Aaron Chávez Licerio
Expediente 258/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Aaron Chávez Licerio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de junio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintisiete de mayo de dos mil quince, en la que se negó al quejoso el amparo y protección solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que por una parte se negó la suspensión y por otra se concedió la suspensión, de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al juez responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE.
- Principal
En dos de junio de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de junio de3 dos mil quince. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito, en el sentido de que no le fue posible notificar al tercero interesado Filimón Escobedo Carrillo, el contenido de la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil quince, toda vez que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante haber sido emplazado a juicio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de abril del año en curso; y la notificación del proveído de mérito, así como las subsecuentes que sean de carácter personal, practíquesele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *mash.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 258/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. A través de escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Aarón Chávez Licerio, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas; Comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, Destacamento en Miguel Auza, Zacatecas. Acto Reclamado: La orden de aprehensión, y su ejecución. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el veinticuatro de febrero del año en curso, en donde previo a ordenar su admisión y registro bajo expediente 258/2015; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y una vez rendido el informe justificado se ordenó emplazar a los terceros perjudicados. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: a). La orden de aprehensión; y, b) La ejecución de ese acto. II. 2. Inexistencia, presunción o certeza de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, al rendir su informe con justificación reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otra parte, la autoridad responsable ejecutora Comandante de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Miguel Auza, Zacatecas, al remitir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, ante dicha circunstancia y tomando en consideración que la autoridad responsable ordenadora Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, reconoció haber emitido la orden de captura que reclama el quejoso, se tiene por desvirtuada dicha negativa de la autoridad ejecutora en comento. Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada del proceso penal 38/2014, que remitió el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, en apoyo a su informe justificado; documental que reviste plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se desprende la orden reclamada, la cual fue emitida por el juez responsable antes citado, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Refiere el quejoso en sus conceptos de violación que la resolución impugnada es violatoria de las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que se le pretende privar de su libertad, ya que no existe dato alguno que demuestren acreditados el cuerpo de los delitos, así como tampoco su probable responsabilidad en la comisión de algún delito, toda vez que no se le dio la oportunidad de defenderse. IV. 2. La resolución reclamada se apoya en las consideraciones que a continuación se resumen: En primer término, la Juez responsable en la resolución reclamada, derivada del ejercicio de la acción penal realizada por la representación social, en contra de Aarón Chávez Licerio, por ser probable responsable en la comisión de los delitos de lesiones y delitos cometidos contra funcionarios públicos, cometidos en perjuicio de Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial del Estado; así como por el delito de Robo Calificado, cometido en agravio de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, precisó que dichas figuras delictivas, se encuentran establecidas y sancionadas en los artículos 6 fracción I, 10, 293, 299, 301 Fracción primera, párrafo segundo, 167, 285, 286 fracción II, 317, 319, 320 fracción II y 321 fracciones I y VIII del Código Penal vigente en el Estado. El texto legal de los citados artículos establecen: "ARTÍCULO 167.-Al que dolosamente cometa un delito contra funcionario público o agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cuarenta cuotas, además de las sanciones que les correspondan por los delitos cometidos.". ".ARTÍCULO 285.- La lesión consiste en todo daño en el cuerpo de alguien o cualquier alteración de la salud, producida por una causa externa imputable a una persona.". ARTÍCULO 286.- Al responsable del delito de lesiones, que no pongan en peligro la vida, se sancionará: Fracción II.-Con prisión de seis meses a dos años y multa de cinco a diez cuotas cuando tarden en sanar más de quince días.". ARTÍCULO 317.-Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa mueble, ajena, y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella.". ARTÍCULO 319.- Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tenga en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o desapodere de ella.". ARTÍCULO 320.- El delito de robo se sancionará conforme a las reglas siguientes: Fracción III.-Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será de tres a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas.". ARTÍCULO 321.- Se considerará calificado el delito de robo, cuando: Fracción I.- Se ejecute con violencia en la personas o en las cosas, aun cuando la violencia se haga a persona distinta de la robada, o cuando el ladrón la ejecute después de consumado el robo, para proporcionarse la fuga o defender lo robado. Fracción VIII.-Se cometa de noche, llevando armas, con fractura o empleo de llaves falsas, horadación, excavación o escalamiento y sean los ladrones dos o más o fungiéndose funcionarios públicos o suponiendo una orden de alguna autoridad...". Para el efecto de analizar los delitos perpetrados, la Juez responsable los analizó en los siguientes apartados: A).- El ilícito de DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, previsto y sancionado por el artículo 167 del Código Penal vigente en el Estado, la citada responsable estudió cada uno de sus elementos constitutivos como sigue: a). La existencia de un funcionario público o agente de autoridad en ejercicio de sus funciones. b). Que se cometa delito contra dicho funcionario público o agente de autoridad. En efecto, como acertadamente lo sostuvo la autoridad judicial responsable, los elementos constitutivos del ilícito descrito se justifican con los medios de prueba que integran el sumario, en los que se sustenta la resolución reclamada, pues por lo que se refiere al primero de ellos, lo consideró acreditado con los elementos de prueba siguientes: Con la denuncia de Filimón Escobedo Carrillo, quien manifestó ser Servidor Público y encontrarse adscrito desde hace ocho años a la Policía Ministerial del Estado, ocupando el puesto de Comandante en el Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas desde hace siete meses y que el día treinta de julio del año en curso, aproximadamente a las quince horas, circulaba a bordo de un vehículo marca Dodge, Ram, modelo dos mil trece, propiedad de Gobierno del Estado en compañía del Agente Ministerial Sergio Beltrán Bustos, con rumbo al crucero de la carretera federal 49, cuando justo a la altura del centro de salud de Miguel Auza, Zacatecas, a efecto de realizar diversas investigaciones que le fueron encomendadas por parte de los Agentes Ministeriales de éste Distrito Judicial, exhibiendo el ofendido para identificarse credencial con fotografía, de la cual se agregó al expediente copia debidamente certificada, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, con vigencia del primero de julio al treinta y uno de diciembre del año en curso, de la cual se desprende que el prenombrado ocupa el puesto de comandante de la Policía Ministerial del Estado. Medio de prueba al que la Juez natural le otorgó valor probatorio de conformidad con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, indicando que el ofendido acreditó que ocupa el puesto de Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, adscrito al Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas y que el día treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, circulaba a bordo de un vehículo marca Dodge, Ram, modelo dos mil trece, propiedad del Gobierno del Estado, en compañía del Agente Ministerial Sergio Beltrán Bustos, con rumbo al crucero de la carretera federal 49 de Miguel Auza, Zacatecas a efecto de realizar diversas investigaciones que le fueron encomendadas por parte de los Agentes Ministeriales de éste Distrito Judicial. Tiene aplicación al respecto, por tratar sobre el tema, la tesis, cuyo rubro y texto son: "QUERELLA. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE OFENDIDA, NO ES NECESARIO QUE SE PRESENTE POR ESCRITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De conformidad con lo que dispone el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, para tener por legalmente válido el requisito de procedibilidad, tratándose de delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, sólo se requiere que ésta manifieste ante la autoridad competente su queja en forma verbal, por no exigir el indicado precepto determinada formalidad para que sea válida y procedente; de ahí que no sea indispensable que se presente por escrito". Así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIX, Segunda Parte, Sexta Época, que señala: OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO. La declaración de un ofendido tiene valor en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola puede tener valor secundario, quedando reducida al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción adquiere validez preponderante. Para corroborar lo anterior, la juez de la causa consideró las comparecencias de los licenciados Juan Gerardo Tiscareño Caldera y Gustavo Domínguez Saldívar, Asesor Jurídico y Director de la Policía Ministerial del Estado, respectivamente (visible a fojas 14 y 48), de la que se advierte que ambos reconocen que el ofendido Filimón Escobedo Carrillo es Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas, a ello se le concedió valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Asimismo, estimó lo declarado por Sergio Beltrán Bustos, quien el diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, refirió ser Agente de la Policía Ministerial del Estado y que el grupo en el cual se encuentra, está a cargo del Comandante Filimón Escobedo Carrillo, exhibiendo al momento de su comparecencia, credencial con fotografía, de la cual se agregó copia certificada al expediente, la cual lo acredita con el cargo que ostenta, refiriendo el testigo que el día treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, se encontraba en compañía de dicho comandante a bordo de una unidad marca Dodge, ram, modelo dos mil trece, realizando trabajos de investigación y aprehensiones pertenecientes a éste Distrito Judicial. A ese testimonio la juez natural le otorgó valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277, en relación con el 281, del Código de Procedimientos Penales del Estado, el cual fue emitido por persona con capacidad y criterio suficiente para juzgar el acto sobre el cual versa su declaración, sin dudas ni reticencias y sobre circunstancias esenciales del hecho, mismo que resultó de utilidad para acreditar que el ofendido Filimón Escobedo Carrillo, es Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas y en relación a los hechos señaló que el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas se encontraban tanto él, como el prenombrado realizando trabajos de investigación y aprehensiones pertenecientes al Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. Además el citado ateste al rendir su testimonio exhibió credencial con fotografía de la cual se desprende el cargo que ostentó, misma de la que obra agrega en el expediente copia débilmente certificada por la autoridad competente, otorgándosele el mismo valor indiciario señalado en el párrafo que antecede. En el mismo sentido, la Juez responsable consideró el oficio número 895, de dieciocho de septiembre del año dos mil catorce, suscrito por Gustavo Domínguez Saldívar, Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que se le otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, el cual fue considerado para acreditar que Filimón Escobedo Carrillo causó alta como Comandante en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en fecha primero de septiembre del año dos mil doce, comisionado a desempeñar dicho cargo en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas el treinta de noviembre del año dos mil trece; así como que el día treinta de julio del año dos mil catorce, se encontraba laborando y que el mismo está a cargo de un vehículo oficial de número económico 3051, número de placas ZPJ1194, marca Dodge Ram 2500, tipo Pick Up, modelo 2013, número de serie 3C6JRAATXDG521972. Además, valoró las copias certificadas de dos documentos, consistente el primero de ellos, en el oficio número 980, fechado el primero de septiembre del año dos mil catorce, suscrito por el Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual se comunicó a Filimón Escobedo Carrillo, nombramiento provisionalmente de una plaza vacante de comandante por un periodo de cuatro meses a partir de esa fecha y que su desempeño sería la pauta para ratificar dicho nombramiento en forma definitiva o bien dar termino al mismo. Y el segundo se hizo consistir en el movimiento de personal de confianza, de primero de septiembre del año dos mil doce, suscrito por el citado Procurador y el Oficial Mayor del Estado, respectivamente, en el cual se establece que el ofendido (Filimón Escobedo Carrillo), ocupa el puesto de jefe de sector, con un sueldo mensual de diez mil sesenta y tres pesos con treinta y dos centavos moneda nacional ($10, 063.32 m.n). A lo cual se le otorgó valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que de esos documentos se desprende que Filimón Escobedo Carrillo, obtuvo cambio de categoría de Agente Ministerial al de Comandante de la Policía Ministerial del Estado a partir del primero de septiembre del año dos mil doce. Con lo anterior, la Juez natural tuvo por acreditado en términos de los artículos 277, 276 y 281 del Código de Procedimientos Penales de Estado, en relación con el numeral 278 del mismo ordenamiento penal invocado, la existencia del funcionario público, que lo es Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, mismo que el día treinta de julio del año dos mil catorce aproximadamente a las quince horas se encontraba en ejercicio de sus funciones, pues los Agentes Investigadores de éste Distrito Judicial le habían encomendado diversas investigaciones tendientes a varias denuncias interpuestas. En lo atinente al segundo de los elementos materiales que integran el ilícito en estudio, consistente en que se cometa delito contra funcionario público o agente de autoridad, la juez responsable lo consideró acreditado con la denuncia interpuesta por Filimón Escobedo Carrillo (Comandante de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas), misma que se da por reproducida para evitar repeticiones innecesarias, a la cual se le concedió valor de indicio, en término de lo establecido por el numeral 277 del Código de Procedimientos Penales en vigor. Denuncia de hechos que la juez del proceso, le concedió valor de indicio de conformidad con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, la cual se consideró de utilidad para acreditar que el día treinta de julio del año dos mil catorce aproximadamente a las quince horas, el ofendido Filimón Escobedo Carrillo (Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas), fue lesionado por parte de los sujetos activos en diversas partes de su cuerpo, al momento en que se encontraba realizando diversas investigaciones que le fueron encomendadas por parte de los Agentes Ministeriales del mencionado municipio. Asimismo, para acreditar la existencia de la lesiones inferidas al ofendido, la A quo tomó en consideración la fe ministerial de lesiones, en la cual se constataron las heridas cortantes y saturadas; así como la su ubicación y tamaño; mismas que fueron debidamente certificadas por el Médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro del certificado medico de lesiones del prenombrado. Medios los anteriores a los cuales se les otorgó valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 276 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que el primero de ellos fue emitido por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en los numerales 201 y 202 del citado ordenamiento penal invocado y; el segundo de ellos, por médico con conocimientos en la materia que perita y además desvinculado por las partes, pues éste se encuentra adscrito a una dependencia gubernamental. De igual manera, la juez natural tomó en consideración el testimonio de Sergio Beltrán Bustos, quien el diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, manifestó ser Agente de la Policía Ministerial del Estado y que el grupo en el cual se encuentra, está a cargo del Comandante Filimón Escobedo Carrillo, exhibiendo al momento de su comparecencia, credencial con fotografía, de la cual se agregó copia certificada al expediente, la cual lo acredita con el cargo que ostenta. Asimismo, refirió que el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, se encontraba en compañía de dicho comandante a bordo de una unidad marca Dodge Ram, modelo dos mil trece, realizando trabajos de investigación y aprehensiones pertenecientes al Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, y que al circular por la Avenida Miguel Auza que conduce a la carretera de Juan Aldama, los rebasó un vehículo que iba circulando a exceso de velocidad, de características similares a las señaladas por diversos ofendidos en varias denuncias, haciéndoles el declarante el alto, a lo cual hicieron caso omiso sus tripulantes. Que por ese motivo procedieron a seguirlos, hasta darles alcance, pero en ese momento el conductor salió corriendo hacia el monte, quedándose el acompañante en dicha unidad, y yéndose el comandante Filimón a pie tras el otro sujeto, por lo que decidió llamar a un compañero de nombre José de Jesús Palacios González para que los fuera auxiliar, persona que llegó al lugar donde se encontraban dos minutos después, señalando el testigo que escuchó cinco detonaciones, dos iniciales, dos después y una final, por lo que al momento en que llegó el compañero al cual les solicitó ayuda acudieron a buscar al comandante, a quien encontraron cubierto de sangre de la parte trasera de su cabeza, trasladándolo de inmediato a que recibiera atención médica. Medio de prueba al cual la juez de la causa le otorgó valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 en relación con el 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues el mismo fue emitido por persona mayor de edad, con criterio suficiente para juzgar el acto sobre el cual versa su declaración, sobre circunstancias esenciales del hecho, mismo que pudo apreciar con sus propios sentidos y no por inducciones de terceras personas, sin dudas, clara y precisa, misma que es de utilidad pues con esta se acreditar que el día treinta de julio del año dos mil catorce, el declarante andaba en compañía del ofendido Filimón Escobedo Carrillo (Comandante de la Policía Ministerial del Miguel Auza, Zacatecas), a bordo de una unidad marca Dodge Ram, modelo dos mil trece, cuando se percataron de la presencia de una unidad automotor que iba circulando a exceso de velocidad por la Avenida Miguel Auza, y que al hacerles el alto, sus tripulantes hicieron caso omiso, dándose a la fuga, y que al darles alcance, su conductor se bajó de dicha unidad, dándose a la fuga a pie con rumbo al monto, lugar donde el ofendido fue lesionado al momento en que se encontraba ejerciendo su función como Comandante de la Policía Ministerial del Estado. Así como también la juez natural se apoyó en la declaración de José de Jesús Palacios González, quien refirió ser Agente de la Policía Ministerial desde hace dos años, en el Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas desde hace nueve meses, asimismo que el día treinta de julio del año en curso, aproximadamente a las quince horas con quince minutos al momento en que se encontraba en las oficinas de la casa de justicia, recibió una llamada vía radio de su compañero Sergio Beltrán Bustos, pidiéndole que se trasladara de inmediato a la altura de la ganadera de Juan Aldama sin decirle de que se trataba, por lo que de inmediato se trasladó a dicho lugar, percatándose que la patrulla estaba detenida en carril opuesto y frente a ella un vehículo de color blanco y dentro de éste una persona del sexo masculino, quien era custodiado por su compañero Sergio Beltrán Bustos, cuando en ese momento el comandante solicitó ayuda vía radio, acudiendo de inmediato a buscarlo, encontrándolo recargado en un árbol bastante golpeado y ensangrentado, observando el declarante que tenía varias heridas en la nuca y en ojo derecho, trasladándolo de inmediato al hospital, pero cuando iban la ambulancia ya iba en camino, por lo que lo cambiaron a la ambulancia, donde se lo llevaron a recibir atención médica. Medio de prueba al cual se le otorgó valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues la misma fue emitida de acuerdo a los requisitos establecidos por el numeral 281 del mismo Ordenamiento Penal invocado, pues precisa la juez responsable que aún y cuando el deponente no percibió el momento en que los activos se dieron a la fuga a bordo de la unidad que tripulaban, ni cuando fue lesionado el comandante Filimón Escobedo Carrillo, también es cierto que el mismo se percató de algunos de los golpes que éste presentaba al momento en que fueron en su ayuda, amén de que el mismo establece circunstancias de tiempo y lugar expuestas por el propio ofendido y el diverso testigo (Sergio Beltrán Bustos), estableciendo pues que, el pasivo Filimón Escobedo Carrillo, en efecto es Comandante de la Policía Ministerial del Estado, y que se encuentra Adscrito al Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. Con lo anterior consideró la juez de la causa que los medios de prueba invocados con antelación, poseen la trascendencia jurídica en forma individual en términos del artículo 278 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, que resultan suficientes para tener por acreditados los elementos materiales del cuerpo del delito CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, cometido en perjuicio de FILIMÓN ESCOBEDO CARRILLO. B).- Posteriormente, la Juez natural estudió los elementos constitutivos del delito de LESIONES, mismo que se encuentra previsto y sancionado por los artículos 285, 286 fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado, para ello, precisó los siguientes: a). Todo daño en el cuerpo de alguien, o cualquier alteración de la salud. b). Que el daño o alteración sean producidos por una causa externa; y, c). Que esta causa sea imputable a una persona. En efecto, como acertadamente lo sostuvo la autoridad judicial responsable, los elementos constitutivos del ilícito descrito se justifican con los medios de prueba que integran el sumario, en los que se sustenta la resolución reclamada, pues por lo que se refiere al primero de ellos, lo consideró acreditado con los elementos de prueba siguientes: Con la denuncia interpuesta por el ofendido FILIMÓN ESCOBEDO CARRILLO (Comandante de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas), quien manifestó que el día treinta de julio del mismo año, aproximadamente a las quince horas al momento en que circulaba a bordo de una patrulla marca Dodge Ram, modelo dos mil trece, propiedad de Gobierno del Estado en compañía del Agente Ministerial Sergio Beltrán Bustos, con rumbo al crucero de la carretera federal 49 de Miguel Auza, Zacatecas, cuando justo a la altura del centro de salud de la misma ciudad, detectaron a un vehículo de características similares a las que estaban tratando de localizar, en el cual iban dos sujetos, los cuales hicieron caso omiso a la indicación del alto, dándose a la fuga. Que una vez que se lograron darles alcance, el piloto de dicha unidad salió corriendo del vehículo y se fue hacia el monte, mientras que el segundo ocupante (copiloto), permaneció en dicho automotor, por lo que el denunciante se fue siguiéndolo, aproximadamente un kilómetro, que al llegar a un área más tupida de vegetación, observó que dicho sujeto sacó un arma de fuego, haciéndole un disparo que no le atinó, por lo cual el ofendido hizo lo mismo con su arma, pero en ese momento sintió un golpe en la parte de atrás de la cabeza, percatándose de la presencia de un tercer sujeto, siendo en ese momento que el sujeto al cual iba siguiendo se regresó a quererle quitar el arma, comenzando a forcejear ambos, alcanzando a golpearlo el ofendido con la cacha de su pistola, quedando el activo encima de éste, siendo en ese momento que el otro sujeto que le pegó por detrás se acercó, comenzando el ofendido a sentir varios golpes en la cabeza y el activo al cual iba siguiendo le mordió los oídos, y el sujeto que lo golpeó en la parte de atrás, le presionó el brazo derecho hasta lograr quitarle su arma de fuego, y el sujeto que se encontraba encima de él, le hizo una denotación directa, ocasionándole una lesión tipo rozón del lado izquierdo posterior de la cabeza. Medio de convicción que la juez natural le concedió valor probatorio de indicio conforme a lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales de Zacatecas, con la cual tuvo por cumplido a cabalidad el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 16 constitucional; así como estipulado en el último párrafo del artículo 286 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado, pues en dicha imputación Filimón Escobedo Carrillo, además de relatar de una manera pormenorizada los hechos, solicitó se castigue al responsable conforme marca la ley, por considerar que quedó establecido que el día treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, el denunciante fue agredido por el activo al momento en que éste trato de detenerlo, pues conducía un vehículo a exceso de velocidad por la carretera Federal 49 a la altura del Centro de Salud de Miguel Auza, Zacatecas, ocasionándole las lesiones de las que se dolió. Tiene aplicación al respecto, por tratar sobre el tema, la tesis, cuyo rubro y texto son: "QUERELLA. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN A PETICIÓN DE PARTE OFENDIDA, NO ES NECESARIO QUE SE PRESENTE POR ESCRITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De conformidad con lo que dispone el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, para tener por legalmente válido el requisito de procedibilidad, tratándose de delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, sólo se requiere que ésta manifieste ante la autoridad competente su queja en forma verbal, por no exigir el indicado precepto determinada formalidad para que sea válida y procedente; de ahí que no sea indispensable que se presente por escrito". Así como la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIX, Segunda Parte, Sexta Época, que señala: OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO. La declaración de un ofendido tiene valor en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola puede tener valor secundario, quedando reducida al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción adquiere validez preponderante. De igual manera, la Juez natural tomó en consideración la fe ministerial de lesiones de FILIMÓN ESCOBEDO CARRILLO, de primero de agosto del año en curso, en la que se obtuvo; ".Persona que se encuentra bien ubicada en sus tres esferas de tiempo, espacio y persona, quien a simple vista tiene las siguientes lesiones y/o traumatismos: Presenta múltiples heridas, tipo cortantes ya saturadas de diferentes tamaños, ubicada en la región temporal y occipital de la cabeza, presenta también dos heridas cortantes ya saturadas en cada una de las orejas a la altura del cartílago, se observa que presenta bien hequimosis periorbitario en ojo derecho, se observa además una herida cortante ya saturada localizada en el codo derecho, se observa también la existencia y/o colocación de férula en la mano derecha y colocación de vendaje en los dedos anular y medio de la mano derecha, siendo todo lo que se aprecia a simple vista se da por terminada la presente diligencia." Medio de prueba a la cual se le concedió valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 276 del Código de Procedimientos Penales de Zacatecas, practicada por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones, con los requisitos legales que se fijan en los artículos 201 y 202 del mismo ordenamiento penal, considerándola apta para demostrar que existió un daño corporal en la humanidad del ofendido Filimón Escobedo Carrillo, quedando establecido que el delito que se estudia es de aquellos que dejó huellas materiales en el cuerpo de la víctima. Otro medio de prueba se tomó en cuenta lo fue el certificado médico de lesiones del ofendido Filimón Escobedo Carrillo, de veintiocho de julio del año dos mil catorce, emitido por el doctor Ricardo Meléndez García, Médico Legista Adscrito al Departamento de Medicina Legal, del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual se realizó la descripción, naturaleza y tipo de lesiones que presentó la misma, y observó: ".presenta las siguientes lesiones: herida por contusión saturada que mide 3 centímetros situada en área occipital a la derecha de la línea media posterior; herida por contusión suturada que mide 4 centímetros situada en el área temporo-occipital derecha; herida por contusión suturada que mide 3 centímetros situada en área occipital a ambos lados de la línea media suturada que mide 3 centímetros situada en el área occipital a ambos lados de la línea media posterior; una herida por contusión suturada que mide 3 centímetros situada en área occipital a ambos lados en línea posterior; una herida por contusión suturada que mide 3 centímetros situada en área occipital a la izquierda de la línea media posterior; una herida por contusión suturada que mide 3 centímetros situada en área occipital a la izquierda de la línea media posterior; una herida por contusión suturada de 2 centímetros situada en el área occipital a la izquierda de la línea media posterior; una herida por contusión suturada que mide 3 centímetros situada en área temporo-occipital izquierda; una herida producida por arma de fuego tipo rozón que mide 3 centímetros situada en área occipital a 5 centímetros a la izquierda de la línea media posterior y a 12 centímetros por arriba y atrás del conducto auditivo externo izquierdo; herida por contusión que mide 4 centímetros situada en cara posterior de pabellón auricular derecho que implica piel,tejido celular subcutáneo y músculos de la región; una herida por contusión que mide 3 centímetros situada en cara posterior de pabellón auricular izquierdo que implica piel, tejido celular subcutáneo y músculos de la región; equimosis violáceo rojiza que mide 8 x 10 centímetros situada en área bipalpebral derecha y se extiende a área cigomática y malar del mismo lado rodeada de un área de edema postraumático; hematoma subconjuntival que mide 15 x 8 milímetros situada en ángulo externo de globo ocular derecho; área equimótico escoriativa violáceo, rojiza que mide 2 x 1 centímetros situada en región frontal a la izquierda de la línea media anterior; una equimosis violáceo rojiza que mide 15 x 25 milímetros situada en tercio medio de arco superciliar izquierdo; equimosis violáceo rojiza que mide 4 x 2 centímetros situada en área bipalpebral izquierda; equimosis violáceo rojiza que mide 3 x 2 centímetros situada en palma de mano derecha; herida por contusión suturada que mide 2 centímetros situada en cara superior de tercio distal de antebrazo derecho; escoriación que mide 2 x 1 centímetros situada en cara posterior de codo derecho; en estudios radiológicos de mano derecha se observa trazo de fractura a nivel de tercio proximal de falange proximal de dedo anular derecho, en estudios radiológicos de cuello con esguince cervical grado II. De acuerdo a lo anterior el citado perito determinó que son LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA, TARDAN MÁS DE QUINCE DÍAS EN SANAR Y SE RESERVAN LAS CONSECUENCIAS MÉDICO LEGALES. Dictamen al que se le concedió el valor jurídico de indicio, conforme al numeral 280 del Código Procesal Penal para Zacatecas, dado que esa probanza fue efectuada por médico con conocimientos en la materia, el cual describe de manera congruente y razonada las lesiones encontradas en la humanidad del pasivo, con el que se confirma y acredita que el ofendido Filimón Escobedo Carrillo sufrió una alteración en su salud, el día de sucedidos los hechos delictivos en estudio, la cual se produjo, debido a las lesiones derivadas de los golpes que le fueron propinados por el activo en su humanidad; así como el disparo tipo rozón en la parte de atrás del conducto auditivo izquierdo, momentos después de que se el pasivo tratara de detenerlo por haber ido conduciendo a exceso de velocidad y darse a la fuga. Para ilustrar lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en la página 298, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Febrero de 1993, cuyo rubro y texto, son: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros.". Posteriormente, la Juez de la causa penal que nos ocupa señaló que la relación que existe entre la inspección ministerial y la pericial médica en relación a la naturaleza, tipo y ubicación de las lesiones advertidas por ambos medios de prueba, de acuerdo con lo establecido por el numeral 278 del Código Procesal Penal de Zacatecas, les concedió pleno valor jurídico para demostrar que el ofendido Filimón Escobedo Carrillo padeció un daño producido en su integridad física por los golpes que le infirió el indiciado en diversas partes de su cuerpo; así como el disparo tipo rozón en la parte de atrás del conducto auditivo izquierdo y que el especialista clasificó como lesiones que no pusieron en peligro la vida si tardan más de quince días en sanar, ubicando la intensidad del daño ocasionado al bien jurídico en la fracción II del artículo 286 del Código Penal vigente en el Estado. Luego, la Juez responsable estudió el segundo y tercer elemento del delito que se estudia, esto es, el daño o alteración de la salud sean producidos por una causa externa y que la causa que originó las lesiones sea imputable a una persona. Para ello, en primer lugar estimó la denuncia que ante el Ministerio Público interpuso el ofendido, el primero de agosto del año dos mil catorce, misma que se da por reproducida para evitar repeticiones innecesarias, a la cual se le otorga valor jurídico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, ya que el ofendido atribuye la lesión que presentó y describió a la autoridad investigadora a una causa externa imputable a una persona, pues refiere que el día treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas fue agredido en su integridad física por el indiciado, circunstancia que obedeció a una actividad humana ajena al ofendido, la cual se traduce en lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, amén de que es ilógico que dichas lesiones se las pudiera auto infringir él mismo. Testimonio que fue corroborado con lo señalado por Sergio Beltrán Bustos, Agente de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas, pues manifestó que el treinta de julio del año en curso, aproximadamente a las quince horas, circulaba a bordo de un vehículo oficial marca Dodge Ram, modelo dos mil trece, tipo Pick Up, en compañía del Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas, Filimón Escobedo Carrillo, realizando trabajos de investigación encomendados, cuando de pronto circulaba un vehículo de características similares al que se señalaban por diversos ofendidos en sus denuncias a exceso de velocidad, por lo que procedieron a indicarles el alto, con el altoparlante, haciendo caso omiso su conductor y dándose a la fuga, por lo que se dio la persecución, hasta lograr darles alcance, dándose a la fuga su conductor, yéndose el ofendido tras de éste, y quedándose el declarante custodiando al copiloto, pero que poco más tarde el pasivo solicitó ayuda vía radio, y cuando acudió tanto el deponente como su diverso compañero José de Jesús González Palacios, a quien le había solicitado ayuda momentos antes, a buscar al Comandante (Filimón Escobedo Carrillo), se percataron de que éste se encontraba lesionado. A lo que la juez natural a ese medio de prueba le concedió valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, por reunir los requisitos establecidos por el numeral 281 del mismo ordenamiento penal invocado, ya que ese testimonio fue emitido por persona con capacidad y criterio suficiente para juzgar el acto sobre el cual versa su declaración, sin dudas ni reticencias, sobre circunstancias esenciales del hecho, mismo que aprecio con sus propios sentidos y no por inducciones de terceras personas, la cual sirve de utilidad para acreditar que el día de los hechos el deponente se encontraba en compañía del ofendido, percatándose del momento en que éste se fue tras el indiciado de mérito, y que si bien es cierto no se dio cuenta el momento exacto en que el activo lesiono al pasivo, también es cierto que éste refiere que al momento de localizarlo, después de que éste solicito ayuda vía radio, lo encontraron lesionado lleno de sangre de la parte trasera de su cabeza. Es aplicable a los testimonios antes relacionados la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub judice". Concluyó la Juez responsable que en unión de las pruebas que ya fueron materia de análisis y valoración, y que ahora se hacen en conjunto para hacer la prueba circunstancial que prevé el artículo 278 del Código Adjetivo Penal en vigor, constituyen prueba plena para tener por demostrado que una causa externa, siendo ésta la acción que desplegó el indiciado provocó las lesiones que presentó en su humanidad el ofendido Filimón Escobedo Carrillo el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, momentos después de que el ofendido tratara de detenerlo, pues el activo hizo caso omiso cuando éste le marcara el alto, virtud a que iba conduciendo a exceso de velocidad por la carretera federal 49 de Miguel Auza, Zacatecas; quedando demostrado a plenitud el cuerpo del delito de LESIONES, clasificadas como aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar. C).- En relación al ilícito de Robo Calificado, previsto y sancionado por los artículos 317, 319, 320 fracción II y 321 fracciones I y VIII del Código de Procedimientos Penales del Estado, la juez natural los tuvo por acreditados cada uno de ellos como sigue: a). Una acción de apoderamiento b). Que recaiga sobre una cosa mueble ajena. c). Que se efectué' sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella. En efecto, como acertadamente lo sostuvo la autoridad judicial responsable, los elementos constitutivos del ilícito descrito quedaron justificados con los medios de prueba que integran el sumario, en los que se sustenta la resolución reclamada, pues por lo que se refiere al primero de ellos, lo consideró acreditado con los elementos de prueba siguientes: Con la denuncia interpuesta por Filimón Escobedo Carrillo, quien señaló que en ejercicio de sus funciones tiene a su cargo un arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, con número de serie o matricula UDU290, folio D23181, número de permiso colectivo 202, la cual es propiedad de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, así como un arma larga y una patrulla marca Dodge Ram, modelo dos mil trece, propiedad de Gobierno del estado, que el treinta de julio del mismo año, aproximadamente a las quince horas al momento en que circulaba a bordo de una patrulla marca Dodge Ram, modelo dos mil trece, propiedad de Gobierno del Estado en compañía del Agente Ministerial Sergio Beltrán Bustos, con rumbo al crucero de la carretera federal 49, cuando justo a la altura del centro de salud de Miguel Auza, Zacatecas, detectaron un vehículo de características similares a las que estaban tratando de localizar, en cual iban dos sujetos, por lo que les indicaron el alto, pero su conductor hizo caso omiso, dándose a la fuga, logrando darles alcance. Que el piloto de dicha unidad salió corriendo del vehículo y se fue hacia el monte, por lo que el denunciante se fue siguiéndolo, aproximadamente un kilómetro, que al llegar a un área más tupida de vegetación, observó que dicho sujeto sacó un arma de fuego, haciéndole un disparo que no le atinó, por lo cual el ofendido hizo lo mismo con su arma, pero en ese momento sintió un golpe en la parte de atrás de la cabeza, percatándose de la presencia de un tercer sujeto, siendo en ese momento que el sujeto al cual iba siguiendo se regresó a quererle quitar el arma, comenzando a forcejear ambos, alcanzando a golpearlo el ofendido con la cacha de su pistola, quedando el activo encima de éste, siendo en ese momento que el otro sujeto que le pegó por detrás se acercó, comenzando el ofendido a sentir varios golpes en la cabeza y el activo al cual iba siguiendo le mordió los oídos, y el que sujeto que lo golpeó en la parte de atrás, le presiono el brazo derecho hasta lograr que soltara su arma de fuego, y el sujeto que se encontraba encima de él, tomó su arma de fuego y con la misma le pegaba en su cabeza, retirándose lentamente con su arma, con la cual le hizo una denotación directa, ocasionándole una lesión tipo rozón del lado izquierdo posterior de la cabeza, para después retirarse en dirección contraria a donde se encontraba el vehículo en el cual circulaba. A ese testimonio, acertadamente la juez de la causa le concedió valor indiciario en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues fue emitida por persona con capacidad y criterio suficiente para juzgar el acto que le fue propio, misma que fue útil para demostrar que el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, fue desapoderado de un arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, número de serie o matricula UDU290, folio D23181, número de permiso colectivo 202, la cual es propiedad de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, misma que utilizaba por cuestión de trabajo, pues es Comandante de la Policía Ministerial del Estado, y dicha arma le fue asignada para realizar sus funciones. De igual manera, se tomó en consideración lo aseverado por Gustavo Domínguez Saldívar, Director de la Policía Ministerial del Estado, quien el diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, manifestó que ratificaba en todas y cada una de sus partes la denuncia de hechos presentada por el Comandante Filimón Escobedo Carrillo, respecto del robo ejecutado sobre el arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, con número de serie o matricula UDU290, folio D23181, número de permiso colectivo 202, la cual es propiedad de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, de la cual es directivo, exhibiendo para acreditar su personalidad copia certificada del nombramiento, de cuatro de octubre del año dos mil diez, suscrito por el Gobernador del Estado, mediante el cual le otorgó el nombramiento antes señalado. Testimonios que la juez natural otorgó valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, considerando que la primera de ellas se cumple a cabalidad con el requisito de procedibilidad a que se refiere el numeral 16 Constitucional, pues amén de haberse interpuesto denuncia por parte de la persona quien padeció el desapoderamiento, acudió el director de la Policía Ministerial a ratificar dicha denuncia, exhibiendo documento idóneo para acreditar la personalidad que ostenta. También la resolutora tomó en consideración la declaración de Sergio Beltrán Bustos, quien el diecisiete de septiembre del dos mil catorce, manifestó que el día de los hechos al momento en que acudieron tanto el deponente como su compañero José de Jesús Palacios González en auxilio del ofendido Filimón Escobedo Carrillo -Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas-, después de que éste les habló vía radio, momentos después de haber ido a seguir al conductor del automotor que conducía a exceso de velocidad por la carretera federal 49 de Miguel Auza, Zacatecas, lo encontraron recargado en un árbol y lleno de sangre de la parte de la atrás de la cabeza, y al preguntarle qué era lo que había pasado y revisarlo a ver si no tenía más lesiones, se percataron que no traía el arma de cargo Glock color negro y al preguntarle donde estaba su arma, solamente les refirió que se la habían llevado. A ese medio de prueba la juez natural le concedió valor de indicio de conformidad con el artículo 277 en relación con el 281 del Código de Procedimientos penales del Estado, pues con la misma se acredita que el día de los hechos (treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas), el deponente se percató de que el ofendido había sido desapoderado de su arma de cargo Glock color negro. Aunado a lo anterior, también tomó en consideración la declaración de Diana Chávez Licerio, hermana del hoy activo y quien manifestó que su hermano y ahora activo le habló por teléfono al celular de su hijo, refiriéndole que ese día de los hechos él había corrido y que el policía lo había golpeado en la cabeza con la pistola, que dicha arma la iba a dejar tirada sobre la carretera en una alcantarilla, pero que lo dejaran en paz, agregando la declarante que en efecto dicha arma la encontró en el lugar que le indicó su hermano el día primero de agosto del año dos mil catorce, específicamente en la carretera federal Torreón- Coahuila, en una bolsa de plástico; misma que le entregó a su hermana Eva, pues esta quedó con los ministeriales que cuando la encontrara ella se las entregaría. Manifestación que fue valorada por la autoridad judicial responsable de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, el cual reúne los requisitos del numeral 281 del mismo ordenamiento penal invocado, misma que se consideró de utilidad para corroborar el desapoderamiento recaído en perjuicio de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado respecto del arma de fuego marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, la cual portaba el Comandante de la Policía Ministerial, Filimón Escobedo Carrillo, pues efectivamente aún y cuando la deponente no presenció el momento en que se efectuó dicho desapoderamiento, se dio cuenta del mismo por comentarios de su propio hermano y ahora activo, pues fue éste quien le habló por teléfono, reconociendo que había sido él, quien se había llevado el arma de fuego antes señalada, indicándole además el lugar donde iba dejar dicha pistola, misma que en efecto encontró en tal lugar el día primero de agosto del año que trascurre, la cual le dio a su hermana Eva Chávez Licerio, quien posteriormente la entregó a los Policías Ministeriales de éste Distrito Judicial, lo cual crea certeza en la suscrita respecto de dicho apoderamiento, pues de no haber sido así, el activo no hubiese entregado dicha pistola. Asimismo, la juez natural corroboró lo anterior con el informe de investigación, de cinco de agosto del dos mil catorce, del que se desprende que la declarante Eva Chávez Licerio, en fecha cinco de agosto de ese propio año, hizo entrega de un arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, con número de serie o matricula UDU290, folio D23181, número de permiso colectivo 202, con cargador desabastecido, envuelta en una bolsa de plástico de color azul; misma que se dejó a disposición del Agente investigador. Informe al cual se le concedió valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que efectivamente se robustece lo señalado respecto al desapoderamiento recaído en perjuicio de la Policía Ministerial del Estado, pues el arma que la hermana del activo les entregó a los Ministeriales es la misma que tiene a su cargo Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de dicha corporación. Asimismo, se tomó en cuenta la copia certificada del oficio mediante el cual se resguarda el armamento, de la cual se desprende que el trece de marzo del año dos mil trece, se le hizo entrega al prenombrado de dicha arma de fuego para que la utilizara dentro del servicio y en funciones, comprometiéndose a cubrir el importe de la misma en caso de descompostura por mal uso o perdida, firmando el prenombrado de recibido. Documento que se valoró como indicio de conformidad al artículo 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Zacatecas. Medio de prueba que fue concatenado con la inspección ministerial de un arma de fuego, en la que se obtuvo: ".Se tiene a la vista una envoltura en una bolsa de plástico en color blanco con azul la cual está sujeta con cinta canela la cuál dándole forma de una pistola para lo cual en ese momento desprendieron dicha envoltura, misma que tienen a la vista un arma de fuego dejada ante esa representación social por parte del LUIS ÁNGEL SANTOS LÓPEZ, AGENTE ENCARGADO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE JUSTICIA, la cual se describe a continuación: ARMA DE FUEGO MARCA GLOCK, TIPO ESCUADRA, CALIBRE 9MM, MODELO 17, MATRICULA UDE290, EN PAVÓN NEGRO CON CACHAS DE PLÁSTICO EN COLOR NEGRO, CUENTA CON SU CARGADOS VACIÓ SIN NINGÚN CARTUCHO..". Medio de prueba que la juez responsable le otorgó valor probatorio pleno de conformidad al artículo 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado, la cual fue emitida por autoridad competente en pleno ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los lineamientos de los numerales 201 y 202 del mismo ordenamiento legal en consulta, con la cual se acreditó la existencia del arma de fuego marca Glock, tipo escuadra, calibre 9mm, modelo 17, matrícula ude290, en pavón negro con cachas de plástico en color negro, cuenta con su cargados vacío sin ningún cartucho, sobre la cual recayó el desapoderamiento. Indicando la responsable, que con los anteriores medios probatorios quedó demostrado, el primer elemento, que es el apoderamiento de una cosa mueble, de acuerdo a su conceptualización, apoderar es aprehensión, coger o posesionarse de una cosa con el ánimo de disponer, sobre los bienes apoderados por el sujeto activo fue: un arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, con número de serie o matricula UDU290, folio D23181, número de permiso colectivo 202; objeto que se trata de bien mueble, ya que dicha arma se puede trasladar de un lugar a otro sin alterar su esencia, lo cual se encuentra considerado por el artículo 62 del Código Civil para el Estado de Zacatecas. En lo atinente al segundo de los elementos materiales que integran el ilícito en estudio, consistente en que la ajeneidad respecto del bien mueble detallado con anterioridad, toda vez que la juez del proceso tomó en consideración lo manifestado por Juan Gerardo Tiscareño Caldera, Asesor Jurídico de la Policía del Estado, quien el nueve de septiembre del año dos mil catorce, ante el órgano investigador dijo que el arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, con número de serie o matricula UDU290, fue hurtada el treinta de julio de ese año a Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial del Estado; artefacto que es propiedad de dicha corporación, exhibiendo además para acreditar tal cuestión copia certificada de la factura VM-13499, de once de enero del año dos mil trece, así como el registro federal de armas de folio D23181, expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, de los cuales se desprende que dicha arma de fuego es propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Testimonio y documentos que la juez consideró que poseen valor probatorio de indicio en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, toda vez que los mismos son suficientes y aptos para acreditar la propiedad sobre dicha arma de fuego, misma que ajena al sujeto activo. En relación al tercer elemento del delito de robo, consistente en que el apoderamiento se haga sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, la juez natural lo tuvo por acreditado con la denuncia interpuesta por Filimón Escobedo Carrillo y la ratificación realizada por Gustavo Domínguez Saldivar, Comandante y Director de la Policía Ministerial del Estado respectivamente, mismas que se dan por reproducidas para evitar repeticiones innecesarias, a las cuales se les concedió valor de indicio, en término de lo establecido por el numeral 277 del Código de Procedimientos Penales en vigor, con las cuales la responsable logró establecer que Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas fue desapoderado de un arma de fuego marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, número de matrícula UDU290; situación que evidencia que ni el Comandante ni el Director de la Corporación ofendida dieron su consentimiento para que el sujeto activo se apoderara de dicha arma. Indicó la A quo, que con el desapoderamiento recaído en perjuicio de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, ésta resintió un menoscabo patrimonial, por ello se allegó el Dictamen Pericial de Valuación, emitido por la perito valuadora adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual estableció que el valor del arma corta marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, número de serie UDU290, folio D23181, con número de permiso colectivo 202, es por ocho mil pesos cero centavos moneda nacional. Dictamen que fue valorado plenamente en términos del artículo 280 del Código de Procedimientos Penales en vigor, ya que el mismo fue emitido por perito con conocimientos en la materia, el cual se aprecia ajustado a la realidad de los hechos, amén de que hasta el momento del dictado del acto reclamado no se impugnó, siendo de utilidad para establecer el monto del objeto hurtado (arma corta, marca Glock, modelo 17); que lo es la cantidad de OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIOANAL ($8, 000.00 M.N), cantidad de excede de cien pero no de trescientas cuotas de salario mínimo vigente en la entidad al momento de sucedidos los hechos, determinándose que dicho hurto encuentra en la fracción II del artículo 320 del Código de Procedimientos Penales en vigor del Estado. Con los anteriores medios de prueba la juez del proceso determinó de manera individual y enlazadas entre sí, les concedió valor probatorio en los términos del artículo 277 en relación con el 278 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los cuales consideró de utilidad para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo, mismas que demostraron que el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, el activo se apoderó de un arma corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, número de serie UDU290, folio D23181, con número de permiso colectivo 202, la cual portaba Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial del Estado; artefacto que le fue entregado por dicha corporación como parte de sus funciones, momentos después de que éste tratara de detenerlo, virtud que el activo circulaba a bordo de una unidad a exceso de velocidad por la carretera federal 49 de Miguel Auza, Zacatecas. Por otro lado, la Juez responsable en la resolución reclamada, acertadamente tuvo por acreditadas las calificativas contenidas en las fracciones I y VIII del artículo 321 del Código Penal en vigor que por su contenido establece: Artículo 321.- Se considerará calificado el delito de robo, cuando: Fracción I.- Se ejecute con violencia en las personas o en las cosas, aun cuando la violencia se haga a persona distinta de la robada, que se halle en compañía de ella, o cuando el ladrón la ejecute después de consumado el robo, para proporcionarse la fuga o defender lo robado. Fracción VIII.- Se cometa de noche, llevando armas, con fractura o empleo de llaves falsas, horadación, excavación o escalamiento, o sean los ladrones dos o más o fingiéndose funcionarios públicos o suponiendo una orden de alguna autoridad.". Ahora bien, atinadamente la resolutora en lo referente a la calificativa señalada en primer término, -será calificado cuando se cometa con violencia en las personas-, consideró que se encuentra demostrada, ello en razón a que Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas, refirió que el día de los hechos, el activo del delito le ocasionó diversas lesiones en su humanidad a fin de desapoderarlo del arma corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, antes descrita, lo cual se corroboró con la fe ministerial de lesiones y el certificado medico de sanidad, en los cuales se dio fe y certificó las lesiones que presentaba el pasivo, mismas que son coincidentes con lo narrado por el ofendido. De igual forma, se reitera que dicha responsable valoró todos y cada uno de los datos de prueba antes señalados, mismos a los que les concedió valor probatorio, de indicio al primero de ellos y pleno a los dos segundos, de conformidad con los artículos 277, 276 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues los mismos se consideraron de utilidad para acreditar que el activo lesionó a Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas en diversas partes de su cuerpo; así como la lesión tipo rozón del lado izquierdo posterior de la cabeza, a efecto de quitarle el arma de fuego que tenía en posesión, la cual es propiedad de la Dirección de la Policía Ministerial del Estado; lesiones que fueron debidamente corroboradas y certificadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, fue concatenado con el testimonio de Sergio Beltrán Bustos y José de Jesús Palacios González, quienes fueron coincidentes en manifestar que el día treinta de julio del dos mil catorce, al momento en que acudieron en auxilio de Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas, momentos después de que éste les solicitó ayuda vía radio, se percataron de que éste se encontraba recargado en un árbol y tenía sangre en la parte trasera de su cabeza, aludiendo el primero de ellos que éste se percató de que presentaba diversos golpes. Manifestaciones a las cuales se les concedió valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277, en relación con el 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que fueron emitidas por personas con criterio suficiente para juzgar el acto sobre el cual versan sus declaraciones, claras, precisas y sin dudas, amén de que éstos las percibieron por ellos mismos, las cuales son de utilidad para acreditar que los deponentes se percataron de que el día de los hechos, al momento de que ambos acudieron en auxilio de su comandante, se percataron de que éste estaba lleno de sangre de la parte trasera de su cabeza; dándose cuenta el primero de los mencionados que además presentaba diversas lesiones, lo cual robustece el dicho del pasivo pues si bien es cierto los testigos no se percataron el momento exacto en que el prenombrado fue lesionado, también es cierto que al acudir en su ayuda, percibieron con sus sentidos las lesiones que presentaba, lo cual crea certeza en la suscrita respecto de que el hurto perpetrado se realizó con violencia en la humanidad de Filimón Escobedo Carrillo, teniendo pues por acreditada la calificativa prevista en las fracciones I del numeral 321 del mismo Código Adjetivo en la materia. De igual forma, por lo que respecta a la segunda de las calificativas, la juez natural fue acertada en tenerla por debidamente acreditada, con lo siguiente: Con la Denuncia interpuesta por Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas, de la que se desprende que el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, instantes después de ir tras el activo que circulaba a bordo de un automotor a exceso de velocidad, por la carretera federal 49 de Miguel Auza, Zacatecas y lograr darle alcance a pie, se percató de la presencia de otro sujeto, a quien no identificó, el cual lo golpeó en la parte trasera de su cabeza y posteriormente en diversas partes de su cuerpo hasta que lograron quitar el arma de fuego, marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, que portaba ese día como parte de su trabajo; añadiendo que el sujeto al cual iba siguiendo inicialmente, es decir el que dio a la fuga con rumbo al monte, fue quien se llevó su arma de fuego, con la cual le hizo una detonación directa, ocasionándole la lesión tipo rozón en la parte trasera de su cabeza. Medio de prueba que la juez natural le concedió valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, con la cual se estableció que fueron dos las personas que ejecutaron el robo del arma corta ya descrita líneas supra que portaba Filimón Escobedo Carrillo, propiedad de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas. Precisando la autoridad responsable que aún y cuando no exista medio de prueba que sustente el dicho del deponente, su denuncia resultó suficiente para acreditar tal calificativa, pues es evidente que el prenombrado no pudo haberse auto infringido las lesiones que presentó al momento que se recabó la fe ministerial de lesiones y el certificado médico de lesiones; por tanto se tuvo por acreditada la calificativa contenida en la fracción VIII del artículo 321 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado. Entonces, la juez de la causa tuvo por acreditado el cuerpo del delito de Robo Calificado ejecutado con violencia en las personas, siendo dos los ladrones, en cuantía que asciende a ocho mil pesos cero centavos moneda nacional ($8,000.00 m.n), la cual excede de cien pero no de trescientas cuotas de salario mínimo vigente en la entidad cometido en agravio de Dirección de la Policía Ministerial del Estado, previsto por los artículos 6º, fracción I, 317, 320 fracción III y 321 fracciones I y VIII del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Respecto a la probable responsabilidad que se le atribuye a AARÓN CHÁVEZ LICERIO, en la comisión de los delitos de LESIONES QUE NO PUSIERON EN PELIGRO LA VIDA Y TARDARON EN SANAR MÁS DE QUINCE DÍAS Y DELITOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS cometidos en agravio de FILIMÓN ESCOBEDO CARRILLO; así como del delito de ROBO CALIFICADO ejecutado con violencia en las personas y siendo dos los ladrones, cuya cuantía asciende a OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($8, 000.00 M.N), cantidad QUE EXCEDE DE CIEN, PERO NO DE TRESCIENTAS CUOTAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE, cometido en agravio de la DIRECCIÓN DE POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO; estimó la juez natural, que se encuentra comprobada; y para ello, consideró: La denuncia formulada por Filimón Escobedo Carrillo, misma que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias, ya que se hizo referencia a su contenido en líneas precedentes, la cual fue valorada acorde a lo previsto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues fue emitida por persona con capacidad y criterio suficiente para juzgar el acto que le fue propio, misma que se consideró de utilidad para demostrar que el día treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, Filimón Escobedo Carrillo (Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas), fue lesionado por parte del activo del delito en diversas partes de su cuerpo, al momento en que se encontraba realizando diversas investigaciones; así como que fue desapoderado de un arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, con número de serie o matricula UDU290, folio D23181, número de permiso colectivo 202, la cual es propiedad de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, la cual le fue entrega por el parte de dicha corporación por cuestión de trabajo. De igual forma, tomó en consideración lo manifestado por Juan Carmelo Guzmán Martínez, quien declaró que el día en que sucedieron los hechos aproximadamente a las dos de la tarde, se dirigía a la carnicería que se encuentra por la calle Guz Águila, cuando de pronto le gritó Aarón Chávez Licerio, invitándolo a su domicilio para platicar y escuchar música un rato, que enseguida Aarón le dijo que fueran a dar la vuelta a Juan Aldama, Zacatecas, por lo que se subieron a un automotor del activo de color blanco, pasando las oficinas de la casa de justicia, cuando de pronto se percataron de que una camioneta blanca iba a tras de ellos, la cual le hacía señas a Aarón que se detuviera, pero en vez de detenerse le dio más recio al vehículo e incluso se cambió al otro carril, en sentido contrario, y poco más adelante se bajó del vehículo y se echó a correr hacia el monte, después los policías llegaron y como él se había quedado en el vehículo en que circulaba, lo llevaron a declarar. A ese testimonio la juez responsable le concedió valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que del mismo se corroboró que fue el activo Aarón Chávez Licerio, quien el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, circulaba a exceso de velocidad a bordo de un automotor de su propiedad, en compañía de su amigo Juan Carmelo Guzmán Martínez, descendiendo de dicho vehículo y se echó a correr para el monte. Narrativa que coincidió con circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas por el ofendido, y de la cual si bien es cierto no se desprende que el deponente se hubiese dado cuenta del momento en que el prenombrado lesiónó a Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas, y le hurtó el arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, propiedad de dicha corporación; no menos cierto es que su versión se corrobora con lo narrado por parte del ofendido, creando evidencia en contra del activo. Asimismo, con el oficio 304, de treinta de julio del año dos mil catorce, suscrito por los Agentes de la Policía Ministerial de ésta Ciudad, José de Jesús Palacios González y Sergio Beltrán Bustos; documento al que la juez natural le otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, pues consideró que el mismo fue útil para corroborar la probable responsabilidad del indiciado Aarón Chávez Licerio, toda vez que los elementos ministeriales que suscribieron dicho documento, fueron quienes dejaron a disposición al acompañante del prenombrado (Carmelo Guzmán Martínez), quien lo señaló como la persona que el día de los hechos conducía un vehículo color blanco a exceso de velocidad, por la carretera federal 49 de Miguel Auza, Zacatecas, dándose a la fuga momentos después de que los policías le indicaran el alto, sujeto al cual persiguió el Comandante de la Corporación antes señalada. De igual manera, la juez natural tomó en consideración el testimonio de Sergio Beltrán Bustos, misma que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias, ya que se hizo referencia a su contenido en líneas precedentes, la cual fue valorada acorde a lo previsto por el artículo 277, en relación con el 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues el mismo fue emitido por persona mayor de edad, con criterio suficiente para juzgar el acto sobre el cual versa su declaración, sobre circunstancias esenciales del hecho, mismo que pudo apreciar con sus propios sentidos y no por inducciones de terceras personas, sin dudas, clara y precisa. Declaración que fue de utilidad para acreditar la probable responsabilidad del ahora quejoso Aarón Chévez Licerio, debido a que el deponente se percató de que la persona que acompañaba al prenombrado, lo señaló como quien el día treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, iba circulando a bordo de un automotor color blanco a exceso de velocidad, así como que los Policías le hicieron el alto, a lo que hizo caso omiso, dándose a la fuga para después detener el vehículo que tripulaba y salir corriendo hacia el monte; circunstancias las anteriores que coinciden que los narrado por el pasivo del delito en tiempo , modo, lugar y ocasión, amén de que el testador iba acompañando al ofendido el día de los hechos; pues aún y cuando no haya percibido el momento en que el indiciado lesionó a Filimón Escobedo Carrillo (Comandante de la Policía Ministerial del Miguel Auza, Zacatecas); ni cuando lo desapoderó del arma de fuego marca Glock, modelo 17, calibre 9mm, que portaba como instrumento de trabajo y la cual es propiedad de la corporación en la cual labora; no menos cierto es, que dicha versión es un claro dato indiciario en contra del hoy quejoso. Misma suerte ocurre con el testimonio de José de Jesús Palacios González, misma que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias, ya que se hizo referencia a su contenido en líneas precedentes, la cual fue valorada acorde a lo previsto por el artículo 277, del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues los mismos fueron emitidos por personas mayores de edad, con pleno conocimiento sobre el hecho sobre el cual versa sus declaraciones, claras, sin dudas ni reticencias y sobre circunstancias esenciales del hecho. El testimonio anterior, la responsable lo consideró de utilidad para establecer que el día de sucedidos los hechos, treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas con quince minutos, el policía ministerial llegó en auxilio de su compañero Sergio Beltrán Bustos al lugar donde habían tenido a una persona del sexo masculino, y que responde al nombre de Carmelo Guzmán Martínez, quien les manifestó que el nombre de quien lesionó al comandante lo era AARÓN CHÁVEZ LICERIO, quien conducía el automotor a exceso de velocidad y quien se había dado a la fuga con rumbo al monte; sin pasar desapercibido para la juez de la causa que aún y cuando el testigo no haya percibido el momento de perpetrados los ilícitos, sí se percató por sus propios sentidos de la imputación que realizó Carmelo Guzmán Martínez en contra del indiciado de mérito. En iguales circunstancias, la juez natural consideró la Ampliación del Informe de Investigación, emitido por elementos de la Policía Ministerial, quienes recibieron en la comandancia a Diana y Eva Chávez Licerio, las cuales se presentaron voluntariamente, manifestando la primera de ellas que el día primero de agosto del año en curso, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos tuvo contacto vía telefónica con su hermano Aarón Chávez Licerio, preguntándole que porqué razón lo andaban buscando los policías, manifestándole el inculpado que lo andaban buscando porque el día de los hechos lo querían agarrar y no se había dejado, huyendo hacia el monte, que un judicial lo alcanzó y para evitar que lo agarrara, éste lo golpeó y se fue corriendo llevándose la pistola de éste, refiriéndole que el arma la iba dejar sobre una alcantarilla, a un costado del puente sobre la carretera federal 49 de Juan Aldama, Zacatecas, que la entrevistada se trasladó a dicho lugar y en efecto encontró dicha arma, misma que le entregó a su hermana Eva, quien hizo entrega a los policías ministeriales de un arma de fuego, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, matrícula UDU290. Medio de prueba al cual se le otorgó valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues con el mismo se corrobora que el activo tuvo comunicación vía telefónica con sus hermanas, a quienes les manifestó que el día de los hechos había lesionado a un Policía Ministerial -Filimón Escobedo Carrillo-, a fin de que no lo detuviera, momentos después de darse a la fuga, llevándose su arma de fuego, la cual dejó sobre una alcantarilla, a un costado del puente sobre la carretera federal 49 de Juan Aldama, Zacatecas, a fin de que su hermana Diana Chávez Licerio fuera por ella, lo cual así sucedió. A lo que sumó la declaración de Diana Chávez Licerio, a la cual se le concedió valor de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 en relación con el 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de la cual se desprende que el día de los hechos los judiciales acudieron al domicilio del ahora activo Aarón Chávez Licerio, refiriéndole a la declarante que lo andaban buscando puesto que había lesionado a un Ministerial y se había robado un arma de fuego; así como que el activo prenombrado le habló por teléfono, confirmándole que era cierto que había corrido y se había resistido, pero que el ministerial lo había alcanzado, y que lo había golpeado, por lo que éste también lo había golpeado, que el arma de fuego la iba a dejar tirada por la carretera federal; lo cual crea indicio en contra del activo, pues en efecto la deponente acudió al lugar que le refirió el activo y encontró el arma de fuego hurtada; por tanto, se crea convicción respecto a lo manifestado por el ofendido, pues el inculpado Aarón Chávez Licerio no solo tenía el arma de fuego en su poder, sino que también reconoció haber golpeado al ofendido ese día de los hechos, momentos después de darse a la fuga, y aún y cuando dicha aceptación la realizó por conducto de terceras personas. Así como con lo declarado por Eva Chávez Licerio, pues manifestó que el día treinta de julio del año en curso, la policía ministerial andaba buscando a su hermano Aarón Chávez Licerio, ya que al parecer había lesionado a uno de ellos y que se había llevado su arma de fuego, manifestándoles la declarante a los policías que si encontraban dicha arma, ella se las entregaría, razón por la cual al momento en que la deponente tuvo en su poder dicha arma, hizo entrega de ésta al Policía Ministerial de nombre Luís "N". Declaración a la que se le concedió valor probatorio de indicio de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues con dicho atesto la juez corroboró la versión de la diversa hermana del indiciado -Diana Chávez Licerio-; así como diversos medios de prueba, pues en efecto el día de sucedidos los hechos Aarón Chávez Licerio se llevó el arma de fuego que portaba el Comandante de la Policía Ministerial de éste Distrito Judicial (Filimon Escobedo Carrillo), tan es así que la propia declarante hizo entrega de ésta a un Policía Judicial, lo cual hace probable la responsabilidad del inculpado en la comisión de los delitos acreditados. Finalmente, la Juez responsable indicó que con las pruebas analizadas con antelación, mismas a las que les confirió el valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto por los artículos 272, 277, 279, 280, 281 y 282, relacionadas y adminiculadas entre sí, de conformidad con el artículo 278 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, eran suficientes para tener colmados todos y cada uno de los elementos configurativos y la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de los delitos mencionados, pues quedó evidenciado que el día treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, el indiciado al circular a bordo de un automotor color blanco en compañía de diversas persona, a exceso de velocidad, y que al momento de que los Policías Ministeriales les hicieron el alto, Aarón Chávez Licerio, quien conducía dicho automotor hizo caso omiso, dándose a la fuga, para después de tenerse ,momentos después y bajarse del vehículo, echándose a correr al monte, persona que fue perseguida por el Filimón Escobedo Carrillo, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, a quien lesionó en diversas partes de su cuerpo, disparándole a demás con su propia arma de cargo (marca Glock, modelo 17, calibre 9mm) en la parte de la cabeza, desapoderándolo además de dicha arma, la cual es propiedad de la Policía Ministerial del Estado, para después darse a la fuga. V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación. En efecto, el concepto de violación es infundado, en virtud de que contrariamente a lo señalado por el impetrante del amparo, la orden de captura impugnada sí satisface los requisitos establecidos por los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la responsable dio cumplimiento a los siguientes requisitos: 1. Exista denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito. 2. Se trate de un delito que se encuentre sancionado, cuando menos, con pena privativa de libertad. 3. Existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad penal del indiciado; 4. Lo solicite el Ministerio Público en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Sea emitida por autoridad judicial competente, en cumplimiento de las atribuciones que las leyes le confieren. En este caso, la Juez responsable, acertadamente consideró que los requisitos antes precisados se encuentran satisfechos en atención a que existen la denuncia de Filimón Escobedo Carrillo (Comandante de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas) ante el órgano investigador; en la que hizo del conocimiento de esa representación social, hechos posiblemente constitutivos de delito. Asimismo, la autoridad judicial responsable, de manera correcta estableció que las conductas que se imputaron al quejoso Aarón Chávez Licerio están previstas y sancionadas en los artículos 6° fracción I, 11 fracción I, 167, 285, 286 fracción II, 317, 319, 320 Fracción II y 321 fracciones I y VIII del Código Penal vigente en el Estado. Esto es, los citados delitos que se atribuyen al peticionario de garantías, están sancionados con pena privativa de libertad; y dicha orden de aprehensión fue emitida por una autoridad judicial competente [Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas], a petición del Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en su determinación de ejercicio de la acción penal del veintiocho de septiembre de dos mil catorce, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 constitucional. Sólo resta decir, que para librar una orden de aprehensión como la que en la especie se reclama en esta vía constitucional, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del indiciado, sino sólo se requiere que se reúnan los requisitos que establece el artículo 16 de la Carta Magna, y que existan datos que hagan probable la responsabilidad de los indiciados en su comisión, siendo que en el caso concreto, tales extremos se encuentran acreditados con las probanzas que integran la causa penal de origen. En ese orden de ideas, se puede apreciar acreditado, no sólo el cuerpo de los delitos, sino además, la probable responsabilidad del quejoso, por la comisión de la conducta típica y antijurídica cuya autoría se les reprocha, toda vez que está demostrado de manera probable que el accionante del amparo Aarón Chávez Licerio, fue quien el treinta de julio del año dos mil catorce, aproximadamente a las quince horas, lesionó a Filimón Escobedo Carrillo (Comandante de la Policía Ministerial de Miguel Auza, Zacatecas), en diversas partes de su cuerpo, al momento en que se encontraba realizando diversas investigaciones; así como que fue desapoderado de un arma de fuego corta, marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, con número de serie o matricula UDU290, folio D23181, número de permiso colectivo 202, la cual es propiedad de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, la cual le fue entrega por el parte de dicha corporación por cuestión de trabajo. Al caso, son aplicables las jurisprudencias que dicen: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado"; y, "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, qué parte de datos aislados, que se enlazan entres sí, en la mente, para llegar a una conclusión". Así como la tesis jurisprudencial sustentada por reiteración de criterios, VI.2o.J/93, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 341, tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de 1990, de la Octava Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo contenido siguiente es: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías". Máxime que para el dictado de una orden de aprehensión, no se requiere de pruebas plenas que demuestren la responsabilidad del inculpado, sino únicamente datos que acrediten el cuerpo del delito de que se trate y que hagan probable su participación en la comisión de los hechos delictivos, como se advierte del criterio jurisprudencial VI.2o. J/182, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 104, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se reproduce: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado". En base a los antes expuesto es que, se tenga por acreditados los extremos relativos al cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado, con base al material probatorio ya descrito, al menos en forma indiciaria pero fundada que el quejoso fue quien a título de autor material, de forma dolosa, realizó la conducta típica, antijurídica y culpable, prevista y sancionada por los artículos 167, 285, 286 fracción II, 317, 319, 320 Fracción II y 321 fracciones I y VIII del Código Penal vigente en el Estado. Motivo por el cual la orden de aprehensión reclamada resulta acorde a los requisitos constitucionales que prevé el artículo 16 constitucional. Por otro lado, contrario a lo que aduce el quejoso en su concepto de violación, en el sentido de que la resolución reclamada, no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación inherentes a todo acto de autoridad, pues en la determinación reclamada se invocaron las hipótesis normativas aplicables al caso concreto, así como las razones particulares y causas inmediatas que llevaron a la autoridad judicial a la conclusión apuntada, cumpliéndose así con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en el numeral 16 de la Carta Magna. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así como la tesis cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Por tales motivos, al no haberse demostrado con razonamientos lógico-jurídicos que la resolución que por esta vía se impugna, sea violatoria de garantías en perjuicio del quejoso, ni se advierte motivo que amerite la suplencia de la queja en su favor, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, procede negarles el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. En el entendido de que la negativa del amparo debe hacerse extensiva por lo que hace a los actos atribuidos al Comandante de Grupo de la Policía Ministerial, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, toda vez que siendo constitucional la orden de aprehensión emitida por la autoridad ordenadora, es obvio que también lo resulta ser la ejecución que de la misma se haga, puesto que no importa violación de garantías. Es aplicable al tema la Jurisprudencia VI.2o. J/338, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Consultable en el Tomo 83, noviembre de 1994, página 69 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que consigna: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 155, 192 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A Aarón Chávez Licerio, contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza, el día de hoy veintiséis de mayo de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, al rendir su respectivo informe justificado, adjunto copia certificada del proceso penal 38/2014, de su estadística instruido en contra del ahora quejoso Aarón Chávez Licerio, por el delito de Lesiones y Robo Calificado cometido en perjuicio de Filimón Escobedo Carrillo y la Dirección de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Miguel Auza, Zacatecas. En consecuencia, toda vez que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, al Dirección de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, con sede en Miguel Auza, Zacatecas, le resulta el carácter de tercero interesado, con transcripción de este proveído, mediante oficio comuníquesele el mismo. De igual manera, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de la Materia vigente, se tiene como tercero interesados a Filimón Escobedo Carrillo. En tal virtud, y tomando en consideración que el aludido tercero interesado registra su domicilio en calle Biznaga número ciento treinta y dos (132), colonia Estrella en Miguel Auza, Zacatecas, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, lleve a cabo el emplazamiento del tercero interesado en comento, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de garantías, debiendo hacerle saber que se encuentran señaladas las DOCE HORAS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para que si así quisiera, ofrezca pruebas y formule alegatos; asimismo, lo requiera para que en el término de tres días, señale domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por lista que se fijará en los estrados del juzgado exhortante, en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo vigente, en relación con los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Finalmente, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la Ley de la materia, para la celebración de la citada audiencia en la nueva fecha señalada.
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