Aarón Eduardo Cristalinas Muro
Expediente 389/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Aarón Eduardo Cristalinas Muro
Actuaciones
- Principal
El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 8870. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción que remite el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por la que transcribe íntegro el auto de veintiuno de mayo del año en curso, emitido en el amparo directo penal 193/2021, en el que acepta la competencia planteada por este Juzgado, para conocer del amparo indirecto 389/2021, promovido por Aarón Eduardo Cristalinas Muro. Consecuentemente, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, con fundamento en el Artículo 20 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que este Juzgado se declaró incompetente para conocer y resolver de la demanda de derechos, misma que fue asumida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. Por lo que una vez que transcurran los seis meses que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
CUENTA. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Aarón Eduardo Cristalinas Muro, registrada con el folio 8376, con seis copias, sin anexos. La circunstancia de que Vicente Borrego Hernández (164045) y Francisco Javier De la Peña Alonso (5142308), sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Aarón Eduardo Cristalinas Muro, contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de la capital, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 389/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. De un estudio integral efectuado al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital, la sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado de nueve de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 384/2020 del índice de la responsable. De lo que se colige, que tal determinación se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una resolución que pone fin al juicio, al resolver en primera instancia el proceso penal de origen, de ahí que adquiere el carácter de definitiva, surtiéndose con ello, la hipótesis prevista en el referido numeral 47 de la ley de la materia, estimándose que en el caso concreto resulta ser legalmente competente para conocer del presente asunto el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, aun y cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatir la determinación reclamada, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J.6/2015 (10.a) emitida por el Pleno del Alto Tribunal publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Tomo I, en abril de dos mil quince, visible en la página 95 cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo ya expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara carecer legalmente de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo planteada; por ende, se ordena remitirla al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, así como con sus copias de traslado, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Vicente Borrego Hernández y Francisco Javier De la Peña Alonso, toda vez que cuentan con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, no ha lugar a tener por señalado como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, toda vez que no constituyen un domicilio propiamente; por ende, tomando en consideración que del contenido del ocurso de demanda se advierte que el quejoso se encuentra interno el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado Federal, para que se constituya en el referido centro carcelario, a efecto de que le notifique el contenido del presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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