Aaron Gerardo Leyva Hernandez
Expediente 1009/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Aaron Gerardo Leyva Hernandez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el veintiocho siguiente, quedando comprendido dicho plazo del treinta de los citados mes y años al seis de diciembre del año en curso, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse el registro correspondiente y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda promovida electrónicamente por Ury Magid Cortes Sánchez en favor del directo quejoso Aarón Gerardo Leyva Hernández, contra actos del Juez Cívico en turno, del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también radíquense éstos con el número 1009/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos de que es objeto el directo quejoso. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que, por manifiesto, se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la hipótesis del artículo 61, fracción X, de la ley de la materia. El precepto legal invocado exige para que opere la causa de improcedencia en él contenida la presencia de los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso y contra el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ilustra lo anterior la tesis VII.P. 83 K del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro "LITISPENDENCIA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Previo a demostrar la actualización de la causa de improcedencia en cuestión, resulta pertinente traer a la vista los autos del juicio de amparo 1008/2022 del índice de este juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, y de la jurisprudencia XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Del referido juicio de amparo 1008/2022, promovido por Ury Magid Cortes Sánchez en favor del directo quejoso Aarón Gerardo Leyva Hernández, se advierte que señaló como acto reclamado el siguiente IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la orden de detención que libraron en contra de mi representado AARÓN GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, mismas que ejecutaron las restantes señaladas como responsables ejecutoras, quienes la mantienen incomunicado y malos tratos y hasta con el temor fundado de que lo lleguen a probar de la vida con tal de hacerlo confesar delitos que no ha cometido. Y como autoridades responsables señaló a "COORDINADOR DE LOS JUECES CIVICOS Y JUEZ CIVICO EN TURNO DEL TRIBUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA." La referida demanda fue radicada bajó el número de expediente 1008/2022, se admitió el veinte de los cursantes y se concedió la suspensión de oficio y de plano en favor del directo quejoso, por lo que a la fecha en que se actúa no se advierte que se haya dictado sentencia en el mismo. Luego, mediante el escrito de demanda que se atiende promovida Ury Magid Cortes Sánchez en favor del directo quejoso Aarón Gerardo Leyva Hernández, señalan como actos reclamados lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la orden de detención que libraron en contra de mi representado AARÓN GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, mismas que ejecutaron las restantes señaladas como responsables ejecutoras, quienes la mantienen incomunicado y malos tratos y hasta con el temor fundado de que lo lleguen a probar de la vida con tal de hacerlo confesar delitos que no ha cometido. Y como autoridades responsables señaló a "COORDINADOR DE LOS JUECES CIVICOS Y JUEZ CIVICO EN TURNO DEL TRIBUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, SINALOA." De lo antes expuesto se dilucida que la quejosa pretende promover un nuevo juicio de amparo contra los mismos actos reclamados en el juicio de amparo 1008/2022, y las propias autoridades que señaló como responsables, es decir, contra actos que son materia de otro juicio de amparo, con lo que se encuentran colmados los supuestos a que aluden los incisos a) al c) precisados. Entonces, si la demanda de amparo que correspondiente al juicio 1008/2022 se recibió en primer orden el veinte de noviembre del año en curso, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Ello, en razón de que la parte quejosa promovió dos demandas de amparo, contra los mismos actos reclamados y autoridades responsables, por tanto, si la materia de reclamo en ambas demandas de amparo es idéntico, tanto en actos reclamados como autoridades responsables, es inconcuso que se actualiza la figura de litispendencia, generando la improcedencia del presente juicio en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que el sumario constitucional 1008/202, aún se encuentra en trámite, ello es así, toda vez que a la fecha en que se actúa no se ha dictado sentencia respectiva en el mismo. Cobra aplicación al caso la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS." Asimismo, sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO." DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Culiacán número 57-5, fraccionamiento Tellerías en esta ciudad, y como autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a la licenciada Ury Magid Cortes Sánchez, quien tiene su cedula profesional 09093162 reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo; proporciona el número celular 6691114567, para efectos de entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que dé fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitas copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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