Aarón Alfredo Acosta Salinas
Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aarón Alfredo Acosta Salinas
Actuaciones
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio de garantías, dictado en el presente controvertido, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, para que obre como legalmente corresponda y en atención a lo manifestado por el Actuario Judicial adscrito, en el sentido de que no fue posible notificar personalmente al promovente ********************el auto de desechamiento de quince de junio del año en curso, por las razones que expresa; toda vez que al constituirse en la calle Santa Eulalia, del Fraccionamiento del mismo nombre, no localizó el número 2400, asimismo se dirigió al diverso domicilio en calle Santa Eulalia, del Fraccionamiento Senderos del Sol, calle que consta de una sola cuadra el cual empieza en calle Fundadores de Americe y termina en el cruce de Senderos de Camargo, por lo que al recorrer dicha vía no localizó el 2400, toda vez que la numeración empieza en el 1607 y termina en el 1653, no obstante a lo anterior, se dirigió a dos domicilios que se encontraban habitados sin obtener respuesta positiva. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista que se fije en los estrados de este juzgado el proveído en comento, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación aparentemente promovida por ******************** sin precisar a que autoridades les reclama los mismos; por considerarlos violatorios de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 1,14,16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el orden ********************-III-B. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es oportuno resaltar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, de materializarse tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desechar de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". De los artículos transcritos, se desprende, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que, sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Concatenado a ello, conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por tanto, si el acto o ley reclamada, no afecta los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, debe declararse la improcedencia del juicio. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señalan lo siguiente: "PARTE AGRAVIADA, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Las palabras "parte agraviada" se contraen a las personas que han sufrido un agravio y se refieren, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses.". "PERJUICIO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La Suprema Corte, en diversas ejecutorias, ha sostenido que al establecer el artículo 3o. de la Ley de Amparo, que el juicio constitucional sólo puede promoverse y seguirse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclama, no significa que sea un requisito indispensable la existencia del perjuicio en el patrimonio de quien solicita la protección de la Justicia Federal; porque conforme al artículo 107 constitucional, la controversia a que se refiere el artículo 103, seguirá a instancia de parte agraviada, y por tal debe entenderse todo aquél que haya sufrido un agravio, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en sus derechos e intereses, tomando la palabra perjuicio, no en los términos de la ley civil, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera obtenerse, sino como sinónimo de ofensa hecha a los derechos o intereses de una persona.". Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo de cuenta, se desprende que fue presentada por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Amparo Electrónico, el catorce de junio del año en curso, aparentemente promovida por ******************** conformada por una foja impresa y sin evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente ni de persona autorizada (así como tampoco sin firma autógrafa), pero además no señala autoridades responsables a quienes es atribuya los actos reclamados, lo que implica que no existe el principio de instancia de parte agraviada. Lo cual, fue reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 8/2019 (10a.) y P./J. 32/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano.". Máxime que los artículos 6°, primer párrafo y 12, inciso f), del "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO", expresamente señalan: "Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. "Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo, por conducto de sus órganos competentes, emitirán los manuales o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico conforme a las siguientes bases: (.). f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso; (...)" Al respecto, los citados artículos disponen que las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto, y que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. De ahí que no sea obstáculo a las consideraciones expuestas, que la demanda de amparo haya sido aparentemente firmada por ******************** se encuentra conformada por una foja impresa y sin evidencia criptográfica de la firma electrónica del promovente ni de persona autorizada (así como tampoco sin firma autógrafa). Por lo tanto, se concluye que el escrito inicial de demanda no fue firmado por ******************** ni por persona autorizada para ello, ya que se presentó electrónicamente, y como lo refiere la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la parte quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. En ese orden de ideas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, porque no existe evidencia criptográfica de la firma electrónica avanzada del promovente ni de persona autorizada, en términos del artículo 12 de la ley de Amparo y no el propio quejoso; por lo tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE CUENTA. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), Registro digital 2018943, sustentada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia En Ciudad Nezahualcóyotl, Estado De México, Décima Época, Materia Común Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". No obsta para arribar a la anterior determinación el hecho de que en los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establezcan diversos supuestos de excepción para la presentación de la demanda; esto es, cuando se trate de la naturaleza de estos actos bastara que se contenga firma autógrafa de cualquier persona, en nombre y representación del quejoso, incluso siendo menor de edad, lo cual tampoco acontece en este caso. Ahora bien, se tiene como domicilio señalado del promovente ubicado en Calle Santa Eulalia 2400. En otro orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles para que el actuario realice las notificaciones correspondientes en el presente asunto; ello, atendiendo a las cargas de trabajo de este juzgado y con la finalidad de tutelar el derecho fundamental de acceso a justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional. En cumplimiento al "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO, Y EL ACCESO A ÉSTE, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIREL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO", así como al numeral 3º de la ley de la materia, fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe. FSC.
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