Aaron Pinto Diaz
Expediente 2164/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2164/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aaron Pinto Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a los autos el oficio DGAJ/10194/2022 remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, en representación del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental. Lo anterior, sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de ocho de agosto último, se tuvo por recibido de dicha autoridad el propio oficio por la vía telegráfica y se acordó lo conducente al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1143/2022-II-B, promovido por MANUEL JESÚS ALDANA RAZ; y, RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, MANUEL JESÚS ALDANA RAZ solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama de las autoridades siguientes: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA. DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE BUCTZOTZ YUCATÁN. DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el tres de mayo de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo el once de mayo de dos mil veintidós a las diez horas con veintidós minutos, únicamente por la autoridad local señalada como responsable y se difirió respecto del Director de la Policía Municipal y del Director Jurídico de la Policía Municipal, ambos de Buctzotz, Yucatán; la cual previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual se hace consistir esencialmente en: La orden de detención, búsqueda, localización y presentación del quejoso. SEGUNDO. Certeza de actos. Respecto a las autoridades señaladas como responsables denominadas Director de la Policía Municipal y Director Jurídico de la Policía Municipal, ambos de Buctzotz, Yucatán, al momento de resolver la presente, no se tiene conocimiento de que hubiesen rendido sus informes previos, a pesar de haber sido debidamente notificados, como se advierte de las tarjetas de acuse de correspondencia relativas a la entrega de las misivas correspondientes, que obran en autos. Por ello, deben tenerse como ciertos los actos que se les atribuye a dichas autoridades, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados por la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter positivo, ya que se trata de una actuación de la autoridad que incide en su persona, pues son actos restrictivos de la libertad; respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva, y que de concederse la suspensión definitiva no se afectaría el interés social ni se infringirían disposiciones de orden público. Adicionalmente, toda vez que el acto reclamado afecta la libertad personal, deben considerarse también las disposiciones contenidas en el artículo 163 de la citada Ley de Amparo. Por tanto, procede conceder la suspensión definitiva solicitada en este incidente, respecto de la orden de detención y su ejecución que se reclaman, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de ese mandamiento, quedando a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad se refiere, hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la sentencia que se dicte en el amparo; quedando supeditados los efectos de la suspensión otorgada, a la circunstancia de que sea sorprendida en flagrante delito. Siendo que, si se encuentra ya a disposición del Ministerio Público, dicha autoridad investigadora dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 188725, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 66/2001, Página: 434, que indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." Por otra parte, respecto de la orden de búsqueda, localización y presentación reclamadas, con fundamento en el artículo 162 de la citada ley, procede conceder la suspensión definitiva solicitada en este incidente, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado temporalmente de su libertad personal con motivo de ese mandamiento, ya que de no paralizarse se le causarían daños y perjuicios de difícil e imposible reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar una carpeta de investigación y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J.109/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, visible en la página 1059, con número de registro 160811, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." También se cita la jurisprudencia 1a./J. 86/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 573, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 162694, que precisa: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador." FIJACIÓN DE LA GARANTÍA De conformidad con los artículos 136, 166, penúltimo párrafo y 168 de la Ley de Amparo aplicable, esta medida suspensional surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con las siguientes medidas de aseguramiento: a) Si dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este proveído, no constituye garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. o en cualquier otra forma permitida por la Ley. Cantidad que se fija discrecionalmente en términos de lo dispuesto en el numeral 132 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores datos al respecto y a fin de asegurar su presencia en el juicio que pudiera existir en contra del quejoso. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre de los quejosos (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. b) Que no se ausente del lugar de su residencia sin permiso de este Juzgado; c) Tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante la autoridad ministerial que corresponda, de conformidad con los artículos 166, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; y, d) Cumplir con las obligaciones derivadas del procedimiento penal de origen. En el entendido que los plazos aludidos empezarán a correr y contarse para la parte quejosa, a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de la presente resolución. Se hace saber a la parte quejosa que la suspensión concedida en estos términos será revocada si incumple con las anteriores medidas de aseguramiento de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 166 de la ley de la materia aplicable. CUARTO. Imposición de multa a las autoridades responsables omisas. Toda vez que las autoridades responsables denominadas Director de la Policía Municipal y Director Jurídico de la Policía Municipal, ambos de Buctzotz, Yucatán, fueron omisas en rendir sus informes previos que les fue solicitado oportunamente en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, no obstante de encontrarse debidamente notificadas, tal y como se advierte de la constancias de notificación que obran agregadas en autos a fojas 56 y 57 de este expediente, consistentes en las tarjetas de correspondencia relativas a los oficios 18330/2022 y 18331/2022; con fundamento en lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, se le impone a cada uno, una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización. Como consecuencia de lo anterior, requiérase al Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, proporcione el nombre de las personas que fungían como Director de la Policía Municipal y Director Jurídico de la Policía Municipal, ambos de Buctzotz, Yucatán, al momento en que se originó el acto reclamado; así como su domicilio actual y correcto, precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, entidad federativa, código postal y municipio o delegación política; fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave. Apercibido, que de no cumplir con lo anterior en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el numeral 237, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo, y el numeral 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100, moneda nacional). Hecho lo anterior, proporciónese los datos al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirva hacer efectiva la sanción impuesta, proporcionándole para tal efecto, el importe en pesos, equivalente de la multa impuesta a la autoridad responsable. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a MANUEL JESÚS ALDANA RAZ, en contra de los actos reclamados al Director de la Policía Municipal y Director Jurídico de la Policía Municipal, ambos de Buctzotz, Yucatán, en los términos expuestos en la consideración tercera de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se impone una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización al Director de la Policía Municipal y al Director Jurídico de la Policía Municipal, ambos de Buctzotz, Yucatán, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por Lilia Guadalupe Sansor Cetz autorizada en términos amplios del artículo 12 de la parte quejosa, mediante el cual informa que la tercera interesada fallecida Leonor Elena Casares Ponce, nombró a Jorge Carlos de Jesús Macari Casares, como albacea sustituto, en caso de que Hernán Javier de la Cruz no pudiera ejercer el cargo, como es el caso; asimismo, solicita que este órgano jurisdiccional requiera los documentos a los que hace referencia al Titular de la Notaria Pública número ochenta y siete del Estado de Yucatán. Por tanto, a fin de que tal hecho quede fehacientemente acreditado en autos, gírese atento oficio al referido Titular de la Notaria Pública Número Ochenta y Siete del Estado de Yucatán, a fin de que remita testimonio de la escritura pública número doscientos ochenta y uno de fecha diez de junio de dos mil diecisiete, que contiene el testamento público abierto de Leonor Elena Casares Ponce y escritura pública en la que se da inicio a la sucesión correspondiente. Apercibido que de no cumplir con el requerimiento anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1398/2022-V-A, promovido por Martín Alberto Sosa Chi, contra el acto que reclama de la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiente de la Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado, compareció Martín Alberto Sosa Chi, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Titular de la Subdelegación, Jefe de Oficina para Cobros y notificador, todos de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada con el número 1398/2022-V-A; se solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus informes justificados; se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el aquí quejoso hizo consistir el acto reclamado, en: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución de origen, y sus consecuencias, como lo son, la orden de embargo y su inscripción. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiente de la Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Jefe de oficina para cobros y notificador, ambos de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no obstante lo negaron al rendir sus informes justificados, realizaron diversas manifestaciones de las que desprende su existencia. Igualmente, son ciertos los actos reclamados a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con el legajo de constancias que adjuntó al mismo. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la causal de improcedencia hecha valer por la responsable. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, se procede examinar si en el caso se actualizan las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por la autoridad responsable o bien de oficio, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,770, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación al 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, pues no obstante que el quejoso acude como persona extraña al procedimiento de origen, tuvo conocimiento del mismo desde el seis de julio de dos mil diecisiete. Empero, dicha causal resulta infundada, ya que el acto que viene impugnando la parte impetrante del amparo, lo es precisamente el ilegal emplazamiento al procedimiento de origen y sus consecuencias. De ahí que no pueda actualizarse la causal de improcedencia invocada, pues las consideraciones hechas valer por la responsable, serán precisamente la materia de estudio. SEXTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la litis constitucional. Resultan inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, por lo que deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Establecido lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por las responsables las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: Mandamiento de ejecución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de diciembre siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0332/2017, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de trece de diciembre de dos mil diecisiete y actas de embargo de catorce siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de seis de julio siguiente, efectuado al buscado Martín Alberto Sosa Chi y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0134/2017, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de cinco de julio de dos mil diecisiete y actas de embargo de seis siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de junio siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0124/2017, de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de trece de junio de dos mil diecisiete y actas de embargo de catorce siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de tres de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de cuatro de abril siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0090/2017, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de tres de abril de dos mil diecisiete y actas de embargo de cuatro siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de trece de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de octubre siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0262/2016, de fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de trece de octubre de dos mil dieciséis y actas de embargo de catorce siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de octubre siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0204/2016, de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de cinco de agosto de dos mil dieciséis y actas de embargo de ocho siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la parte impetrante del amparo aduce que las responsables transgredieron lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, que establecen los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, toda vez que realizaron actos en su perjuicio, sin ser oído formal y materialmente para hacer valer sus defensas o interpusiera los recursos administrativos correspondientes. Por lo que, al no haber sido llamado al procedimiento de origen, ni ser considerado en el mismo, las resoluciones dictadas en dicho procedimiento no pueden afectarle a su derecho de propiedad, por lo que existe una clara violación a su derecho de audiencia. Resultan inoperantes sus argumentos, pues de las constancias de autos, se desprende que contrario a sus manifestaciones, Martín Alberto Sosa Chi, sí fue llamado al procedimiento administrativo de ejecución de origen. Esto es, se advierte que la Jefa de la oficina para cobros, Merida Norte, emitió diversos mandamientos de ejecución en contra del propio patrón Martín Alberto Sosa Chi, derivados de diversos adeudos no cubiertos ni garantizados dentro del término señalado en el artículo 39 de la Ley de Seguro Social, 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 144, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que resultaron exigibles para los efectos del artículo 145 del citado Código, en relación con los artículos 251, fracción XXV, 251 A, 287 y 291 de la Ley del Seguro Social vigente. Ante ello, se requirió al patrón deudor, aquí quejoso, en su domicilio, para que demostrara haber efectuado el pago del total de los créditos fiscales fincados en su contra, más los accesorios legales, actualizaciones y recargos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar haber efectuado el pago de los créditos fiscales, en ese acto, se procedería a embargar bienes de su propiedad, suficientes para hacer efectivos dichos créditos. Siendo que, dichos requerimientos, en su mayoría, se llevaron a cabo con Rosa María Cruz Alonso, quien se identificó con documento oficial, misma que manifestó ser empleada en el lugar y que su patrón era precisamente Martín Alberto Sosa Chi, aquí quejoso, quien no se encontraba en esos momentos. Aunado a que la diligencia de seis de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo con el propio Martín Alberto Sosa Chi. Por lo que, contrario a su argumento, el aquí quejoso, sí fue considerado como parte en el procedimiento. Además, en el caso, de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante del amparo, de manera alguna se desprende argumento encaminado a que atribuya vicios propios en contra de las diligencias de notificación, requerimientos de pago y embargo, exhibidos por la responsable, con los que se acredita que le notificaron los mandamientos de ejecución instaurados en su contra y que sí lo hizo sabedor del procedimiento. Pues se limitó a realizar meras manifestaciones genéricas en relación a que no se le emplazó debidamente al procedimiento administrativo de origen y que por ello no se le permitió efectuar una adecuada defensa. Siendo que en el caso, dada la naturaleza del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, no se actualiza la suplencia de la queja a favor del quejoso, por no encontrarse en los casos de excepción que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que no se advierte una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. OCTAVO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Martín Alberto Sosa Chi, contra los actos que reclama de la Titular de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Martín Alberto Sosa Chi, contra los actos que reclama del Jefe de Oficina para Cobros y notificador, ambos de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.
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