Abel Armando Bacasegua Valenzuela

Expediente 352/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
352/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Abel Armando Bacasegua Valenzuela
  • Sindico Procurador del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad previsto en el numeral 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en donde se declaró cumplido el fallo protector. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el tres de mayo del año en curso, el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables, informó que por oficio 86/2021 en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, Acta número 92, derivado del Segundo Punto de Orden del Día, se aprobó por unanimidad de votos (09 a favor) el Dictamen de las Comisión de Gobernación, en el que se determinó que era improcedente la otorgación del grado inmediato superior del quejoso Abel Armando Bacasegua Valenzuela y se resolvió procedente su Pensión por Retiro Anticipado, mismo documento que le fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado; anexando constancia de ello. Ahora bien, el reclamo del quejoso a las autoridades responsables, consistió en que se proveyera lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso, en los términos de la Ley que regula el acto. Asimismo, se observa que por sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional al quejoso Abel Armando Bacasegua Valenzuela, para efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "Que las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, con domicilio en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto.". Lo anterior, a efecto de garantizar los derechos previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la expedites y celeridad de impartición de justicia. A través de su oficio registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el número 4428, el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables, informó que por oficio 86/2021 en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, Acta número 92, derivado del Segundo Punto de Orden del Día, se aprobó por unanimidad de votos (09 a favor) el Dictamen de las Comisión de Gobernación, en el que se determinó que era improcedente la otorgación del grado inmediato superior del quejoso Abel Armando Bacasegua Valenzuela y se resolvió procedente su Pensión por Retiro Anticipado, mismo documento que le fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado; anexando constancia de ello. Por tanto, es evidente que con lo anterior se colman sin excesos ni defectos los efectos para los que se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así se declara para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda el oficio que suscribe el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional, y anexa constancia de ello. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó y se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Abel Armando Bacasegua Valenzuela; resolución que causó ejecutoria el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por alguna de las partes. En el entendido de que, el amparo y protección constitucionales se concedieron para el siguiente efecto: "Que las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, con domicilio en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto.". En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban los oficios en los que se les comunique el presente acuerdo, acusen recibo del oficio en que contenga este proveído, asimismo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informen sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto. Lo anterior, apercibidas que de no hacerlo en un plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que recibas este oficio, se procederá en términos de los numerales 192 y 193 de la ley de la materia que establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. .". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si laautoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, eljuez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria...". Es decir, al omiso se le impondrá al efecto una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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