Aaron Iván Villalobos Zapata

Expediente 1165/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1165/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Aaron Iván Villalobos Zapata
  • Magistrado del Tribunal Delos Trabajadores Al Servicio del Estado Y de los Municipios de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito del quejoso ********************, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas de las constancias a que se refiere. En atención a lo anterior, dígase al promovente que se acuerda procedente dicha solicitud; sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el similar 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, en relación al periodo de vigencia, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Dependiendo de la cantidad de copias que requiera, para la obtención de las mismas, deberá hacerse en diversos momentos, es decir, el interesado podrá generar una primera cita con relación a este expediente, a partir de las once horas, -horario de apertura del módulo de fotocopiado que se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial Federal en esta entidad- y hasta las catorce horas, tomando en consideración el horario de labores presenciales de este juzgado; precisando el motivo de la misma, obteniendo el código QR relativo, a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cita en la que acudirá al recinto judicial a iniciar el trámite relativo a la expedición de copias, dentro del cual, la logística establecida implica que una persona de este órgano -con resguardo del expediente- lo acompañará al módulo de fotocopiado que se encuentra dentro del edificio, -lugar únicamente autorizado para tal efecto-, a fin de que el interesado gestione lo relativo a la reproducción de las copias, como lo es el costo de la reproducción. En el entendido que, las citas tienen una duración de veinticinco minutos, y por tal circunstancia, probablemente no se obtengan en ese momento las copias pretendidas, por lo que tendrá que agendar una segunda cita, o las que sean necesarias, a fin de que se logre la totalidad de las mismas. Así, ya que se culmine con la fase de obtención íntegra de las copias, tendrá que procederse a su cotejo y certificación; por tanto, a fin de dar oportunidad a ello, previa promoción del interesado, en cuanto a que se ha obtenido la totalidad de las copias solicitadas, este Juzgado procederá a agendar una última cita al promovente para que en el día y hora que le sean señalados, acuda a recoger las copias certificadas, acto del cual se deberá levantar constancia de entrega y recepción. Asimismo, a efecto de estar en coordinación para lo anterior, el ocursante deberá proporcionar un número de telefonía móvil o un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, en su caso. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1165/2021-II-B, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este órgano de control constitucional, compareció ********************, a solicitar amparo en contra de los actos que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Radicación de demanda y separación de Juicios. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se radicó la demanda bajo el número de expediente 1067/2021-VII-A, y se mandó a prevenir a la quejosa. Posteriormente, por proveído de veintinueve de junio del mismo año, se tuvo al quejoso cumpliendo con la prevención, y al estimarse que los actos reclamados no se encontraban vinculados, se ordenó la separación de juicios a fin de que su estudio fuese realizado por separado. TERCERO. Se recibe demanda y se admite. Por auto de dos de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido del Secretario de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el oficio 16364/2021-VII-A de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, con el que remitió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, un legajo de constancias certificadas integradas por la copia de la demanda de amparo y sus anexos, promovida por ********************con motivo de la separación de juicios ordenada en autos del juicio de amparo 1067/2021-VII-A, del índice de ese Juzgado Federal. En tal virtud, se admitió la demanda por lo que se refiere al acto reclamado consistente en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable en el expediente ******************** Por tal motivo se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: El acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable en el expediente ********************, en el que nombró al ********************, beneficiario sobre la situación patrimonial de quien en vida se llamó ********************. TERCERO. Certeza de acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó su Magistrado Presidente al rendir su informe justificado. CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis III.2o.C.18 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 175910, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1827, correspondiente a la Novena Época, que establece: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 3940, Registro 807072, perteneciente a la Séptima Época, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real, a la persona física o moral que presente la demanda, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En la especie, la inconforme acude a la presente instancia constitucional reclamando el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Tribunal burocrático responsable, en el cual dicha autoridad determinó que el ********************, era beneficiario sobre la situación patrimonial de quien en vida respondió al nombre de ********************, derivado de la cantidad laudada en el juicio laboral de origen. Sin embargo, contrario a lo aseverado por el quejoso, dicho proveído no le genera perjuicio alguno, ya que si bien es cierto que reconoció como beneficiario de la situación patrimonial del juicio laboral de origen al ********************, también lo es que la Juez Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del juicio ejecutivo oral mercantil 52/2021, decretó el embargo sobre los derechos y acciones que le corresponden a la citada extinta ********************, en ese juicio laboral. De ahí que el simple reconocimiento que como beneficiario hizo la responsable a favor del ********************, no afecta los derechos de la parte aquí quejosa, pues ello no impide que en su momento, pueda continuarse con la ejecución del embargo que decretó la juzgadora mercantil. Siendo que en todo caso, lo que podía afectarle al quejoso, era precisamente la omisión del tribunal responsable, de tomar nota de dicho embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil 52/2021. Acto que está siendo materia precisamente del juicio de amparo que ordenó la separación y dio origen al presente. Además de que no debe perderse de vista, que el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria establece a quienes les corresponde el carácter de beneficiarios del trabajador fallecido, siendo éstos la viuda, hijos menores, ascendientes, la persona con la que el trabajador vivió como si fuera cónyuge, las personas que dependían económicamente y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los términos y condiciones ahí apuntadas. Sin que se advierta que contemple dicho numeral el reconocimiento de beneficiarios a los acreedores del trabajador fallecido. De ahí que la declaratoria de beneficiarios contenida en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, no le genere perjuicio alguno al peticionario de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, del siguiente rubro y texto: "BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO. EL SINDICATO DE LA EMPRESA O LA INSTITUCIÓN A LA QUE SE ENCONTRABA AFILIADO EL EMPLEADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA DECLARATORIA DE SU DESIGNACIÓN. La declaratoria de designación de beneficiario no incide en la procedencia de la acción principal, puesto que únicamente se circunscribe a determinar quién se verá beneficiado de las prestaciones laborales del trabajador fallecido. Consecuentemente, el sindicato al que se encontraba afiliado el empleado en la empresa o la institución en la que prestaba sus servicios carece de legitimación para impugnar tal declaratoria, ya que quien resentirá un agravio con ésta será la persona que se considere con un mejor derecho dentro del orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece quiénes tienen el derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte del trabajador. Por tal motivo, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer en el juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo que no es posible examinar la constitucionalidad del acto combatido al surtirse la causa de improcedencia analizada, atento a la jurisprudencia emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 509, página 335, registro: 394465, aplicable por identidad jurídica, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento en el juicio. QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con dos minutos del doce de agosto de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, Licenciada Jennifer Pérez González, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual se puso a la vista con conocimiento de las partes. Por otro lado, da cuenta con el alegato ministerial número 588/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el once de los corrientes, cuya promoción fue registrada con el número 12765. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede, y por rendido en tiempo y forma el aludido informe justificado de la responsable. Asimismo, agréguese a los autos el alegato ministerial de cuenta, y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos, debiendo glosarse a estos autos el alegato ministerial de mérito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta al Juez con las documentales exhibidas por el quejoso en su escrito de demanda, y con las copias certificadas remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, las cuales obran glosadas a los autos. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este período. Seguidamente, abierto el período de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial número 588/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; asimismo, la Secretaria hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior el Juez acuerda: ténganse por formulados los alegatos de referencia, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto, y téngase por hecha la certificación de la Secretaria, para los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, cerrado el período de alegatos, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y se da por concluida la presente audiencia, que se firma por los que en ella intervinieron.

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