Aaron Pichardo Avila
Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/06/2019
Partes del expediente
- Aaron Pichardo Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil diecinueve. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencian que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veinte de mayo del dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de diez de mayo de este año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Aarón Pichardo Ávila, por derecho propio en contra del acto siguiente: - La omisión de dictar el laudo en el expediente laboral J5/763/2015, del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca. Mediante sentencia dictada por este juzgado, el nueve de abril pasado (fojas 13 a 20), se resolvió: - "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aarón Pichardo Ávila, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, para los efectos expuestos en el considerando último". La concesión del amparo fue para que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca a partir de que causara ejecutoria la resolución, en los tres días siguientes, dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral J5/763/2015. En proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la misma (fojas 26 y 27). Por otra parte, mediante oficio presentado el nueve del mes y año en curso en este Juzgado de Distrito (fojas 30 a 46), la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca, remitió copia certificada del laudo emitido el siete de mayo de este año en el expediente laboral J5/763/2015. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Finalmente, devuélvase a la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca, las constancias que remitió como complemento de su informe justificado (foja 12); sin que se solicite el acuse de recibo correspondiente, al ser copias certificadas, máxime que al momento de la entrega del oficio se debe asentar las constancias que se reciben. Notifíquese; y, personalmente
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la local de Conciliación y Arbitraje, del valle de Toluca, Estado de México, a través del cual comunica la forma en que da cumplimiento a la sentencia de amparo y para acreditar su dicho remite copias certificadas del laudo emitido en el expediente laboral J.5/763/2015. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo en mención, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de abril del año en curso, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En ese orden, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 258 de la legislación en cita; asimismo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para, en su caso, continuar el trámite de inejecución. Sin que haya lugar a requerir cumplimiento a diversa autoridad en su calidad de superior jerárquico, toda vez que las Juntas y Tribunales Laborales, están desvinculados de su dependencia de origen como el Poder Ejecutivo, esto es, no se encuentran sometidos a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.36/2011, que se encuentra visible en la página 3515, Tomo 4, Enero de 2012, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
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