Aaron Gerardo Leyva Hernández

Expediente 1008/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1008/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Aaron Gerardo Leyva Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el libro electrónico de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registrada de promoción alguna que indique que las partes recurrieran el auto de sobreseimiento de veinticuatro de noviembre del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éstas fueron notificadas el veinticinco siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintiocho de los propios mes y año al doce de los cursantes. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la suspensión de oficio y de plano. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual en síntesis se acordó: De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se recibe el informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados rendido por el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de esta ciudad. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el sumario en que se actúa, se advierte que el directo agraviado Aarón Gerardo Hernández Leyva y/o Leyva Hernández reclamó la detención, incomunicación y malos tratos de que se dice fue objeto en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa. Luego entonces, si del contenido del informe de cuenta y las documentales aportadas, se obtiene que éste fue puesto en libertad a las catorce horas con treinta y tres minutos del veinte de noviembre del año en curso, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al haber cesado en sus efectos, lo que imposibilita el estudio de la que prevalecía con los actos reclamados y que provoca que las posibles violaciones cometidas en éste deban estimarse consumadas. La causa de improcedencia prevista en la fracción anteriormente transcrita, denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él hayan dejado de existir y que por ese motivo -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aún y cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página setenta y uno, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, como se anticipó, del análisis conjunto realizado al informe de la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que se allegaron al mismo, se advierte que a las catorce horas con treinta y tres minutos del veinte de noviembre del año en curso, concluyó el arresto administrativo que fue impuesto al quejoso; asimismo allegó la boleta de libertad con número de folio 493383, y la valoración médica realizada al quejoso por el doctor Irving Antonio Benítez Jaquez adscrito al Departamento Médico de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, en el que asentó que no presentaba lesiones y se encontraba sano, lo que pone de manifiesto la cesación de efectos de dichos actos, ya que al haber sido puesto en libertad, sin lesiones visibles tal como se asentó en el parte médico y en la razón actuarial de fecha veinte de noviembre del año en curso, en la cual se ratificó la demanda, hace que hayan cesado la incomunicación y malos tratos de las que refirió ser objeto, y se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que hubieren existido antes de éste. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1004, visible en la página seiscientos veintinueve, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, parte HO, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la misma ley. Por tanto, y al ser patente que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede entonces decretar el sobreseimiento en el presente sumario, dejándose sin efectos las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional programada para las once horas del treinta de diciembre de año en curso. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase saber a las partes que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se recibe el informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados rendido por el Coordinador de Jueces del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de esta ciudad. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el sumario en que se actúa, se advierte que el directo agraviado Aarón Gerardo Hernández Leyva y/o Leyva Hernández reclamó la detención, incomunicación y malos tratos de que se dice fue objeto en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa. Luego entonces, si del contenido del informe de cuenta y las documentales aportadas, se obtiene que éste fue puesto en libertad a las catorce horas con treinta y tres minutos del veinte de noviembre del año en curso, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al haber cesado en sus efectos, lo que imposibilita el estudio de la que prevalecía con los actos reclamados y que provoca que las posibles violaciones cometidas en éste deban estimarse consumadas. La causa de improcedencia prevista en la fracción anteriormente transcrita, denominada como cesación de efectos, consiste en que una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que se reclama en él hayan dejado de existir y que por ese motivo -el acto- ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica del quejoso, ello como consecuencia de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo haya emitido. Es decir, el acto reclamado debe quedar destruido en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que aún y cuando subsista el mismo no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante. Brinda sustento a lo anteriormente expuesto, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y ocho del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página setenta y uno, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora bien, como se anticipó, del análisis conjunto realizado al informe de la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que se allegaron al mismo, se advierte que a las catorce horas con treinta y tres minutos del veinte de noviembre del año en curso, concluyó el arresto administrativo que fue impuesto al quejoso; asimismo allegó la boleta de libertad con número de folio 493383, y la valoración médica realizada al quejoso por el doctor Irving Antonio Benítez Jaquez adscrito al Departamento Médico de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, en el que asentó que no presentaba lesiones y se encontraba sano, lo que pone de manifiesto la cesación de efectos de dichos actos, ya que al haber sido puesto en libertad, sin lesiones visibles tal como se asentó en el parte médico y en la razón actuarial de fecha veinte de noviembre del año en curso, en la cual se ratificó la demanda, hace que hayan cesado la incomunicación y malos tratos de las que refirió ser objeto, y se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que hubieren existido antes de éste. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1004, visible en la página seiscientos veintinueve, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, parte HO, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la misma ley. Por tanto, y al ser patente que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede entonces decretar el sobreseimiento en el presente sumario, dejándose sin efectos las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional programada para las once horas del treinta de diciembre de año en curso. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, sin que su contenido contravenga lo previsto en la normatividad vigente, conforme al artículo sexto transitorio del decreto aludido, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase saber a las partes que los criterios citados en la presente determinación, no son contrarios al actual texto de la Ley de Amparo y pueden ser aplicables al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por ********************, en favor del directo quejoso ********************y/o********************, contra los actos que reclama del Juez Cívico en turno, del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ******************** y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y se reserva proveer en torno a la admisión de la demanda, hasta en tanto esta sea ratificada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La privación ilegal de la libertad, incomunicación y malos tratos de que es objeto el directo quejoso. SUSPENSIÓN DE PLANO. Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Se reclama que el directo quejoso ********************y/o********************, se encuentra privado de su libertad fuera de procedimiento, incomunicado y sufriendo malos tratos en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública con sede en esta ciudad. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló el promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicado y malos tratos, de los que podría ser objeto el directo agraviado; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por lo que las autoridades responsables deberán SUSPENDER INMEDIATAMENTE la ejecución de los aludidos actos. Asimismo, de encontrarse ********************y/o********************, en calidad de detenido en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención (i) poniéndolo en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en los separos del Centro de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, lo requiera para que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo presentada en su favor, o bien, lo haga por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Asimismo, deberá dar fe de su estado físico. En la inteligencia de que en caso de no encontrar a en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ******************** en esta ciudad, y como autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a la licenciada ********************, quien tiene su cedula profesional ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo; proporciona el número celular ********************, para efectos de entablar comunicaciones no procesales. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitas copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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