Aarón Cupertino Guerrero Urzúa
Expediente 1420/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aarón Cupertino Guerrero Urzúa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito remitido por el autorizado de la tercero interesada; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a las personas propuestas para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1420/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juez Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1420/2017-III, promovido por Aarón Cupertino Guerrero Urzúa, por .propio derecho, reclama actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec, y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 7), ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Aarón Cupertino Guerrero Urzúa, por propio derecho, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Juez Mixto de Primera lnstancia del Séptima Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec, y el Actuario adscrito. SEGUNDO. Tramite. Por auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 15 a 19), se radicó la demanda de amparo con el número 1420/2017-III, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se emplazaron a los terceros interesados (fojas 43 y 76), se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Finalmente, por auto de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 48 a 50), se fijaron las diez horas con cincuenta y tres minutos del diez de noviembre de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el lugar del juicio. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuales son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencial, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente at pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Orienta el criterio anterior la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido debe precisarse que de la lectura Integra de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama el quejoso es: Todo lo actuado dentro del juicio 363/2016 y la ejecución de los actos procesales que ahí se ordenaron, respecto del inmueble ubicado en Calle de Nayarit, Número 20, Colonia La Capilla, Jonacatepec, Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Civil de Primera lnstancia del Séptima Distrito Judicial en el Estado de Morelos denominación correcta de la autoridad responsable (foja 33) y la Actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional (foja 34), pues así lo manifestaron las autoridades al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias que integran el expediente 418/2012, documentales a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 1292 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Antes de realizar el estudio respecto de las causales de improcedencia hechas valer por las partes respecto del acto reclamado por el quejoso y, para una mejor comprensión del tema que se abordara es necesario hacer una relación de sus antecedentes. 1. El dieciséis de octubre de dos mil trece, el quejoso Aarón Cupertino Guerrero Urzua, celebró contrato privado de cesión de derechos a título oneroso de un lote urbano ejidal que por una parte el C. Néstor Jesús Rodriguez Morales "El Cedente", y el quejoso "El Cesionario", respecto del inmueble ubicado en Calle Nayarit, Número 20, CoIonia La Capilla, Jonacatepec, Morelos (fojas 8 a 14 del expediente principal). 2. El veintinueve de diciembre de dos mil catorce, el impetrante de amparo celebró contrato de compraventa con su hijo el C. Aarón Guerrero Gutiérrez (tercero interesado), lo anterior, respecto del inmueble antes citado (fojas 25 a 28 del anexo I). 3. El doce de febrero de dos mil quince, el tercero interesado Aarón Guerrero Gutiérrez, celebró contrato de compraventa con la tercera interesada Paloma Berenice Gutiérrez Cacique, contrato que fue ratificado el trece de febrero de dicha anualidad ante el Juez de Paz de Jonacatepec, Morelos (fojas 12 a 16 del anexo I). 4. Ahora bien, el tres de noviembre de dos mil dieciséis, la C. Paloma Berenice Gutiérrez Cacique, demandó al C. Juan Carlos García Bonilla en la vía sumaria civil la nulidad relativa del título de propiedad número 000001001272 expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional de veinte de diciembre de dos mil catorce, por las razones que ahí expone (fojas 1 a 40 del anexo I). 5. Mediante escrito presentado ante el Juez responsable, de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, las partes exhibieron convenio a efecto de dar por concluida la controversia que se suscite, en el cual se advierte lo siguiente: "CLAUSULAS PRIMERA.- Acuerdan ambas partes en que por causas ajenas a su voluntad existe un error en cuanto a las medidas, colindancias y superficie total que registra el título de propiedad número 000001001272 expedido a favor del demandado JUAN CARLOS GARCÍA BONILLA de fecha 20 de Diciembre de 2014, respecto del inmueble identificado como lote 49, manzana 4, de la zona 1 del poblado de Jonacatepec, Morelos en razón de que la superficie total de 760.259 metros cuadrados incluye físicamente la propiedad de la parte actora en el juicio mencionado PALOMA BERENICE GUTIÉRREZ CACIQUE. SEGUNDA.- Pactan ambas partes de manera libre e informada en respectar la propiedad y posesión de sus respectivas fracciones de terreno que físicamente reportan los inmuebles de su propiedad y que son colindantes ya que derivado del presente convenio se reconocen como únicos y exclusivos propietarios de las fracciones deslindadas en el presente, manifestando ambas partes que las medidas y colindancias corresponden a las posesiones materiales y físicas que actualmente viene ostentando cada parte aquí involucrada, de manera respectiva. TERCERA.- Tomando en consideración que la controversia judicial de referencia culmina con la firma del presente acuerdo de voluntades, las medidas, colindancias y superficies que se consideran para los efectos del mismo, son las que en la actualidad ocupa y ostenta materialmente en posesión cada una de las partes contrincantes en este sumario, medidas, colindancias y deslindes que han realizado de manera personal y directa; manifestando su entera conformidad con dicha segregación del inmueble en cita. CUARTO.- En el anterior tenor, convienen ambas partes en que la parte actora (sic) a JUAN CARLOS GARCÍA BONILLA consiente la segregación o desincorporación de la fracción de terreno que en seguida se describe: AL NORTE MIDE 11,696 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PARTICULAR; AL SUR MIDE 13,08 METROS Y CONLINDA CON CALLE NAYARIT; AL ORIENTE MIDE 39,40 METROS Y COLINDA CON JUAN CARLOS GARCÍA BONILLA Y AL PONIENTE MIDA 39,48 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PARTICULAR. Contando dicho inmueble con una superficie total de 491.15 metros cuadrados, inmueble que es propiedad de la parte actora este juicio PALOMA BERENICE GUTIÉRREZ CACIQUE, esta última deslinda y libera de toda responsabilidad legal y administrativa presente y futura a JUAN CARLOS GARCÍA BONILLA respecto de la fracción deslindada y segregada. QUINTO.- Para los efectos de la materialización del presente convenio, ambas partes con vienen en solicitar de la autoridad jurisdiccional que toma conocimiento de la controversia, en que una vez que se ha acordado la segregación o desincorporación de la fracción de terreno mencionada en la cláusula que antecede, se solicita al titular del juzgado en que se encuentra radicada la controversia en vía oficio de estilo al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, a efecto de que se Ileve a cabo la anotación de medidas que reporta el inmueble que se encuentra registrado bajo el folio electrónico inmobiliario número 663714*1, que se refiere al título de propiedad número 000001001272 expedido a favor del demandado JUAN CARLOS GARCÍA BONILLA de fecha 20 de Diciembre de 2014, y que se identifica como lote 49, manzana 4, de la zona 1 del poblado de Jonacatepec, Morelos. SEXTA.- En mérito de lo acordado y plasmado en la cláusula que antecede las medidas correctas que reporta el inmueble propiedad de la parte demandada JUAN CARLOS GARCÍA BONILLA y que deberán constar en la anotación que realice el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, son las siguientes: Al Norte 6.00 metros lineales colinda con propiedad privada; Al Sur 8.00 metros con Calle Nayarit; Al Oriente 39.02 metros lineales colinda con propiedad privada y Al Poniente mida 39.40 metros lineales colindando con Paloma Berenice Gutiérrez Cacique, con una superficie total de 273.76 metros cuadrados. SEPTIMA.- Convienen ambas partes en que cada uno asumirá los gastos de litigio que les hubiere causado la controversia judicial que termina con la firma del presente convenio, Asimismo cada parte litigante y hoy propietarios reconocidos asumen cada uno en particular y en su total los pagos y gastos que originen la tramitación de las respectivas escrituras y/o títulos de propiedad, incluyendo, los pagos de impuesto que correspondan a cada propiedad deslindada. OCTAVA.- Convienen ambas partes en acudir a ratificar el presente convenio ante la presencia judicial el día 24 de Agosto de 2017 a las 9:00 horas, día y hora señalado para que tenga verificativo la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos respectiva". 6. Por lo que el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Civil de Primera lnstancia del Séptima Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec, resolvió lo siguiente: "...SEGUNDO.- Se aprueba en todas y cada una de las partes, el convenio judicial celebrado el veintitrés de agosto del año en curso y ratificado el veinticuatro de agosto del año dos mil diecisiete, entre PALOMA BERENICE GUTIÉRREZ CACIQUE en su carácter de parte actora y JUAN CARLOS GARCÍA BONILLA parte demandada en el presente asunto respectivamente; convenio que se encuentra inserto en la parte considerativa de la presente resolución; por no contener cláusulas contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres; convenio que forma parte integrante de esta resolución; homologando esta declaración a la categoría de sentencia, mandando a las partes a estar y pasar en todo tiempo lugar como si se tratara de cosa juzgada". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, correlacionado con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, por las razones que enseguida se exponen. Dichas porciones normativas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, solo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos constitutivos, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En el caso concreto, se reclama todo lo actuado dentro del juicio 363/2016 y la ejecución de los actos procesales que ahí se ordenaron, respecto del inmueble ubicado en Calle de Nayarit, Número 20, Colonia La Capilla, Jonacatepec, Morelos. Sin embargo, dicho acto, no afecta de manera real y actual la esfera jurídica del quejoso, pues en el juicio natural lo que se demandó fue la nulidad relativa del título de propiedad 000001001272, y demás prestaciones consistentes en el deslinde del bien inmueble que se ubica en calle Nayarit, número 20, de la colonia Las Pilas de Jonacatepec, Morelos, y la cancelación de la inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, identificada con folio real electrónico inmobiliario 663714*1 de ocho de enero de dos mil quince, que ostenta Juan Carlos García Bonilla, aquí tercero interesado. Ahora bien, de las constancias que obren en el juicio de origen, se advierte que el mencionado, concluyó con la aprobación del convenio judicial celebrado el veintitrés de agosto del dos mil diecisiete, entre Paloma Berenice Gutiérrez Cacique en su carácter de actora y Juan Carlos García Bonilla (parte demandada) y ratificado al siguiente día, del cual se desprende la desincorporación de la fracción de terreno cuyas medidas y colindancias son: al norte mide 11,696 metros y colinda con propiedad particular; al sur mide 13,08 metros y colinda con calle Nayarit; al oriente mide 39,40 metros y colinda con Juan Carlos García Bonilla y al poniente mida 39,48 metros y colinda con propiedad particular, inmueble el cual cuenta con una superficie total de 491.15 metros cuadrados y se homologo a categoría de sentencia. En ese contexto, en el juicio de origen Paloma Berenice Gutiérrez, sólo demandó la corrección del título de propiedad número 000001001272, expedido a favor de Juan Carlos García Bonilla, en virtud de que parte de su terreno se encontraba inmerso en el título de propiedad antes aludido; de ahí, que se estima que el acto no le causa perjuicio, pues el convenio que se elevó a categoría de sentencia, sólo ordenó la rectificación del título de propiedad de Juan Carlo Bonilla García y si bien dicho juicio Paloma Berenice Gutiérrez, se ostentó como propietaria del inmueble respecto del cual, el ahora quejoso también se dice propietario, debe decirse que el juicio de amparo no es medio para determinar tal cuestión. Además debe decirse, que a nada práctico llevaría conceder el amparo para que se llamara a juicio al quejoso Aarón Cupertino Guerrero Urzúa, pues se insiste la acción reclamada por la accionante Paloma Berenice Gutiérrez, fue la nulidad relativa del título de propiedad 000001001272 de Juan Carlos García Bonilla, al considerar que su terreno se encontraba inmerso en dicho título de propiedad; por lo que en convenio que término la contienda se pactó la desincorporación del terreno con las siguiente medidas y colindancias: al norte mide 11,696 metros y colinda con propiedad particular; al sur mide 13,08 metros y colinda con calle Nayarit; al oriente mide 39,40 metros y colinda con Juan Carlos García Bonilla y al poniente mida 39,48 metros y colinda con propiedad particular; inmueble el cual cuenta con una superficie total de 491.15 metros cuadrados; del reiterado título de propiedad; es decir, tal cuestión incluso le puede ser benéfica al aquí quejoso. Esto es así; en virtud de que al desincorporarse dicho terreno del título de propiedad de Juan Carlos García Bonilla, el aquí quejoso, puede encontrase en similitud de condiciones que la actora en el juicio natural del que deriva el presente juicio de amparo y en el que pretendía intervenir por ostentarse como propietario de una diversa porción de terreno inmersa dentro del que le fue matriculado a Juan Carlos García Bonilla; puesto que al tratarse de una fracción de terreno distinta, aquella a la que ya fue desincorporada por virtud del convenio aprobado en el juicio de origen, es inconcuso que al aquí quejoso no le asistía interés alguno para intervenir en dicha controversia. Máxime que en la presente instancia constitucional, no se pueden ventilar cuestiones de propiedad, sin que antes hayan sido resueltas por el Juez del conocimiento del negocio; por lo que se dejan a salvo sus derechos para que lo haga valer en vía y forma legal correspondiente. Sirve de apoyo a la anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Materia(s): Civil, página: 1122, cuyo rubro y texto son: "PROPIEDAD. Las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el Juez del conocimiento del negocio, quedando a salvo los derechos de quien alegue esa propiedad, para que los ejerza en la vía y forma que corresponda, ante las autoridades del orden común. De igual forma la jurisprudencia 396, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Página: 266 de rubro y texto: "PROPIEDAD, PROTECCION AL DERECHO DE, MEDIANTE EL AMPARO.Cuando se trata de hacer respetar el derecho de propiedad y no de resolver contienda acerca de quién sea legítimo dueño de un bien, procede el juicio de garantías, para el solo efecto de que, reconocido aquel derecho, se mantenga en su goce el propietario, mientras se resuelve en un juicio contradictorio, si su derecho debe subsistir.". Y finalmente la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 54, Tercer parte, Materia(s): Administrativa, página: 42 de rubro y texto: AGRARIO. PROPIEDAD. CONTROVERSIAS SOBRE ESE DERECHO NO SE DECIDEN EN EL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por el Juez del conocimiento del negocio; por lo tanto, si el Juez del amparo omitió el estudio de si fueron acreditados ante las autoridades agrarias los antecedentes de ese derecho sobre el predio a que se refiere el amparo, ello no implica violaciones en perjuicio de los quejosos. Por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, pues dicha determinación, por sí misma, no perjudica al quejoso, al no incidir en su esfera jurídica y carecer de ejecución. Sobreseimiento que es extensivo a los actos de ejecución que se reclamaron al Actuario Adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por no haberse combatido por vicios propios. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." No pasa inadvertido, para este juzgador que el quejoso en su demanda de amparo, refiere ser de la tercera edad y débil visual; sin embargo, no solicitó la intervención de un representante especial para que lo representará en el presente juicio de amparo en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo; además este órgano jurisdiccional, tomando en consideración como hecho notorio la resolución dictada en el recurso de queja 57/2016 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establecieron los lineamientos correspondientes a la figura de representante especial, a efecto de garantizar la imparcial protección de sus intereses directos, no consideró necesario la intervención del mismo; respetando en todo momento su voluntad de promoverlo y continuar el presente juicio por su propio derecho; además de que el acto aquí reclamado, no produce afectación alguna en su esfera jurídica; ni se le deja en estado de indefensión; puesto que, solamente se ordenó la rectificación del título de propiedad de Juan Carlos García Bonilla, quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma legal que correspondan. Finalmente, por lo que ve a los alegatos formulados, por la parte tercero interesada Juan Carlos García Bonilla debe decirse que no es dable que sean tomados en cuenta, dado que no forman parte de la litis constitucional, en virtud que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones y, por consiguiente, el tribunal no está obligado a estudiarlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.27/94, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 80, Agosto de 1994, página 14 que se cita a continuación: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". SEXTO. Toda vez que el quejoso refiere tener agudeza visual, y de autos se advierte que señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, el cual se autorizó mediante auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete; se instruye al Actuario de la adscripción para procédase a notificar por medio de lista la presente sentencia, la que deberá imprimirse al tipo de fuente Arial 20; para una mejor visibilidad y comprensión de lectura, al aquí quejoso. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), Página: 536, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO. De acuerdo con las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad. A partir de las mismas, ha surgido el denominado "formato de lectura fácil", el cual se encuentra dirigido mayormente a personas con una discapacidad para leer o comprender un texto. Tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos, y empleando un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible. Para la elaboración de un texto de lectura fácil, es recomendable emplear una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. Así, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan conocimiento de las mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los cuales dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. En consecuencia, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional intelectual, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, el cual no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta, misma que no sustituye la estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.". Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR AARÓN CUPERTINO GUERRERO URZÚA, respecto de los actos precisados en el considerando segundo a las autoridades Juez Mixto de Primera lnstancia del Séptima Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Jonacatepec, y el Actuario adscrito a dicho juzgado, por los motivos y razonamientos jurídicos expuestos en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy nueve de febrero de dos mil dieciocho de febrero de dos mil dieciocho fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito del tercero interesado Juan Carlos García Bonilla, mediante el cual se apersona a juicio, realiza diversas manifestaciones, designa autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio de garantías en que se actúa y se tiene por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto. Como lo solicita la parte promovente, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de la literalidad siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Asimismo, se tiene por autorizado para los efectos que precisa a las personas y profesionistas propuestos en el escrito que se provee Por otra parte, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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