Aarón Gallardo De la Vega

Expediente 361/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
361/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • Aarón Gallardo De la Vega
  • Aarón Gallardo De la Vega y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se inconformara con el proveído mediante el cual se declaró enteramente cumplido el fallo protector de garantías, o hayan hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia, se declara que dicho auto causa estado y queda firme para todos los efectos legales. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la protección constitucional, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los mismos se aprecia que existen elementos suficientes para calificar el cumplimiento que las autoridades han dado al fallo protector de amparo, razón por la cual se procede a hacerlo así, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como en los aportados por las autoridades responsables, en acatamiento ello a lo dispuesto en la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto expresan: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la Jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se le haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Así pues, por sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que por una parte sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa Aarón Gallardo de la Vega, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables cobrarán a la parte quejosa únicamente el cinco por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de setecientos cincuenta pesos moneda nacional ($750.00) por el concepto de inscripción o adquisición de lotes, respecto del comprobante fiscal con número de operación 2417553, así mismo, se reintegre la parte que cubrió en exceso. Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma para los efectos especificados en el párrafo precedente. Ahora bien, después de diversos requerimientos, por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en la capital del Estado, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad correspondiente al pagó excedente por el concepto de inscripción o adquisición de lotes; proveído con el que se le dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que su interés legal conviniera, sin que a la fecha haya desahogado tal requerimiento. Finalmente, visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable, Consultor Jurídico, adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda, del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua vía delegación de facultades, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad informando que el nueve de los corrientes, la parte quejosa acudió a las oficinas de la responsable, ubicadas en la localidad, donde recibió de conformidad el título de crédito valioso por la cantidad correspondiente al pagó excedente por el concepto de inscripción o adquisición de lotes, anexando para tal efecto copia de constancia de entrega del mismo del cual se encuentra la firma del quejoso, así como copia de la credencial de elector. Bajo ese contexto, al haber las autoridades responsables, dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo con lo anterior; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 113 y 196, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria concesoria de amparo. Lo anterior, sin que se soslaye por el suscrito Juez de Distrito, el derecho que tiene la parte quejosa de promover en contra de esta resolución, la inconformidad prevista en el ordinal 201, fracción I y 202, primer párrafo de la ley de la materia, razón por la cual se ordena darle vista con lo aquí resuelto para que manifieste o promueva lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que se le hace que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por consintiendo la misma y se procederá a ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 22/2021 (10a.), Undécima Época, Registro digital: 2023104, del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    QUEJOSO: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los mismos se aprecia que existen elementos suficientes para calificar el cumplimiento que las autoridades han dado al fallo protector de amparo, razón por la cual se procede a hacerlo así, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como en los aportados por las autoridades responsables, en acatamiento ello a lo dispuesto en la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto expresan: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la Jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se le haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Así pues, por sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que por una parte sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa Aarón Gallardo de la Vega, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables cobrarán a la parte quejosa únicamente el cinco por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de setecientos cincuenta pesos moneda nacional ($750.00) por el concepto de inscripción o adquisición de lotes, respecto del comprobante fiscal con número de operación 2417553, así mismo, se reintegre la parte que cubrió en exceso. Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma para los efectos especificados en el párrafo precedente. Ahora bien, después de diversos requerimientos, por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en la capital del Estado, informó que se encontraba a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad correspondiente al pagó excedente por el concepto de inscripción o adquisición de lotes; proveído con el que se le dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que su interés legal conviniera, sin que a la fecha haya desahogado tal requerimiento. Finalmente, visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable, Consultor Jurídico, adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda, del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua vía delegación de facultades, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad informando que el nueve de los corrientes, la parte quejosa acudió a las oficinas de la responsable, ubicadas en la localidad, donde recibió de conformidad el título de crédito valioso por la cantidad correspondiente al pagó excedente por el concepto de inscripción o adquisición de lotes, anexando para tal efecto copia de constancia de entrega del mismo del cual se encuentra la firma del quejoso, así como copia de la credencial de elector. Bajo ese contexto, al haber las autoridades responsables, dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo con lo anterior; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 113 y 196, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria concesoria de amparo. Lo anterior, sin que se soslaye por el suscrito Juez de Distrito, el derecho que tiene la parte quejosa de promover en contra de esta resolución, la inconformidad prevista en el ordinal 201, fracción I y 202, primer párrafo de la ley de la materia, razón por la cual se ordena darle vista con lo aquí resuelto para que manifieste o promueva lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que se le hace que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por consintiendo la misma y se procederá a ordenar el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido. Se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 22/2021 (10a.), Undécima Época, Registro digital: 2023104, del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable, Jefa de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, mediante proveído de quince de junio del año en curso, se le tuvo informando que se encontraba a disposición de la parte quejosa, en las oficinas del Departamento de la Tesorería de dicha dependencia, en la capital del Estado, el cheque correspondiente a la cantidad a devolver a la misma. En consecuencia, gírese oficio al Supervisor Administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica y delegado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital, a fin de solicitarle realice las gestiones necesarias para que ponga a disposición de la parte quejosa, en las oficinas de Recaudación de Rentas de esta localidad, el cheque con número 1151220, que anuncia en su oficio DJF.-9033-XI/2022, de dieciséis de mayo del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, lo que deberá hacer dentro de los cinco días hábiles y siguientes al en que quede debidamente notificada del presente proveído o en su caso los motivos por los cuales no pueda dar cumplimiento a lo solicitado, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $ 96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4, fracciones I, II y III, y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como acorde a lo estipulado en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 260, fracción II, de la ley federal que rige la materia. NOTIFÍQUESE, PESONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Iria Cárdenas Lozano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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