Aaron Pichardo Avila
Expediente 802/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/10/2017
Partes del expediente
- Aaron Pichardo Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, en atención al requerimiento de uno de septiembre de dos mil diecisiete, remite copia certificada de la audiencia de treinta y uno de agosto del año en curso, de la que se advierte que se fijó una nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte de demandada en el expediente laboral J.5/763/2015. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito. Ahora, de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del último de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene una finalidad práctica, pues en caso de que el promovente obtenga una sentencia favorable, tratándose de actos de naturaleza positiva, los efectos del amparo serán el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión el amparo tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. El quejoso señaló como acto reclamado: La dilación procesal, respecto de la prueba testimonial ofrecida por la demandada en autos del juicio laboral J.5/763/2016, en concreto la fecha fijada para tal efecto, esto es el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Ahora, de las copias certificadas del juicio laboral j.5/763/2015, que remitieron las autoridades responsables, a las cuales, por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, ante la inasistencia de la testigo Erika Salazar Gaspar se suspendió su desahogo y se fijaron las ocho horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil diecisiete para su desahogo. En tal contexto, en el caso a estudio el acto reclamado tiene por objeto analizar si la determinación de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de fijar fecha y hora para la audiencia relativa a la testimonial para el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se fijó en el plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, debe señalarse que aunque se declare la inconstitucionalidad de dicho actuar, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Lo anterior es así, pues la quejosa presentó el juicio de amparo, aduciendo vulneración al artículo 17 Constitucional, al señalar que la fecha fijada por la responsable para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada no se realiza en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de los antecedentes narrados en acápites anteriores, se aprecia que la Junta responsable señaló el día treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la referida prueba, fecha que ya transcurrió. Por tanto, no se podrían concretar los efectos de una concesión de amparo, al haber ocurrido la fecha señalada para el desahogo de dicha probanza, antes de que se emitirá la sentencia de amparo. En efecto, en el caso concreto el objeto o materia del auto cuya constitucionalidad se controvirtió consiste en que la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, se fijó hasta el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, esto es, fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, de ahí que a la fecha en que se dicta el presente acuerdo, dicha data ya ocurrió, por lo que no podría cumplirse con la sentencia de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se concluye que por la actualización de la causal de improcedencia supraindicada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, cuyo rubro y texto son como sigue: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". Ahora bien, no obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso también reclame la dilación procesal, sin embargo, no se puede abordar el estudio de actos generales que contravengan el principio de justicia pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 Constitucional, en virtud a los diversos de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, al cual se tiene que acudir por un acto determinado y cierto. Sirve de apoyo, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2005150, página 732, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, dado lo acordado en los párrafos que anteceden, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencis constitucional, fijada para el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
III) (CITATORIO PARTE TERCERO INTERESADA). Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, en atención al requerimiento de uno de septiembre de dos mil diecisiete, remite copia certificada de la audiencia de treinta y uno de agosto del año en curso, de la que se advierte que se fijó una nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte de demandada en el expediente laboral J.5/763/2015. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito. Ahora, de las constancias remitidas por la Junta responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del último de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene una finalidad práctica, pues en caso de que el promovente obtenga una sentencia favorable, tratándose de actos de naturaleza positiva, los efectos del amparo serán el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión el amparo tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. El quejoso señaló como acto reclamado: La dilación procesal, respecto de la prueba testimonial ofrecida por la demandada en autos del juicio laboral J.5/763/2016, en concreto la fecha fijada para tal efecto, esto es el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Ahora, de las copias certificadas del juicio laboral j.5/763/2015, que remitieron las autoridades responsables, a las cuales, por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, ante la inasistencia de la testigo Erika Salazar Gaspar se suspendió su desahogo y se fijaron las ocho horas con quince minutos del seis de noviembre de dos mil diecisiete para su desahogo. En tal contexto, en el caso a estudio el acto reclamado tiene por objeto analizar si la determinación de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de fijar fecha y hora para la audiencia relativa a la testimonial para el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se fijó en el plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, debe señalarse que aunque se declare la inconstitucionalidad de dicho actuar, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Lo anterior es así, pues la quejosa presentó el juicio de amparo, aduciendo vulneración al artículo 17 Constitucional, al señalar que la fecha fijada por la responsable para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada no se realiza en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de los antecedentes narrados en acápites anteriores, se aprecia que la Junta responsable señaló el día treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la referida prueba, fecha que ya transcurrió. Por tanto, no se podrían concretar los efectos de una concesión de amparo, al haber ocurrido la fecha señalada para el desahogo de dicha probanza, antes de que se emitirá la sentencia de amparo. En efecto, en el caso concreto el objeto o materia del auto cuya constitucionalidad se controvirtió consiste en que la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, se fijó hasta el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, esto es, fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, de ahí que a la fecha en que se dicta el presente acuerdo, dicha data ya ocurrió, por lo que no podría cumplirse con la sentencia de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se concluye que por la actualización de la causal de improcedencia supraindicada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, cuyo rubro y texto son como sigue: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". Ahora bien, no obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso también reclame la dilación procesal, sin embargo, no se puede abordar el estudio de actos generales que contravengan el principio de justicia pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 Constitucional, en virtud a los diversos de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, al cual se tiene que acudir por un acto determinado y cierto. Sirve de apoyo, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2005150, página 732, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, dado lo acordado en los párrafos que anteceden, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencis constitucional, fijada para el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil diecisiete. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta evidencian que la audiencia constitucional está señalada para celebrarse hoy a las diez horas con cincuenta minutos; sin embargo, se advierte que en proveído de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, informara el resultado de la audiencia de treinta y uno de agosto del presente año, asimismo, remitiera copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho, mismas que aún no obran en autos. En tales condiciones, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y, en su lugar, se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Notifíquese
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