Abdon Soto Serna

Expediente 91/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
91/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
30/05/2017

Partes del expediente

  • Abdon Soto Serna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero, mediante el cual remite los cuadernos incidentales derivado del expediente en que se actúa, como lo solicita, acúsese de recibo. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se archivó este asunto como totalmente concluido; por lo que se ordena glosar a estos autos el incidente de suspensión relativo, y conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se hace la indicación de que una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, es depurable el original del incidente de suspensión, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el tres de junio de dos mil dieciséis, por oficio 2038, el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, informó que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada del juicio y se avocó al conocimiento del asunto, el que quedó registrado con el número de Amparo Directo 367/2016. Atento a lo anterior y tomando en cuenta que, por acuerdo de dieciséis de febrero del año anterior, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, en obvio de mayores dilaciones, remítanse de inmediato los incidentales de referencia al Tribunal de Alzada. Finalmente, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este cuaderno como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente; y, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, en relación con el apartado segundo, fracción XX, de dicho acuerdo, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido seis meses a partir del presente proveído, aunado a que carece de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese.

  3. Principal

    el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada, comunica que se avoco del conocimiento de la incompetencia planteada por este juzgador.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 91/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Abdón Soto Serna, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1).- Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 2).- Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. ACTO RECLAMADO: "1.- Del C. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, se reclama la sentencia definitiva de fecha quince de diciembre del dos mil quince, dictada en el juicio de divorcio incausado, promovido por Ana María Campechano López, en contra del suscrito Abdón Soto Serna, mismo que se tramitara ante la autoridad responsable en autos del expediente 666-2/2014. 2.- Del C. Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, se reclama la sentencia definitiva de fecha quince de diciembre del dos mil quince, dictada en el juicio de divorcio incausado, promovido por Ana María Campechano López, en contra del suscrito Abdón Soto Serna, mismo que se tramitara ante la autoridad responsable en autos del expediente 666-2/2014." SEGUNDO.- Mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se radicó la demanda de garantías con el número de expediente 91/2016, y se formuló una prevención, la cual fue desahogada favorablemente y por acuerdo de dieciséis de febrero siguiente se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O ÚNICO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero estima ser legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por las consideraciones que a continuación se expondrán. En primer término, resulta preciso destacar que por imperativo derivado del artículo 16 constitucional las cuestiones de competencia son de orden público, y por tanto, de previo, especial y oficioso pronunciamiento. En concatenación con lo anterior, conviene destacar que el artículo 107, fracciones V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse a los principios y bases generales del juicio de amparo, en lo que interese textualmente dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones." Por su parte los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." De la exégesis de los preceptos legales parcialmente reproducidos se desprende que cuando se trate de impugnar sentencias definitivas dictadas por tribunales civiles, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, deberá promoverse el juicio de amparo directo, del que deberá conocer un tribunal colegiado. Luego, en el caso, el quejoso reclamó de las autoridades responsables la resolución de quince de diciembre de dos mil quince dictada en el expediente de juicio de divorcio incausado 666/2014-I, promovido por Ana María Campechano López en contra de Abdón Soto Serna. En este punto, es importante destacar que la parte quejosa refirió acudir a la instancia constitucional como tercera extraña-por equiparación -, bajo el argumento de que no fue debidamente emplazado. Sin embargo, se estima que en el caso, la cuestión objetivamente reclamada no tiene que ver con su llamamiento a juicio, porque si bien es cierto, de las actuaciones atinentes al expediente 666/2014-I, se deriva que la acción de divorcio incausado se entabló en contra de Abdón Soto Serna; que el diecinueve de junio de dos mil catorce fue emplazado a dicho juicio mediante diligencia efectuada por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, y que -previa solicitud de la parte actora- por auto de diez de julio de dos mil catorce, se tuvo al demandado por rebelde al no dar contestación a la demanda; tampoco puede soslayarse que en el proveído de treinta de octubre pasado se fijaron las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil quince para que tuviera verificativo la audiencia previa y de conciliación; diligencia en la que se hizo constar la comparecencia de Abdón Soto Serna, asistido de su abogado patrono. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, del Libro V, febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época; del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De ese modo, no es factible tener como acto reclamado destacado el emplazamiento de Abdón Soto Serna, porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario antes del dictado de la sentencia definitiva. De igual modo, tampoco sería factible tener como acto reclamado el auto de uno de diciembre de dos mil quince en el que se contiene la determinación del juez de la causa de no proveer de conformidad la solicitud del quejoso en el sentido de declarar que la instancia natural había caducado; motivo en el que se sustenta el concepto de violación que esgrime Abdón Soto Serna en contra de la sentencia de quince de diciembre pasado. Lo anterior porque en todo caso, dicha determinación no produce una afectación de imposible reparación habida cuenta que sus efectos -la continuación del procedimiento- sólo son de carácter intraprocesal por no afectar un derecho sustantivo, por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada las diez horas con treinta del quince de abril actual, en el Semanario Judicial de la Federación, de aplicación supletoria a partir del diecio del mes en curso, según lo establecido en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Ahora bien, para estar en aptitud de verificar si nos encontramos frente a una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo uniinstancial, debe acudirse a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, en tanto que expresamente señala que las resoluciones que determinan la disolución del vínculo matrimonial son inapelables, de lo que se sigue la resolución sujeta a examen que se ubica en la hipótesis prevista en los ordinales que regulan la procedencia del juicio de amparo directo invocados con antelación. Lo anterior, sin que pase por alto el hecho de que en el diverso juicio de garantías 1274/2013 del índice de este juzgado de Distrito, el cual se tiene la vista como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º; se transcribió la ejecutoria que emitió en el Amparo Directo Civil 592/2013, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la que estableció cuáles son las condiciones que debían observarse para reputar el carácter de definitivas para los efectos del juicio de amparo, a las sentencias emitidas en los juicios de divorcio incausado. Así, en dicha ejecutoria de treinta y uno de octubre pasado se precisó lo siguiente: "Para facilitar la comprensión del asunto y de la determinación adoptada por este órgano de control constitucional, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de los autos originales del juicio de origen. Así, aparece que mediante escrito fechado el siete de enero de dos mil trece, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX promovió divorcio incausado en contra de XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, a quien le reclamó la disolución del vínculo matrimonial y la liquidación de la sociedad conyugal; asimismo, formuló propuesta de convenio en términos del artículo 28 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero. En auto de veintiuno de enero de dos mil trece, la jueza Tercera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero admitió a trámite la demanda, la radicó como expediente 60/2013-I, dictó medidas provisionales y ordenó emplazar a la parte demandada (foja 26 del expediente civil). El trece de febrero de dos mil trece, XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX dio contestación a la demanda en la que, entre otras cosas, manifestó su desacuerdo con lo reclamado por el actor; asimismo, presentó una contrapropuesta de convenio (fojas 35 a 39 del juicio civil). El doce de marzo de dos mil trece se llevó a cabo la audiencia previa y de conciliación conforme al artículo 77 del Código Procesal Civil en el Estado de Guerrero; finalmente, el once de abril de dos mil trece la jueza responsable dictó el fallo aquí combatido, cuyos puntos resolutivos han quedado precisados en el resultando primero de este fallo, en el que declaró, por una parte, la disolución del vínculo matrimonial de XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX con XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX; por otra, dejó a salvo el derecho de las partes para hacer valer en la vía incidental lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal y alimentos entre cónyuges. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Conforme a la anterior relación de constancias se llega a la convicción de que el acto que se reclama en esta vía, como se adelantó, no constituye una sentencia definitiva o laudo que haya resuelto el juicio en lo principal o una resolución que ponga fin al juicio, dictados por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, disponen: (.) De la interpretación jurídica de los referidos preceptos legales se advierte que el juicio de amparo directo es competencia de los tribunales colegiados de circuito; procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, así como por violaciones a los derechos fundamentales cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicadas; entendiéndose por sentencia definitiva la que decida el juicio en lo principal y, por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, respecto de las cuales, además, las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En el caso concreto, como ya se dijo, la jueza de la causa dejó a salvo los derechos respecto del tema de liquidación de la sociedad conyugal y alimentos entre cónyuges, para que los hicieran valer en la vía incidental, al no haber acuerdo entre las partes. Luego, es claro que el acto reclamado en el presente juicio de amparo tiene la naturaleza jurídica de un mero auto definitivo o resolución intermedia, según lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no de sentencia definitiva que concluya el procedimiento de divorcio incausado, tal como se verá a continuación. De los criterios contenidos en las ejecutorias que resolvieron las Contradicciones de Tesis 63/2011 y 180/2011, en sesión de veintidós de agosto de dos mil doce, así como las Contradicciones de Tesis 135/2011 y 143/2011, resueltas, respectivamente, en sesiones de doce de septiembre y veinticuatro de octubre de dos mil doce, todas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas al trámite del divorcio sin expresión de causa, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: De la Contradicción de Tesis 63/2011, destaca que: ".el procedimiento del juicio de divorcio es uno solo; por ello es de suma importancia destacar que si bien en la tesis aislada 1ª. CCXXIII/2009, que lleva por rubro: 'DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 266, 267, 282, 283, FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, QUE REGULAN SU TRAMI-TACIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO LEGAL.' esta Primera Sala estableció que en el juicio de divorcio sin expresión de causa existen dos etapas, una denominada 'no contenciosa' (relativa a la declaración de divorcio) y otra en la que sí existe contienda (donde se deciden las cuestiones inherentes al divorcio), un nuevo análisis de las disposiciones que rigen el divorcio sin expresión de causa lleva a abandonar en lo conducente dicho criterio, pues éste se desarrolla en los términos que han quedado precisados a partir del punto II del considerando QUINTO de esta ejecutoria, sobre lo cual cobra relevancia la circunstancia de que se trata de un procedimiento único, de tipo contencioso, en el que no puede afirmarse de manera categórica la distinción de dos etapas que puedan regir de momento a momento y menos aún, que en cada una de ellas se resuelvan temas específicos (.) En los mismos términos, es decir en lo conducente, debe abandonarse el criterio sostenido por esta misma Sala en la jurisprudencia 1ª./J.137/2009, publicada en la página ciento setenta y cinco, del Tomo XXXI, abril de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: 'DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008).', en virtud de que en ésta se afirma que el juicio de divorcio sin expresión de causa termina con la resolución que ordena la disolución del vínculo matrimonial y que, en su caso, las cuestiones inherentes al divorcio han de reservarse para ser resueltas en la vía incidental. Al respecto, debe decirse que dicha interpretación no advierte los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que deben regir en el juicio de divorcio y que sirven de base para dar lógica y contenido a las normas que regulan el proceso de que se trata, máxime si se considera que con tal interpretación existe el riesgo de incurrir en una incongruencia externa, al dejar de resolver cuestiones que quedaron planteadas desde la demanda y que no encontrarán solución con el dictado de la sentencia de divorcio, sobre todo porque, una vez roto el lazo conyugal, no se tiene la certeza de que las pretensiones de las partes se vean resueltas en la vía incidental con el consecuente perjuicio de alguno de los excónyuges. (.) En esa tesitura, aunque de acuerdo con lo expuesto en el apartado B), del punto II, del considerando quinto de esta ejecutoria, cabe la posibilidad de que en el juicio de divorcio se dicte sentencia en la que se decrete la disolución del vínculo matrimonial y al mismo tiempo se resuelvan todas las cuestiones inherentes a la disolución del mismo, lo cual ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del convenio a que se refiere el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, y éste no contraviene la ley, lo cierto es que en dicho juicio también está latente la posibilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en ese convenio; y en esa virtud, aun y cuando el juzgador dicte un auto definitivo en el que determine la disolución del vínculo matrimonial, el procedimiento que como ya se dijo es uno solo, debe continuar conforme a las reglas de la vía incidental, a fin de resolver lo conducente en la sentencia respectiva, misma que en términos de lo dispuesto en el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal sí es recurrible, y lo es a través del recurso de apelación previsto en el numeral 691 del propio ordenamiento, en razón de que los juicios de divorcio tienen una cuantía indeterminada." De la citada contradicción de tesis surgió la jurisprudencia 1ª./J.116/2012 (10ª), visible en la página 519, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, CONCRETAMENTE ANTES DE LA DECLARACIÓN DE DIVORCIO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación de las normas que regulan la disolución del vínculo matrimonial, en relación con el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que fue especialmente creado para regular la procedencia de los recursos en el divorcio sin expresión de causa, se concluye que si bien es cierto que el citado numeral prevé que la resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial (dictada en la primera etapa del juicio) es inapelable, sin establecer si las determinaciones intermedias emitidas en el juicio son o no susceptibles de impugnación, también lo es que ello, por sí solo, no conlleva a considerar que sean inimpugnables, porque de la exposición de motivos correspondiente se advierte que aun cuando el legislador consideró que el recurso de apelación no era procedente contra la resolución que decreta el divorcio, ello obedece a que el fin de la reforma fue privilegiar la voluntad del cónyuge que lo solicita; sin embargo, de la indicada exposición no se colige que su intención haya sido hacer inimpugnables las diversas resoluciones que, por ser accesorias a la disolución del vínculo matrimonial, pueden emitirse antes de decretarse el divorcio, pues el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no lo prohíbe; y si bien no pasa inadvertido que la reforma busca hacer más expedito, dinámico y laxo el procedimiento relativo, esa celeridad no debe interpretarse como una limitación al derecho de las partes de recurrir las determinaciones que estimen contrarias a sus intereses, pues éste sólo puede limitarse cuando la propia ley determine que son irrecurribles. Además, en la exposición de motivos expresamente se estableció que la reforma debía entenderse sin menoscabo de los derechos que consagra la ley, de manera que si acorde con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es "Ley Suprema de la Unión", y de él deriva que el Estado Mexicano se comprometió a desarrollar la oportunidad del recurso judicial a fin de garantizar que toda persona, que estime que sus derechos o libertades hayan sido violados, pueda tener acceso a un recurso efectivo, se sigue que al introducir esa reforma, la intención del legislador no fue dejar a las partes sin defensa contra las determinaciones intermedias emitidas en la primera etapa, pues esa interpretación es acorde con los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, ya que favorece el derecho de acceso completo a la justicia, otorgando al gobernado una oportuna y adecuada defensa. En ese tenor, aunque en el juicio de divorcio existe la posibilidad de que se dicte sentencia en la que se determine la disolución del vínculo matrimonial y al mismo tiempo se resuelvan las cuestiones inherentes a la disolución del mismo, lo que ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del convenio a que se refiere el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, y que es irrecurrible, no se puede desconocer que también está latente la posibilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en ese convenio; hipótesis ésta en la que si bien el juzgador deberá dictar un auto definitivo en el que determine el divorcio, lo cierto es que el procedimiento, que es uno solo, deberá continuar conforme a las reglas de la vía incidental, a fin de resolver todo lo conducente a las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en la sentencia respectiva, misma que en términos de lo dispuesto en el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es recurrible, y lo es a través del recurso de apelación previsto en el numeral 691 del propio ordenamiento, en razón de que los juicios de divorcio tienen una cuantía indeterminada; en consecuencia, como tal situación depende de la postura que asuman las partes en el procedimiento, se concluye que como la sentencia dictada en el juicio de divorcio después de que éste ha sido decretado, sí admite en su contra el recurso de apelación, entonces la causa en este tipo de juicio sí es apelable y, en consecuencia, las resoluciones dictadas durante el desarrollo del juicio, concretamente antes de la declaración de divorcio, también son recurribles a través de los recursos de revocación o apelación, dependiendo de la naturaleza de la determinación que se pretenda impugnar. Así, de conformidad con los artículos 684, 685 y 691 del código procesal mencionado, el recurso de revocación será procedente si la resolución que se pretende combatir sólo es de trámite (decreto); en cambio, si se trata de un auto o sentencia interlocutoria, el recurso procedente será el de apelación." Por otro lado, de la Contradicción de Tesis 180/2011 se desprende lo siguiente: ".Ahora bien, si como se anticipó, las partes no se pusieron de acuerdo respecto de las cuestiones inherentes al matrimonio en la audiencia de conciliación, y por lo tanto, el auto que dicta el juez que decreta la disolución del vínculo matrimonial, no resuelve aquello que fue materia de los convenios, como es lo relativo a los bienes, la guarda y custodia de los hijos, las visitas y convivencias con los hijos, los alimentos, el pago indemnizatorio, el daño moral, etcétera, las cuales son obligaciones que derivan del matrimonio, no debe pasarse por alto que dichas cuestiones constituyen prestaciones principales de la demanda, y que por lo tanto, la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquella que resuelve en forma definitiva dichas cuestiones. Que la resolución que disuelve el vínculo matrimonial sólo constituye una sentencia definitiva cuando resuelve todas las cuestiones inherentes al matrimonio, de manera que el juez decreta el divorcio y sanciona el convenio en su totalidad -en el entendido de que su contenido no contraviene la ley-, por lo que se tiene por terminado el juicio en la audiencia conciliatoria, habiendo resuelto todas las prestaciones principales. Sin embargo, si las partes no se ponen de acuerdo, la ley obliga a la continuación del procedimiento para resolver las prestaciones principales que han quedado pen-dientes atendiendo a los plazos establecidos en el código adjetivo para los incidentes, en cuyo caso, el auto que disuelve el vínculo matrimonial constituye sólo una resolución intermedia que no le pone fin al juicio, dando lugar a la continuación del juicio, el cual culmina con el dictado de la sentencia definitiva, la cual necesariamente debe resolver respecto de todas las prestaciones principales objeto de la demanda y contestación." Se estima que para determinar la procedencia de los recursos en relación a las determinaciones relacionadas con las cuestiones inherentes al matrimonio, emitidas ya sea antes o después de decretada la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa, son aplicables por analogía el primer párrafo del artículo 685, así como el segundo párrafo del artículo 691, conforme a los cuales son apelables los autos y sentencias interlocutorias si es apelable la sentencia definitiva, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." De la citada ejecutoria se generó la emisión de la jurisprudencia 120/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 709 del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 2003036, del rubro y texto siguientes: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES. De la interpretación del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe entenderse que el término resoluciones engloba a los decretos, autos y sentencias previstos por el artículo 79 del mismo código, por lo que si dichas determinaciones constituyen resoluciones, y el artículo citado en primer término no distingue entre el tipo de re-soluciones que pueden impugnarse, y tampoco prohíbe la impugnación de los actos emitidos después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, sino más bien lo permite expresa-mente al establecer que las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentado son recurribles, debe concluirse que el artículo citado en primer término permite expresamente la impugnación de las diversas resoluciones que se emitan después de decretada la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa. Lo anterior es compatible con lo señalado en la exposición de motivos correspondiente, en cuanto el legislador da un tratamiento distinto a la disolución del vínculo matrimonial y a la determinación de las obligaciones que subsisten a la terminación de dicho vínculo, dado que sostuvo que simplificar el proceso de divorcio permitiría poner más énfasis en los demás puntos controvertidos; se pronunció expresamente en cuanto a la procedencia del recurso de apelación para impugnar las cuestiones materia de los convenios y manifestó que uno de los objetivos de la reforma era que los justiciables encuentren en la autoridad un instrumento idóneo para dirimir sus conflictos. No debe pasarse por alto que las cuestiones inherentes al matrimonio objeto de los convenios constituyen prestaciones principales de la demanda, y que por lo tanto, la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquélla que resuelve en forma definitiva todas esas cuestiones y, por lo tanto, las resoluciones que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial deben ser recurribles; de otra manera el procedimiento previsto para dirimir dichas controversias no podría ser un instrumento idóneo, pues se privaría a las partes de la posibilidad de inconformarse con las resoluciones. Además, de no permitirse la impugnación de cualquier auto o resolución que ponga fin a una controversia sin decidir el fondo de la misma, podrían quedar sin resolverse ciertas determinaciones que por su materia resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas con menores y alimentos. En conclusión, si la sentencia que resuelve todas las prestaciones contenidas en la demanda y contestación constituye la sentencia definitiva, porque resuelve en su totalidad lo relativo a las obligaciones que subsisten a la disolución del vínculo matrimonial, en términos del primer párrafo del artículo 685, y del segundo párrafo del artículo 691, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." Por otro lado, de la Contradicción de Tesis 135/2011 se desprende que la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País sostuvo lo siguiente: ".Ello es así, pues se dijo que si bien cabe la posibilidad de que el proceso termine con una sentencia que decrete el divorcio y apruebe en su totalidad el convenio -cuando existe acuerdo entre las partes y el contenido de éste no contraviene la ley-; sin embargo, también existe la probabilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en el convenio y en ese tenor, el juzgador tenga que dictar un auto definitivo en el que determine la disolución del vínculo matrimonial (y en su caso, apruebe los puntos del convenio en los que estuvieron de acuerdo las partes y que previamente haya calificado de legales) y ordene de oficio la continuación del procedimiento respecto de los puntos del convenio en el que las partes no estuvieron de acuerdo, conforme a las reglas de los incidentes, que finalmente tendrá que resolver en la sentencia respectiva. (.) Por otra parte y para lo que aquí nos interesa, resulta importante mencionar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2011, en sesión del veintidós de agosto de dos mil doce, en la que se analizó el sistema recursal instrumentado para combatir las diversas determinaciones emitidas dentro del juicio de divorcio sin expresión de causa, sostuvo que el recurso idóneo para impugnar las cuestiones inherentes al matrimonio (fuera del auto definitivo y de cuando se dicta sentencia en la que se decreta el divorcio y se aprueban en su totalidad tales cuestiones), es el de apelación (.) .si de acuerdo a lo establecido en líneas precedentes, aquella resolución, diversa a la sentencia definitiva (donde se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio) y al auto definitivo (donde se decreta el divorcio y se puede aprobar algunos puntos del convenio en los que estuvieron de acuerdo las partes), que sólo resuelve cuestiones inherentes al matrimonio adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, precisamente porque dilucida una de las pretensiones principales con las que se integra el juicio de divorcio sin expresión de causa, misma que de acuerdo a lo establecido por los artículos 685, 685 Bis y 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es apelable..." De tal contradicción de tesis surgió la jurisprudencia 1ª./J.111/2012, visible en la página 592, libro XVII, Febrero de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación armónica y sistemática de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se advierte que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio. Ahora bien, la resolución que sin decretar el divorcio, sólo se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales conforme a los artículos 685, 685 Bis y 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son apelables. De ahí que, acorde con los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que sólo resuelven cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, son definitivas para la procedencia del juicio de amparo directo." Finalmente, de la ejecutoria derivada de la Contradicción de Tesis 143/2011, se desprende que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: ".la determinación que niega la pretensión del divorcio, como aquellas resoluciones que se emitan antes que éste se decrete podrán ser impugnadas a través de los recursos ordinarios procedentes." Tal contradicción generó la emisión de la jurisprudencia 1ª./J. 137/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 634 del Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 2003035, de rubro y texto siguientes: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO DA CURSO O NIEGA ADMITIR LA DEMANDA O SOLICITUD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 723, fracción I y 727, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que en contra de la resolución del juez de primera instancia que no da curso o niega admitir una demanda o solicitud de divorcio sin expresión de causa, procede el recurso de queja como instrumento de carácter procesal para revisar la legalidad de dicho proveído, sin que ello pugne con lo dispuesto en el numeral citado en último término en cuanto prevé que este medio de impugnación procede sólo en las causas apelables; puesto que, si bien es cierto el artículo 685 Bis del código adjetivo invocado prevé que la determinación que resuelve la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, también lo es que ha sido criterio de esta Primera Sala que las resoluciones que se pronuncien dentro del procedimiento, antes y después de decretarse el divorcio, son recurribles, pues en cada caso procederá acudir a lo previsto en el artículo 691, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que los asuntos de cuantía indeterminada (como es el caso del divorcio) siempre serán apelables, consolidado esto con el contenido del artículo 685 Bis del mismo ordenamiento legal, que no establece alguna limitante para que esas resoluciones sean impugnables." No se soslaya que, en las ejecutorias en estudio, se interpretó una legislación distinta a la que resulta aplicable en el Estado de Guerrero; sin embargo, se considera aplicable a este supuesto por analogía, debido a que aun cuando no se analiza idéntica norma, el tema abordado (divorcio sin expresión de causa o incausado) sí es el mismo y la descripción de la figura procesal en la legislación del Distrito Federal que se interpretó, también lo es. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis número XXXI/2007, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 560 del Tomo XXV, abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD. La circunstancia de que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante." En tales condiciones, de conformidad con los criterios antes referidos, en el juicio de divorcio sin expresión de causa la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial sólo tendrá el carácter de sentencia definitiva si al mismo tiempo resuelve todas las cuestiones inherentes al matrimonio, lo cual ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del convenio a que se refiere el artículo 28 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, de manera que el juzgador decreta el divorcio y sanciona el convenio en su totalidad, por considerar que éste no contraviene la ley, habiendo resuelto todas las prestaciones principales, en cuyo caso, dicha sentencia definitiva es inapelable (artículo 51 de la Ley de Divorcio), y, en su contra, procede el amparo directo; hipótesis que no se surte en el presente caso, ya que el acto reclamado, si bien disolvió el vínculo matrimonial, también lo es que no resolvió todas las cuestiones inherentes al matrimonio, pues dejó a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía incidental en relación con la liquidación de la sociedad conyugal y los alimentos entre cónyuges. Por ello, es claro que el acto reclamado es un mero auto definitivo o resolución intermedia, pues decreta la disolución del vínculo matrimonial, pero no resuelve aquellos aspectos en los que no hubo acuerdo entre las partes, inherentes a dicho matrimonio. En esta hipótesis, se deberá continuar con el procedimiento para resolver las prestaciones principales que han quedado pendientes respecto de los puntos del convenio en los que las partes no estuvieron de acuerdo, conforme a las reglas de los incidentes que, finalmente, tendrán que resolverse de forma conjunta en la sentencia definitiva respectiva. Así, el referido auto que disuelve el vínculo matrimonial constituye sólo una resolución intermedia que no pone fin al juicio, el cual culmina con el dictado de la sentencia definitiva, la cual necesariamente debe resolver respecto de todas las prestaciones principales objeto de la demanda y contestación. En ese contexto, si como se adelantó, el acto reclamado no es una sentencia definitiva, así como tampoco tiene el carácter de fallo que hubiere puesto fin al juicio conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 170, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se reclama, en esencia, una resolución intermedia catalogada por el Máximo Tribunal del País como auto definitivo que no pone fin al juicio, deducido de un juicio ordinario civil de divorcio sin expresión de causa (incausado), por lo que, es inconcuso que el acto que se reclama no es controvertible en la vía de amparo directo. Así lo sostuvo este tribunal colegiado auxiliar en la tesis VII.1° (IV Región) 2C (10a.), pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS RESOLUCIONES QUE DISUELVEN EL VÍNCULO MATRIMONIAL SIN RESOLVER TOTALMENTE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, NO SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De conformidad con la doctrina jurisprudencial establecida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País en las jurisprudencias 1ª./J.111/2012 (10a.), 1ª./J.116/2012 (10a.), 1ª./J.120/2012 (10a.), y 1ª./J. 137/2012 (10a.), en los juicios de divorcio sin expresión de causa (incausado), la resolución que decreta la disolución del vínculo matrimonial sólo tendrá el carácter de sentencia definitiva si al mismo tiempo resuelve totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio, lo cual ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre todos los puntos contenidos en el convenio a que se refiere el artículo 28 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, de manera que el juzgador decreta el divorcio y sanciona el convenio en su totalidad, por considerar que éste no contraviene la ley; resolución que, al ser inapelable en términos de lo dispuesto por el diverso 51 del mismo ordenamiento, es definitiva, por lo que, en su contra procede amparo directo; sin embargo, ello no ocurre cuando se decreta la disolución del vínculo matrimonial, pero sólo se aprueban algunos puntos del convenio en los que estuvieron de acuerdo las partes y se dejan a salvo sus derechos en relación con las demás cuestiones inherentes al matrimonio respecto de las que no hubo acuerdo para que los hagan valer en la vía incidental, pues en ese caso la resolución que resuelve el vínculo matrimonial, no constituye una sentencia definitiva, así como tampoco un fallo que hubiera puesto fin al juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 170, ambos de la Ley de Amparo en vigor (Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece), sino que constituye una resolución intermedia o auto definitivo que no pone fin al juicio; por tanto, no es controvertible en la sede constitucional del amparo directo." Luego, de lo reseñado con antelación, se concluyó: I).- Que el procedimiento por el cual se determina el vínculo matrimonial constituye una unidad, de modo que el juicio de divorcio incausado no puede dividirse en dos etapas -una contenciosa y otra no contenciosa-, lo que condujo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse de los prístinos criterios jurisprudenciales que sostenían lo contrario y que el juicio de divorcio incausado terminaba con la disolución del vínculo matrimonial. II).- A partir de dicha definición emanada de una nueva reflexión sobre el particular, se podía establecer que sólo en los casos en los que la sentencia que resolvía la totalidad de las cuestiones planteadas en el juicio de divorcio sin expresión de causa, podía considerarse como definitiva; es decir, aquella que determina la disolución del vínculo matrimonial así como las obligaciones que persisten después de concluido éste, tales como los alimentos, la disolución de la sociedad conyugal, la guardia y custodia de los hijos, etcétera. III).- Por el contrario, si la resolución del juicio incausado únicamente determina la disolución del vínculo matrimonial y deja a salvo los derechos de las partes para que en la vía incidental los hagan valer, entonces aquella determinación deberá considerarse como un auto definitivo o auto intermedio, pero no una resolución definitiva. IV).- La anterior distinción adquiere relevancia porque únicamente aquella que se considere definitiva podrá ser objeto de análisis en la instancia constitucional uniinstancial, habida cuenta que de conformidad en con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, es inapelable la resolución definitiva que decreta el divorcio y que sanciona la totalidad de las cuestiones a que se refiere el diverso ordinal 28 de la legislación en cita, del convenio que concierten las partes. V).- Que para controvertir las cuestiones incidentales surgidas antes o después de que se emita la resolución que determine la disolución del vínculo matrimonial, debe observarse el sistema recursal previsto en la legislación adjetiva aplicable, en la inteligencia de que esta última determinación -sea que sancione la totalidad de las prestaciones deducidas en juicio, o deje a salvo los derechos de las partes para que las hagan valer en la vía incidental- es inapelable conforme a lo dispuesto expresamente por el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, que literalmente dispone: "Articulo 51.- Impugnación de las sentencias. La sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse la resolución interlocutoria que recaiga en vía incidental respecto del o los convenios presentados." VI).- En ese punto, la superioridad hizo especial énfasis en la identidad que guarda la legislación del Distrito Federal que fue objeto de análisis en las jurisprudencias invocadas al resolver el Toca de Amparo Directo 592/2013, con la legislación del Estado de Guerrero, que regulan los recursos con que disponen las partes para impugnar las cuestiones atinentes a la sentencia que determina la disolución del vínculo matrimonial y que sanciona la totalidad de las cuestiones a que se refiere el diverso ordinal 28 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, así como los que son procedentes para controvertir las determinaciones intermedias o incidentales surgidas antes o después de declararse la disolución matrimonial; aspecto sobre el cual también se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar al resolver el Amparo Directo Civil 469/2013 (cuaderno auxiliar 885/2013) en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito , al tenor de las siguientes consideraciones: "No se soslaya que en las ejecutorias en estudio se interpretó una legislación distinta a la del Estado de Guerrero; sin embargo, se consideran aplicables a este supuesto por analogía, pues aun cuando no se analiza idéntica norma, el tema abordado (divorcio sin expresión de causa o incausado) sí es el mismo y la descripción de la figura procesal en la legislación del Distrito Federal que se interpretó, también lo es, tal como se denota en las siguientes tablas comparativas: CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL LEY DE DIVORCIO DEL ESTADO DE GUERRERO ARTICULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: I.- La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces; II.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos; III.- El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento; IV.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje; V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición; VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. ARTICULO 27.- El divorcio incausado podrá solicitarse unilateralmente por cualesquiera de los cónyuges ante el Juez competente, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que sea necesario señalar la causa por el cual lo solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año de la celebración del matrimonio. ARTICULO 28.- El cónyuge promovente deberá acompañar a su solicitud de divorcio, una propuesta de convenio que deberá contener los siguientes requisitos: I.- La designación del progenitor que tendrá la guarda y custodia de los hijos; II.- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento, en términos del artículo 404 del Código Civil del Estado de Guerrero. La obligación alimentaria se fijará en los términos del artículo 8 de la presente ley; III.- Designación del cónyuge que hará uso del domicilio conyugal y del menaje, o en su caso el domicilio en que radican en caso de no existir éste; IV.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta su liquidación, así como la forma de liquidarla. Para ese efecto se acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles de la sociedad conyugal, las capitulaciones matrimoniales y el proyecto de partición; V.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la indemnización a que se refiere el artículo 7º. Bis de la presente ley, salvo que se trate de bienes adquiridos a través de donaciones o herencias, éstos se sujetarán a las reglas propias previstas en el Código Civil del Estado. El Juez resolverá atendiendo las circunstancias especiales de cada caso; y VI.- Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO ARTICULO 683 Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez o Tribunal que las dicta. ARTICULO 684 Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. ARTICULO 685 BIS Únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados; la que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable. Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO ARTICULO 723 El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el auto que no admita una demanda, o no reconoce la personalidad de un litigante antes del emplazamiento; no así por lo que hace al que no admite una reconvención; ARTICULO 727 El recurso de queja sólo procede en las causas apelables. Artículo 389.- Admisión del recurso. (último párrafo) .El auto que tenga por no interpuesta la apelación es recurrible en queja; el que la admita es irrecurrible. Como se advierte de los textos citados, ambas legislaciones regulan la acción de divorcio incausado, y prevén que puede solicitarse por uno de los cónyuges, manifestando su voluntad de no desear continuar con el matrimonio. Tanto en el Distrito Federal como en el Estado de Guerrero debe acompañarse a la demanda, la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución de ese vínculo; ésta deberá contener la designación de quien tendrá la guarda y custodia de los hijos, las modalidades de convivencia con éstos, el modo de atender la urgencia de alimentos -incluso del cónyuge que los necesite-, la mención del que hará uso del domicilio conyugal y del menaje, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta su liquidación, así como la forma de liquidarla y, de encontrarse bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la indemnización correspondiente. El juez atenderá las circunstancias especiales de cada caso. Además, en ambas legislaciones se prevé el mismo recurso para impugnar las resoluciones intermedias que se dicten en el procedimiento (en relación con aquellos puntos del convenio con los cuales no estuvieron de acuerdo las partes y que tendrán que hacerse valer incidentalmente). Lo anterior es así, pues se dejó claro que la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquella que resuelve en forma definitiva todas las cuestiones inherentes al convenio y en tanto no queden todos requisitos de la propuesta resueltos, el resto se reclamarán en la vía incidental, siendo un solo procedimiento en el juicio. Y para el caso de que el juez no dé curso a la demanda de divorcio sin expresión de causa, también en esas jurisdicciones procede el recurso de queja. De ahí que, aun cuando en las ejecutorias invocadas párrafos atrás no se interpretó lo previsto para el divorcio incausado en la legislación del Estado de Guerrero -que impera en el particular- sino la del Distrito Federal, al contener esencialmente lo mismo, las codificaciones que rigen en esas demarcaciones, de suyo es aplicable lo sostenido en las jurisprudencias referidas al desentrañar la intención del legislador, virtud a que el tema abordado es análogo. (.)" En ese orden de ideas, si se parte del hecho de que basta imponerse del contenido de la sentencia emitida en el expediente 666/2014-I, para advertir que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares: a).- Declaró disuelto el vínculo matrimonial así como la sociedad conyugal entre Ana María Campechano López y Abdón Soto Serna. b).- Determinó que la patria potestad de los menores Miguel Ángel y Raymundo Alain de apellidos Soto Campechano seguiría siendo ejercida por ambos progenitores. c).- Que la guardia y custodia de dichos menores de edad se otorgaba a la actora Ana María Campechano López. d).- Que la convivencia entre Miguel Ángel y Raymundo Alain de apellidos Soto Campechano con su progenitor Abdón Soto Serna quedó regida conforme al convenio exhibido por Ana María Campechano López. e).- Que respecto a los alimentos de los menores Miguel Ángel y Raymundo Alain de apellidos Soto Campechano, debía estarse a las resultas del procedimiento subjudice relativo (juicio especial de alimentos 953/2010-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares). f).- Que si bien sobre la sociedad conyugal en el segundo punto resolutivo señaló que debía resolverse en la vía incidental, no menos verídico resulta que en la sentencia de quince de diciembre de dos mil quince, el juez de la causa tomó en consideración: f.1).- Que Ana María Campechano López y Abdón Soto Serna contrajeron nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal, de lo que se sigue que la misma debe disolverse en partes iguales. f.2).- Lo anterior en congruencia con lo pactado sobre el particular, según el convenio exhibido por Ana María Campechano López en el sentido de que el único bien que forma parte de la sociedad conyugal era el bien raíz descrito en la cláusula quinta, de cuyo valor-previa fijación conforme al avalúo relativo emitido por perito designado por ambas partes-, la actora entregaría el equivalente al cincuenta por ciento. Todo lo anterior, da pauta para considerar que la sentencia pronunciada en el expediente 666/2014-I, sí se ocupó de la totalidad de las cuestiones planteadas en el juicio de divorcio sin expresión de causa, y por ende, debe considerarse como definitiva para los efectos del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Entonces, como este Juzgado de Distrito, con base en los preceptos legales preinsertos, estima que carece de competencia legal para seguir conociendo y decidir en el presente asunto, y ya que dicha incompetencia aparece demostrada con las constancias que se anexaron al informe justificado rendido por la autoridad responsable, con base en el artículo 47 de la Ley de Amparo se ordena que, previo la expedición de las copias conducentes y formación del cuaderno de antecedentes que para constancia deberá quedar en este juzgado, el expediente respectivo se remita al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito Judicial, en turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, a quien se considera legalmente competente para seguir conociendo y decidir en este asunto, a fin de que dicho tribunal resuelva lo que considere pertinente. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: UNICO.- Por los motivos y fundamentos que se establecen en el considerando único de esta propia resolución, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia oficial en esta ciudad, carece de competencia legal para seguir conociendo y decidir en el juicio de amparo 91/2016, promovido por Abdón Soto Serna, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, asistido por el Licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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