haber librado la orden en contra del quejoso, y el que la autoridad señalada como ejecutora aceptara la existencia de la referida orden, pero girada contra una persona de nombre similar, surge la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que atiende al principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como en los numerales 4o. y 5o. de la citada ley." Sin que obste que el quejoso en su demanda dentro del capítulo relativo a los antecedes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad haya relatado los eventos reseñados en líneas precedentes, en el sentido de que el diecinueve de julio del año en curso, se presentaron elementos de la policía ministerial del Estado, en su domicilio ubicado en la Calle Los Naranjos Número 19 de la Colonia Barrio de Santa Rosita, en esta Ciudad, con el objeto de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, ya que tal protesta sólo es un requisito establecido por el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, y no cuenta por sí mismo con el carácter de medio de prueba. Por tanto, la orden de aprehensión emitida el seis de febrero de dos mil quince, por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 11/2015-1, como se indicó, no irroga ningún perjuicio al aquí quejoso, al haber sido librada en contra de una persona distinta a éste. Cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo. En apoyo se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 530, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Consecuentemente, ante la actualización de la causa de improcedencia señalada, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías. En el entendido de que, el sobreseimiento decretado comprende a la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, tanto de la ordenadora como de las ejecutoras; ello en virtud de que con relación a ninguno de ellos el quejoso acreditó la afectación a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a la anterior determinación el criterio aislado sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 2821, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMARLA EN AMPARO EL QUEJOSO QUE DEMUESTRA QUE TIENE UN NOMBRE HOMÓNIMO AL DE AQUEL EN CONTRA DE QUIEN SE LIBRÓ LA ORDEN DE CAPTURA, A NO SER QUE DEMUESTRE, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CORRESPONDIENTES, QUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS HAN TRATADO DE CUMPLIMENTARLA EN SU PERSONA. De una interpretación conjunta a los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que el interés jurídico para acudir al juicio de garantías consiste en la demostración plena de la afectación que un acto de autoridad causa a una persona. Acorde con ello, si al reclamar la inconstitucionalidad de una orden de aprehensión, el quejoso demuestra que tiene un nombre homónimo al de aquel en contra de quien se emitió, y de las constancias respectivas se advierten los datos que permiten identificar plenamente a la persona por la que se libró aquel mandato, resulta evidente que la orden de captura no afecta en forma alguna al impetrante de garantías y, por ende, carece de legitimación para reclamarla en amparo, dado que no se encuentra dirigida a su persona sino a una distinta pero con similar nombre, por lo que el acto reclamado no tiene la finalidad de causarle un perjuicio. Lo anterior no impide que si el quejoso demuestra, a través de los medios de prueba correspondientes, que las autoridades ejecutoras han tratado de cumplimentar la referida orden en su persona, pueda concederse la protección constitucional, toda vez que dichos actos de ejecución son contrarios a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que constituyen una molestia y afectación en su persona, al pretenderse cumplir un acto privativo de libertad dirigido a un diverso individuo de idéntico nombre, esto es, en los casos de homonimia en donde es plenamente identificable la persona contra la cual se emitió el acto restrictivo de libertad, lo único que puede llegar a afectar al quejoso es su ejecución." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 754/2016, promovido por Abel Casarrubias Loza, por las razones contenidas en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese sin proveer en relación al oficio signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en virtud de que en auto de uno de agosto de la presente anualidad se tuvo por rendido su informe justificado.

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