Aaron Encinas Quintana

Expediente 704/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
704/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Aaron Encinas Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, se revocó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓLS QUE DICE;Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: .DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión serán las siguientes: Que la autoridad recaudadora desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 50, fracción II y , fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, única y exclusivamente en torno a los actos de aplicación reclamados en el juicio de amparo indirecto que se revisa; sin que la concesión puede traducirse en liberar al impetrante del amparo de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Hecho lo anterior, deberá determinar la cantidad correspondiente por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, de conformidad con la cuota prevista en el inciso b) fracción II del artículo 50, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y realice la operación correspondiente en relación con dicho monto, deberá devolver el excedente de las cantidades que enteró la parte quejosa por concepto de los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y pago del diez por ciento sobre el monto de derecho pagado, por apoyo a la educación, determinado en los recibos con número de folio D18 11504899 y D18 11504902, de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante SATES-DR-DDC-0486/2022, anexó la constancia de entrega al quejoso de mérito de cheque por la cantidad de por la cantidad de $6,606.00 (seiscientos seis mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de rectificación de ingresos de ejercicios anteriores; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno. Finalmente, se da cuenta con un oficio suscrito por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, con el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído en razón a lo acordado en el presente proveído.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director Jurídico dl Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, con el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, toda vez que el dieciocho de este mes, se tuvo por cumplida la misma.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: .DÉCIMO. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión serán las siguientes: Que la autoridad recaudadora desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 50, fracción II y , fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, única y exclusivamente en torno a los actos de aplicación reclamados en el juicio de amparo indirecto que se revisa; sin que la concesión puede traducirse en liberar al impetrante del amparo de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Hecho lo anterior, deberá determinar la cantidad correspondiente por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, de conformidad con la cuota prevista en el inciso b) fracción II del artículo 50, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y realice la operación correspondiente en relación con dicho monto, deberá devolver el excedente de las cantidades que enteró la parte quejosa por concepto de los derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y pago del diez por ciento sobre el monto de derecho pagado, por apoyo a la educación, determinado en los recibos con número de folio D18 11504899 y D18 11504902, de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante SATES-DR-DDC-0486/2022, anexó la constancia de entrega al quejoso de mérito de cheque por la cantidad de por la cantidad de $6,606.00 (seiscientos seis mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de rectificación de ingresos de ejercicios anteriores; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno. Finalmente, se da cuenta con un oficio suscrito por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, con el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído en razón a lo acordado en el presente proveído.

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